Reprimir a los migrantes, la misión de Peña
Peña Nieto durante la presentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Foto: Presidencia
Foto: Presidencia
“Lleva en sus ojos toda la mezcla
de la rabia, de la duda y la tristeza
tiene que pagar con el olvido
lágrima de puerto y de destierro”:
Dice el Inmigrante, León Gieco.
Ardelio Vargas justificó con cinismo por qué mandó a la Policía Estatal de Puebla a agredir reporteros y fotoperiodistas: “Cuando estoy operando tengo que estar cuidando la integridad de mi gente, y bueno, si no se identifican y si no sé quiénes son, pues con la pena, mano, pues yo estoy operando y yo tengo que apoyar tanto la integridad física de mi gente como la operación que estoy realizando” (sic).
El entonces Secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Puebla justificó así la utilización de la fuerza pública contra periodistas que el 23 de agosto de 2011 cubrían un acto de represión contra campesinos del municipio de Chignahuapan.
El pasado 15 de enero el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Ardelio Vargas Fosado titular del Instituto Nacional de Migración (INM). Es decir, un policía que se ha caracterizado por su vocación represiva, falta de conciencia respecto a los derechos humanos y con amplia trayectoria en sectores de inteligencia y espionaje político, será el encargado de preservar la integridad de los cerca de 400 mil centromericanos que anualmente cruzan México para llegar a Estados Unidos (cifra de la Organización Internacional para las Migraciones).
Ardelio Vargas era conocido como “el comisario” cuando fue alcalde de Villa Juárez (Xicotepec de Juárez), Puebla, en el trienio 1987-1990. “Se comportaba más como un policía que como el presidente municipal”, recuerdan los lugareños (Proceso, 1582). Su mejor ejemplo para forjar ese carácter fueron sus tíos Abraham y Melitón Fosado, conocidos como “La Sonora Matancera”, caciques de la región que controlaban las fincas cafetaleras bajo una amenaza que se volvió célebre en la región: “Te compro tu finca o se la compro a tu viuda”.
En los noventa, Vargas comenzó a formar su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), del que fue delgado en Chiapas y Oaxaca. Entre 2000 y 2005 fue director de Investigación y Seguridad del CISEN y durante el último año del gobierno de Vicente Fox fue Jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP). También fungió como Comisionado de la PFP. Al ejercer estos cargos tuvo injerencia en la coordinación de los operativos represivos de Atenco y Oaxaca, donde se documentaron encarcelamientos injustos, arrestos con exceso de violencia, violaciones sexuales, secuestros y delitos de lesa humanidad. Además, Vargas también fue titular de la extinta Agencia Federal de Investigaciones.
El poblano está orgulloso de su trayectoria. “Soy policía, mis hijas están muy orgullosas de que su padre sea policía”, declaró al periódico La Jornada en una entrevista publicada el 22 de enero pasado.
Vargas presume su vocación de policía y cabe decir que no es un policía bonachón. A su paso por la Secretaría de Seguridad Pública utilizó la violencia contra los civiles como recurso cotidiano. El caso más indignante fue cuando ordenó a sus subordinados la represión violenta de ahorradores defraudados por las casas Sitma e Invergroup, quienes se manifestaban pacíficamente. Muchos adultos mayores resultaron heridos y otros más encarcelados.
En su intento por pintar de legitimidad su gobierno, una de la primeras acciones del presidente Enrique Peña Nieto fue otorgar al sacerdote Alejandro Solalinde el Premio de Derechos Humanos 2012 por su labor en defensa de los migrantes centroamericanos. En ese acto, el mandatario declaró que su gobierno se caracterizaría por el respeto a los derechos humanos y propiciar un clima de tolerancia. La designación de Ardelio Vargas corrobora que ese galardón fue únicamente un acto de propaganda, una estrategia para limpiar la maltrecha imagen del presidente emanado del PRI.
