Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

martes, 29 de enero de 2013

ASTILLERO- Corrupción e impunidad: ¿hay esperanza?- Paz simulada

Astillero
Cárdenas legitimador
Embajada y petróleo
Batel, Robles, Ahumada
IFE contra AMLO
Julio Hernández López
Foto
EN EL AVIÓN PRESIDENCIAL MEXICANO. Los presidentes de México y Uruguay, Enrique Peña Nieto y José Mujica, viajaron juntos de la capital chilena –donde se llevó a cabo la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños– a Montevideo. Allí se dio a conocer que el país sudamericano será el invitado de honor en la próxima edición del Festival Internacional Cervantino
Foto Presidencia de la República
Dos entrelazados litigios políticos de fondo van decantándose a favor del PRI, de Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto. Uno de ellos conlleva una virtual rendición histórica, al aceptar Lázaro Cárdenas Batel (LCB) un cargo diplomático en la actual administración priísta, que es una continuación reivindicatoria de los intereses de quien se hizo del poder un cuarto de siglo atrás entre acusaciones cuauhtemistas de fraude electoral. No es solamente que alguien del núcleo de la división priísta que dio origen al PRD acabe colaborando con un gobierno de tres colores, sino que ese gobierno sea ejercido por alguien que a su vez sea guiado por el personaje por cuya causa y contra quien se produjo aquella división. En 1988, Fidel Castro convalidó la instalación de Carlos Salinas de Gortari en el poder mexicano y ahora el hijo de quien denunciaba fraude electoral en aquella ocasión va a La Habana como representante de otro gobierno impugnado que, además, es una prolongación de ese salinismo.
 
El segundo conflicto político mencionado líneas arriba es de fecha más reciente y tiene como eje la guerra declarada desde el gobierno del Distrito Federal por Andrés Manuel López Obrador contra la coalición de intereses formada por Rosario Robles, Carlos Ahumada y el propio Cárdenas Batel. Luego de un largo trayecto difícil, los tres personajes están en plena rehabilitación pública. El Michoacán dominado por las bandas del narcotráfico que fue heredado al dúctil Leonel Godoy acabó siendo recuperado por el PRI a pesar de los infortunios médicos de Fausto Vallejo, pero LCB ha caminado sin salpicaduras posteriores, a grado tal que en la anterior búsqueda de un dirigente nacional perredista se le mencionó como un posible líder de unidad y ahora reaparece en el terreno diplomático para dar viabilidad a pactos políticos y energéticos. Robles, como es sabido, es la ejecutora consentida del salinismo en materia de desarrollo social, con la mira puesta en construir una base carlista de izquierda moderna que participe en próximas contiendas. Y Ahumada, habiendo recuperado lo que pudo de su fortuna oscura, ya se asoma por tierras mexicanas, en comidas con personajes de poder, restaurado.
 
Ahora bien, la muy concertada postulación del más reciente gobernador de los Cárdenas en Michoacán para representar al gobierno federal priísta en La Habana tiene como antecedente el sostenido regateo electoral del jefe dinástico hacia las campañas presidenciales de López Obrador. En 2006 fue una cancelación abierta de apoyo y en 2012, aprovechando las veleidades de la República del Amor, se produjo una aparente reconciliación de fachada entre Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO que, como en su momento se dijo en esta misma columna especuladora, era un error táctico que solamente acabaría rehabilitando y encareciendo piezas de la izquierda o el progresismo para beneficiar al PRI, especializado en aprovechar desde el poder las ofertas del mercado.
El fichaje del apellido Cárdenas en el equipo peñista añade peso y presunta legitimidad al proceso de mayor privatización de Pemex, para cuya dirección general López Obrador había propuesto en principio al propio ingeniero histórico, quien días atrás presentó públicamente la postura en materia de energéticos que sostiene el PRD chuchista, cuyos entendimientos con el peñanietismo a través del Pacto por México recibieron así un respaldo que no puede leerse desvinculado del pago diplomático recién anunciado.
 
La carrera política de Batel, como algunos michoacanos llaman al hijo para diferenciarlo del padre y del abuelo, ha estado siempre bajo el trazo del progenitor. En ese contexto es que el ahora propuesto para una embajada hizo migas con Rosario Robles, la persona a quien Cuauhtémoc dejó a cargo del gobierno capitalino en la coyuntura electoral de 2000. Cárdenas Batel abrió las puertas del contratismo en Michoacán a Carlos Ahumada y participó de los proyectos de primer encumbramiento de Robles, que se derrumbaron en el contexto de la difusión de los videoescándalos que con René Bejarano como principal damnificado, y con Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos como verdugos mediáticos y políticos, pretendían ultimar políticamente al tabasqueño.
 
En el rediseño acelerado que ha producido la imposición mercantil del PRI en Los Pinos, Rosario Robles, Lázaro Cárdenas Batel, Mario di Costanzo y los chuchos pactistas son utilizados para contrarrestar y, de ser posible, sepultar al lopezobradorismo y para tratar de legitimar no solamente al adquirente actual del poder federal, Peña Nieto, sino también a uno de sus principales tutores, Carlos Salinas de Gortari. Dos episodios que van cerrándose: un Cárdenas, indiscutiblemente asociado en términos políticos a su padre, Cuauhtémoc, reconociendo y legitimando al peñismo-salinismo, y ese mismo Batel y Rosario Robles levantándose con una victoria de organigrama sobre su adversario tabasqueño.
 
