La hipocresía del Tribunal Electoral
Sesión del TEPJF.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Lo más grave de los fallos del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que validan la elección de Enrique
Peña Nieto no es su “letrismo” jurídico o carácter minimalista, sino su profunda
inconsistencia interna. Es evidente que los magistrados se autolimitaron y
abdicaron a su responsabilidad constitucional de garantizar la celebración de
elecciones auténticas y libres. Hasta personajes como Joaquín López Dóriga
aceptan que millones de mexicanos se han quedado con “un mal sabor de boca”. El
desprestigio es tal que ningún experto reconocido o figura de la sociedad civil
ha aceptado manchar su nombre incorporándose al “equipo de transición”.
Pero lo que más indigna no es el burocratismo del TEPJF, sino la hipocresía
de los magistrados. Resulta que en este momento cúspide de su indolencia el
máximo tribunal en materia electoral se atreve a presumir su supuesto activismo.
Una lectura cuidadosa de las casi mil 500 fojas producidas por el TEPJF,
incluyendo la resolución de SUP-JIN 359/2012 y el Dictamen de Validez, revela
que existe una profunda contradicción entre el esquema de interpretación que los
magistrados dicen apoyar y la metodología que implementan para el caso concreto
de la elección de Peña Nieto. En un solo acto, el tribunal se declara
profundamente comprometido con la estricta tutela de los derechos humanos y
avala sobre las rodillas las ilegalidades más inmundas.
Llama la atención, por ejemplo, que el TEPJF desmiente de manera contundente
a analistas como Jorge Alcocer y Ciro Murayama, entre otros, que desde hace
meses han buscado reducir el proceso de calificación de la elección a un mero
trámite de sumas y restas para ver si se cumplía mecánicamente el criterio de
25% de las casillas anuladas señaladas en la ley como causal de nulidad de la
elección presidencial. El Dictamen de Validez sostiene que “la declaración de
validez o invalidez de una elección, según el caso, deriva no sólo de las
facultades específicas en la legislación electoral, sino particularmente de los
principios y valores constitucionales y derechos fundamentales previstos tanto
en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos
humanos”.
En la resolución del SUP-JIN 359/2012 los magistrados son aún más explícitos:
“Si bien es cierto que (la Constitución) impone la obligación a las salas del
Tribunal Electoral federal para no declarar la nulidad de una elección sino por
las causas que expresamente estén previstas en la ley, también lo es que ello no
implica necesariamente una prohibición para que las salas del Tribunal Electoral
–como un tribunal de jurisdicción constitucional– puedan determinar si una
elección se ajustó o no a los principios constitucionales. Lo anterior es así,
toda vez que el Tribunal Electoral es garante no sólo del principio de
legalidad, sino del principio de constitucionalidad”.
Con estas afirmaciones, el TEPJF reconoce públicamente que no es tan fácil
esconderse en tecnicismos legales y echar la culpa a los legisladores por no
haber incluido, por ejemplo, el rebase de topes de campaña como causal de
nulidad. Aun cuando la misma Constitución explícitamente señale que los
magistrados solamente pueden anular una elección por las causales “expresamente”
señaladas en la ley, ellos saben perfectamente bien que cuentan con la facultad
de recurrir directamente a los principios constitucionales en materia electoral
para anular una elección que no haya sido auténtica y libre.
El TEPJF incluso se da baños de pureza al reprobar teóricamente la compra de
votos: “Para poder calificar como libre una elección (…) la voluntad de los
electores (debe estar) libre de cualquier presión o injerencia ajena que pueda
viciar su verdadero sentido”. También en teoría, los magistrados otorgan gran
relevancia al principio de equidad: “Sólo cuando los diversos actores políticos
del procedimiento electoral participan en condiciones de equidad, atendiendo a
las reglas expresamente previstas en el marco normativo constitucional y legal,
se puede calificar como válida una elección”.
Pero después viene el salto al vacío conocido por todos. Lo que los
magistrados dicen defender en el ámbito teórico, la tutela de los principios
constitucionales en materia electoral, se niegan a hacerlo en el caso específico
de la calificación de la elección presidencial de 2012. Cual un padre que da
clases de ética a sus hijos, y al mismo tiempo roba a los pobres y recibe
sobornos de sus amigos, se abre un boquete inaceptable entre el discurso y la
práctica.
