Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

martes, 22 de enero de 2013

ASTILLERO- Enrique Peña Nieto y el EZLN- Lo que sigue-La reforma educativa y la OCDE

Astillero
El PRI desalmado
...y el cándido candidato
Élite acarreada
Laveaga, perezoso (y demás)
Julio Hernández López
Foto
EL ACENTO MEXICANO EN WASHINGTON. El presidente de EU, Barack Obama, y su esposa Michelle presenciaron el desfile inaugural de su segundo mandato, el cual –en un día frío y soleado– tuvo acento latino. Participaron el grupo de baile folclórico de la escuela preparatoria de Palmview, Texas (en la imagen), el Ballet Folklórico de la Raza y la Hispanic Dance Alliance de Utah, entre otrosFoto Reuters
En el IFE avanza la pretensión de cerrar algunos expedientes molestos y, finiquitadas ya las discusiones de fondo sobre la compra de Los Pinos en 2012, dejar el escenario listo para que los ocupantes del poder adquirido mercantilmente puedan dedicarse tranquilamente a la confección de escenarios alegres, optimistas y propositivos como el Pacto por México, la Cruzada Nacional contra el Hambre y los que habrán de venir.
 
En una especie de lavado de imagen, se pretende minimizar, mediante la recalificación de infracciones, algunas de las graves y muy trascendentes violaciones a la equidad electoral sucedidas en los comicios recientes (Monex no fue delictivo en sí; nomás rebasó topes de campaña y, en función de esta irregularidad menor, todo podría quedar blanqueado con el pago de alguna multa; igual puede suceder con el tema de la cascada ofensiva de anuncios llamados espectaculares). La culpa, en todo caso, sería del desalmado abuelo PRI, lleno de mañas, y no del cándido candidato mexiquense al que ahora le tocaría ver de lejos cómo castigan a quien le llevó al poder de manera absolutamente irregular (cuán suave expresión ha salido de las teclas de este astillador, que parece no saber cómo se designa en los códigos penales ese tipo de irregularidades).
 
Intento de conjura exprés contra el fantasma histórico de la compra de Los Pinos el año pasado. Imposible como es el ocultamiento de las maniobras mercantiles que desembocaron en el triunfo aritmético formal de Enrique Peña Nieto, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha desempolvado algunos de los expedientes oscuros y prepara propuestas de resoluciones que, de ser aprobadas en su consejo general, podrían significar castigos económicos para el Partido Revolucionario Institucional, específicamente en los ya mencionados rubros de los anuncios espectaculares y del uso de las tarjetas Monex para pagar a operadores de la pasada campaña presidencial (no por el uso de éstas, pero sí por el rebase de los límites de gastos, que se verían incrementados al considerar el manejo de las citadas tarjetas en el rubro de la campaña y no en el gasto corriente, como ha pretendido el PRI).
 
Lo que el IFE está proponiendo podría quedar en mero desahogo procesal e incluso en sublime elogio del cinismo si se extingue con la relatoría de los abusos cometidos por el partido de tres colores en sus campañas del año pasado y si, además, se reduce a un mero asunto pecuniario, a un burocrático pago de multas (parte de la sabiduría priísta acumulada señala que siempre será barato en política todo aquello que se pueda comprar con dinero).
 
Infrinja ahora, pague después, sería la lección cívica del momento. Gaste lo que quiera y como quiera en hacerse de una Presidencia de la República y después pague unos millones de pesos para acallar a algunos inconformes, ya con el beneficiario de esas truculencias redituablemente instalado en el poder comprado, podría ser la moraleja. Habrá de verse, en todo caso, lo que sucederá este miércoles en el consejo general del IFE y durante la comparecencia, te- ñida de morbo político, del nuevo presidente de la Condusef, Mario di Costanzo, ante la comisión de San Lázaro que estudia el asunto de las tarjetas Monex.
 
