Calderón y Harvard: cobijo cuestionado
Felipe Calderón, extitular del Ejecutivo.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde el 18 de diciembre, cuando se confirmó la estancia de un año de Felipe Calderón en la Harvard Kennedy School, el empresario mexicano Eduardo Cortés Rivadeneyra y el exagente de la Patrulla Fronteriza estadunidense John Randolph, sin conocerse entre sí, comenzaron a recabar firmas en el sitio www.change.org para expresar su rechazo a la decisión de contratar al expresidente mexicano.
En menos de tres semanas lograron recolectar más de 21 mil firmas en ese sitio especializado en peticiones ciudadanas colectivas, donde se solicitan los datos personales y se verifica la autenticidad de cada uno de los firmantes. Hasta el viernes 18 la iniciativa de Cortés y de Randolph contaba con más de 32 mil firmas; esperan conseguir más de 50 mil antes de que Calderón inicie su estancia el próximo lunes 28.
La petición de Cortés es un texto muy breve que hace un recuento crítico de la administración de Calderón:
“Harvard: Revierta la contratación de Felipe Calderón.
“Porque disparó la deuda pública en un 122%, según SHCP; sumó 7.3 millones de pobres, según Coneval; tiró a México 33 lugares en el Índice de Corrupción, según Transparencia Internacional; México es el último lugar en calidad educativa, según la OCDE, y su fallida guerra dejó más de 100 mil muertos y 25 mil desaparecidos, según México Evalúa y el listado de la PGR, publicado por The Washington Post.”
A su vez, Randolph, a través de su página en Facebook y sumándose a la iniciativa de Cortés, argumentó que “el presidente mexicano saliente, Felipe Calderón, es la figura más controversial de la guerra contra el narcotráfico en México, iniciada por él mismo en 2006”.
La petición promovida por Cortés y Randolph está dirigida a Drew Gilpin Faus, presidente de la Universidad de Harvard, y a David T. Ellwood, decano de la Kennedy School.
Complicidad
Hasta ahora la única respuesta a las más de 32 mil firmas de adhesión es una carta firmada por Doug Gavel, director asociado de Relaciones Públicas y de Medios de la Harvard Kennedy School, dirigida al periódico Milenio, el viernes 11.
Gavel afirmó que no es reversible la decisión de Harvard y que la condición de Calderón en la Kennedy School “es para una estancia de un año. No para dar clases”.
En esta respuesta Gavel admite que “no todos estaban de acuerdo con sus políticas o métodos, como sucede con todos los líderes mundiales”, pero para la Universidad de Harvard “lo importante es el libre intercambio de ideas”.
El vocero defendió a Calderón como “un alumno distinguido de la Kennedy School”, donde estudió una maestría en administración pública en 1999, cuando dejó la presidencia nacional del PAN, y afirmó que su gobierno es reconocido “por sus esfuerzos para mejorar la economía, ampliar y proteger la salud pública, enfrentar el problema de las drogas y por su colaboración con otros líderes mundiales para alcanzar metas comunes”.
Aclaró que Harvard nombró al expresidente mexicano como “miembro inaugural de la Angelopoulos Global Public Leaders Fellow” y que “durante su nombramiento de un año el señor Calderón se reunirá con los estudiantes, hablará en eventos y escribirá algunos textos, como sucede a menudo en las estancias académicas”.
–¿Por qué impulsar una petición colectiva a través de un sitio en internet? –se le pregunta a Cortés, empresario constructor radicado en Puebla.
–Porque los ciudadanos mexicanos no tenemos la posibilidad de la revocación de mandato. Este es el único mecanismo que tenemos para expresar nuestro rechazo.
–¿Qué reacción ha tenido de los simpatizantes de Calderón?
–Esperaba que me rebatieran con cifras y datos sobre los logros de su administración, pero sólo han mandado insultos a través de mi cuenta de Twitter.
–¿No cree que es lógico que Harvard y Estados Unidos lo defiendan, ya que la guerra de Calderón contra el narcotráfico respondió a sus propios intereses?
–Para Estados Unidos la guerra es un gran negocio. Eso no es un secreto para nadie, pero es necesario desenmascarar esta situación. Hay que exhibir por qué Harvard quiere premiar a Calderón.
–¿Cómo han reaccionado los estudiantes mexicanos residentes en Harvard?
–Algunos me han expresado su simpatía a la petición colectiva y la HUMA (Harvard University Mexican Association) decidió manifestarse imparcial frente a esta situación.
En efecto, la HUMA, dirigida actualmente por Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, nieto del dueño de Grupo Bimbo, envió una misiva a los más de 150 integrantes de la asociación en la que se deslinda de la campaña y pide mantener una “posición neutral”.
En la carta plantea: “Ante la insistencia de los medios por conocer cuál es la postura de los mexicanos en Harvard, he mantenido que HUMA no puede hablar por nadie; somos una asociación apolítica, plural y diversa y como tal no nos hemos manifestado en favor ni en contra de la llegada del expresidente. El punto de vista de cada miembro es muy válido y se respeta, por lo tanto HUMA no puede (ni podrá) fijar una postura en ningún sentido.
