ASTILLERO- Los consejeros electorales de consigna-Desigualdad y paliativos

Astillero

Ajustar cuentas (electorales)

Ironías del IFE

Boda en Puebla

Migrantes y petróleo

Julio Hernández López

ENCUENTRO PRIÍSTA. Manlio Fabio Beltrones, César Camacho y Emilio Gamboa, durante la segunda reunión plenaria de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que se llevó a cabo en la ciudad de México. En el encuentro –al que fue invitado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong–, entre otros temas, se analizaron el Pacto por México y la seguridad en el país

Foto Francisco Olvera

 

El Instituto Federal Electoral se ha metido gustosamente en un callejón lleno de trampas. Conforme a sus cuentas, resulta que el único candidato a la Presidencia en los comicios pasados que rebasó el tope para gastos de campaña fue el que ante la opinión pública y de manera sistemática mostró más austeridad y sacrificio personal, Andrés Manuel López Obrador, mientras su antípoda en esa materia, Enrique Peña Nieto, ha quedado irónicamente limpio de culpa.

 

 

La postura del IFE va en contra de lo que los ciudadanos pudieron ver en el pasado proceso electoral (una descomunal utilización de recursos por parte del candidato priísta, mientras el de PRD, PT y MC desarrollaba una campaña mesurada) y agrega elementos de inconfiabilidad a la hoja de servicios, de por sí bastante ajada, de varios de los consejeros y funcionarios de ese instituto.

 

En el fondo, lo que se busca es entretener y entrampar al lopezobradorismo en cuestiones contables (en las que, por lo demás, no hay extrema pericia, como lo demuestran los casos de las asociaciones civiles a las que el PRI puso el ojo fiscalizador apenas pasadas las elecciones de 2012, con la mira de tres colores puesta en escalar escándalos de malos manejos formales de cifras y comprobaciones y de grupales designaciones de consejeros y directivos de esas asociaciones en caso de que hubiera avanzado una oposición recia a la instalación política del peñanietismo). Pero, también, el objetivo es tratar de etiquetar a AMLO como infractor electoral, despilfarrador o mal administrador, colocándolo en el mismo nicho de los Amigos de Fox o el Pemexgate.

 

 

No debe perderse de vista que, más allá de las argumentaciones técnicas del IFE y la respuesta específica que ayer boletinó AMLO (http://bit.ly/14qW9gJ), al conjunto de intereses coaligados para repartirse botines nacionales mediante argumentaciones pactistas (sobre todo en el tema energético) le urge desacreditar al máximo posible al tabasqueño que, a fin de cuentas, constituye el único punto de convergencia para movilizaciones y acciones en contra del diseño peñanietista.

 

Lo paradójico del asunto sería que, como sucedió cuando Fox quiso frenar al tabasqueño instaurando fórmulas de desafuero judicial que al final no pudo sostener, sean ahora nuevamente los estrategas del grupo en el poder los que a fuerza de golpes constantes contra el tabasqueño acaben fortaleciéndolo en el plano del liderazgo social. Con esta suerte de intento de desafuero electoral el propio IFE pierde legitimidad (de la que ya casi no le queda nada), se enreda en dictámenes legalistas que no corresponden a la realidad vista por millones de ciudadanos y causa irritación al actuar con tanto cinismo.

 

En otro tema: una nota en El Sol de Puebla, bajo la firma de Cirilo Calderón, mencionó que escasos liderazgos del ámbito político nacional acompañaron a la secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles Berlanga, durante la ceremonia religiosa de su hija Mariana Moguel, quien este sábado contrajo nupcias con el ex diputado federal Francisco Ramos Montaño en la iglesia de Santa María Tonantzintla. No obstante, elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) tomaron los accesos al santuario religioso, impidiendo la entrada de turistas y pobladores locales para admirar el inmueble considerado una joya del arte barroco de Puebla. Aunque el sacristán de la iglesia de Tonantzintla refirió que se esperaba la presencia de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, sólo algunas figuras del ámbito político local y familiares de los novios asistieron a la ceremonia religiosa (http://bit.ly/14toWSO).

 

La más relevante de esas figuras del ámbito político local fue Mario Marín García, hijo del ex gobernador de Puebla. El novio, Ramos Montaño, fue director del instituto estatal de la juventud y diputado federal a cuenta del grupo encabezado por Marín júnior, a quien con insistencia se ha denunciado en las redes sociales como beneficiario de negocios hechos al amparo del progenitor y como orgulloso exhibidor de los placeres que brinda el dinero en abundancia. En algunas columnas poblanas se menciona al ahora yerno de la titular de la Sedeso como una especie de hermano político de Marín júnior.