Tanto este colaborador (véase http://ow.ly/dvQZL) como Jesús Cantú ya hemos
señalado en estas mismas páginas que la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) explícitamente otorga al TEPJF
amplias facultades para “desahogar inspecciones judiciales, así como pruebas
periciales”; para “requerir (…) cualquier elemento o documento que pueda servir
para sustanciación y resolución de medios de impugnación”, y para “suplir las
deficiencias u omisiones en los agravios”. Pero el mismo tribunal que dice estar
tan dispuesto a interpretar la ley de manera favorable para la justicia al nivel
teórico, en la práctica hizo todo lo posible por ignorar las pruebas presentadas
por el Movimiento Progresista.
Los magistrados hacen caso omiso, por ejemplo, de una tesis histórica del
mismo TEPJF –desarrollada en 2004 a raíz de los casos Amigos de Fox y Pemexgate
sobre las “pruebas indirectas”– que señala que “cuando se trata de la
realización de actos ilícitos puede esperarse que (…) sean disfrazados,
seccionados y diseminados a tal grado que su actuación se haga casi
imperceptible”.
El enorme desfase entre la teoría y la práctica presente en los fallos del
TEPJF demuestra que el aval a la elección de Peña Nieto no fue resultado de la
aplicación de una consistente teoría jurídica y jurisprudencial conservadora,
sino que la decisión primero fue tomada con base en criterios netamente
políticos y posteriormente “vestida” con un ropaje jurídico que, a la postre,
convence solamente a los más fieles a la causa del presidente-electo. l
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
Peña Nieto y la sombra del tío Arturo
Arturo Montiel, exgobernador del Edomex.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (Proceso).- “¿Montiel, durmió usted tranquilo?”. Con esta frase
Germán Dehesa remataba todos los días su columna “Gaceta del Ángel” en el
periódico Reforma. De 2005 a 2010 el cronista y dramaturgo mantuvo el dedo en la
llaga de la corrupción, la impunidad y el uso y abuso del erario que en el
Estado de México alcanzaron niveles de señorío feudal durante el gobierno de
Arturo Montiel Rojas.
Dehesa murió el 2 de septiembre de 2010 y el político mexiquense nunca fue
procesado. El gobierno de Enrique Peña Nieto acabó por exonerarlo a finales de
2006: la Fiscalía Especial que llevaba su caso por los delitos de peculado,
enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias no encontró elementos para
ejercitar acción penal en su contra. Desde el término de su mandato, éste
mantuvo un papel cercano al del autoexiliado. Durante un tiempo estuvo en
Francia. No apareció en actos públicos, salvo en algún funeral o boda de la
clase política y empresarial mexiquenses. Se divorció de la francesa
naturalizada mexicana Maude Versini, rehizo su vida privada con la periodista
Norma Meraz y en 2011 tuvo una función determinante, tras bambalinas, en la
designación de su amigo y alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila, como candidato
priista a la gubernatura de su entidad.
A pesar de esta condición de autoexpatriado Montiel dejó su impronta en el
gobierno de Enrique Peña Nieto. Los cargos más importantes en el sexenio de éste
tenían su origen en el de su antecesor.
Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Gobierno, fue titular de
Administración en el periodo 1999-2005 y se convirtió en el gobernador de facto
durante el periodo de Peña Nieto; Luis Videgaray repitió en la Secretaría de
Finanzas, creció políticamente hasta convertirse en el hombre de mayor confianza
del candidato presidencial priista; Alejandro Hinojosa Velasco, a cargo de la
Contraloría, fue subsecretario de Egresos en el gobierno anterior; Laura Barrera
Fortoul, titular de Turismo con Peña, fue directora general del mismo rubro
durante el montielismo (véanse, más adelante, sus ligas con el gobierno de
Eruviel Ávila); Héctor Jiménez Baca, subsecretario de Medio Ambiente con el
predecesor de Peña, con éste fue titular de la Agencia de Seguridad (con Ávila
es director general de Seguimiento y Evaluación Gubernamental). Esto por
mencionar algunos ejemplos.
A cambio de mantener su influencia, Arturo Montiel se mantuvo en el silencio
público.