Pero, como es sabido, el show debe continuar. Así que en Las Margaritas fue presentado el programa PeSaR (Peña, Salinas y Robles) contra el hambre. No ayuda a las presuntas intenciones modernizadoras del adquirente de Los Pinos la restauración de viejos modelos escenográficos como el que ayer hizo viajar a todos los gobernadores y a todos los miembros del gabinete a la cabecera de un municipio chiapaneco para escuchar discursos bastante prescindibles y presenciar el arranque de un programa contra la pobreza.
 
No hubo en la retoma de Las Margaritas nada que justificara ese despliegue faraónico. Un gobernador Manuel Velasco mostrándose inmaduro, más que joven, con un discurso de elogios fáciles al jefe en turno, envejecidamente insustancial su retórica a la que el tono de la voz no ayuda mucho. Una Rosario Robles rápidamente instalada en su nueva faceta de tecnocracia institucional, en busca de complacer al jefe formal inmediato, pero con dedicatoria para el máximo jefe solidarista. RR: ni sombra de lo que fue, ominoso anuncio de lo que es y será. Luego, el gobernador de Chihuahua, Javier Duarte, candil de la Conago y oscuridad de su entidad, donde madres de desaparecidas marchan entre el frío y el abandono mientras el mandatario jocundo pronuncia sentidas piezas oratorias frente a Peña Nieto, quien cerró la tanda asegurando que la famosa cruzada contra el hambre no es asistencialismo.
 
En otros ámbitos institucionales, lo infausto continúa. El consejero del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) Ángel Trinidad Zaldívar (hijo del periodista Ángel Trinidad Ferreira) hizo saber las razones por las cuales le fue imposible votar a favor de Gerardo Felipe Laveaga Rendón para presidente de ese instituto. Según la descripción hecha por alguien que ha conocido directamente los entretelones del asunto, Laveaga es un intelectual perezoso, distante de la talacha relacionada con la rendición de cuentas, deseoso de fórmulas fáciles y de comodidades con cargo al erario, displicente y cínico, con la vista puesta más en acercarse al ideal de un aristócrata inglés que al de un funcionario mexicano encargado de dar transparencia a asuntos de poder que son del interés de ciudadanos de a pie.
Más allá de las razones profundas de esos pleitos internos ahora hechos públicos, y del contexto específico en que han sido develados, es decir, en la lucha por la sucesión en la presidencia de ese organismo, la personalidad y el desempeño profesional de Laveaga han generado críticas profundas que ahora se potencian. Estando en el centro del interés del priísmo nuevamente gobernante el bajar el perfil de la transparencia informativa, el arribo de un personaje ampliamente cuestionado ayuda a restar fuerza y a entretener en conflictos colaterales. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Enrique Peña Nieto y el EZLN
Magdalena Gómez
Está en curso una estrategia gubernamental disfrazada de discurso benévoloque entraña una virtual manzana envenenada dirigida al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Dos elementos la expresan de manera diáfana: el llamado cambio de nombre de la comisión para el diálogo y la decisión de arrancar su campaña nacional contra el hambre precisamente en Las Margaritas, territorio en que murió el comandante Pedro, segundo al mando en el alzamiento zapatista del 1º de enero de 1994.
 
Tal parece que estamos ante las respuestas a los comunicados del EZLN, donde en uno se definió el arribo de Peña Nieto como golpe de Estado mediático y en otro se respondió de manera contundente a la expresión de Osorio Chong, no nos conocen; ambas posturas no obtuvieron mención oficial directa.

El pasado 14 de enero en conferencia de prensa, sin boletín oficial, el secretario de Gobernación anunció por acuerdo presidencial, verbal supongo, la transformación de la Comisión para el Diálogo y la Negociación en Chiapas en una nueva Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. A manera de sustento a tal decisión dijo unas palabras, que, al escucharlas, parecía que presentaba a su paisana Nuria, colocada días atrás en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (a la que, por cierto, en 2003 por ley también le cambiaron sólo el nombre; se llamaba la INI, como le decían de parte indígena). Sin referirse a la Ley para el Diálogo y la Paz Digna en Chiapas ni a los acuerdos de San Andrés, mucho menos al EZLN, señaló que “hay una deuda social con los pueblos indígenas, por lo que se trabajará con una visión de conjunto que dé respuesta a demandas como la de los pueblos indígenas... una de las tareas centrales es generar políticas públicas con equidad. Lo que se busca es que los pueblos indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos, derecho a la justicia, salud e infraestructura, que reviertan el injusto rezago en sus derechos y cerrar la brecha que nos separa para alcanzar el bienestar que merecen… Comunidades y pueblos indígenas son uno de los temas más importantes de la agenda pública, ya que demuestran su diversidad, ese México profundo (por supuesto, no el que mostró Guillermo Bonfil) que exige soluciones, que requiere de respuestas inmediatas; el Pacto Por México se refiere a ello”.

