La justicia y las extradiciones

 

Miguel Badillo *Oficio de Papel

 

Presionado por Estados Unidos, el gobierno de Colombia inició hace ya casi 3 décadas un programa de extradición de narcotraficantes integrantes de los cárteles de Cali y de Medellín con un doble propósito: disminuir la violencia que azotaba al principal país productor de cocaína y garantizar que los delincuentes cumplieran sus condenas en prisiones estadunidenses sin beneficio alguno.

Esa acción de las autoridades colombianas, asesoradas por Washington, provocó la peor violencia que ese país suramericano haya vivido en su historia, en donde fueron secuestrados y asesinados políticos, candidatos a la Presidencia de aquel país, legisladores, periodistas, dueños de medios de comunicación, generales y directores policiales. Los periódicos fueron atacados con una enorme brutalidad: bombas, granadas, ráfagas de metralleta. Los reporteros que se atrevían a investigar y escribir de las actividades del narcotráfico también sufrieron graves agresiones y secuestros.

Esa violencia obligó al gobierno de Colombia a pactar con los jefes de la mafia el cese de las extradiciones, y a cambio se entregarían a las autoridades, se respetaría a sus familias y, sobre todo, les dejarían parte de la fortuna que habían acumulado con el tráfico de drogas. En esta negociación nada tuvo que ver el gobierno estadunidense. Fue una decisión autónoma que, al paso del tiempo, le permitió reducir la violencia y desarticular a los tres principales cárteles de las drogas.

Disminuida la violencia en Colombia, el problema se trasladó a México, en donde el crimen organizado asumió el liderazgo mundial del tráfico de drogas. Es en los últimos 25 años, desde la llegada del priísta Carlos Salinas de Gortari al poder, cuando las estructuras del narcotráfico se fortalecieron cada sexenio y, lejos de diezmar su capacidad de producción, tráfico y comercialización de drogas, como supuestamente se lo propuso el panista Felipe Calderón, éstas van en aumento proporcionalmente igual a la violencia.

Aún no sabemos qué hará el nuevo gobierno priísta con este grave problema que ha fracturado la estructura social, ha vulnerado la economía de muchas familias y ha dejado miles de huérfanos, viudas y desplazados.

Sin embargo, a diferencia del caso colombiano, a los cárteles mexicanos parece no preocuparles –o por lo menos no lo han manifestado públicamente como sucedió en Colombia– que sus integrantes y principalmente sus jefes sean extraditados a cárceles estadunidenses y procesados en aquel país ante la incapacidad de la justicia mexicana para retenerlos en sus prisiones de “alta seguridad”.

Desde que en México se puso en práctica también extraditar a Estados Unidos a los narcotraficantes más “peligrosos”, éstos han negociado con las “poderosas autoridades” del vecino país la disminución de sus condenas a cambio del pago de millones de dólares y de revelar todo el entramado del crimen organizado en México y sus implicaciones en las partes política, financiera y empresarial. Con esto, es el gobierno estadunidense el que puede contar la historia del narcotráfico en América.

Sin que parezcan las extradiciones un peligro para el gobierno de Enrique Peña Nieto, más allá de otra violación a la soberanía nacional, éste ha iniciado su gestión con la extradición de un supuesto lavador de dinero del cártel de Sinaloa, ni más ni menos que el dirigido por el principal narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo.

Se trata de Pedro Alfonso Alatorre Damy, alias el Piri, supuesto cerebro financiero del cártel de Sinaloa, quien hace unos días fue extraditado a Estados Unidos luego de permanecer preso varios años en México.

Mucho antes de que fuera enviado a una cárcel estadunidense, tuve la oportunidad de entrevistarlo en prisión, y denunció que durante su captura fue víctima de tortura en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), y que en el “interrogatorio” estuvieron presentes agentes de la DEA (Agencia Antidrogas estadunidense).

Desde finales de 2007, el Piri fue acusado por la PGR de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita en la Casa de Cambio Puebla, a favor del cártel de Sinaloa. Además del presunto lavado de dinero, se le imputó el cargo de delincuencia organizada.

“No voy a declarar hasta que venga mi abogado”, dijo Alatorre Damy al ser capturado. Frente a él, José Luis Marmolejo García –extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dependiente de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)– le solicitaba revelar su supuesto nexo con el cártel del Pacífico.

Ésta es su narración:

—Estábamos en un pequeño cuarto, tipo bodega, que se localiza en el interior de su oficina. En medio había una silla donde me sentaron y amarraron. Además de Marmolejo, estaban tres agentes de la PGR, altos y corpulentos, y dos de la DEA. Estos últimos eran quienes formulaban las preguntas que Marmolejo finalmente me hacía.

Ahí, la exigencia de “confesar” pasó a los gritos.

“Iba in crescendo: de los gritos vinieron los jalones de cabello, los golpes, la asfixia”, contó Pedro Alatorre en el Reclusorio Oriente, donde se encontraba preso al momento de la entrevista. “Marmolejo no sólo coordinaba las torturas, también me golpeaba”.

Era el jueves 8 de noviembre de 2007. Por la mañana, Alatorre Damy había sido interceptado a las afueras de su domicilio por elementos de la Policía Federal: “Al final de la calle se me cerraron dos autos; bajaron varias personas armadas y vestidas de civil. Inmediatamente pensé que se trataba de un secuestro. A la altura del Auditorio Nacional, hicieron el cambio de vehículos. Ahí ya se encontraban las cámaras de televisión y los reporteros daban cuenta del operativo que había llevado a mi captura”.

Alatorre Damy fue trasladado a las instalaciones de la SIEDO (ahora SEIDO), ubicadas en avenida Paseo de la Reforma, número 75, colonia Guerrero, en el Distrito Federal.

“Trajeron la bolsa, el agua. Me desnudaron. No quería confesar porque no había hecho nada. Entonces Marmolejo solicitó el botiquín. Sacaron una jeringa y una botellita con algo líquido; me lo inyectaron en los testículos. El ardor era insoportable. Aun así me negué a confesar. Me sacaron de la bodega y trajeron a mi esposa. Dijeron que si era tan macho para ver cómo le hacían lo mismo. Accedí a firmar.”

Según la PGR y la DEA, el hombre identificado también como Pedro Barraza Urtusuástegui es operador financiero del cártel del Pacífico. Su esposa, mantenida en arraigo durante 90 días, no fue acusada de delito alguno.

Alatorre Damy, que era gerente de la sucursal Aeropuerto de la Casa de Cambio Puebla, habría participado en las transacciones financieras que llevaron a la compra de activos utilizados en actividades ilícitas: “Como la aeronave DC9 matrícula N900SA, localizada en Campeche el 10 de abril de 2006, en la que se encontraron 5 mil 658 kilos de cocaína provenientes de Venezuela; y la aeronave matrícula N987SA, que se estrelló en Mérida, Yucatán, y que fue asegurada tras descubrir que transportaba aproximadamente 3 mil 300 kilos de cocaína”, indica el boletín de prensa 586/07 de la PGR.

No obstante, el expediente PGR/SIE DO/UEIORPIFAM/119/2007, al cual se tuvo acceso, da cuenta de que las operaciones no sólo se realizaron en la sucursal Aeropuerto, sino también en otras filiales, entre las que destaca la del World Trade Center.

*Periodista

Fuente: Contralínea 318 / Enero 2013