La situación cambió la mañana del 15 de septiembre de 2011, cuando Eruviel
Ávila tomó posesión como sucesor de Enrique Peña Nieto. El exgobernador fue uno
de los invitados especiales y se convirtió en el gran protagonista del acto. Las
porras y los aplausos más sorprendentes de los asistentes al teatro Morelos de
Toluca fueron para Montiel, el jefe político real de la entidad. Su reaparición
pública opacó, incluso, la salida exitosa de Peña Nieto como gobernador. Más de
la mitad de los asistentes, incluidos Ávila y Peña Nieto, le deben sus carreras
políticas. La influencia de Montiel sólo rivaliza con la de otro exgobernador y
tío de Enrique Peña Nieto: Alfredo del Mazo González.
A la muerte de Carlos Hank González, El Profesor, el 11 de agosto de 2001, el
entonces gobernador Montiel decidió tomar el control político de los distintos
cacicazgos y controles regionales de los priistas en su entidad. Se alió con Del
Mazo. Incorporó a personajes del hankismo, como Humberto Benítez Treviño, y a
parientes y figuras de otros exgobernadores, como Jorge Jiménez Cantú y Salvador
Sánchez Colín.
Hank González, el personaje mexiquense más encumbrado de la época priista,
falleció sin dejar un heredero político. Desde el gobierno estatal, Montiel se
ocupó de crear una nueva élite, los golden boys, para garantizar su continuidad
y dominio; siguió el método hankista y repartió negocios y prebendas del
multimillonario presupuesto del Estado de México para hacer valer la máxima del
Profesor: “Un político pobre es un pobre político”, y acabó por ocupar el sitio
–en política los vacíos se llenan– que dejó la muerte del exgobernador oriundo
de Santiago Tianguistenco.
Montiel revivió la añeja ambición de la clase política mexiquense por llegar
a la Presidencia. Cuatro de sus antecesores vieron frustrada esta posibilidad:
Alfredo del Mazo Vélez, Carlos Hank González, Alfredo del Mazo González y Emilio
Chuayffet Chemor.
La aspiración del propio Montiel se frenó abruptamente en octubre de 2005,
después de vencer en la contienda interna a otros exgobernadores que formaron
parte del grupo Unidad Democrática por la Renovación del PRI, mejor conocido
como el Tucom: Todos Unidos contra Madrazo.
Sólo Peña Nieto, un sexenio después, concretó esta ambición. El golden boy
oriundo de Atlacomulco llegó a la meta que un sexenio antes no alcanzó su
predecesor; resignificó el mito del poder del Grupo Atlacomulco, rebautizado por
Arturo Montiel como un “paradigma” y no como una dinastía encargada de
“conspirar para alcanzar el poder”.
En aquel acto del teatro Morelos del 15 de septiembre de 2011 estuvieron
presentes los demás exgobernadores vivos de la entidad: Alfredo del Mazo,
Alfredo Baranda, Ignacio Pichardo, Emilio Chuayffet y César Camacho Quiroz, a
quienes rindieron tributo las “fuerzas vivas” del priismo mexiquense; no
obstante a ninguno le aplaudieron como a Montiel.
Éste no fue el único acto público que formó parte de la “normalización” de la
vida política del exmandatario. Un mes después, el 16 de octubre de 2011,
durante la toma de protesta del nuevo presidente del Comité Directivo Estatal
del PRI, Raúl Domínguez Rex, fue nuevamente ovacionado. En esa fecha eclipsó al
propio mandatario Eruviel Ávila y al entonces dirigente nacional del PRI,
Humberto Moreira. Cientos de priistas, incluidos alcaldes, diputados, regidores,
funcionarios públicos, operadores políticos, le aplaudieron “rabiosamente”. Fue
–ese mismo día cumplió 69 años– su mejor regalo.
A ese evento no asistieron los otros exgobernadores que contendieron con él
por el control de la clase política mexiquense: Alfredo del Mazo, Emilio
Chuayffet, César Camacho ni el entonces aspirante único del PRI a la
Presidencia, Enrique Peña Nieto.