Bueno, también presentó al funcionario que se hará cargo de la nueva comisión (sin comentarios: lo accesorio sigue la suerte de lo principal). En las preguntas destaca una porque las otras se refieren a casinos o a la ley de víctimas: “Habla usted de escuchar a todas las voces en el tema de los indígenas. ¿Estaremos viendo sentarse a Marcos con ustedes para terminar ya con este problema en Chiapas?” Respuesta: En el mensaje que acabo de leer acabo de expresar el que el nuevo nombramiento obedece a una nueva realidad, particularmente en la región de Chiapas, pero, sobre todo y además, con todos los pueblos indígenas. El llamado es a todos a sentarnos a resolver los problemas, desde lo político que debemos resolver para dar paso al desarrollo, al respeto a las comunidades indígenas. (Fuente: grabadoras de reporter@s).
 
La comisión que cambia de nombre vulnera el objetivo de la vigente ley para el diálogo, emitida por el Congreso General; ésta es, en efecto, especial en esencia: define el estatus del EZLN. En su artículo primero dice: Esta ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el primero de enero de 1994 en el estado de Chiapas. Para los efectos de la presente ley, se entenderá como EZLN el grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto a que se refiere el párrafo anterior. Hoy, según la lógica de Gobernación, esta fuerza ¿hará fila para el diálogo? Nunca se ha equiparado con un pueblo indígena, pero fue quien cedió la mesa a todos los pueblos para que sus demandas se incluyeran en los acuerdos de San Andrés. El gobierno puede crear todas las comisiones de diálogo que quiera y duplicar funciones de la CDI, pero ésta del nuevo comisionado para todos los pueblos no es la que refiere a la ley mencionada. No olvidar que el diálogo está suspendido por los sucesivos agravios recibidos y que se traducen en violación al principio jurídico pacta sunt servanda. Segunda escena: si el EZLN expresó que en territorio zapatista viven con dignidad y producen los alimentos que llevan a su mesa, ahora va la parafernalia oficial a ofrecer apoyos nacionales contra el hambre. ¿Bofetada con guante blanco? Mera continuidad de la estrategia aplicada por el comisionado anterior, dividir mediante el dineroducto. No los vieron, no los escucharon.
Un gran programa-Fisgón
 
Lo que sigue
Pedro Miguel
Vienen intentos de nuevas reformas legales regresivas, oligárquicas y depredadoras. Consumado el despojo de conquistas laborales y de derechos sindicales a los asalariados, el régimen se apresta a una expropiación petrolera de signo contrario a la emprendida por Lázaro Cárdenas en 1938: ahora el gobierno oligárquico que encabeza Enrique Peña Nieto articula la sumisión legislativa para emprender –como quisieron hacerlo en su momento Salinas, Zedillo, Fox y Calderón– la legalización de un proceso que, en los hechos, viene ocurriendo desde hace décadas: la transferencia de la industria energética a manos privadas.
 
El capital siempre quiere más y sus sirvientes políticos fueron puestos en los cargos justamente para ejecutar la privatización de empresas y servicios públicos: éste es, junto con los contratos mafiosos y después de las guerras, el narcotráfico, el secuestro y el tráfico de personas, el negocio más jugoso (es decir, más concentrador de riqueza) en los tiempos neoliberales.

Por eso los conglomerados empresariales de México, Estados Unidos y Europa han estado presionando, desde hace dos décadas, por la desincorporación de Pemex.

