Astillero
Casinos políticos
Últimos minutos
Historias truculentas
Apapacho peñista
Julio Hernández López
Peleando cuerpo a cuerpo con Carlos Salinas de Gortari en cuanto a repulsa social posterior a su ejercicio de gobierno, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa dejó ayer México para ocuparse por lo que resta del año de un encargo volátil y menor en el contexto universitario de Harvard (no va como profesor ni investigador; sólo como primer partícipe de un peculiar programa de becas instituido por una acaudalada empresaria griega, Gianna Angelopoulus-Daskalaki, más conocida por haber presidido el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Es decir, no formará parte de la plantilla académica y sólo cumplirá con el extraño rol de movedizo becario). A semejanza del priísta que tan está políticamente de regreso que sigue colocando a los suyos en cargos de la administración de Peña Nieto, el viaje de FCH tuvo como anecdótico referente un sismo (menor, también), al estilo de los que solían coincidir con las visitas del hijo putativo de Agualeguas que ahora ya es un firme condómino de Los Pinos.
Resulta poco entendible que un aparato tan poderoso como el de Bucareli haya dejado hasta el último minuto del poder calderonista (últimos minutos en los que históricamente los depredadores institucionales suelen cometer sus postreras fechorías) la actualización informativa de un tema extraordinariamente delicado como el de los casinos. Sobre todo si se toma en cuenta que alrededor de ese tema de la expedición de permisos, y de la protección a los beneficiados, se tejieron historias de suciedad política relacionadas con el financiamiento de campañas electorales del panismo, y que en esas andanzas contaminantes aparecen nombres de destacados panistas como Santiago Creel (quien hizo favores a Televisa y a otras firmas antes de dejar la Segob para tratar de alcanzar la candidatura panista a la Presidencia, que le ganó Calderón), Francisco Ramírez Acuña (cuyo paisano y protegido político, Abraham González, está al principio de la madeja en tiempos del felipismo) e incluso, en un giro especial del asunto, Fernando Gómez Mont (quien ya no es panista, pero a quien relacionan por la vía de Julio Esponda, abogado con quien ha compartido despacho profesional) y Roberto Gil Zuarth, actual senador y ex secretario particular en Los Pinos.
Gómez Mont (de manera indirecta) y Gil Zuarth han sido implicados en la danza de los casinos por Talía Vázquez, quien fue esposa de Juan Iván Peña Neder y que hoy está en prisión no por los presuntos delitos que habría cometido aprovechando los conocimientos sobre el tema que había adquirido mientras era coordinador de asesores del subsecretario de Gobernación, el tapatío Abraham González, sino a cuenta de una acusación por violación tumultuaria que en su contra presentó la propia Vázquez, quien este año ha reaparecido declarativamente para asegurar que ella presenció la entrega de 800 mil dólares provenientes de casineros a quien era secretario particular de Calderón.
DE VISITA EN PUEBLA. Elba Esther Gordillo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acudió ayer al segundo Informe de gobierno del mandatario de Puebla, Rafael Moreno Valle
Foto Notimex
Las truculentas historias de dinero y poder relacionadas con el casino, los panistas y sus operadores agregan oprobio al calderonismo, pues abundantes indicios hubo de que en ese rubro se sostuvo la misma política bélica practicada contra el narcotráfico: protección de bandos afines y persecución implacable de los competidores. Recuérdese, por ejemplo, la escaramuza regiomontana que tuvo como personajes centrales al entonces presidente de Monterrey, Fernando Larrazábal, y a su hermano exageradamente próspero a partir de la venta casi épica de quesos (el principal acusado de favorecer casinos, FL, por cierto, despacha tranquilamente como diputado federal panista).
Entre la guerra de declaraciones (algún tuitero señaló en estos días que los detectores de mentiras reventarían si fueran aplicados a los participantes en estos enredos) habrá de verse si se sostiene y demuestra la acusación contra Gil Zuarth y habrá de verse por separado el desenlace del litigio de la ex esposa Vázquez contra Peña Neder, a quien sus defensores jurídicos describen, específicamente en el caso de las acusaciones conyugales, como víctima de un entramado de venganzas, ambiciones económicas y retorcimientos jurídicos al que se ha agregado un llamativo marco de denuncias mediáticas relacionadas con el tema de los casinos en el que, como tema aparte, el citado Peña Neder sí tuvo una participación relevante aunque sin averiguación previa alguna iniciada en su contra, sujeto a proceso solamente por las acusaciones hechas en su contra por quien fue su esposa.