Solalinde se refirió a la llegada de Vargas al INM: “La designación de un policía implica el mensaje de que en el país los derechos humanos pasan a segundo término (…) Si se requiere un alma nueva, un rostro nuevo para el INM, se debe poner a una persona versada en derechos humanos, con solvencia moral, pero jamás poner a un policía (…) Toda la retórica, todas las palabras que hacían que diéramos al menos el beneficio de la duda al nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, todo se desploma al poner a una persona que es policía”.
La simulación del nuevo gobierno federal se desmorona. El 13 de enero pasado, Osorio Chong se reunió con familiares de personas desaparecidas por la violencia que ha sacudido al país. Se comprometió ante los deudos: “Buscaremos a todos los desaparecidos”. Días después el que desapareció fue Osorio Chong, quien dejó plantados a los familiares en una cita previamente acordada.
El nombramiento de Ardelio Vargas parece estar directamente relacionado con la política alentada por Estados Unidos de reprimir los movimientos migratorios a su país, utilizando los rostros más crudos de la violencia policial. Uno de los antecedentes directos de esta práctica fue el Plan Sur, lanzado en 2001 durante la administración de Vicente Fox, cuando se le encargó al INM poner en marcha actos de agresión contra los centroamericanos.
Los migrantes son el alimento de las bandas delictivas, los policías corruptos, polleros y agentes migratorios. Sufren comúnmente represión, secuestros, tortura, violencia sexual por parte de autoridades federales, estatales, municipales y miembros del crimen organizado. Tan sólo en el sexenio pasado se reportaron entre 70 mil y 120 mil migrantes desaparecidos, de acuerdo con Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tal vez el caso más alarmante, por ser dado a conocer en los medios de comunicación, fue el homicidio a manos de “Los Zetas” de 58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría centroamericanos, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Los integrantes de la caminata Por la Defensa y Dignidad han responsabilizado directamente al INM de tener nexos con la delincuencia organizada. El sacerdote Solalinde ha respaldado esa versión: “El INM, por más que lo quieran maquillar, está podrido, está invadido por el cáncer de la ambición. En la dirección hay otra práctica con cierta ética, pero en provincia, y sobre todo en la ruta migratoria, la delincuencia organizada, los cárteles, sobre todo Golfo y Zetas y policías, no van a soltar a los agentes de migración”.
La designación de Ardelio Vargas Fosado por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto apunta a que la violencia contra los centroamericanos no sólo va a continuar, sino que será más aguda. Si realmente la administración federal quisiera velar por los derechos de los migrantes habría nombrado al frente del INM a una figura con peso moral y trayectoria en su defensa de las garantías individuales. No fue así.
Vargas, según su historia de vida, llegará a reprimir, a ejercer mano dura contra los indefensos centroamericanos. Veremos con más frecuencia actos de humillación, golpizas y vejaciones contra ellos.
Los representantes de refugios para migrantes reportaron que en los últimos meses se ha incrementado hasta en ocho veces el flujo de centroamericanos por México, principalmente por la crisis continua que azota a las naciones latinoamericanas. Los hondureños no se han repuesto del golpe de estado de 2009 y la zona, en general, sigue siendo un paraíso de la depresión, el desánimo y la inseguridad.
Sumergidos en tierras de corrupción, impunidad, desempleo y desesperanza, los centroamericanos y los mexicanos aún ven en “el sueño americano” la única vía para acceder a una vida medianamente digna. Pero en su viaje cargan con la muerte a cuestas. Los esperan, como hambrientas aves de rapiña, “Los Zetas”, los policías y los agentes migratorios. La llegada de Vargas Fosado sólo reitera que, en materia de política exterior, el gobierno mexicano seguirá exigiendo a Estados Unidos (de dientes para afuera) el respeto para los derechos humanos de sus habitantes, pero solapará que se cometan los más viles maltratos contra sus vecinos del sur.
Twitter: @juanpabloproal
Sitio: www.juanpabloproal.com
El rostro represor de Ardelio Vargas
Ardelio Vargas Fosado, titular del INM.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
PUEBLA, Pue. (apro).- La actuación de Ardelio Vargas Fosado como secretario de Seguridad Pública estatal se puede resumir en sus propias frases. “A mí me contrataron para aplicar la ley… ya lo saben, yo no reparto flores”, argumentó el recientemente nombrado titular del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando criticaron uno de sus operativos contra una manifestación social.