“De mi parte, tengan por seguro que estaré trabajando para dejar en claro que cada miembro es libre de expresar su punto de vista y que HUMA se mantendrá absolutamente neutral ante el tema.”
Otra misiva
A la petición colectiva impulsada en www.change.org se sumó otra carta más extensa y crítica para expresar también el rechazo a la presencia de Calderón en Harvard. El investigador Sergio Aguayo, presidente de la organización Propuesta Cívica, y el poeta Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, enviaron esta semana una misiva al decano Ellwood.
Ambos consideran la llegada de Calderón a Harvard como “un insulto a las víctimas de la violencia en México” y le recuerdan a la institución académica que el panista desacató la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla, que están pendientes dos procesos en su contra en la Corte Penal Internacional y se presume que es el responsable de la violación a los derechos humanos de al menos 25 mil desaparecidos.
En el recuento medular de la administración calderonista, la misiva de Aguayo y Sicilia señala:
“Más de 60 mil muertes, al menos 25 mil personas desaparecidas, 260 mil desplazados, 18 mil migrantes secuestrados cada año, etcétera. Las principales organizaciones de derechos humanos (Amnistía Internacional, Freedom House, Human Rights Watch, etcétera) coinciden en que México vive una crisis humanitaria sin precedente debida, en parte, a decisiones tomadas por el expresidente Calderón, quien, incluso, tiene dos denuncias ante la Corte Penal Internacional.
“Consideramos que la incorporación de Felipe Calderón como investigador visitante de la Kennedy School es un insulto a las víctimas de la violencia en México”, sentencian.
El senador panista Javier Lozano Alarcón descalificó como “frívola e intolerante” la misiva de Sicilia y Aguayo, e incluso advirtió que los militantes del blanquiazul “debemos poner límites a estos intolerantes”.
Calderón “es un hombre admiradísimo en esa universidad. No puede ser que le estén queriendo limitar una actividad académica”, afirmó el exsecretario calderonista del Trabajo.
El llamado de Lozano no ha encontrado el eco que deseaba. Ni la dirigencia nacional del PAN ni los dos exvoceros de Calderón (Alejandra Sota y Maximiliano Cortázar) reaccionaron frente a las insistentes peticiones y críticas, sobre todo en las redes sociales.
Entre la comunidad mexicana en Harvard hay una creciente inquietud, pero los jóvenes no entrarán a clases hasta el lunes 28. Durante la campaña electoral de 2012 hubo un pequeño grupo que se organizó y participó como parte del movimiento #YoSoy132, pero se ha ido diluyendo.
Humberto Delgado, estudiante de Harvard, expresa que está contra la presencia de Calderón porque “su guerra contra el narcotráfico fue fallida y las secuelas para el país durarán muchos años más”.
Casinos: el panismo se tambalea y el Pacto por México también
Ricardo Monreal. A destapar la cloaca
Foto: Benjamín Flores
Foto: Benjamín Flores
El escándalo casinero no decae. La semana pasada continuaron las acusaciones, los deslindes y los golpes bajos entre las mafias que dominan las casas de juegos en el país y que de un modo o de otro siempre acaban apuntando a la estructura interna del PAN, donde parece que se desató una lucha fratricida que finalmente será dirimida por la Cámara de Diputados, donde ya se formó una especie de “comisión de la verdad”. El asunto toca ya, a través de un ministro, a la misma Suprema Corte.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el turbio negocio de los casinos –escándalo que involucra a prominentes panistas, ha hecho tambalear el Pacto por México y ya dio pie a la creación de una comisión investigadora del Congreso que incluirá también al Poder Judicial– emergen cada vez más datos de las redes de complicidad política, empresarial, criminal y hasta de familia.
“Es un tema de corrupción, tráfico de influencias e impunidad”, resume el diputado Ricardo Monreal, impulsor de la “comisión de la verdad” del Congreso, aprobada por unanimidad y que será también coadyuvante en las investigaciones de las autoridades para “destapar la cloaca”.
Y es que en medio de una “lucha fratricida” entre facciones del PAN, vinculada cada una a casineros antagónicos, en el órgano regulador del gobierno, la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, impera el caos.
Por ejemplo, pese a que el exsubsecretario Obdulio Ávila niega que el gobierno de Felipe Calderón dio dos nuevos permisos para operar salas de juegos y de apuestas, formalizados por la Secretaría de Gobernación (Segob) dos minutos antes de concluir el sexenio –como consta en documentos–, las propias cifra oficiales acreditan un aumento de 140 licencias en un solo año.
En noviembre de 2011, cuando Ávila sustituyó a Juan Marcos Gutiérrez en la Subsecretaría de Gobierno, había 27 permisos para operar 541 casinos, pero al finalizar el sexenio, con cuatro permisionarios más –dos por mandato judicial y dos por resoluciones administrativas de la Segob–, las licencias aumentaron a 681.