Astillas
Enrique Peña Nieto dio ayer un apapacho gastronómico y político a los coordinadores de las principales bancadas partidistas en el congreso, a fin de atenuar la sensación de que los arreglos hechos en el contexto del Pacto por México han desplazado e incluso anulado a esos coordinadores que antes del concertador invento extra legislativo adjudicado a José Murat parecían tener un control férreo y casi único en las cámaras. Luego que algunos diputados y senadores hicieran saber que son ellos los responsables específicos de recibir las iniciativas de leyes y de procesarlas, y que el Pacto por México no necesariamente les impondría criterios a la hora de votar, el mexiquense que está en posesión de la Presidencia de la República invitó ayer a comer a los presuntos pastores legislativos y a los dirigentes partidistas causantes de celos.... ¡Hasta mañana!
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Cada quien lo suyo-Fisgón
Ley laboral: rectificación necesaria
Ayer, al concluir el plazo formal para la presentación de amparos contra las reformas a la Ley Federal del Trabajo promulgadas en noviembre de 2012, fuentes del Poder Judicial informaron que se habían recibido más de un millón 120 mil recursos jurídicos sólo en la capital del país, interpuestos por gremios –entre los que destacan electricistas, telefonistas, trabajadores universitarios y el magisterio independiente– y por miles de empleados en lo particular. Varias organizaciones sindicales han acompañado la gestión legal con movilizaciones en varios puntos del país.
Desde que se inició el proceso de discusión legislativa en torno a esta reforma, en septiembre de 2012, se advirtió que no sólo resultaba lesiva al espíritu y la letra de los ordenamientos constitucionales en materia laboral, sino que contravenía los supuestos propósitos de la propia iniciativa: impulsar la creación de empleos, la competitividad y la productividad en la economía nacional. En efecto, la pretensión de debilitar la fuerza de trabajo y despojarla de garantías reduciría el poder adquisitivo de la mayoría de los asalariados del país y reduciría, en consecuencia, el mercado interno.
En suma, la reforma legal generó el rechazo de un sector amplio y creciente de la ciudadanía que no fue, sin embargo, recogido por ninguna de las dos instancias legislativas en las que fue discutida. Volvió a exhibirse, así, la enorme distancia entre el México formal y el país real: lo que en la primera esfera representa un motivo de consenso y hasta de orgullo, en la segunda constituye un factor adicional de agravio, de rechazo y de descontento.
La reducción de esa brecha social, política e ideológica entre la sociedad y sus cúpulas institucionales debiera ser un propósito central de la clase política y de la presente administración federal, por cuanto puede agravar la crisis de representatividad y reducir los márgenes de gobernabilidad.
En tal circunstancia, resulta insuficiente la afirmación de que el gobierno federal respetará los fallos del Poder Judicial sobre los referidos amparos –como señaló ayer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social–. En vez de esperar a tales resoluciones sería preferible que los poderes Ejecutivo y Legislativo mostraran sensibilidad y altura de miras, rectificaran los términos en los que fue aprobada la reforma laboral y enmendaran de nueva cuenta el marco regulatorio en materia de trabajo, a fin de restituir los derechos y conquistas laborales eliminados. Si el desempeño de las bancadas legislativas en las semanas recientes se ha caracterizado por un ritmo vertiginoso en la discusión y aprobación de reformas legales –casi siempre en perjuicio de las mayorías y a contrapelo del sentir mayoritario– no hay razón para no actuar de la misma forma, pero esta vez para corregir una injusticia, un error político y un atropello a los trabajadores del país.
Macrolimosnero-Rocha
Reformas estructurales y el mito del mercado laboral
Alejandro Nadal
Ningún mito ha sido más importante en la teoría económica que el de la existencia del mercado laboral. Para la plácida ideología del capitalismo contemporáneo, plasmada en la teoría económica ortodoxa, esta fábula se usa para explicar la determinación del salario y el fenómeno del desempleo (o negar la existencia de desempleo involuntario). Es también el fundamento para recomendar la completa
flexibilidaden el mercado de trabajo, es decir la eliminación de obstáculos al movimiento de los salarios para realizar el ajuste en este peculiar mercado. Este es el fondo de la llamada reforma laboral en México y en muchos otros países.
mercado laboral. Para empezar, consideremos la estructura de un mercado cualquiera. En él se encuentran los productores de una mercancía para cuya producción se han tenido que cubrir los costos de insumos variados y los consumidores que demandan ciertas cantidades de dicha mercancía.
