Davos: foro sin rumbo- Nombramiento muy cuestionable

Davos: foro sin rumbo

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza, frente a representantes de las élites económicas y políticas mundiales, la canciller alemana, Angela Merkel, abogó por profundizar y ampliar las reformas estructurales adoptadas recientemente en las naciones europeas en problemas –que se han traducido en recortes presupuestales, despidos masivos y aniquilación de derechos sociales, y han derivado en enormes cuotas de sufrimiento para sus respectivas poblaciones– hasta que éstas surtan efecto y podamos vivir mejor en el futuro.

 

Dichas declaraciones, en voz de la jefa de Estado de una de las mayores economías de Europa y del mundo, son indicativas de la crisis de percepción de la realidad por la que atraviesa la cumbre económica que se realiza anualmente en la localidad alpina, cónclave que ha sido presentado por sus promotores como el espacio más importante del pensamiento económico contemporáneo y como una instancia para la presentación de soluciones y perspectivas novedosas. Sin embargo, los participantes en tales encuentros suelen exhibir una desoladora ausencia de perspectivas para conjurar el riesgo de una catástrofe mayúscula en Europa y el mundo.

En efecto, la aplicación y profundización de las reformas estructurales defendidas por Merkel ha sido la respuesta casi única de los gobiernos de las principales economías del planeta a la crisis financiera y económica vigente desde hace casi un lustro, sin que ello haya tenido más efectos que agravar esa debacle, multiplicar la pobreza, llevar a simas drásticas los niveles de desempleo en las naciones en problemas y someter a la economía planetaria a una espiral recesiva prolongada a consecuencia del deterioro en las condiciones de vida de las mayorías y el estrechamiento de los mercados internos.
 

La razón evidente de esa escasez de perspectivas y de soluciones ante la angustiosa circunstancia económica actual es la cerrazón ideológica que predomina desde hace décadas en esas cumbres, cuyos principales participantes son, precisamente, los promotores mundiales y los acendrados defensores de las directrices económicas neoliberales que causaron la actual crisis financiera. En esa lógica, que preconiza los principios de máxima rentabilidad y la disciplina fiscal a toda costa, los dramas sociales y humanos que se multiplican a escala planetaria por efecto de un modelo de capitalismo inviable, voraz y depredador quedan reducidos a la condición de meros indicadores macroeconómicos. No es extraño, pues, que en escenarios difíciles, como el actual, e incluso en etapas de relativa estabilidad en la economía mundial, las propuestas de solución vertidas en los foros de Davos consistan básicamente en prolongar y profundizar el sacrificio de la población.

 

En suma, ante la gravedad de la crisis que afronta Europa –particularmente aguda en naciones como Grecia, España, Italia y Portugal–, el empecinamiento neoliberal de los participantes en las cumbres de Davos constituye, además de un despropósito, un acicate indeseable para la desestabilización política y la ingobernabilidad en el viejo continente y en el mundo.

 

 

Economía Moral

La medición de la pobreza en el mundo / IV

Imputan valores monetarios a educación, salud y vivienda al medir pobreza

Julio Boltvinik

E

l libro Counting the Poor, editado por Besharov y Couch, que he examinado en las dos entregas anteriores, una vez presentadas las mediciones oficiales de la OCDE y la Unión Europea (EU) en la Parte I, dedica las partes II y IV (el 30 por ciento del libro) a temas que podríamos llamar secundarios o de detalle, como califica David S. Johnson, de la Oficina del Censo de EU, en el libro, a las ponencias de la Parte II, que buscan ampliar los recursos de los hogares que se toman en cuenta para medir la pobreza, añadiendo nuevos rubros al concepto de ingreso (ingreso en especie tanto de origen público como privado, y los ingresos derivados de activos) o sustituirlo por consumo. La Parte III aborda los procedimientos utilizados, tanto en países ricos como pobres, para determinar la población objetivo de diversos programas asistenciales, así como las dudas que tienen los involucrados en su diseño (y los académicos) sobre el efecto que en los incentivos para trabajar tienen tales asignaciones. Aunque los autores, ni los editores, lo hacen explícito, esta parte aborda el difícil tema de lo que he llamado las relaciones entre mediciones generales de pobreza, útiles como indicadores generales de desarrollo y de justicia, y las mediciones específicas, que son las que realizan los programas sociales para incluir o excluir a beneficiarios potenciales. Es sólo en la Parte V, prácticamente la última del libro (y sólo una cuarta parte de su extensión), donde se abordan las mediciones multidimensionales que son las únicas que hacen honor al subtítulo del libro: Nuevo pensamiento sobre las medidas europeas de pobreza.