Igual de ilustrativa resulta la conversación filtrada a finales de 2011, en la que da instrucciones a uno de sus subalternos para que someta a periodistas que habían cubierto el desalojo de campesinos del municipio de Chignahuapan.
“A esos cabrones no les devuelvan las cámaras, hasta allá, y bórrenles toda la imagen que tienen”, ordenó; “de tontos nos van a acusar si se las devolvemos: ¡que chinguen a su madre!, nos agredieron, también eran parte de ese grupo”.
Días después, el ahora director del INM reconoció haber ordenado la agresión contra los comunicadores, pero justificó que lo había hecho para cuidar “la integridad física” de su gente. “Con la pena mano, pues yo estoy operando”, argumentó.
Originario del municipio poblano de Xicotepec de Juárez, Vargas Fosado llegó al gabinete de Rafael Moreno Valle ya con fama de represor.
Organismos defensores de derechos humanos lo acusaban de haber dirigido, como comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), los operativos contra movilizaciones sociales en el municipio mexiquense de Atenco y Oaxaca.
Y desde antes de asumir como secretario de Seguridad en Puebla, advirtió: “Soy respetuoso de los movimientos sociales (…) pero cuando haya necesidad de aplicar la fuerza, sin duda se aplicará”. Bien pronto lo hizo.
El 11 de mayo de 2011, cuando se cumplían cien días del gobierno de Moreno Valle, granaderos de la SSP reprimieron a unos 200 comerciantes de autopartes de la calle 46 Poniente, quienes intentaron ingresar al edificio de la Secretaría de Finanzas (SF) para demandar que se instalara una mesa de negociaciones.
Ese día, los policías estatales convirtieron la zona en un caos al lanzar gases lacrimógenos sin tomar en cuenta que, a esa hora, decenas de madres de familia acudían a recoger a sus hijos a una primaria ubicada en las cercanías.
Niños y mujeres vivieron momentos de terror y sufrieron los estragos por las emisiones de gas que lanzaron sin control los uniformados.
Una situación similar se repitió el 26 de junio de 2011, cuando en pleno domingo los granaderos a cargo de Vargas Fosado convirtieron en un campo de batalla el mercado de Jorge Murad Macluf, mejor conocido como La Fayuca, donde pretendían decomisar discos y películas pirata.
En esa ocasión unas 30 personas resultaron heridas al enfrentarse a golpes con los granaderos y, otra vez, decenas de personas que acudían ese domingo al mercado sufrieron crisis nerviosas y resultaron afectadas por los gases.
El 4 de octubre de ese primer año de gobierno del panista Moreno Valle, la actuación de Vargas Fosado desató nuevamente acusaciones por parte de agrupaciones civiles.
Esa vez, granaderos repelieron a personas defraudadas por cajas de ahorro que realizaban una protesta y bloqueaban una calle frente a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, para reclamar al gobernador una solución a sus problemas.
En el operativo detuvieron a cuatro inconformes.
El 10 de octubre de 2011, líderes de 35 organizaciones civiles realizaron una marcha y entregaron un escrito al Congreso en el que exhortaban al gobernador Moreno Valle a poner fin al régimen represor contra movilizaciones sociales instaurado por su administración.
Represión en Chignahuapan
Una de las represiones más graves que se atribuyen al ahora extitular de la SSP de Puebla ocurrió el 23 de agosto de 2011 cuando, sin contar con un mandato judicial, elementos a su cargo desalojaron con violencia a unas 500 personas que estaban en posesión de un predio ubicado en la exHacienda de Atlamaxac, en el municipio de Chignahuapan.
Mientras las familias campesinas reclamaban unas 400 hectáreas de esa exhacienda argumentando decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 8 de julio de 1934 y 10 de septiembre de 1981, Vargas Fosado montó un operativo policial contra quienes demandan derechos sobre las propiedades de Lorenzo y Saúl Rivera, considerados caciques de la región.