Ávila, quien nombró a su cuñada Nelly Maldonado Acevedo directora general adjunta de Juegos y Sorteos, adujo que los jueces ordenaron a la Segob, además de los dos permisos, otorgar también “determinado números de licencias, y eso es lo que aumenta el número”.
–¿Cuáles?
–Las más de 100 que se otorgaron, porque es por orden judicial. Las otras dos resoluciones administrativas no aumentan un solo establecimiento.
Sin embargo la propia información oficial lo desmiente: A Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V., ligada presuntamente al exsubsecretario panista Abraham González Uyeda, se le autorizaron 35 licencias, mientras que la segunda, Recreativos Marina, S.A. de C.V., logró 14, para un total de 49. Hay 91 de más.
Ávila negó también que con los dos permisos otorgados por la Segob a Producciones Móviles y Exciting Games, ligadas a Juan Iván Peña Néder –preso por violación tumultuaria a su esposa–, hayan aumentado las licencias para instalar nuevos casinos, porque eran las de Entretenimiento de México (Emex), de las que aquéllas eran operadoras.
Y aunque suman 94, porque amparan 47 salas de juegos y 47 sorteos de números, sólo son para 47 establecimientos. Es más, hubo una disminución en el número de casinos, porque el permiso de Emex es de 50.
Explicó: “Las (dos) resoluciones administrativas no pueden ni deben considerarse como nuevos permisos, precisamente porque se trata del reconocimiento de derechos de esas empresas, derivado de la operación que acreditaron. No hay aumento de licencias, sino decremento: De 50 se reducen a 47”.
Pero eso tampoco es cierto, según Emex, la empresa de los hermanos Rojas Cardona –uno de los cuales, Juan José, es conocido como El Zar de los Casinos–, porque sigue siendo permisionario, pese a que la Segob inició un procedimiento para revocarle el permiso con el argumento de que entró en concurso mercantil.
Justamente por iniciar este procedimiento Emex presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República (Proceso 1874) y luego, en diciembre, presentó otra contra Alejandro Poiré, exsecretario de Gobernación, Ávila y otros 13 funcionarios por la “conducta criminal” de haber expedido los dos permisos.
Luego de las declaraciones de Ávila, quien por ser miembro del CEN organizó una conferencia de prensa en la sede del PAN el martes 15, Emex amplió la denuncia y ratificó que la Segob actúa de manera parcial a favor de Producciones Móviles y de Exciting Games.
En la ampliación de la denuncia, de la que este semanario tiene copia, Emex califica de “falso” que los permisos a esas dos empresas se hayan otorgado tras la revocación del suyo, porque el 15 de agosto, cuando la Segob dice que los otorgó, notificó a Emex del inicio del procedimiento administrativo de revocación.
“Es insólito que el mismo día que se le notificó a Emex apenas del inicio de dicho procedimiento se haya resuelto y notificado a las privilegiadas empresas en una operación evidentemente corrupta y en forma exprés. Todo lo cual lo hicieron según su dicho para no afectar intereses económicos de Producciones Móviles y Exciting Games.”
Y más aún, afirma Emex, la notificación del permiso a Producciones Móviles se envió al domicilio de Guillermo Santillán Ortega, el panista que fue jefe de la Unidad de Enlace Federal al inicio del sexenio de Calderón e identificado como socio en esa empresa Peña Néder.
“Es evidente y manifiesto que la resolución que concedió los fraudulentos permisos ya se encontraba premeditada, elaborada y firmada incluso antes de notificarle a Emex del inicio del procedimiento de revocación”, subraya.
“Lo anterior ya que se la notificaron a Producciones Móviles el mismo día, 15 de agosto de 2012, en el domicilio Amberes 4 interior 101, colonia Juárez, oficinas que pertenecen a Guillermo Santillán Ortega.”
Justamente Santillán Ortega sufrió el viernes 18 un revés: Fue clausurado el Casino Trípoli, supuestamente de su propiedad, en Salamanca, Guanajuato, de cuyo ayuntamiento panista fue secretario en el periodo 1998-2000.
Apenas el jueves 3, él, Peña Néder y el gobierno de Calderón habían sufrido un descalabro: El juez Javier Lozano Martínez, de Nuevo León, concedió a Emex una suspensión definitiva mientras resuelve si deja sin efecto o convalida los permisos otorgados por Calderón.
El compadre de Calderón
En medio de este desorden que el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto se ha comprometido a esclarecer, como lo adelantó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aparecen más políticos involucrados en el fomento, protección y tolerancia al negocio del juego.
Un compadre de Calderón, el diputado federal Guillermo Anaya Llamas, es identificado como el gestor de los hermanos Luis Alberto y Ricardo Villarreal García –el primero coordinador de los diputados federales del PAN– para la apertura del Grand Casino de León, Guanajuato, en 2008, cuando era senador.
La abogada Talía Vázquez Alatorre afirma que en 2008 los hermanos Villarreal pretendían instalar un casino y que Anaya Llamas los presentó con Peña Néder, preso desde el 8 de septiembre de 2011, quien les ofreció el que a su vez había vendido, en 3 millones de dólares, al empresario michoacano Raúl Alvarado Madrigal.