Hoy abordo las Partes II y IV. En el primer artículo de la Parte II, Sutherland y Tsakloglou abordan los efectos de valorar los apoyos no monetarios (en especie) del gobierno en la desigualdad y la pobreza en 5 países europeos. Los autores comienzan su artículo redescubriendo lo obvio (pero usualmente olvidado):

“La disposición (o control) sobre recursos de un hogar está determinada no sólo por su poder de gasto sobre mercancías que puede comprar, sino también por los recursos de que disponen sus miembros mediante la provisión en especie del estado de bienestar y de fuentes privadas. La omisión de estos ingresos en especie del concepto de recursos en estudios distributivos, cuestiona la validez de sus comparaciones, tanto de series de tiempo en un mismo país como entre países. Por ejemplo, comparando la distribución del ingreso entre dos países, uno donde los servicios de salud son financiados básicamente mediante pagos de bolsillo y otro donde son provistos por el estado sin cargo alguno a los ciudadanos, llegaremos a conclusiones inválidas sobre la desigualdad… ”(p.95).

A pesar de su obviedad, la anterior enunciación es una dura (aunque incompleta) crítica a la práctica dominante que no toma en cuenta la fuente de bienestar de los hogares/personas: acceso a bienes y servicios gratuitos. Es incompleta porque no se percata de otras fuentes también omitidas: activos, tiempo disponible y conocimientos y habilidades1. El remedio, también bastante trillado, no es satisfactorio: calculan el valor monetario de los beneficios de salud, educación y subsidio a la vivienda pública, tomando como valor su costo de producción por parte del Estado y sumando estos valores al ingreso corriente, es decir, tratándolos como si fueran dinero y pudieran usarse para satisfacer cualquier necesidad. Una de las implicaciones conceptuales de este procedimiento, que ellos mismos destacan, es que al agregar las transferencias en especie al ingreso, educación y salud se tratan como si fueran mercancías privadas y que los hogares deben comprar para obtenerlos. (p.108). Lo que reconocen se acerca a lo que me ha llevado a rechazar las mediciones de pobreza que convierten todas las fuentes de bienestar en montos de dinero:

Aunque el ingreso monetario corriente y los activos no básicos permiten la satisfacción de una gama amplia de necesidades (en principio, cualquier necesidad que pueda satisfacerse a través del consumo de bienes y servicios disponibles en el mercado), otras fuentes son más específicas. El ingreso corriente no monetario y el patrimonio básico asumen la forma de bienes específicos que proporcionan servicios particulares (por ejemplo, maíz, una casa, una mesa). Por tanto, sólo pueden satisfacer necesidades específicas. La política social del gobierno generalmente proporciona bienes y servicios en especie (educación, atención a la salud, alimentos) relacionados con una necesidad específica. Los elementos involucrados en la discusión de las fuentes de bienestar son enfocados en la corriente dominante del pensamiento económico, que reconoce la insuficiencia del ingreso corriente como un indicador del control o disposición de recursos, a través de indicadores compuestos del estatus económico de los hogares. Aldi Hagenaars describe las adiciones sucesivas de rubros a estos indicadores compuestos. Poniéndolos juntos, la disposición sobre recursos sería igual a la suma del ingreso corriente, más el valor de la producción doméstica, el valor del ocio, el flujo anual derivado de los acervos netos de capital, y el valor de las transferencias no monetarias (públicas y privadas). Aunque el punto de partida de estos enfoques y el mío son similares (la visión integral del hogar), dos diferencias generales destacan: 1) mientras todos los elementos constitutivos son vistos estrictamente como medios en el enfoque del estatus económico, mientras yo concibo que el tiempo y los conocimientos/habilidades son, al menos parcialmente, fines en sí mismos; 2) se establece un claro contraste entre mi postura sobre el carácter irreductible (a ingresos monetarios), conceptualmente y en la práctica, del tiempo y los conocimientos, y la irreductibilidad práctica (a términos monetarios) de los servicios provistos por el sector público, y la reducción a dinero de todos los elementos en el enfoque del estatus económico.

En la gráfica se presentan los efectos, tomados de Sutherland y Tsakloglou, en los cálculos de la población en-riesgo-de-pobreza (que la OCDE define como población con ingresos menores a 60 por ciento de la mediana del ingreso) al incluir en el ingreso disponible de los hogares los tres rubros de transferencias en especie (educación, salud y vivienda). Además incluyen estos ingresos, ya trasformados en sumas de dinero, para recalcular 60 por ciento de la mediana del ingreso disponible y, con el nuevo umbral, vuelven a calcular la población en-riesgo-de-pobreza (pobreza de ahora en adelante). A pesar de que la mediana del ingreso es ahora más alta, la pobreza baja mucho en todos los países y más en el Reino Unido. La razón de ello es que al incluir los servicios en especie en los ingresos de los hogares, la desigualdad disminuye sustancialmente en los 5 países y, siendo la forma de medir la pobreza de la OCDE (y la UE) una mezcla de medición de desigualdad y pobreza, una baja en la desigualdad se refleja como baja en la pobreza.