Ese día, 31 personas, en su mayoría mujeres y hombres de la tercera edad, fueron detenidos y decenas resultaron heridos, al menos cuatro de gravedad, por el uso de toletes, petardos y balas de goma.
Artemisa León Moreno, de 70 años, mostró a la prensa, desde la cama de un hospital, la profunda herida que le produjo un petardo lanzado por los granaderos. “Nos disparaban directo, nomás escuchábamos pasar las balas”, afirmó la mujer.
Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las familias campesinas demostraron que además los granaderos destruyeron 57 autos y camionetas que tenían los ocupantes en el lugar.
“A todos les rompieron las llantas, quitaron estéreos, acumuladores, rompieron vidrios de parabrisas, cortaron asientos, los destrozaron totalmente”, relató uno de los dirigentes del movimiento.
Según declaraciones de los ejidatarios, los policías llegaron alrededor de las 6:30 horas para exigirles que abandonaran el predio, pero cuando los campesinos exigieron a los uniformados que mostraran la orden judicial, éstos aclararon que la instrucción que traían era “sólo verbal”.
Pese a que los ocupantes se replegaron en tierras del ejido San Antonio Matlahuacan para evitar la violencia, pues había ancianos, mujeres y niños, y mostraron la documentación en la que basaban su reclamo del predio, los policías trataron de detener a quienes identificaron como líderes del movimiento, lo que desató el enfrentamiento campal.
De acuerdo con la averiguación previa 91/2011, los policías empezaron a destruir y saquear las casas de madera y lámina de cartón que los ocupantes habían levantado en el lugar.
En el operativo participaron en un principio unos 300 policías, pero horas después fueron reforzados por otros tantos elementos y por dos helicópteros, des de los que se persiguió a los ejidatarios.
En diciembre de 2011, el periódico Intolerancia dio a conocer la conversación que sostuvo Vargas Fosado ese día con dos de sus subalternos y en la que da instrucciones para que despojaran a reporteros de las imágenes que habían grabado de la represión.
“A esos cabrones no les devuelvan las cámaras hasta allá y bórrenles toda la imagen que tienen”, ordenó.
En lugar de presentarlos ante el MP de Chignahuapan, los 31 detenidos fueron trasladados hasta Puebla sin recibir atención médica y sin que alguna autoridad informara sobre los cargos en contra de los inconformes.
Días después, la prensa local dio a conocer que los cargos contra los campesinos eran “pandillerismo”, “resistencia de particulares”, “lesiones dolosas” y “daño doloso en propiedad”.
Principalmente se les acusaba de haber golpeado a policías y causado daños a patrullas por 177 mil pesos, razón por la que se les impuso una fianza de 280 mil pesos a cada uno.
Entre los cargos no se incluía imputación por despojo, mientras que en el proceso judicial que se les siguió no se mencionó denuncia alguna por la invasión del predio, ni orden de juez que hubiese sustentado el operativo.
El 9 de noviembre de 2011, los 31 campesinos fueron liberados al reducirse la fianza a 12 mil pesos para cada uno.
En enero del año pasado, la CEDH emitió una recomendación contra Vargas Fosado al quedar confirmado que este violento desalojo se llevó a cabo sin orden judicial.
Luego de ello, Vargas Fosado todavía trató de justificar su actuación:
“Si yo permito que esto se vaya relajando y que los grupos empiecen a vulnerar la propiedad, los bienes, el tránsito de la sociedad… vamos a llevar a Puebla a un caos. Yo sí quiero hacer conciencia de que hay que mantener el estado de derecho”.
Intimidación en la Sierra Norte
Otro caso que marcó la actuación de Vargas Fosado en la SSP de Puebla fue la presunta represión contra al menos 200 habitantes del municipio Francisco Z. Mena, ubicado en la Sierra Norte, que participaban en una protesta contra Petróleos Mexicanos (Pemex), el 4 de septiembre de 2012.