En la segunda parte de la campaña presidencial de 2012 Montiel tuvo que
desaparecer nuevamente de la escena pública. Una demanda por la custodia de sus
hijos, interpuesta por su exesposa Maude Versini, amenazó con generar otro
conflicto diplomático y jurídico con Francia. Además Peña Nieto le envió señales
a su tutor político para que se mantuviera alejado.
En entrevistas televisivas y en los dos debates presidenciales organizados
por el IFE, Peña Nieto negó su cercanía con Montiel. Se “deslindó” de él y de
otras figuras polémicas del priismo como Humberto Moreira y Tomás Yarrington. En
los dos mítines de cierre de campaña, en Atlacomulco y en Toluca, la figura del
exgobernador no volvió a aparecer.
Todo parece indicar que el distanciamiento tiene parte de montaje y acuerdo
tras bambalinas para no afectar a Peña Nieto, pero también hay indicios de que
no todo es amor desde Toluca. l
*Fragmento del capítulo “Proyecto Jorge”, del libro Peña Nieto: El gran
montaje.
Peña Nieto y su equipito: Júniors, mexiquenses y la mano de Aspe
Enrique Peña Nieto y su equipo de transición.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
El equipo de transición de Enrique Peña Nieto resultó una colección
variopinta de personeros de anteriores gobiernos mexiquenses e hijos de figuras
públicas en desuso. Quedó muy poco espacio para los representantes de las otras
corrientes que apoyaron su candidatura. Lo que queda claro es que una de las
figuras importantes del futuro gobierno priista, desde la sombra, será Pedro
Aspe, el secretario de Hacienda de Salinas de Gortari.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La intención de combinar operadores políticos de
bajo perfil nacional y representantes de la joven tecnocracia se concretó esta
semana con el anuncio del “equipo de transición” de Enrique Peña Nieto: 46
funcionarios, la tercera parte de ellos provenientes de la burocracia
mexiquense, así como una decena de júniors y tecnócratas del sexenio de Carlos
Salinas bajo la tutoría de Pedro Aspe, el exsecretario de Hacienda salinista que
se convierte en uno de los poderes tras bambalinas más importantes del
peñismo.
Sólo una minoría de los nombrados responde a alianzas con otros grupos
priistas –especialmente los de Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes y Pedro
Joaquín Coldwell– y ninguno de los 46 viene de la sociedad civil o de sectores
empresariales o intelectuales aliados a Peña Nieto.
El futuro presidente del retorno priista no designó a ningún coordinador para
las áreas de cultura y telecomunicaciones. Sólo dos posiciones parecen tener el
sello de Televisa: Alejandra Lagunes, coordinadora de Gobierno Digital, y su
esposo Rafael Pachiano, legislador “Juanito” del Partido Verde.
El segundo grupo de operadores políticos más importante proviene de Hidalgo,
entidad que mantiene una vieja alianza con los mexiquenses desde la época de
Carlos Hank González y la dinastía de los Rojo Lugo.
Por esta razón los dos coordinadores generales de este equipo son Luis
Videgaray, responsable de la Transición Gubernamental, con tres
vicecoordinadores y 23 coordinadores bajo su mando; y Miguel Ángel Osorio Chong,
exgobernador de Hidalgo, coordinador general de Política y Seguridad, con dos
vicecoordinadores y 12 coordinadores.
Además Peña Nieto nombró a cuatro coordinadores de su equipo personal: Erwin
Lino Zárate, secretario particular; Francisco Guzmán Ortiz, coordinador de
asesores; David López Gutiérrez –herencia del gobierno de Alfredo del Mazo
González–, coordinador de Comunicación Social, y Andrés Massieu Fernández,
coordinador de Identidad Institucional, hijo del exsecretario privado de Carlos
Salinas de Gortari.
Conocedores de los entretelones de la política mexiquense comentaron a
Proceso que Peña Nieto parece concretar con este primer equipo la vieja ambición
de Carlos Hank González, el hombre fuerte del Grupo Atlacomulco durante décadas:
combinar a operadores con tecnócratas, todos enlazados por los grandes negocios
de infraestructura, transporte y servicios en el Estado de México.
De los 15 funcionarios provenientes del Estado de México la mayoría trabajó
en los gobiernos de los dos “tíos incómodos” de Peña Nieto: Arturo Montiel y
Alfredo del Mazo González. Ambos aspiraron a ser presidentes y los dos se
quedaron a la mitad del camino.