La demanda de las mercancías comunes está determinada por las preferencias e ingresos de los consumidores, mientras su oferta depende de los costos de producción y de una tasa de ganancia. Pues en el caso del llamado mercado laboral, las cosas no son tan fáciles. Para empezar, el trabajo no se demanda para consumirlo sino para usarlo en la producción de mercancías. Además, el trabajo no se produce por empresas cuyo único objetivo es llevar su producto a vender en el mercado.
En otros términos, en el supuesto mercado laboral las relaciones entre las fuerzas de la oferta y la demanda están invertidas. La demanda de trabajo fecto ingreso cuando aumenta el salario. Por el primero el trabajador sí aceptará trabajar más horas porque cada hora de asueto que es sustituida por una hora de trabajo le proporciona un ingreso mayor. Pero si eso suena lógico el razonamiento se viene abajo cuando se observa que el llamado efecto sustitución se destruye por el efecto ingreso: cuando el salario aumenta el trabajador reduce sus horas de trabajo y obtiene simultáneamente más tiempo de asueto y mayor ingreso. Se destruye el efecto sustitución, desaparece la curva de oferta de trabajo y el tristemente célebre concepto del mercado de trabajo se cae al agua.
En el desastre que es la teoría económica convencional queda claro que también se desmorona el supuesto fundamento racional de la llamada política de flexibilidad laboral: nada justifica la idea de que la legislación sobre salarios mínimos o que la presencia de sindicatos provocan desempleo. Ese tipo de desplantes dependen crucialmente de la idea de que existe un mercado laboral que, al igual que el mercado e para la teoría ortodoxa. Se ha buscado resolver este problema teórico aduciendo que existe un efecto sustitución y un efecto ingreso cuando aumenta el salario. Por el primero el trabajador sí aceptará trabajar más horas porque cada hora de asueto que es sustituida por una hora de trabajo le proporciona un ingreso mayor. Pero si eso suena lógico el razonamiento se viene abajo cuando se observa que el llamado efecto sustitución se destruye por el efecto ingreso: cuando el salario aumenta el trabajador reduce sus horas de trabajo y obtiene simultáneamente más tiempo de asueto y mayor ingreso. Se destruye el efecto sustitución, desaparece la curva de oferta de trabajo y el tristemente célebre concepto del mercado de trabajo se cae al agua.
En el desastre que es la teoría económica convencional queda claro que también se desmorona el supuesto fundamento racional de la llamada política de flexibilidad laboral: nada justifica la idea de que la legislación sobre salarios mínimos o que la presencia de sindicatos provocan desempleo. Ese tipo de desplantes dependen crucialmente de la idea de que existe un mercado laboral que, al igual que el mercado de manzanas, respeta la ley de la oferta y la demanda.
Si no existe el mercado de trabajo, ¿qué es lo que sí existe? La respuesta es que en una economía capitalista existen estructuras de empleos con sistemas de remuneraciones heterogéneas. Pero esto también tiene otras repercusiones negativas para la teoría ortodoxa. Ésta sostiene que la demanda de trabajo está regida por la productividad marginal del trabajo, es decir, por la aportación al producto de la última unidad de trabajo utilizada. Según este razonamiento la remuneración de los trabajadores refleja su contribución al producto social. Pero en una estructura heterogénea de empleos no es posible calcular la productividad de la última unidad de trabajo utilizada.
Todo esto confirma que el salario no es un precio. Es una variable de distribución del ingreso y se determina no por un mecanismo impersonal anónimo, sino por las relaciones de poder entre capitalistas y trabajadores. Por eso en las últimas décadas la productividad total del trabajo (que sí se puede calcular) ha crecido mucho más que el salario real: los beneficios de la mayor eficiencia no han sido para los trabajadores sino para los dueños de las empresas en las que laboran.
Ensayando-Ahumada
Instituto nacional electoral
Bernardo Barranco V.
El que escribe ha participado como consejero electoral en los últimos diez años, tanto en el IFE como en el IEEM, órgano electoral local mexiquense. Por tanto, tengo cabal conocimiento de las virtudes y defectos de ambas instancias electorales. Por ello saludo con beneplácitico la iniciativa del Pacto por México de
crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales. Si la propuesta es realizar una profunda reingeniería electoral, la ciudadanía la apoyará; en cambio, nuevos parches prolongarán los vicios que han venido minando la credibilidad de los resultados electorales y, por tanto, la legitimidad de la propia democracia mexicana.