Ese día, molestos porque la paraestatal no había cumplido con el compromiso de reparar los caminos de esa comunidad que está en el trayecto hacia los pozos del proyecto Chicotepec, un grupo de habitantes decidió bloquear la carretera 101.
Según la denuncia que los inconformes hicieron ante los medios, cuando realizaban la protesta se presentó ante ellos un personaje que se identificó como hermano de Vargas Fosado, con el fin de amenazarlos para que retiraran el bloqueo o enviaría a policías a desalojarlos.
Los lugareños acusaron que, pese a que la manifestación era pacífica y a que en ella participaban niños, momentos después se presentó un grupo de policías estatales que, en lugar de portar equipo antimotines, llevaba armas de grueso calibre que usaron para apuntarles y amedrentarlos.
Después de una trifulca para disolver el bloqueo de la calle, los granaderos detuvieron entre patadas y golpes a 26 de los manifestantes, quienes estuvieron “desaparecidos” por casi 20 horas.
Según denunciaron, en lugar de ser turnados ante el MP, los detenidos fueron golpeados y llevados a un lugar desconocido, donde los mantuvieron incomunicados.
De nueva cuenta, el entonces funcionario estatal volvió a defender su actuación: “Ellos se quejan de una situación irregular, cuando son ellos quienes inician la irregularidad; nosotros no les pedimos que fueran allí y se manifestaran; bloquearon el tránsito; a mí me gustaría que se escuchara también eso”.
Después del nombramiento de Vargas Fosado como director del INM, el Nodo de Derechos Humanos-Puebla AC advirtió que con esa determinación el gobierno de Enrique Peña Nieto enviaba el mensaje claro de que la institución pasaría a ser una instancia policial más.
“Al de por sí cuestionado INM llega un personaje que mientras se dedicaba a golpear movimientos, bajo las órdenes de gobernador poblano, permitía el avance y el asentamiento del crimen organizado en el norte de Puebla. Ardelio Vargas llega al gobierno de Peña Nieto para perseguir y reprimir a los migrantes por el grave delito de viajar sin papeles, porque si algo ha quedado claro en todos estos años es que Vargas Fosado la única forma de acción que conoce y disfruta es la violencia”, expuso la ONG.
Igual de ilustrativa resulta la conversación filtrada a finales de 2011, en la que da instrucciones a uno de sus subalternos para que someta a periodistas que habían cubierto el desalojo de campesinos del municipio de Chignahuapan.
“A esos cabrones no les devuelvan las cámaras, hasta allá, y bórrenles toda la imagen que tienen”, ordenó; “de tontos nos van a acusar si se las devolvemos: ¡que chinguen a su madre!, nos agredieron, también eran parte de ese grupo”.
Días después, el ahora director del INM reconoció haber ordenado la agresión contra los comunicadores, pero justificó que lo había hecho para cuidar “la integridad física” de su gente. “Con la pena mano, pues yo estoy operando”, argumentó.
Originario del municipio poblano de Xicotepec de Juárez, Vargas Fosado llegó al gabinete de Rafael Moreno Valle ya con fama de represor.
Organismos defensores de derechos humanos lo acusaban de haber dirigido, como comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), los operativos contra movilizaciones sociales en el municipio mexiquense de Atenco y Oaxaca.
Y desde antes de asumir como secretario de Seguridad en Puebla, advirtió: “Soy respetuoso de los movimientos sociales (…) pero cuando haya necesidad de aplicar la fuerza, sin duda se aplicará”. Bien pronto lo hizo.
El 11 de mayo de 2011, cuando se cumplían cien días del gobierno de Moreno Valle, granaderos de la SSP reprimieron a unos 200 comerciantes de autopartes de la calle 46 Poniente, quienes intentaron ingresar al edificio de la Secretaría de Finanzas (SF) para demandar que se instalara una mesa de negociaciones.
Ese día, los policías estatales convirtieron la zona en un caos al lanzar gases lacrimógenos sin tomar en cuenta que, a esa hora, decenas de madres de familia acudían a recoger a sus hijos a una primaria ubicada en las cercanías.
Niños y mujeres vivieron momentos de terror y sufrieron los estragos por las emisiones de gas que lanzaron sin control los uniformados.