Ricardo Villarreal niega ser socio de su primo Víctor Anguiano Villarreal y su compadre Samuel Lejtik en el Grand Casino –“son mis amigos y los avalé en una sola operación”–, pero Vázquez Alatorre ratifica la sociedad y asegura que ella y Peña Néder –su entonces marido– asistieron inclusive a fiestas ahí.
Anaya, por su parte, rechaza haber sido el gestor que presentó a Villarreal con Peña Néder, a quien dice no conocer. “Yo creo que Ricardo en todo caso no me necesitaba. ¿Para qué si Luis Alberto era senador, igual que yo?”.
–Porque usted sí conocía a Peña Néder, el que tenía el permiso, según esta versión, y usted lo presentó con Villarreal, que quería poner su casino…
–Para nada. No sé, para empezar, si es cierto que Villarreal tenga algo realmente que ver.
Y Ricardo Villarreal niega que sea accionista del Grupo Win, aunque reconoce que fue garante hipotecario, como consta en documento, que el reportero tiene, de la empresa de su primo y su amigo de la infancia.
“Son empresarios muy serios que no tienen ninguna imputación en ningún negocio ilegal, ni mucho menos, y me pidieron el favor, hace ya varios años, de que los avalara en una operación que hicieron. Y los avalé. De ahí a que sea yo propietario de un casino o de otra cosa, pues no es así. En este país todavía no es delito tener amigos que tengan negocios legales.”
–¿Su única intervención fue avalar con sus propiedades?
–Con algunas de mis propiedades.
Reconoce que en 2008, cuando se firmó el contrato en el que aparece su firma –que dice es apócrifa–, se entrevistó con Vázquez Alatorre en su despacho de la Ciudad de México.
“Me pidieron los propietarios de Grupo Win que los acompañara en mi calidad de abogado. Y esa fue mi única intervención. A mí me enseñaron una serie de permisos que ellos decían tener en aquel momento, yo los revisé, todo parecía que estaba bien, y hasta ahí. Esa fue mi única intervención.”
Insiste en que no tiene nada que ver con Grupo Win: “Los propietarios son mis amigos y los avalé en una operación. Es lo único que tengo con ellos, una relación de amistad. Los casinos son un negocio lícito y no tiene nada de malo tener amigos metidos en ese negocio. Tengo amigos que tienen desde torterías hasta lo que se te ocurra”.
Vázquez Alatorre no sólo ratifica que Villarreal es socio del Grupo Win, como consta en dos actas notariales, sino que Ricardo Villarreal la amenazó para no ventilar públicamente esa sociedad, iniciada porque Anaya conocía a Peña Néder.
La abogada, quien es diputada suplente de su hermana Selene, hace otras revelaciones a Proceso sobre Peña Néder y la red de relaciones que tejió para traficar con permisos de casinos y quedarse con Producciones Móviles, la empresas a la que Calderón otorgó permiso para operar, durante 25 años, 40 salas de juegos y 40 sorteo de números.
Peña Néder, asegura, usa Producciones Móviles hasta para el pago de los honorarios de su defensa por la violación que cometió en su contra, como la autorización que le dio a su abogada Rosalba Chao Gálvez para abrir un casino en Morelia.
La empresa a la que Calderón dio el otro permiso para operar siete salas de juego y siete sorteos de números, Exciting Games, también está vinculada a Peña Néder, porque fue el operador para que la comprara Tomás Ruiz González, actual secretario de Finanzas de Veracruz y expresidente de Nueva Alianza, el partido de Elba Esther Gordillo.
Más aún, Vázquez Alatorre revela que Peña Néder está implicado en el asesinato de Ricardo Guzmán, el alcalde panista de La Piedad, Michoacán, a quien presuntamente había amenazado de muerte en represalia por clausurarle el casino La Fortuna, de su propiedad, en ese municipio.
“No estoy diciendo que Juan Iván lo haya mandado matar, ya estaba preso cuando matan a Ricardo, sino que a mí el Ministerio Público me mandó llamar para preguntarme si sabía algo y me enseñaron una llamada anónima en la que se dice que lo mandó matar un señor Peña que tiene un casino en La Piedad.”
Guzmán, asesinado el 2 de noviembre de 2011 –a 11 días de las elecciones de Michoacán–, era amigo de la candidata panista a la gubernatura, Luisa María Calderón y de su hermano Felipe, quien no cumplió su palabra de esclarecer el crimen, que está impune.
“Es una cloaca”
Ante el escándalo que se inició luego de que el 13 de diciembre Proceso dio a conocer que Calderón otorgó permisos de casinos y ante los señalamientos de Vázquez Alatorre, el Congreso aprobó crear una comisión investigadora.
El promotor del punto de acuerdo, aprobado por unanimidad en la Comisión Permanente el miércoles 16, es Monreal, quien afirma que en los casinos se manifiestan la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad.