Para otros observadores llamó la atención que en este primer equipo quedaran
marginados otros exgobernadores mexiquenses, como Emilio Chuayffet y César
Camacho, este último operador en la campaña presidencial desde la Fundación
Colosio del PRI, mientras que otros personajes del “primer círculo” peñista
quedaron en espera de su “premio”: Ricardo Aguilar, Luis Vega, Héctor Velasco y
Benito Neme Sastre, a quien se atribuye el desastre electoral priista en
Tabasco.
Escasas fueron las “sorpresas” de estos nombramientos. Los más mencionados
fueron los casos de la experredista y exjefa de Gobierno capitalino, Rosario
Robles, aliada de Peña Nieto desde 2005; Roberto Campa, excandidato presidencial
del Panal en 2006 y vinculado con Elba Esther Gordillo; y María de los Ángeles
Fromow, titular de la Fepade hasta 2007.
Dato singular: Robles y Fromow estuvieron vinculadas con el empresario de
origen argentino Carlos Ahumada, considerado el “gran corruptor” dentro del PRD
y artífice de los videoescándalos de marzo de 2004 contra los colaboradores de
Andrés Manuel López Obrador. La primera, como su pareja sentimental. La segunda,
como socia en el tema de los videoescándalos, según el libro Derecho de réplica
del propio Ahumada.
La mayoría de los 46 coordinadores del equipo de transición no se enteró de
su responsabilidad exacta hasta las 22:00 horas del lunes 3, poco antes de la
conferencia de prensa que ofreció Peña Nieto, el martes 4, en un hotel
capitalino. Otros esperaban que sus nombres se “guardaran” para una secretaría
de Estado y no para un equipo que durará sólo tres meses y cuya función
principal será “hacer un diagnóstico y no una auditoría” de las distintas áreas
del gobierno saliente, tal como precisó Jorge Carlos Ramírez Marín,
vicecoordinador de Seguridad y Justicia.
El mismo día del anuncio Peña Nieto le bajó el perfil a su primer equipo como
presidente electo. Aclaró que los 46 nombres enunciados no perfilarán a su
futuro gabinete y que “en los próximos días seguiremos designando mujeres y
hombres para cumplir distintas tareas”.
Peña Nieto afirmó sin que nadie le preguntara: “Quiero puntualizar que éste
es el equipo de transición, que no puede entenderse y menos suponerse que estas
designaciones hoy hechas públicas tengan que ver con la designación que en su
momento habré de hacer de quienes serán responsables de las distintas áreas de
la administración pública del gobierno de la República. Eso habrá de ocurrir a
su debido tiempo”.
Después de los nombramientos Peña Nieto sólo presumió públicamente a Robles,
quien lo acompañó a una gira por Durango. Al lado del gobernador priista Jorge
Caldera, Peña mandó un mensaje críptico, más orientado hacia su propio entorno:
“No es momento para dar mayor espacio a las diferencias sino para privilegiar
las coincidencias, para que en los distintos ámbitos, público y privado,
trabajemos en favor de lo que México necesita”.
Miranda Nava, los trabajos sucios
Fiel a su camarilla y congruente con la red de intereses formada desde el
gobierno de su antecesor, Peña Nieto no hizo alianza más que con el mismo equipo
que surgió de los gobiernos de sus tíos (Montiel y Del Mazo) y que lo llevaron a
la gubernatura y a la Presidencia.
Después de Luis Videgaray el personaje más cercano e influyente en Peña Nieto
es su amigo y compadre Luis Enrique Miranda Nava, famoso en el Estado de México
por ser el “gobernador de facto” desde la Secretaría General de Gobierno y
responsable de los “trabajos sucios” de operación política, espionaje y hasta
compra-venta de opositores.
Miranda Nava fue designado vicecoordinador político y quedó bajo el mando
directo de Osorio Chong. Durante la campaña presidencial los auténticos
“amarres” y negociaciones para las candidaturas, las alianzas y los fondos
provenientes de las entidades priistas estuvieron bajo la responsabilidad de
este funcionario, quien formó parte de los golden boys de Montiel.