 

Aun cuando diversas fuentes aseguran que en la fiesta posterior a la ceremonia religiosa también estuvo el ex gobernador apodado Precioso, Mario Plutarco Marín Torres, no hay demostración gráfica del asunto ni testimonio firme al respecto. Beto Tavira, columnista especializado en asuntos de sociales relacionados con la política, ha publicado que sus informantes le aseguraron que sí estuvo el poblano de las botellas de coñac (http://bit.ly/11cc57M). Quienes sí asistieron a esa boda fueron algunos miembros del gabinete peñista y Cuauhtémoc Cárdenas.

 

En un país fundadamente dominado por el sospechosismo bien caben las reservas a la hora de ver alineadamente felices a las administraciones de México y Estados Unidos al anunciar ésta un proyecto de reforma migratoria. Cierto es que la situación tan difícil en la que viven millones de mexicanos en el vecino país hace que todo paso adelante sea plausible, pero en la actual circunstancia es válido preguntarse a cambio de qué se ha producido tan llamativo cambio de rumbo en la política imperial. Se ha ido esparciendo la tesis de que el voto de los hispanos fue definitorio en el triunfo obamista, lo que no corresponde estrictamente a la verdad y, si así lo hubiera sido, enfrentaría hoy una obstrucción absoluta de los republicanos que no regalarían así a los demócratas un granero de votos de migrantes regularizados.

 

Vale preguntarse si el esbozo de cambio de actitud del poder estadunidense está relacionado con las promesas de venta de la riqueza petrolera mexicana. Son tantos los mediáticos disparos sonoros al aire en estos momentos de acelerado avance del peñanietismo en pos de sus reformas estructurales, que no es exagerado plantear la posibilidad de que estén relacionados los temas de migrantes y petróleo. ¡Hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

 Pobres diablos-Rocha

rocha@jornada.com.mx

Los consejeros electorales de consigna

Bernardo Barranco V.

Los vicios y componendas de los partidos políticos para construir los órganos ciudadanos como el IFE, tarde o temprano están pasando una costosa factura. El descrédito, derrumbe y la inevitable erosión de la credibilidad como metástasis institucional que ahora padece el IFE y el conjunto de los órganos electorales del país, es una realidad. El estigma del partido que promueve a los consejeros, los convierte en entes absolutamente predecibles, sobre todo en aquellas deliberaciones cruciales. Cuando los consejeros supuestamente ciudadanos de órganos autónomos tienen estos lazos fuertes, más o menos evidentes pero a la postre orgánicos con cualquier poder, sea fáctico o partidario, la intención de su voto es incondicional. Es lo que hemos llamado desde hace años: los consejeros electorales de consigna. Así se dibujó la lamentable sesión de IFE el pasado miércoles 23 de enero. Se les imputa a los consejeros no sólo qué deciden sino cómo lo deciden.

 

 
En medio del debate y las votaciones divididas sobre el caso Monex, surge una moción del consejero Sergio García Ramírez solicitando a sus compañeros la opinión sobre su participación en la votación empatada. Antes se había excusado, de manera no reglamentaria, por los fuertes vínculos de amistad que tiene con diversos propietarios de empresas como Efra. En el fondo, por supuesto, también con el propio partido impugnado. Recordemos: García Ramírez figuraba como posible candidato para sustituir a Humberto Moreira en la presidencia del PRI a fines de 2011 cuando éste se tambaleó por el endeudamiento de su gestión como gobernador y antes de ser nominado consejero del IFE. Y además no consta de manera clara su renuncia como militante al tricolor. Gesto gallardo de don Sergio, de excusarse primero y de participar de la votación después, fue aplaudido y reconocido con una extraña retórica de sus compañeros consejeros.
 
Pero el hecho es grave: ¿para qué colocar ahí a personajes tan ligados a los intereses de actores políticos? Más allá de la rectitud ética y la generosidad de una persona respetable como don Sergio, ahí deben estar personas sin ataduras ni intereses con ningún partido, ni militancia alguna. Ponerlos así los expone, mina la institución y coloca a las personas en cuestión en una posición en extremo delicada.
 