“El tema es de enorme relevancia porque esta comisión se eleva a categoría de una comisión de la verdad”, subraya el legislador, quien en tribuna expuso que se sospecha que la aprobación del nuevo Reglamento de Juegos y Sorteos, en octubre, haya sido sólo para favorecer a un grupo de permisionarios y operadores de casinos.
“Cómo no sospechar de las motivaciones que hubo detrás de ese reglamento aprobado de última hora como un regalo para esa red oscura de operadores de casinos. Ahora surgen elementos que ponen al descubierto el rol de diversos exfuncionarios en una red ilícita para el otorgamiento de varios permisos, para la instalación de casinos o casas de apuestas de manera irregular.”
Añadió: “Resulta indignante la simple sospecha de que la autoridad encargada para guardar la ley en la materia, la Secretaría de Gobernación, durante el sexenio pasado haya sido caldo de cultivo y parte de las negociaciones de operaciones contrarias a derecho para favorecer intereses particulares y francamente delictivos”.
En entrevista explica que por eso se pidió que quede sin efecto el reglamento, porque además se presentó en contra una controversia constitucional, de la que debe excusarse el ministro Alberto Pérez Dayán, porque ha emitido sentencias relacionadas con los casinos.
En efecto, él era magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en 2010 cuando se otorgó un amparo a favor de Juegos y Sorteos de Jalisco que luego el juez undécimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal ordenó a la Segob cumplir.
Sin embargo este tribunal afirmó que la Secretaría de Gobernación actuó de manera “negligente” al tramitar la solicitud de permisos, pues no se pronunció sobre los 16 requisitos que prevé el Reglamento de Juegos y Sorteos, sino que sólo consideró que el esquema financiero propuesto era inviable y resultaba “ocioso” resolver sobre lo demás.
–¿Hay casinos también porque la Segob actúa con negligencia? –se le pregunta a Monreal.
–Es un asunto de triangulación y complicidades. La justicia está podrida en nuestro país, hasta los ministros de la Corte, con sus excepciones.
Detrás de Juegos y Sorteos de Jalisco, constituida como empresa el 15 de diciembre de 2006, dos semanas después del inicio del gobierno de Calderón, se ha especulado que están políticos del PAN.
Al respecto el periodista Leopoldo Mendívil escribió en el diario La Crónica de Hoy, en noviembre de 2010, que detrás de Juegos y Sorteos de Jalisco había la sospecha de que estaba González Uyeda, el exsubsecretario de Gobierno, cuyo coordinador de asesores fue Peña Néder.
“Existen fuertes sospechas de que el verdadero propietario del nuevo permiso –del cual tengo y estoy consultando una copia del original– sería Abraham González Uyeda”, escribió Mendívil, quien aseguró que el operador del permiso fue Correa Méndez, exfuncionario y socio de Peña Néder.
Monreal, quien ha planteado una limpia en el sector de juegos y sorteos desde que era senador, explica que el punto de acuerdo es trascendente porque es también coadyuvante en las investigaciones.
–¿Se corre el riesgo de que sea sólo una simulación?
–Sí, está latente la simulación, pero es importante porque es destapar la cloaca, es la punta del iceberg de un sistema de corrupción que se ha institucionalizado en México y que ya se ve como normal.
Sobre si cree que la nueva directora de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas, quien fue diputada federal del PRD, podrá hacer una limpia, Monreal responde: “No lo sé, pero el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, lo que me sorprendió, y lo lógico es que haga caso el secretario de Gobernación. Lo congruente sería eso”.
Si el PRI avaló el punto de acuerdo, interpreta, es porque “hay aceptación a nivel medio o superior del partido”, y el PAN también se manifestó a favor, sobre todo porque el senador Roberto Gil Zuarth se dijo dispuesto a lo que sea para probar que no recibió dinero de casineros.
“Tampoco soy ingenuo. Advierto que al interior del PAN hay una lucha fratricida motivada por quién se queda con el botín, y al final pudiera ser un mal reparto del botín. ¿Quién es más corrupto, el que se quedó con más casinos, de un grupo y de otro?”
Monreal considera positivo que se cree la comisión investigadora: “El problema de fondo es que los mexicanos merecen saber la verdad: Quién está involucrado y debe ser sometido a proceso, porque en este país hay escándalos y escándalos y no pasa nada. Vamos a ver”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el turbio negocio de los casinos –escándalo que involucra a prominentes panistas, ha hecho tambalear el Pacto por México y ya dio pie a la creación de una comisión investigadora del Congreso que incluirá también al Poder Judicial– emergen cada vez más datos de las redes de complicidad política, empresarial, criminal y hasta de familia.
“Es un tema de corrupción, tráfico de influencias e impunidad”, resume el diputado Ricardo Monreal, impulsor de la “comisión de la verdad” del Congreso, aprobada por unanimidad y que será también coadyuvante en las investigaciones de las autoridades para “destapar la cloaca”.
Y es que en medio de una “lucha fratricida” entre facciones del PAN, vinculada cada una a casineros antagónicos, en el órgano regulador del gobierno, la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, impera el caos.