En esta misma temporada de cacería del Peje, resulta que el Instituto Federal Electoral pretende sancionar a López Obrador por presuntos gastos excesivos de campaña que, según lo que hasta ahora se ha filtrado, serán demostrados con puntillosidad técnica. La enorme distancia entre los expedientes contables y burocráticos y la realidad política percibida queda de manifiesto en esta formulación que busca colocar al ex candidato presidencial de izquierda en la franja de gran infractor de las leyes electorales, usuario de cantidades desproporcionadas de recursos para su campaña, mientras el priísta, ahora instalado en Los Pinos, es virtualmente exonerado aunque eventualmente se declaren algunas irregularidades que conlleven multas y reconvenciones.
 
Y, mientras los profesores, elbistas e independientes, programan marchas de protesta y afinan la puntería contra determinados segmentos de la reforma educativa peñista, al mismo tiempo que el PRI y el Panal se van arreglando para volver a marchar tomados de la mano en elecciones locales de este año, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Corrupción e impunidad: ¿hay esperanza?
Jorge Carrillo Olea
Entre las cosas que no se precisaron durante la campaña y el interregno, una fue lo que se haría con auténtico denuedo, más allá de la letra, para abatir corrupción e impunidad, esas máculas sociales. Respecto de la corrupción se anunció con gran ruido la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, que naturalmente alguna atención convocó, pero pronto el proyecto empezó a desmoronarse. Sobre la impunidad nada se ha dicho que no sea referido a mejorar a la procuración de justicia en lo particular ante los crímenes comunes. Nada comprometedor se ha dicho sobre la impunidad que nos inunda.
 
La corrupción es la mujer del autoritarismo, con ella se ayunta y juntos han procreado la impunidad, así les conviene. La cleptocracia reinante son los poderosos ascendidos sin méritos éticos. Creen que su tarea es acumular poder político, económico, criminal o religioso para con él institucionalizar la corrupción y el clientelismo político que los sostiene. No hay casos de autócratas impolutos que no se hayan valido de la corrupción para cooptar. México está enladronado, se ha dicho siempre. Podríamos montar una industria de exportación. Somos el país número 105 en orden descendente más corrupto del mundo, por abajo aun de Nicaragua, El Salvador, Uruguay o Dominicana, sólo en América, según el índice de Transparencia Internacional en su informe 2012.

Como pasa el tiempo y nada pasa, la opinión pública empieza a preguntarse: ¿para qué serviría la tal comisión que no pudieran hacer las instituciones ya presentes, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República? Para más, desaparecer a la Secretaría de la Función Pública implicó que se esfumara una tarea esencial: el diseño de normatividad, su difusión, implantación y supervisión. Entonces, ¿por qué no perfeccionar lo existente en vez de inventar y duplicar? Ojalá no fueran golpes mediáticos y, por ende, demagógicos.

Y sobre la impunidad con toda legitimidad podría decirse que la tarea se acumula. Las antiguas corrupciones, algunas toleradas y alentadas por el propio Enrique Peña, quien retorciendo a su procuraduría y a su congreso salvó a su tío Arturo Montiel y a su amigo Humberto Moreira, pero también a Ulises Ruiz y Mario Marín y muchísimos más. A esa lista, como nuevos indiciados públicamente están Genaro García Luna; Juan Sabines, ex gobernador de Chiapas; Emilio González, de Jalisco; Andrés Granier, de Tabasco, y más de ellos y de decenas de presidentes municipales. ¿Por qué será esta pasividad del Presidente? Y atendiendo la vieja regla consecuente: a falta de información, toda especulación vale.
 
En la estropeada escena de presentación de declaraciones patrimoniales se cometieron pifias. Una que no se ha discutido es la omisión. Muchos de los miembros del gabinete proceden de provincia (Quintana Roo, estado de México, Hidalgo, Coahuila), donde se conocen sus enormes fortunas. Chuayffet, el secretario de Educación de nuestros niños, ya fue exhibido en este diario comprando bienes muebles e inmuebles de lujo días antes de su nombramiento. Recordar que un antecesor suyo Fausto Alzati por mentir en semejantes circunstancias tuvo que dejar ese mimo cargo a los 50 días de asumido. ¿Acto de dignidad propia o de Zedillo?
 
Entonces, sin prejuzgar sobre la legitimidad de esas fortunas, para qué pretender esconderlas. Quisieron pasar por cuasi pobretones y en casa les esperan enormes fortunas. ¿Para qué mentir ocultando?, ¿Es eso honestidad? Sólo Enrique Peña tiene la palabra o el silencio finales.
 