Jesús Cantú, ex consejero de la época dorada del IFE, en su reciente artículo en Proceso, confirma lo que es un secreto a voces. Los vínculos de Marco Antonio Baños tan ligado al sonorense Manlio Fabio Beltrones; o del consejero Francisco Javier Guerrero, también vinculado a Emilio Gamboa Patrón, de quien fue su empleado. Yo agregaría que la consejera María Macarita Elizondo Gasperín, abogada, jurista, como todos sabemos, fue magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, durante la gestión de Peña Nieto. Una zona peligrosa por los altos niveles de cooptación, además doña Macarita también fue asesora de tesis de posgrado del actual gobernador Eruviel Ávila. No es un delito, por supuesto, tan sólo es un dato indicativo. ¿Y Valdés Zurita…?

 

Las reacciones a la exoneración del PRI han sido de incredulidad generalizada. Hasta César Camacho, presidente nacional del PRI, reconoció la falibilidad del IFE. Y ahora con el nuevo proyecto de resolución de la Unidad de Fiscalización, que señala que el único partido que rebasó los topes de campaña fue el PRD, ha desatado numerosas reacciones perredistas contra el órgano electoral. La senadora Dolores Padierna, entre otros muchos, ha declarado que el Consejo General está sometido a la voluntad del PRI. La izquierda se desgarra las vestiduras en el sentido bíblico, sin embargo, es incapaz de reconocer que no sólo valida la integración de los mismos órganos electorales, sino que actúa con la misma alevosía y deslealtad política al integrar los órganos electorales donde tiene predominio. Así actuó en el caso del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en diciembre pasado, calificado por muchos como un cochinero. Trámites engorrosos, con muy poco margen de tiempo y además con escasa difusión para convocar a la ciudadanía. El Comité Conciudadano emitió su postura sentenciando: Finalmente los partidos políticos ya habían decidido con antelación a qué candidatos llevarían a la fase de la negociación, restándole cualquier valor a lo realizado en la fase de entrevistas. Otro elemento que afectó gravemente todo el proceso de selección fue la práctica de asignar por cuotas y poder de veto. ¿Con qué autoridad moral los dirigentes del PRD cuestionan la cooptación priísta del IFE, cuando ellos mismos practican esta misma lógica perversa a espaldas de la ciudadanía? Lo mismo acaba de pasar ahora en el estado de Veracruz, ante el abuso del PRI en la elección de dos nuevos consejeros electorales del Instituto Electoral de Veracruz (IEV), la red cívica veracruzana lamenta el hecho denunciando: Con profunda preocupación y malestar somos testigos del secuestro del IEV por el gobierno estatal y del PRI. Al elegir hoy 24 de enero, el Congreso local a dos consejeros que responden a intereses partidistas y de gobierno. Y en unos meses más viene la renovación del consejo local en el estado de México, que de consumarse la misma lógica de felonía anticonstitucional, los partidos tendrían cerca de 30 por ciento de los votantes del país concentrados en el DF, Veracruz y estado de México, bajo instituciones electorales locales frágiles, manipuladas y sin autoridad.

 

Dos conclusiones finales. El modelo de IFE simbolizado por José Woldenberg está rebasado, ha sido saboteado por los intereses de secta de los partidos políticos. Finalmente, es necesaria una profunda reingeniería total del andamiaje electoral en el país bajo la premisa de una necesaria lealtad política de los actores. Lo demás es seguir en una simulación patológica que está trastocando la transición.

 Operativos carreteros-Ahumada

ahumada@jornada.com.mx  

 

Desigualdad y paliativos

  

Luis Linares Zapata

 

El oficialismo priísta y sus patrocinadores de fuera y locales creen haber barnizado el piso actual y paliar así las próximas reformas que llaman estructurales. Varios son los escenarios previos que han ejecutado. Todos ellos embadurnados con alardes difusivos que no descuidan pieza alguna del montaje. El último, quizá el de mayor envergadura desde el punto de vista gubernamental, ha sido el anuncio de la cruzada contra el hambre: hambre cero, a semejanza del célebre y eficaz programa brasileño. Aseguran que con él y por él los perjuicios que se vienen infligiendo al bienestar del pueblo serán menores o, al menos, impedirán su agudización. La modernidad, como objetivo generalizador de sus políticas y acciones de gobierno, quedará, desde esta perspectiva, entronizada.