Por ejemplo, pese a que el exsubsecretario Obdulio Ávila niega que el gobierno de Felipe Calderón dio dos nuevos permisos para operar salas de juegos y de apuestas, formalizados por la Secretaría de Gobernación (Segob) dos minutos antes de concluir el sexenio –como consta en documentos–, las propias cifra oficiales acreditan un aumento de 140 licencias en un solo año.
En noviembre de 2011, cuando Ávila sustituyó a Juan Marcos Gutiérrez en la Subsecretaría de Gobierno, había 27 permisos para operar 541 casinos, pero al finalizar el sexenio, con cuatro permisionarios más –dos por mandato judicial y dos por resoluciones administrativas de la Segob–, las licencias aumentaron a 681.
Ávila, quien nombró a su cuñada Nelly Maldonado Acevedo directora general adjunta de Juegos y Sorteos, adujo que los jueces ordenaron a la Segob, además de los dos permisos, otorgar también “determinado números de licencias, y eso es lo que aumenta el número”.
–¿Cuáles?
–Las más de 100 que se otorgaron, porque es por orden judicial. Las otras dos resoluciones administrativas no aumentan un solo establecimiento.
Sin embargo la propia información oficial lo desmiente: A Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V., ligada presuntamente al exsubsecretario panista Abraham González Uyeda, se le autorizaron 35 licencias, mientras que la segunda, Recreativos Marina, S.A. de C.V., logró 14, para un total de 49. Hay 91 de más.
Ávila negó también que con los dos permisos otorgados por la Segob a Producciones Móviles y Exciting Games, ligadas a Juan Iván Peña Néder –preso por violación tumultuaria a su esposa–, hayan aumentado las licencias para instalar nuevos casinos, porque eran las de Entretenimiento de México (Emex), de las que aquéllas eran operadoras.
Y aunque suman 94, porque amparan 47 salas de juegos y 47 sorteos de números, sólo son para 47 establecimientos. Es más, hubo una disminución en el número de casinos, porque el permiso de Emex es de 50.
Explicó: “Las (dos) resoluciones administrativas no pueden ni deben considerarse como nuevos permisos, precisamente porque se trata del reconocimiento de derechos de esas empresas, derivado de la operación que acreditaron. No hay aumento de licencias, sino decremento: De 50 se reducen a 47”.
Pero eso tampoco es cierto, según Emex, la empresa de los hermanos Rojas Cardona –uno de los cuales, Juan José, es conocido como El Zar de los Casinos–, porque sigue siendo permisionario, pese a que la Segob inició un procedimiento para revocarle el permiso con el argumento de que entró en concurso mercantil.
Justamente por iniciar este procedimiento Emex presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República (Proceso 1874) y luego, en diciembre, presentó otra contra Alejandro Poiré, exsecretario de Gobernación, Ávila y otros 13 funcionarios por la “conducta criminal” de haber expedido los dos permisos.
Luego de las declaraciones de Ávila, quien por ser miembro del CEN organizó una conferencia de prensa en la sede del PAN el martes 15, Emex amplió la denuncia y ratificó que la Segob actúa de manera parcial a favor de Producciones Móviles y de Exciting Games.
En la ampliación de la denuncia, de la que este semanario tiene copia, Emex califica de “falso” que los permisos a esas dos empresas se hayan otorgado tras la revocación del suyo, porque el 15 de agosto, cuando la Segob dice que los otorgó, notificó a Emex del inicio del procedimiento administrativo de revocación.
“Es insólito que el mismo día que se le notificó a Emex apenas del inicio de dicho procedimiento se haya resuelto y notificado a las privilegiadas empresas en una operación evidentemente corrupta y en forma exprés. Todo lo cual lo hicieron según su dicho para no afectar intereses económicos de Producciones Móviles y Exciting Games.”
Y más aún, afirma Emex, la notificación del permiso a Producciones Móviles se envió al domicilio de Guillermo Santillán Ortega, el panista que fue jefe de la Unidad de Enlace Federal al inicio del sexenio de Calderón e identificado como socio en esa empresa Peña Néder.
“Es evidente y manifiesto que la resolución que concedió los fraudulentos permisos ya se encontraba premeditada, elaborada y firmada incluso antes de notificarle a Emex del inicio del procedimiento de revocación”, subraya.
“Lo anterior ya que se la notificaron a Producciones Móviles el mismo día, 15 de agosto de 2012, en el domicilio Amberes 4 interior 101, colonia Juárez, oficinas que pertenecen a Guillermo Santillán Ortega.”
Justamente Santillán Ortega sufrió el viernes 18 un revés: Fue clausurado el Casino Trípoli, supuestamente de su propiedad, en Salamanca, Guanajuato, de cuyo ayuntamiento panista fue secretario en el periodo 1998-2000.
Apenas el jueves 3, él, Peña Néder y el gobierno de Calderón habían sufrido un descalabro: El juez Javier Lozano Martínez, de Nuevo León, concedió a Emex una suspensión definitiva mientras resuelve si deja sin efecto o convalida los permisos otorgados por Calderón.