Una situación similar se repitió el 26 de junio de 2011, cuando en pleno domingo los granaderos a cargo de Vargas Fosado convirtieron en un campo de batalla el mercado de Jorge Murad Macluf, mejor conocido como La Fayuca, donde pretendían decomisar discos y películas pirata.
En esa ocasión unas 30 personas resultaron heridas al enfrentarse a golpes con los granaderos y, otra vez, decenas de personas que acudían ese domingo al mercado sufrieron crisis nerviosas y resultaron afectadas por los gases.
El 4 de octubre de ese primer año de gobierno del panista Moreno Valle, la actuación de Vargas Fosado desató nuevamente acusaciones por parte de agrupaciones civiles.
Esa vez, granaderos repelieron a personas defraudadas por cajas de ahorro que realizaban una protesta y bloqueaban una calle frente a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, para reclamar al gobernador una solución a sus problemas.
En el operativo detuvieron a cuatro inconformes.
El 10 de octubre de 2011, líderes de 35 organizaciones civiles realizaron una marcha y entregaron un escrito al Congreso en el que exhortaban al gobernador Moreno Valle a poner fin al régimen represor contra movilizaciones sociales instaurado por su administración.
Represión en Chignahuapan
Una de las represiones más graves que se atribuyen al ahora extitular de la SSP de Puebla ocurrió el 23 de agosto de 2011 cuando, sin contar con un mandato judicial, elementos a su cargo desalojaron con violencia a unas 500 personas que estaban en posesión de un predio ubicado en la exHacienda de Atlamaxac, en el municipio de Chignahuapan.
Mientras las familias campesinas reclamaban unas 400 hectáreas de esa exhacienda argumentando decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 8 de julio de 1934 y 10 de septiembre de 1981, Vargas Fosado montó un operativo policial contra quienes demandan derechos sobre las propiedades de Lorenzo y Saúl Rivera, considerados caciques de la región.
Ese día, 31 personas, en su mayoría mujeres y hombres de la tercera edad, fueron detenidos y decenas resultaron heridos, al menos cuatro de gravedad, por el uso de toletes, petardos y balas de goma.
Artemisa León Moreno, de 70 años, mostró a la prensa, desde la cama de un hospital, la profunda herida que le produjo un petardo lanzado por los granaderos. “Nos disparaban directo, nomás escuchábamos pasar las balas”, afirmó la mujer.
Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las familias campesinas demostraron que además los granaderos destruyeron 57 autos y camionetas que tenían los ocupantes en el lugar.
“A todos les rompieron las llantas, quitaron estéreos, acumuladores, rompieron vidrios de parabrisas, cortaron asientos, los destrozaron totalmente”, relató uno de los dirigentes del movimiento.
Según declaraciones de los ejidatarios, los policías llegaron alrededor de las 6:30 horas para exigirles que abandonaran el predio, pero cuando los campesinos exigieron a los uniformados que mostraran la orden judicial, éstos aclararon que la instrucción que traían era “sólo verbal”.
Pese a que los ocupantes se replegaron en tierras del ejido San Antonio Matlahuacan para evitar la violencia, pues había ancianos, mujeres y niños, y mostraron la documentación en la que basaban su reclamo del predio, los policías trataron de detener a quienes identificaron como líderes del movimiento, lo que desató el enfrentamiento campal.
De acuerdo con la averiguación previa 91/2011, los policías empezaron a destruir y saquear las casas de madera y lámina de cartón que los ocupantes habían levantado en el lugar.
En el operativo participaron en un principio unos 300 policías, pero horas después fueron reforzados por otros tantos elementos y por dos helicópteros, des de los que se persiguió a los ejidatarios.
En diciembre de 2011, el periódico Intolerancia dio a conocer la conversación que sostuvo Vargas Fosado ese día con dos de sus subalternos y en la que da instrucciones para que despojaran a reporteros de las imágenes que habían grabado de la represión.
“A esos cabrones no les devuelvan las cámaras hasta allá y bórrenles toda la imagen que tienen”, ordenó.