Poco han importado, hasta ahora, las claras señales de que los límites al daño infligido al cuerpo de la nación han sido rebasados. Se bordea, de seguir ignorando las advertencias de peligros desestabilizadores ya presentes, el franco cinismo, verdadera coraza de la impunidad. El mismo recordatorio, por parte del oficiante mayor de la escena pública –el señor Peña Nieto– desde Las Margaritas, Chiapas, es un llamado más que recuerda la hondura, y la dolorosa seriedad, del hambre, la pobreza y la marginación que afecta a amplias, amplísimas capas poblacionales. Pero no se pueden hacer recordatorios, llamar la atención y ofrecer un prontuario de acciones para combatir la miseria, cuando al mismo tiempo se prepara una reforma fiscal con base en un gravamen tan regresivo como el IVA. Menos aún si se tratará de extenderla hacia alimentos y medicinas. Dejar intocado el injusto sistema actual sin llamar a cuentas a los que más reciben, parece la ruta decidida a seguir. Los cambios al impuesto sobre la renta para hacerlo efectivo y proporcionalmente creciente, los gravámenes al patrimonio, la abolición de la elusión mediante la nefasta consolidación fiscal, el gravar operaciones en bolsa, el cobro efectivo de los créditos fiscales y otras medidas necesarias, no se tienen siquiera contempladas por el poder. Sacan de inmediato el espantajo: huirían los capitales, como en Francia, sin mencionar el 75 por ciento de impuestos que les sorrajó Hollande.

 
El conjunto de medidas para erradicar el hambre en México, por más fondeadas que se quieran, por más completas y bien intencionadas en su operación no serán, siquiera, un paliativo al daño, ya en curso, que otras políticas públicas, rituales consagrados para litigar favores indebidos y atajos patrimonialistas, ocasionan a la justicia distributiva. El despojo, organizado desde el poder y para el enriquecimiento de unos cuantos, sigue un curso, invariable, acelerado y feroz, contra los de abajo. Tal parece que se quiere imponer como destino manifiesto. No se ha ofrecido combinar, tal cruzada contra el hambre, con la urgente revisión y cambios de otros programas a la luz de variadas experiencias: latinoamericanas y europeas. Tal como hizo Lula en Brasil.

 

Rutas de proletarización, tan dañinas como la que traerá la nueva legislación laboral; o el saqueo inmisericorde que padece el sistema pensionario son ejemplos señeros del modelo vigente. Son miles de millones de pesos anuales que se deducen, en forma despiadada, de las aportaciones de los trabajadores destinadas a fondear sus retiros. Las administradoras hacen un trabajo de zapa de magnitudes increíbles, son las verdaderas y únicas ganadoras del sistema establecido: 73 por ciento de los aportantes, los de más bajos ingresos, no tendrán posibilidad alguna de juntar recursos suficientes para pensionarse con decoro ni laborando 50 años consecutivos. Tendrán que asimilarse a lo que se llama pensión mínima garantizada (un salario mínimo). El mismo grupo de mayores ingresos tampoco lo hará como se anuncia o espera lograr. La llamada tasa de remplazo para los trabajadores de mayor ingreso podrá ser, según cálculos de Berenice Ramírez, de la UNAM, de entre 25 y 35 por ciento. Es decir, recibirán, al final de sus vidas productivas menos de un tercio de su último salario. Para aquellos que ganan entre cinco y diez salarios su tasa será de 35 por ciento. Pero tan gravosas consecuencias no las enfrentará el actual grupo en el poder. Faltan todavía unos 10 o 15 para que se empiecen a retirar algunos de los trabajadores ¿amparados? en las relucientes y modernas Afore.

 

La misma reforma educativa no contempla, en ninguno de sus enunciados actuales, adosarla al cauce de la justicia para atacar la desigualdad que tanto daño hace. El sistema alimentario, fundado en las importaciones como imponderable de la globalización y el eficientismo neoliberal, se asemeja a un muro infranqueable que doblega todo intento de conseguir al menos una cuota mínima de seguridad alimentaria fincada en la producción local. La pauperización que este entramado provoca entre los desamparados es acelerada, pues afecta empleos, ingresos y horizontes de los que debían ser productores de los alimentos nacionales. La reforma energética planeada lleva, también, atado el signo de la modernización: eufemismo que enmascara los propósitos privatizadores. En tal reforma prometen aumentar las inversiones, transparentar la operación, sanear las finanzas de la empresa (Pemex), lograr mayor eficiencia, abaratar los productos (gasolinas, gas y químicos), absorber tecnologías y un rosario de mayores beneficios. Una cantaleta que, como bien muestra Carlos Fernández Vega en su columna del lunes (México SA) es idéntica a la que han proclamado para la banca, la luz, las telecomunicaciones, los ferrocarriles, las pensiones y demás áreas privatizadas al vapor y que nunca se ha concretado en favor del pueblo. Al oír, de nueva cuenta, la palabra modernización, hay que sacar la pistola porque detrás de ella hay un atracador y, hasta eso, sin máscara alguna.

Transparencia-Hernández

hernandez@jornada.com.mx