La hora de García Luna
Las razones centrales que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esgrimieron para otorgar un amparo directo y liberar a Florence Marie Louise Cassez Crepin fueron porque “se violaron sus derechos humanos” por el “montaje televisivo” transmitido por Televisa el 9 de diciembre de 2005 y porque se violó “de manera grave” la presunción de inocencia.
Los responsables del operativo en el que se detuvo a la ciudadana francesa el 8 de diciembre de 2005, un día antes de que esa televisora transmitiera en el noticiero matutino de Carlos Loret de Mola su arresto como si se tratara de una operación en vivo, fueron el entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna, y Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñaba como director de Investigación policial de dicha corporación.
El montaje fue planeado conscientemente y se hizo con el objetivo de manipular a la opinión pública. Se hizo para simular una actuación ejemplar e impulsar con ello la carrera política de García Luna.
No fue un simple error, como reconoció dos meses después de su difusión el propio Genaro García Luna y quien, luego de ese capítulo, pasó a ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012, en la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa.
Ese montaje fue también un crimen y, encima, cometido con flagrancia por la autoridad ya que, como se demostró después, la detención real de Cassez Crepin y su entonces novio Israel Vallarta Cisneros se realizó en la carretera federal México-Cuernavaca.
Por si fuera poco, en horas posteriores a esa detención, la policía encabezada por García Luna y Cárdenas Palomino no aisló ni protegió a la víctimas del presunto secuestro. Por el contrario, los mantuvieron en un entorno hostil y junto a sus presuntos agresores, los integrantes de la banda de Los Zodiaco, todo para ejecutar una operación con fines publicitarios, que nada tenía qué ver con la investigación.
Ambos funcionarios violaron, además, el Artículo 16 constitucional que impone a la policía la obligación de poner a toda persona detenida, sin demora, a disposición del Ministerio Público. La constitución y la ley son claras al respecto y no autorizan excepción alguna, menos aún permiten retener a sospechosos para efectos de una escenificación.
En una entrevista para El Universal, publicada el 22 de abril de 2010, Florence Cassez narró sus recuerdos centrales de ese 8 de diciembre de 2005 y acusó a Cárdenas Palomino de tortura:
“¿Fuiste torturada?”, le preguntó el reportero Francisco Reséndiz.
“Luis Cárdenas Palomino me pegó para que dijera lo que él quería a las cámaras, nunca le importó que hubiera medios. Para ese momento ya habían pasado 20 horas desde que me detuvieron. No había dormido, tenía frío, no entendía a lo que él quería llegar, las groserías que me decía las desconocía.
“Ya en la camioneta, estaba sentada junto a Israel Vallarta, a un lado estaba un oficial de la AFI. Le dije: ‘Usted me podrá pegar todo lo que quiera, pero jamás voy a decir lo que usted quiere’. Levantó el puño y me amenazó. Intervino el policía para que no lo hiciera, yo temblaba, entonces me dio más cachetadas”.
Pero pese a las múltiples pruebas sobre violaciones a los derechos humanos, ni García Luna ni Cárdenas Palomino fueron llamados a rendir cuentas. El respaldo que recibieron del gobierno de Calderón Hinojosa fue total.
Ahora que los ministros de la SCJN han dejado libre a Cassez justo porque se violaron sus derechos humanos, también se espera que los responsables de aquella manipulación, que fue totalmente ilegal, sean llamados a rendir cuentas.
Es la hora de García Luna y de quien fuera su mano derecha. Pero, ¿irán por ellos? Sólo así quedará cerrado el círculo de la justicia.
Cassez o la impunidad de los malos policías
Aparentemente no hay duda de que la ciudadana francesa Florence Cassez se involucró, por ignorancia o por decisión propia, con una banda criminal dedicada al secuestro, realizando actividades que encuadran en una conducta delictiva.
Tampoco parece haber la menor sombra de duda en que la detención de la joven gala ocurrió en medio de un grotesco y sombrío episodio de perversión de la función de las fuerzas policiales y el aparato de persecución de los delitos, para ponerlo al servicio de un show mediático con fines de propaganda.
Fueron estas circunstancias, a todas luces violatorias de los derechos humanos de los detenidos, más allá de su responsabilidad legal, las que justificaron la resolución tomada por la Corte en una decisión dividida, para darle salida a un caso que se convirtió en un laberinto jurídico y político con implicaciones internacionales.
Esta circunstancia nos deja a los mexicanos con un sabor agridulce. La victoria jurídica de un argumento legal por sobre la soberbia y el dogmatismo de un aparato policial hace surgir una profunda inquietud: ¿cómo vamos a poder depurar el sistema de justicia en un país asolado por la violencia y la impunidad, con una policía que sigue presentando enormes deficiencias?
El primer eslabón en cualquier estrategia de combate a la impunidad y de freno al auge delictivo pasa, inevitablemente, por el trabajo policial. Sin embargo, no ha habido una reforma legal o administrativa que nos permita a los mexicanos tener ni siquiera la mínima certeza de que la policía hará su trabajo en el marco de la ley.
¿Qué puede esperarse de una policía cuando el sabotaje a la realización de un trabajo apegado a la norma y a una ética mínima parte de los propios directivos de la corporación?
Porque así ocurrió en el caso de Florence Cassez, donde la orden de preparar un montaje para los noticieros de televisión, por cierto también cómplices en esta violación a los derechos de los detenidos, sólo pudo prevenir del más alto nivel.
De privar la lógica aplicada por los ministros de la Corte en este caso, la impunidad parece ser la consecuencia lógica de no contar con una policía científica y unos mandos que respeten la ley.
Cualquier esfuerzo por tratar de depurar a las policías a todos los niveles, choca con una lógica de resignación de los políticos responsables de esas policías. En Guanajuato, por ejemplo, la realización de exámenes de control de confianza a las gendarmerías municipales, con el consecuente resultado de centenares de reprobados, incluyendo altos mandos, está generando una rebelión de los alcaldes de todos los partidos.
Nadie quiere correr policías porque eso significa pagar indemnizaciones o arriesgarse a juicios laborales que pueden terminar hasta en reinstalaciones. Ello nos lleva a la consecuencia de que sean los ciudadanos los que paguen el costo de una mala policía a través de lo que viene a ser un impuesto no legislado que ni siquiera va a manos del Estado: la corrupción policial y la asociación entre delincuentes y policías.
No ha habido un programa exitoso, federal, estatal o municipal, que permita mejorar el nivel y la calidad del servicio policiaco. Sin embargo, la Corte hoy nos dice que cuando la policía actúe incorrectamente en contra de presuntos culpables, estos deberán quedar libres.
De esta manera, los únicos que deberán temer a los policías no son los delincuentes sino los ciudadanos comunes y corrientes que caigan en sus manos para ser extorsionados, o bien los que sean víctimas de delincuentes protegidos por policías.
Si bien es difícil que el caso Cassez siente un precedente para la delincuencia en general, que difícilmente tendrá la posibilidad de contar con abogados lo suficientemente capaces para usar el antecedente, este no debe descartarse en el caso de la delincuencia organizada.
El otro sabor de boca que queda tampoco es agradable: la amarga sensación de que en todos los ires y venires de este caso, la justicia ha estado sometida por la política o a su servicio. Tampoco es algo que nos de un aire de modernidad política ni de madurez democrática, lamentablemente.
arnoldocuellar@zonafranca.mx
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