En lugar de presentarlos ante el MP de Chignahuapan, los 31 detenidos fueron trasladados hasta Puebla sin recibir atención médica y sin que alguna autoridad informara sobre los cargos en contra de los inconformes.
Días después, la prensa local dio a conocer que los cargos contra los campesinos eran “pandillerismo”, “resistencia de particulares”, “lesiones dolosas” y “daño doloso en propiedad”.
Principalmente se les acusaba de haber golpeado a policías y causado daños a patrullas por 177 mil pesos, razón por la que se les impuso una fianza de 280 mil pesos a cada uno.
Entre los cargos no se incluía imputación por despojo, mientras que en el proceso judicial que se les siguió no se mencionó denuncia alguna por la invasión del predio, ni orden de juez que hubiese sustentado el operativo.
El 9 de noviembre de 2011, los 31 campesinos fueron liberados al reducirse la fianza a 12 mil pesos para cada uno.
En enero del año pasado, la CEDH emitió una recomendación contra Vargas Fosado al quedar confirmado que este violento desalojo se llevó a cabo sin orden judicial.
Luego de ello, Vargas Fosado todavía trató de justificar su actuación:
“Si yo permito que esto se vaya relajando y que los grupos empiecen a vulnerar la propiedad, los bienes, el tránsito de la sociedad… vamos a llevar a Puebla a un caos. Yo sí quiero hacer conciencia de que hay que mantener el estado de derecho”.
Intimidación en la Sierra Norte
Otro caso que marcó la actuación de Vargas Fosado en la SSP de Puebla fue la presunta represión contra al menos 200 habitantes del municipio Francisco Z. Mena, ubicado en la Sierra Norte, que participaban en una protesta contra Petróleos Mexicanos (Pemex), el 4 de septiembre de 2012.
Ese día, molestos porque la paraestatal no había cumplido con el compromiso de reparar los caminos de esa comunidad que está en el trayecto hacia los pozos del proyecto Chicotepec, un grupo de habitantes decidió bloquear la carretera 101.
Según la denuncia que los inconformes hicieron ante los medios, cuando realizaban la protesta se presentó ante ellos un personaje que se identificó como hermano de Vargas Fosado, con el fin de amenazarlos para que retiraran el bloqueo o enviaría a policías a desalojarlos.
Los lugareños acusaron que, pese a que la manifestación era pacífica y a que en ella participaban niños, momentos después se presentó un grupo de policías estatales que, en lugar de portar equipo antimotines, llevaba armas de grueso calibre que usaron para apuntarles y amedrentarlos.
Después de una trifulca para disolver el bloqueo de la calle, los granaderos detuvieron entre patadas y golpes a 26 de los manifestantes, quienes estuvieron “desaparecidos” por casi 20 horas.
Según denunciaron, en lugar de ser turnados ante el MP, los detenidos fueron golpeados y llevados a un lugar desconocido, donde los mantuvieron incomunicados.
De nueva cuenta, el entonces funcionario estatal volvió a defender su actuación: “Ellos se quejan de una situación irregular, cuando son ellos quienes inician la irregularidad; nosotros no les pedimos que fueran allí y se manifestaran; bloquearon el tránsito; a mí me gustaría que se escuchara también eso”.
Después del nombramiento de Vargas Fosado como director del INM, el Nodo de Derechos Humanos-Puebla AC advirtió que con esa determinación el gobierno de Enrique Peña Nieto enviaba el mensaje claro de que la institución pasaría a ser una instancia policial más.
“Al de por sí cuestionado INM llega un personaje que mientras se dedicaba a golpear movimientos, bajo las órdenes de gobernador poblano, permitía el avance y el asentamiento del crimen organizado en el norte de Puebla. Ardelio Vargas llega al gobierno de Peña Nieto para perseguir y reprimir a los migrantes por el grave delito de viajar sin papeles, porque si algo ha quedado claro en todos estos años es que Vargas Fosado la única forma de acción que conoce y disfruta es la violencia”, expuso la ONG.
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