El compadre de Calderón
En medio de este desorden que el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto se ha comprometido a esclarecer, como lo adelantó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aparecen más políticos involucrados en el fomento, protección y tolerancia al negocio del juego.
Un compadre de Calderón, el diputado federal Guillermo Anaya Llamas, es identificado como el gestor de los hermanos Luis Alberto y Ricardo Villarreal García –el primero coordinador de los diputados federales del PAN– para la apertura del Grand Casino de León, Guanajuato, en 2008, cuando era senador.
La abogada Talía Vázquez Alatorre afirma que en 2008 los hermanos Villarreal pretendían instalar un casino y que Anaya Llamas los presentó con Peña Néder, preso desde el 8 de septiembre de 2011, quien les ofreció el que a su vez había vendido, en 3 millones de dólares, al empresario michoacano Raúl Alvarado Madrigal.
Ricardo Villarreal niega ser socio de su primo Víctor Anguiano Villarreal y su compadre Samuel Lejtik en el Grand Casino –“son mis amigos y los avalé en una sola operación”–, pero Vázquez Alatorre ratifica la sociedad y asegura que ella y Peña Néder –su entonces marido– asistieron inclusive a fiestas ahí.
Anaya, por su parte, rechaza haber sido el gestor que presentó a Villarreal con Peña Néder, a quien dice no conocer. “Yo creo que Ricardo en todo caso no me necesitaba. ¿Para qué si Luis Alberto era senador, igual que yo?”.
–Porque usted sí conocía a Peña Néder, el que tenía el permiso, según esta versión, y usted lo presentó con Villarreal, que quería poner su casino…
–Para nada. No sé, para empezar, si es cierto que Villarreal tenga algo realmente que ver.
Y Ricardo Villarreal niega que sea accionista del Grupo Win, aunque reconoce que fue garante hipotecario, como consta en documento, que el reportero tiene, de la empresa de su primo y su amigo de la infancia.
“Son empresarios muy serios que no tienen ninguna imputación en ningún negocio ilegal, ni mucho menos, y me pidieron el favor, hace ya varios años, de que los avalara en una operación que hicieron. Y los avalé. De ahí a que sea yo propietario de un casino o de otra cosa, pues no es así. En este país todavía no es delito tener amigos que tengan negocios legales.”
–¿Su única intervención fue avalar con sus propiedades?
–Con algunas de mis propiedades.
Reconoce que en 2008, cuando se firmó el contrato en el que aparece su firma –que dice es apócrifa–, se entrevistó con Vázquez Alatorre en su despacho de la Ciudad de México.
“Me pidieron los propietarios de Grupo Win que los acompañara en mi calidad de abogado. Y esa fue mi única intervención. A mí me enseñaron una serie de permisos que ellos decían tener en aquel momento, yo los revisé, todo parecía que estaba bien, y hasta ahí. Esa fue mi única intervención.”
Insiste en que no tiene nada que ver con Grupo Win: “Los propietarios son mis amigos y los avalé en una operación. Es lo único que tengo con ellos, una relación de amistad. Los casinos son un negocio lícito y no tiene nada de malo tener amigos metidos en ese negocio. Tengo amigos que tienen desde torterías hasta lo que se te ocurra”.
Vázquez Alatorre no sólo ratifica que Villarreal es socio del Grupo Win, como consta en dos actas notariales, sino que Ricardo Villarreal la amenazó para no ventilar públicamente esa sociedad, iniciada porque Anaya conocía a Peña Néder.
La abogada, quien es diputada suplente de su hermana Selene, hace otras revelaciones a Proceso sobre Peña Néder y la red de relaciones que tejió para traficar con permisos de casinos y quedarse con Producciones Móviles, la empresas a la que Calderón otorgó permiso para operar, durante 25 años, 40 salas de juegos y 40 sorteo de números.
Peña Néder, asegura, usa Producciones Móviles hasta para el pago de los honorarios de su defensa por la violación que cometió en su contra, como la autorización que le dio a su abogada Rosalba Chao Gálvez para abrir un casino en Morelia.
La empresa a la que Calderón dio el otro permiso para operar siete salas de juego y siete sorteos de números, Exciting Games, también está vinculada a Peña Néder, porque fue el operador para que la comprara Tomás Ruiz González, actual secretario de Finanzas de Veracruz y expresidente de Nueva Alianza, el partido de Elba Esther Gordillo.
Más aún, Vázquez Alatorre revela que Peña Néder está implicado en el asesinato de Ricardo Guzmán, el alcalde panista de La Piedad, Michoacán, a quien presuntamente había amenazado de muerte en represalia por clausurarle el casino La Fortuna, de su propiedad, en ese municipio.
“No estoy diciendo que Juan Iván lo haya mandado matar, ya estaba preso cuando matan a Ricardo, sino que a mí el Ministerio Público me mandó llamar para preguntarme si sabía algo y me enseñaron una llamada anónima en la que se dice que lo mandó matar un señor Peña que tiene un casino en La Piedad.”