1 En 1990 (Pobreza y necesidades básicas, PNUD, Caracas) enuncié por primera vez la conceptualización de las fuentes de bienestar de los hogares. En su versión madura, por ejemplo en el capítulo 1, pp. 55-56 del libro (en coautoría con Hernández-Laos), Pobreza y distribución del ingreso en México, Siglo XXI editores, 1999, las seis fuentes de bienestar enunciadas son: a) ingreso corriente; b) bienes y servicios gratuitos; c) activos que proporcionan servicios de consumo básico; d) los niveles educativos, las habilidades y destrezas, como expresiones de la capacidad de entender y hacer; e) el tiempo libre (o disponible para la educación, la recreación y el descanso).

2 The Perception of Poverty, North Holland, Amsterdam, 1986: 9-10.

www.julioboltvinik.org

jbolt@colmex.mx

 

Nombramiento muy cuestionable

Ana María Aragonés

Las primeras declaraciones del nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, son sumamente preocupantes, al señalar que el fenómeno migratorio debe ser instrumentado con precisión desde el ámbito de la seguridad nacional (La Jornada, 18/1/13). Haremos un breve análisis del concepto seguridad nacional y en segundo término lo vincularemos al perfil del nuevo comisionado.

 

La doctrina de la seguridad nacional surge en la guerra fría como una doctrina militar ideada por Estados Unidos, justificada para detener el posible avance de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una de cuyas derivaciones fue aplicada por las dictaduras militares latinoamericanas, favoreciendo con ello la acción represiva de estos gobiernos contra opositores, a los que no se les reconoció como sujetos de derechos. En México el 26 de diciembre de 2005 se reformó la ley, señalando que por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Habría que preguntarle al nuevo comisionado si es que los migrantes atentan contra el Estado mexicano y, por lo tanto, ver el fenómeno migratorio desde la perspectiva de la seguridad nacional de entrada es no incorporarlos al marco de los derechos humanos.

El perfil de Ardelio Vargas Fosado resulta sumamente preocupante para ese cargo, sobre todo si se toman algunos datos de su historia personal. En primer lugar, como secretario de Seguridad Pública en Puebla su actuación se enmarcó en la violación a las garantías individuales, de acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y así continuó llenando su expediente con denuncias ciudadanas por agresiones a la integridad y detenciones arbitrarias, entre otros. No se puede olvidar su actuación cuando fue comisionado de la desaparecida Policía Federal Preventiva en mayo de 2006, en que se produjeron detenciones masivas y murieron dos personas en San Salvador Atenco. Pero ahí no termina su historial: resalta su participación en la comunidad de Cieneguilla, lugar en el que, por sus instrucciones, 200 uniformados de la Policía Estatal Preventiva arribaron el 23 agosto de 2011 y desalojaron con golpes a campesinos de la región e incendiaron sus viviendas, al tiempo que arrebataron grabadoras y cámaras a los reporteros, con el propósito de que no quedara constancia de su actuación (El Universal), a todas luces contraria a los más elementales derechos humanos. Resumiendo: se trata de un personaje que se ha caracterizado por ser un funcionario represor y violento, como señala El Nodo de Derechos Humanos en Puebla.
 

Sin embargo llama la atención que este funcionario señale que los migrantes que transitan por México deben hacerlo con la confianza de que en nuestro país no serán víctimas de la delincuencia ni de los malos funcionarios que se llegan a enquistar en nuestras instituciones, y que para ello tomará el compromiso del presidente Peña Nieto en materia de derechos humanos. Con el perfil que hemos descrito, es totalmente contradictorio hablar de seguridad nacional y derechos humanos, pues no se puede cambiar un estilo de funcionario como el que hemos descrito. No hay ninguna varita mágica que lo convierta en defensor de los derechos humanos cuando los ha violado en forma constante.

 

Es lamentable que el presente gobierno siga por el camino de las administraciones anteriores, sin atender los constantes reclamos que se han hecho por parte de los grupos de la sociedad civil y de derechos humanos, que han propuesto que el comisionado tenga como perfil fundamental el de una persona que haya demostrado el respeto a los derechos humanos.

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Migración no puede restructurarse, pues está corrompido de principio a fin. Simplemente mencionemos la actuación de la panista Cecilia Romero, marcada no sólo por la tragedia de San Fernando, en la que perdieron la vida 72 migrantes, sino por la profundidad a la que llegó la corrupción, a pesar de lo cual no se castigó a ningún funcionario. Y en cuanto a Beltrán del Río, si bien se sancionó a 366 funcionarios, como señaló Pablo Gómez en la sede del Senado, la purga de funcionarios es totalmente insuficiente.

 

En realidad, el INM presenta una falla fundamental y tiene que ver con el hecho de que no hay ningún lineamiento en sus objetivos que aborde el fenómeno de los migrantes indocumentados; sólo plantea las condiciones para la migración legal. Por lo tanto, se trata de un conjunto de personas que están en el limbo jurídico, lo que conduce a su enorme vulnerabilidad y a la posibilidad de que sus funcionarios puedan ejercer contra ellos todo tipo de corrupción. Si bien se aprobó la Ley de Migración, ésta debería ser incorporada a los objetivos del INM para no ser letra muerta.

amaragones@gmail.com