Toluqueño, hijo de Luis Miranda Cardoso –magistrado y expresidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México–, Miranda Nava inició el
ascenso de la mano de Peña Nieto en el gobierno de Arturo Montiel
(1999-2005).
Gracias a la relación de su padre con Montiel, éste designó a Luis Enrique
Miranda coordinador de Asuntos Jurídicos; en 2000 ascendió a subsecretario de
Asuntos Jurídicos y desde esa posición fue responsable de la estrategia penal
contra los comuneros de San Salvador Atenco. Los integrantes del movimiento lo
señalan como responsable de ofrecerles a los ejidatarios de la zona 10 pesos por
cada metro cuadrado para el proyecto de construcción del aeropuerto alterno a la
Ciudad de México.
En el proceso de sucesión de Montiel, Miranda Nava se alió a la entonces
esposa del mandatario, la francesa Maude Versini, para cerrarle el paso a Isidro
Pastor, exdirigente estatal priista, y facilitarle el camino a Peña Nieto,
secretario de Administración y coordinador de la bancada del PRI en el Congreso
local.
En el gobierno peñista Miranda Nava fue responsable de toda la operación
política, policiaca y de espionaje desde la Secretaría General de Gobierno. Su
firma apareció estampada en el famoso “pacto” con el secretario de Gobernación
calderonista, Fernando Gómez Mont, para evitar las alianzas entre el PRD y el
PAN en las elecciones de 2011.
Otro episodio que retrata la forma de operación de Miranda Nava fue el caso
de la niña Paulette Gebara, cuya desaparición y muerte a finales de marzo de
2010 generó la peor crisis de credibilidad del gobierno peñista. 80% de
encuestados por la empresa Ipsos Public Affaire calificó “mal” y “muy mal” la
actuación de las autoridades mexiquenses en ese episodio (Proceso 1752).
El entonces dirigente estatal del PRD, Luis Sánchez, señaló en entrevista con
Proceso a Miranda Nava como el responsable del viraje de 180 grados en la
investigación del caso, después de que el entonces procurador mexiquense Alberto
Bazbaz Sacal declarara el 31 de marzo en conferencia de prensa que no había duda
de que el caso de Paulette era “un homicidio” y apuntó a la presunta
responsabilidad de los padres, vinculados con la red de negocios y alianzas
peñistas. “Ni modo que se la hubiera llevado Harry Potter”, dijo Bazbaz.
Un fin de semana le bastó a Miranda Nava para modificar el dictamen, cambiar
a Bazbaz por Alfredo del Castillo y reorientar el caso. Construyó la hipótesis
de la muerte accidental de la niña, llamó a líderes de los partidos opositores
para convencerlos de que la menor murió accidentalmente, sin que nadie se diera
cuenta de que su cuerpo permaneció casi 10 días en su habitación.
“Miranda Nava nos trató de convencer, de manera muy amable, a través de un
extenso video de la procuraduría, donde se ve cómo los peritos encontraron el
cadáver de la niña en avanzado estado de descomposición”, recordó Sánchez.
“El problema con Bazbaz es que le gusta salir mucho en los medios y cometió
muchos errores”, les dijo Miranda Nava.
Después de ese episodio Bazbaz renunció y fue sustituido por Alfredo del
Castillo, quien también se integró al equipo de transición de Peña Nieto como
coordinador de Justicia.
Operadores de grandes negocios
Los otros funcionarios provenientes del Estado de México han estado
vinculados con los grandes negocios inmobiliarios, de transporte, de
infraestructura y de agua que se generaron en las administraciones de Montiel y
Peña Nieto.
Alejandro Nieto Enríquez, nombrado secretario técnico de la Coordinación
General para la Transición Gubernamental, es un funcionario con más de 30 años
de experiencia en el servicio público estatal y federal. Fue secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas en los gobiernos de César Camacho y de Arturo
Montiel. Como tal fue responsable del cambio del uso de suelo de muchos
proyectos inmobiliarios donde estaban los intereses de fuertes grupos de
constructores aliados a Montiel.
En 2009 Nieto Enríquez (sin parentesco con Peña) fue nombrado subsecretario
de Información y Desarrollo Político, a las órdenes de Miranda Nava. Fue el
artífice de la operación de recuperación electoral priista en la entidad en los
comicios municipales y federales de ese año.