Mientras los hipermillonarios brotan por todas partes. ¡Ya no se obsesionen con Slim! Hay centenas de ellos y muchos salieron del gobierno de Fox y de Calderón. El mismo Fox que no libra el menor examen en ningún sentido, fue protegido de Calderón y hasta la fecha… ¿Y la fábrica de millonarios del mismo Calderón? ¡Nada, aquí parece que no pasa nada!
 
México no será una democracia, no ganará su propio respeto, ni el de los países de los que lo desea, no tendrá un sendero franco de progreso, si no abate sustancialmente corrupción e impunidad.
Cuando el delito prolifera, nadie quiere verlo.
Bertolt Brecht
 Paz simulada
Pedro Miguel
En marzo de 2011 Televisa y TV Azteca uncieron a la mayor parte de los medios informativos a un Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia a fin de garantizar un trabajo periodístico sumiso y acorde al discurso oficial. Para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines, rezaba el texto de un pacto que, a lo que puede verse, tenía por objetivo aterrorizar a los partidarios de la buena sintaxis. Luego, en la ceremonia de firma del documento, realizada en el Museo Nacional de Antropología en presencia de la plana mayor de la oligarquía mediática y de sus loros, se transmitió la imagen de una víctima de secuestro que relataba con detalles espeluznantes la manera en que sus verdugos le habían cortado los meñiques de ambas manos con unas pinzas de mecánico, como lo cuenta la crónica de Fabiola Martínez publicada en estas páginas (La Jornada 25/3/11, p. 5).
 
Aquello fue un extravío temporal y pasajero porque la estrategia de guerra del calderonato pasaba por la siembra del terror en la opinión pública como una forma de legitimarse y de colocar una épica de unicel sobre el ego de un hombre menguado y sobre el negocio, jugoso pero mundano, de destruir el país (un ejemplo: en los primeros cuatro años de Calderón Estados Unidos vendió al gobierno mexicano el doble de armas y equipo militar que en todo el sexenio anterior, http://bit.ly/Wsw2Dy). El usurpador salió del paso con una felicitación desganada a los firmantes del acuerdo y al día siguiente el gobierno federal volvió a su línea de exaltación de la violencia, regresaron a cuadro las escenas de capturas y circularon de nuevo las fotos de criminales abatidos con huellas de muchos balazos.

Ahora el discurso de la guerra está agotado; el régimen de Peña Nieto lo sabe y, aunque no puede ni quiere apartarse de ese peculiar modelo de negocio que es la conversión de un país en campo de batalla, tiene que tratar de ganarse el favor de la opinión pública y de algunos célebres despistados mediante un supuesto viraje en la estrategia de seguridad que será, en realidad, de 360 grados porque las razones de la violencia permanecen intactas: el modelo económico es un productor incurable de marginación y delincuencia, la criminalidad organizada es la fase superior del neoliberalismo privatizador y los circuitos financieros de Estados Unidos y de México no pueden vivir sin las decenas o centenas de miles de millones de dólares que les da a lavar el narcotráfico; ello, sin contar con los vínculos históricos, sólidos y documentados, entre ese impresentable sector de la economía y la nomenklatura (ella misma dixit) priísta.
Pero a la oligarquía gobernante le urge terminar de despojarse de cualquier cosa que la relacione con la administración anterior y el régimen actual necesita que México parezca recuperar la paz y la seguridad en cuestión de semanas. Dicho de otra forma, si Calderón tenía sobrados motivos para caracterizarse como Rambo, Peña tiene los suyos para disfrazarse de Gandhi. Y está en ello.
Puede ser que ese requerimiento acucioso explique los dichos del priísta Mario Anguiano Moreno, gobernador de Colima, quien la semana pasada se lanzó contra Calderón porque éste pretendió combatir la violencia con la violencia y llamó, oh, a revisar las causas sociales que provocan la inseguridad y a no basar exclusivamente la solución en políticas gubernamentales punitivas. El gobernante de una de las entidades más gravemente alteradas por la violencia (en Colima el índice de homicidos vinculados a delincuencia organizada creció 5 mil por ciento entre 2007 y 2010) ha venido lanzando pullas (fundamentadas, pero muy tardías) contra el michoacano: que su guerra multiplicó el consumo de drogas, que las acciones federales detonaron una guerra entre grupos que se disputan el territorio colimense...
 
Posteriormente, Anguiano Moreno llamó a sus pares a sumarse a la política de seguridad de Peña y contó que éste había acordado con los gobernadores no informar sobre hechos violentos y que sólo se va a estar informando de las personas detenidas cuando sea estrictamente necesario. Literal: Estaba demostrado por estudios que nos han estado mostrando a nivel federal, que en la medida en que nosotros, gobierno federal (y) estatal, estemos poniendo el tema de la inseguridad, estemos informando cada vez que se detiene a un delincuente, entonces en lugar de ir contribuyendo a la armonía que se está aspirando, de lograr la tranquilidad, al contrario; estábamos fomentándola (la inseguridad). Vaya, pues: la opacidad derrotará a la violencia y la paz será construida a punta de simulación. Ahí tienen al nuevo PRI que construye, con ideas viejas y en el territorio de los noticieros, una nación grandiosa.
Twitter: @Navegaciones

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