La cortina que cubrió a Monex

Por: Redacción / Sinembargo - enero 25 de 2013 - 0:00
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El miércoles pasado, al mismo tiempo que en el centro de la Ciudad de México la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaba a favor de liberar a la francesa Florence Cassez Crepin, al sur de la capital del país el el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) exoneraba a la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), por el financiamiento a través de los monederos Monex en la campaña presidencial de 2012.

La propuesta que apoyaban los consejeros Alfredo Figueroa Fernández, Lorenzo Córdova Vianello, Benito Nacif Hernández y María Marván Laborde, planteaba multar al PRI con 75 millones de pesos. La razón para esa multa era que el Partido Revolucionario Institucional no acreditó el destino de los 66.6 millones de pesos que, según encontraron los investigadores de la Unidad de Fiscalización, se distribuyeron a través de 7 mil 851 tarjetas para apoyar al entonces candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, pesó más el voto de los consejeros Sergio García Ramírez –ex priista y quien es cercano a los dueños de la empresa Efra, ligada a Monex y al reparto de dinero del PRI–, Marco Baños Martínez, Francisco Guerrero Aguirre, María Macarita Elizondo Gasperín y el propio presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.

Luego de ese choque, con molestia e indignación, de acuerdo con sus declaraciones a la prensa, los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que la cosa no quedará así y recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para apelar la decisión del Consejo General del IFE.

También diputados de izquierda exigieron al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el ex lopezobradorista Mario Di Costanzo Armenta, investigar si existió triangulación de dinero para financiar la campaña de Peña Nieto. Pero, Di Constanzo afirma que “carece de facultades” para hacerlo.

Mario Di Constanzo es el mismo que, en una nota publicada por La Jornada el 12 de julio de 2012, siendo entonces diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), denunció que la “Operación Monex”, como fue llamada en los medios, encuadraba en el “mecanismo típico de lavado de dinero”.

“Resulta que de repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, pero resulta que esas dos empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se justifica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades.

“Eso es el lavado de dinero: no se sabe el origen ni el destino de esos recursos; no se sabe de dónde entró el dinero a Monex y para qué se usó, aunque sabemos que estuvo vinculado con la campaña del PRI… y aun si ese dinero no estuvo vinculado con la campaña de Peña Nieto se trata de una operación atípica que encuadra en los supuestos que la autoridad debe investigar cuando se presume lavado de dinero”, dijo quien ahora, y luego de acusar de “traición” a Andrés Manuel López Obrador, es funcionario del gobierno federal de Peña Nieto.

Ayer, en entrevista con Joaquín López Dóriga en su noticiero de Radio Fórmula, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, fue claro al decir que el caso de Florence Cassez sirvió de “cortina de humo” para distraer la atención ciudadana del del PRI y del Instituto Federal Electoral por el caso Monex y corroboró la intención del blanquiazul por apelar la decisión del IFE.

Sin duda, y a pesar de la algarabía del PRI al afirmar que con la decisión del Instituto Federal Electoral “”gana la democracia”, fue otro día triste para México.

Los miles de testimonios sobre la compra de votos –que aún están vivos en las redes sociales– nunca fueron suficientes para que el organismo, que es depositario de la autoridad electoral, investigara con suficiencia y aplicara la ley.

El caso Monex debe retomarse, pero no sólo eso: también deben discutirse a fondo las funciones del IFE y sus responsabilidades de cara a la ciudadanía –que es la que paga su funcionamiento–. En los últimos años su autoridad se ha desdibujado tanto que ahora, lo vemos, se asemeja a una caricatura.