El cable 09México2778, filtrado por Wikileaks, menciona a Nieto Enríquez como
anfitrión de una delegación de observadores políticos de la embajada de Estados
Unidos. A ellos les confió la estrategia para elevar a Peña Nieto en las
encuestas.
Fue compañero de bancada en la LV Legislatura de José Antonio González
Fernández, uno de los principales tutores y amigos de Peña Nieto, y del
exgobernador de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma.
La oficial mayor del equipo de transición peñista es Marcela Velasco
González, exsecretaria de Desarrollo Urbano mexiquense y exsubsecretaria de
Administración de Finanzas del Estado de México. Grupos de colonos la han
acusado de peculado y corrupción al autorizar conjuntos urbanos en la entidad
más poblada del país.
Gerardo Ruiz Esparza, funcionario que viene de la época de Alfredo del Mazo
González, fue secretario de Comunicaciones del Estado de México, coordinador de
giras en el sexenio de Carlos Salinas y fue nombrado coordinador de
Infraestructura en el equipo peñista. Se le señala como futuro titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que cambiaría su nombre a Secretaría
de Infraestructura.
Durante la campaña presidencial Ruiz Esparza fue coordinador de compromisos
en campaña. Su nombre apareció como responsable de un documento titulado
Anteproyecto de compromisos de Enrique Peña Nieto con las mujeres. El plan
proponía entre otras cosas la producción de telenovelas para promover “valores”
y “discurso de género”, según publicó Reforma el 3 de marzo. El equipo peñista
negó la autoría de esos documentos.
Otro personaje que proviene del montielismo es Juan José Guerra Abud,
designado coordinador de Medio Ambiente por Peña. Guerra es un conocido promotor
industrial en el Estado de México, especialista también en recaudación de fondos
privados. Fue el primer jefe de Peña Nieto como secretario de Desarrollo
Económico en el gobierno de Emilio Chuayffet, cuando sustituyó a Arturo Montiel
en esa dependencia. Montiel lo convirtió en uno de los principales vínculos con
la industria automotriz.
David Korenfeld Federman, alcalde de Huixquilucan durante el montielismo
(2003-2006) es el interlocutor de los negocios de la comunidad judía mexiquense
con Peña Nieto. Fue secretario de Obra Pública en el Estado de México y coordinó
el área de Evaluación y Seguimiento durante la campaña presidencial. Peña lo
nombró coordinador de Agua, identificada como una de las áreas de mayores
inversiones privadas en el futuro gobierno.
Enrique Jacob Rocha es otro viejo operador político mexiquense que trabajó
para Arturo Montiel y para Peña Nieto. Fue director jurídico, subsecretario de
Asuntos Jurídicos y secretario de Administración y Finanzas en el gobierno de
Montiel, y con Peña Nieto fue subsecretario y secretario de Gobierno. La
oposición de Naucalpan lo señala como responsable de uno de los mayores
desfalcos durante su gestión como alcalde de este municipio conurbado
(1994-1996). Fue nombrado coordinador del Programa Emprendedores en el equipo de
transición.
Luis Felipe Puente, designado coordinador de Protección Civil, es otro
personaje del entorno mexiquense vinculado con Alfredo del Mazo González. Fue
alcalde de Atizapán y ha hecho grandes negocios en materia de turismo y en el
sector hotelero. Citando a agentes federales de Estados Unidos, en junio de este
año se vinculó a Puente con Pablo Zárate Juárez, presunto prestanombres del
exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, acusado de lavado de dinero.
Júniors y amigos
En el equipo de transición destacan también los amigos y júniors cercanos a
Peña Nieto recién incorporados a las tareas de primer orden, como Emilio Lozoya
Austin, vicecoordinador de Asuntos Internacionales; Alejandro Murat Hinojosa,
coordinador de Vivienda; Ernesto de Lucas Hopkins, coordinador de Deporte;
Enrique de la Madrid Cordero, coordinador para el Campo; Ildefonso Guajardo
Villarreal, vicecoordinador de Política Económica, y Claudia Ruiz Massieu
Salinas, coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia.