El segundo argumento central para transformar el andamiaje electoral mexicano es político. Los institutos electorales locales han sido colonizados por los partidos y los poderes fácticos locales. Los gobernadores-virreyes extienden su poder político a las vulnerables estructuras electorales en los estados; las someten y las caricaturizan, pues ponen en evidencia la pérdida de credibilidad. Las actuaciones de los órganos electorales se perciben como instrumentos al servicio del poder, cada vez más inciertas, con decisiones sesgadas. Los argumentos legistas funcionan como un columpio de justificación a las lealtades que deben los actores electorales. Hay un pecado de origen en la forma en que se designa a los consejeros electorales. Son las lógicas de cuota y de veto utilizadas entre los partidos políticos que, a la postre, actúan en detrimento dentes, ha realizado con dos vueltas sus elecciones a un costo menor que en una sola entidad de México, cierto, con la mayor lista nominal del país, que asciende a 10 millones 400 mil ciudadanos. Habrá que realizar un esfuerzo por racionalizar los gastos, evitar las burocracias, duplicidades y contrataciones masivas. Siendo un país con una fuerte presión hacia la pobreza, tenemos elecciones que cuestan lo que ni siquiera los países ricos se atreven a gastar.
El segundo argumento central para transformar el andamiaje electoral mexicano es político. Los institutos electorales locales han sido colonizados por los partidos y los poderes fácticos locales. Los gobernadores-virreyes extienden su poder político a las vulnerables estructuras electorales en los estados; las someten y las caricaturizan, pues ponen en evidencia la pérdida de credibilidad. Las actuaciones de los órganos electorales se perciben como instrumentos al servicio del poder, cada vez más inciertas, con decisiones sesgadas. Los argumentos legistas funcionan como un columpio de justificación a las lealtades que deben los actores electorales. Hay un pecado de origen en la forma en que se designa a los consejeros electorales. Son las lógicas de cuota y de veto utilizadas entre los partidos políticos que, a la postre, actúan en detrimento de la necesaria autonomía y convierten a la supuesta ciudadanización en ficción siniestra. La manipulación política no sólo es patente en el PRI en los estados donde gobierna, sino también de otros partidos políticos. Por ejemplo, está el cochinero que hizo el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el instituto local (IEDF) para elegir a sus consejeros. Ahí está el testimonio recogido por Incide. Ningún partido se salva. La presión en los consejeros locales del IFE es mucho menor, porque son nombrados no directamente por los partidos a través por los consejeros generales, y porque a la postre no tienen atribuciones mayores en la toma de decisiones, sólo validan. En fin, la ciudadanía y opinión pública centraría su atención y presión en un número menor de actores a los existentes en la actualidad.
Otro beneficio que traería la restructuración electoral del país con una sola autoridad electoral sería abatir la abstención. El descrédito de las estructuras locales es crónico y propicia incluso apatía en la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes. Sigo con el ejemplo mexiquense: en las dos últimas elecciones para gobernador, la abstención ha sido la ganadora. En 2005, en que gana Enrique Peña Nieto, la abstención fue 57 por ciento, la más alta de la historia; en 2011 Eruviel Ávila nada tiene que presumir, pues 53.9 por ciento de los ciudadanos se abstuvieron. Cuando las elecciones son federales, especialmente presidenciales, el índice de participación aumenta de manera notoria; en esta última elección hubo una participación de 66 por ciento y una abstención de apenas 34. Incluso teniendo una sola casilla los votantes prefirieron la elección federal a la estatal, cuyo nivel de abstención estuvo arriba ligeramente de 40 por ciento. En materia mediática hay enormes lagunas que apuntalar; sólo señalo tres: a) que se contemple con mayor precisión la metodología y utilidad de los monitoreos, no sólo los cuantitativos sino principalmente los cualitativos, es decir, la valoración y las opciones editoriales que asumen los medios y conductores; b) es necesaria una reforma general de radio y televisión, no sólo electoral, que diversifique la oferta mediática, especialmente la televisión, cuyos propietarios son sólo dos personas; c) es necesario apuntalar una ley de comunicación gubernamental que garantice la transparencia, uso razonable de los recursos públicos en los medios y evite el uso discrecional de los presupuestos en la comunicación entre gobernantes y gobernados.
No sólo se trata de dar mayor transparencia y racionalidad económica a nuestro andamiaje electoral. Se trata de devolverle su credibilidad y autoridad perdida. Los partidos tienen la palabra, no sólo con restructurar, sino actuar en consecuencia con lealtad política.
Repartidera-Helguera
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