Guzmán, asesinado el 2 de noviembre de 2011 –a 11 días de las elecciones de Michoacán–, era amigo de la candidata panista a la gubernatura, Luisa María Calderón y de su hermano Felipe, quien no cumplió su palabra de esclarecer el crimen, que está impune.
“Es una cloaca”
Ante el escándalo que se inició luego de que el 13 de diciembre Proceso dio a conocer que Calderón otorgó permisos de casinos y ante los señalamientos de Vázquez Alatorre, el Congreso aprobó crear una comisión investigadora.
El promotor del punto de acuerdo, aprobado por unanimidad en la Comisión Permanente el miércoles 16, es Monreal, quien afirma que en los casinos se manifiestan la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad.
“El tema es de enorme relevancia porque esta comisión se eleva a categoría de una comisión de la verdad”, subraya el legislador, quien en tribuna expuso que se sospecha que la aprobación del nuevo Reglamento de Juegos y Sorteos, en octubre, haya sido sólo para favorecer a un grupo de permisionarios y operadores de casinos.
“Cómo no sospechar de las motivaciones que hubo detrás de ese reglamento aprobado de última hora como un regalo para esa red oscura de operadores de casinos. Ahora surgen elementos que ponen al descubierto el rol de diversos exfuncionarios en una red ilícita para el otorgamiento de varios permisos, para la instalación de casinos o casas de apuestas de manera irregular.”
Añadió: “Resulta indignante la simple sospecha de que la autoridad encargada para guardar la ley en la materia, la Secretaría de Gobernación, durante el sexenio pasado haya sido caldo de cultivo y parte de las negociaciones de operaciones contrarias a derecho para favorecer intereses particulares y francamente delictivos”.
En entrevista explica que por eso se pidió que quede sin efecto el reglamento, porque además se presentó en contra una controversia constitucional, de la que debe excusarse el ministro Alberto Pérez Dayán, porque ha emitido sentencias relacionadas con los casinos.
En efecto, él era magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en 2010 cuando se otorgó un amparo a favor de Juegos y Sorteos de Jalisco que luego el juez undécimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal ordenó a la Segob cumplir.
Sin embargo este tribunal afirmó que la Secretaría de Gobernación actuó de manera “negligente” al tramitar la solicitud de permisos, pues no se pronunció sobre los 16 requisitos que prevé el Reglamento de Juegos y Sorteos, sino que sólo consideró que el esquema financiero propuesto era inviable y resultaba “ocioso” resolver sobre lo demás.
–¿Hay casinos también porque la Segob actúa con negligencia? –se le pregunta a Monreal.
–Es un asunto de triangulación y complicidades. La justicia está podrida en nuestro país, hasta los ministros de la Corte, con sus excepciones.
Detrás de Juegos y Sorteos de Jalisco, constituida como empresa el 15 de diciembre de 2006, dos semanas después del inicio del gobierno de Calderón, se ha especulado que están políticos del PAN.
Al respecto el periodista Leopoldo Mendívil escribió en el diario La Crónica de Hoy, en noviembre de 2010, que detrás de Juegos y Sorteos de Jalisco había la sospecha de que estaba González Uyeda, el exsubsecretario de Gobierno, cuyo coordinador de asesores fue Peña Néder.
“Existen fuertes sospechas de que el verdadero propietario del nuevo permiso –del cual tengo y estoy consultando una copia del original– sería Abraham González Uyeda”, escribió Mendívil, quien aseguró que el operador del permiso fue Correa Méndez, exfuncionario y socio de Peña Néder.
Monreal, quien ha planteado una limpia en el sector de juegos y sorteos desde que era senador, explica que el punto de acuerdo es trascendente porque es también coadyuvante en las investigaciones.
–¿Se corre el riesgo de que sea sólo una simulación?
–Sí, está latente la simulación, pero es importante porque es destapar la cloaca, es la punta del iceberg de un sistema de corrupción que se ha institucionalizado en México y que ya se ve como normal.
Sobre si cree que la nueva directora de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas, quien fue diputada federal del PRD, podrá hacer una limpia, Monreal responde: “No lo sé, pero el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, lo que me sorprendió, y lo lógico es que haga caso el secretario de Gobernación. Lo congruente sería eso”.
Si el PRI avaló el punto de acuerdo, interpreta, es porque “hay aceptación a nivel medio o superior del partido”, y el PAN también se manifestó a favor, sobre todo porque el senador Roberto Gil Zuarth se dijo dispuesto a lo que sea para probar que no recibió dinero de casineros.
“Tampoco soy ingenuo. Advierto que al interior del PAN hay una lucha fratricida motivada por quién se queda con el botín, y al final pudiera ser un mal reparto del botín. ¿Quién es más corrupto, el que se quedó con más casinos, de un grupo y de otro?”
Monreal considera positivo que se cree la comisión investigadora: “El problema de fondo es que los mexicanos merecen saber la verdad: Quién está involucrado y debe ser sometido a proceso, porque en este país hay escándalos y escándalos y no pasa nada. Vamos a ver”.
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