Lozoya Austin es hijo de Emilio Lozoya Thalman, integrante del primer “grupo
compacto” que formó Carlos Salinas de Gortari en su juventud con Manuel Camacho
Solís. Lozoya Thalman fue director del ISSSTE y titular de Energía. Lozoya
Austin hizo una brillante carrera académica en Harvard, con maestría en
desarrollo económico. Es miembro del Consejo de Administración en México de la
constructora española OHL, beneficiada con los más importantes contratos de
construcción de obra pública en el gobierno de Peña.
Enrique de la Madrid Cordero, hijo del expresidente al que le decretaron
demencia senil, tiene más conocimientos en finanzas internacionales,
infraestructura y mercado laboral que en asuntos del campo. Fue director de
Relaciones Institucionales y Comunicación de HSBC para México y América Latina y
director general de Financiera Rural. Su amistad con Joaquín Coldwell, dirigente
nacional del PRI, lo acercó a Peña Nieto durante la campaña. En un evento de la
Fundación Colosio planteó una serie de soluciones para el campo. Fue apoyado por
empresarios agropecuarios de Jalisco para ser responsable de esta área en el
gobierno de transición.
Alejandro Murat Hinojosa, hijo del polémico exgobernador oaxaqueño José
Murat, mantiene una estrecha amistad con Peña Nieto. Fue director general del
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y uno de los notarios que acreditaron
los “compromisos cumplidos” en la administración 2005-2011. Claudia Ruiz Massieu
Salinas es la “sobrina consentida” del expresidente Carlos Salinas e hija de
José Francisco Ruiz Massieu, el secretario general priista asesinado en 1994. Se
incorporó al equipo de transición como responsable de Derechos Humanos y
Transparencia. Fue diputada federal en la LXI Legislatura y se le señala como un
claro vínculo con su tío.
Ildefonso Guajardo, exjefe de la Oficina de Negociaciones del Tratado de
Libre Comercio, vinculado con Herminio Blanco, exdiputado federal en las
legislaturas LVIII y LXII y expresidente de la Fundación Colosio de Nuevo León,
se convirtió en menos de un lustro en uno de los principales vínculos de Peña
Nieto con el Consejo Coordinador Empresarial. Fue designado vicecoordinador de
Política Económica y se le menciona como futuro titular de Economía.
La mano de Aspe
Una de las influencias más claras que se reflejan en la integración del
equipo de Peña Nieto es la de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda y creador de
la consultora Protego, ahora Evercore Partner.
Aspe es tutor, socio y amigo de Luis Videgaray, el personaje más poderoso en
el entorno cercano de Peña Nieto, y de Aurelio Nuño, el más joven de los
funcionarios del primer círculo peñista. Nuño mantiene una relación sentimental
con Sofía Aspe Bernal, hija del exsecretario de Hacienda.
La influencia de Aspe en el entorno mexiquense data de su vieja alianza y
relación con Carlos Hank González. En la sucesión de 1994 Hank apoyó a Aspe para
que fuera el candidato presidencial.
En 2004 Luis Videgaray, uno de sus alumnos y socios más aventajados, llegó al
Estado de México con la encomienda de restructurar la deuda del gobierno con
bancos privados y banca de desarrollo. Montiel hizo a Videgaray secretario de
Finanzas y Peña Nieto lo ratificó en ese cargo.
En menos de siete años Videgaray tuvo una carrera meteórica. Se convirtió en
el cerebro financiero y luego el cerebro operativo de Peña Nieto. Fue diputado
federal, presidente de la Comisión de Presupuesto en la pasada Legislatura,
aspiró a ser el candidato a gobernador del Estado de México, coordinó la campaña
de Eruviel Ávila y luego la de Peña Nieto.
El modelo de la asesoría de Aspe-Protego-Videgaray se ha replicado a otras
entidades donde se ha desatado una “bomba de tiempo”, que son las deudas de los
gobiernos, especialmente en Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz,
Coahuila y el Estado de México.
Las dos reformas más ambiciosas del próximo gobierno de Peña Nieto –la fiscal
y la energética– tienen el sello de Aspe. De hecho así está planteado en el
libro México, la gran esperanza, que redactó y coordinó Aurelio Nuño, actual
coordinador de Educación en el equipo de transición peñista.
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