El régimen enfrenta dos problemas para operar este robo: el primero, de orden político, es la resistencia social que habrá de enfrentar; el segundo es administrativo: si 40 centavos de cada peso de las finanzas públicas proceden de la industria petrolera nacional, su privatización crearía un severo desajuste presupuestal. Ello es así por el hecho simple de que las grandes empresas y las grandes fortunas no pagan impuestos, o bien pagan sumas ridículamente bajas en relación con sus utilidades.

En rigor, la pérdida de 40 por ciento de los ingresos fiscales no marcaría ua gran diferencia para el país, si se considera que el grueso de los recursos gubernamentales no se invierten en beneficio de la población ni en obras reales y efectivas sino que son privatizados a la mala por la vía del saqueo, las comisiones, las adquisiciones infladas o simuladas, o bien destinados a la perpetuación y legitimación del grupo gobernante: compra de voluntades electorales, propaganda de autoexaltación y demás.

Pero a la oligarquía dominante no quiere para sí 60 por ciento del presupuesto: lo quiere todo, y la privatización de Pemex implica una merma considerable en los recursos a su disposición. La forma ideada para tapar ese agujero es una reforma fiscal que incremente los recursos que las clases medias y la mayoría de la población aportan al fisco, sea por medio de gravámenes al ingreso, al consumo o vía pago de tarifas diversas. Sería ilusorio suponer que los amos del país van a modificar las leyes hacendarias en perjuicio propio. Por el contrario, con la reforma energética su vertiente empresarial buscará la manera de hacerse con las utilidades de la industria petrolera, su sector político y administrativo tratará de enriquecerse con los pagos legales e ilegales que el sector privado desemblose por los pedazos de Pemex, y ambos idearán la forma de pasar el costo de esas operaciones a los causantes cautivos mediante una reforma fiscal subsecuente.
 
Tratarán de operar estas reformas a contrapelo de un consenso nacional contrario a la privatización que se expresó en forma inequívoca en las jornadas de abril a octubre de 2008, cuando el grueso de la sociedad resistió la intentona calderonista de privatización de Pemex y logró conservar, en lo sustancial, el estatuto público de la industria petrolera.
 
Ha transcurrido un lustro desde entonces y muchas cosas han cambiado, para bien y para mal, en el país. La postración social promovida desde el poder –mediante la violenta mascarada de la guerra contra la delincuencia y por medio de una estrategia económica abiertamente desintegradora del tejido social– es más pronunciada hoy que en ese entonces, pero también se asiste al surgimiento de tomas de conciencia social como las que se expresaron durante el proceso electoral del año pasado, cuando quedó claro que la oligarquía habría de imponer en la presidencia al político más repudiado en la historia reciente del país. A consecuencia de ello, el gobierno de Peña Nieto debe moverse con márgenes de respaldo incluso menores que los que tuvo Calderón, lo que ya es decir mucho.
 
Se aproxima, pues, a lo que puede verse, una nueva confrontación entre la oligarquía gobernante y el resto del país, y no será un día de campo para ninguno de los bandos.]
Twitter: @Navegaciones
La reforma educativa y la OCDE
Luis Hernández Navarro
El tamaulipeco José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene dotes de astrólogo. Entusiasmado por la aprobación de las reformas laboral y educativa a finales de 2012 y por las que están en puerta, declaró a la prensa: Al menos en los últimos 15 años, no habían estado los astros tan alineados como ahora para aprobar un buen número de reformas estructurales, y eso hay que aprovecharlo.
 
Su gusto por las predicciones no es nuevo. En 1993 profetizó ante un grupo de empresarios japoneses que el proyecto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari duraría hasta 2012. Su conjetura no era desinteresada. Gurría formó parte de esa administración como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, negociador del capítulo financiero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, como director general de Nacional Financiera (Nafinsa).

Militante del PRI desde los 18 años, a José Ángel Gurría es fanático del libre mercado. Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores con Ernesto Zedillo y uno de los favoritos del ex mandatario para sucederlo en Los Pinos, fue apodado el Ángel de la dependencia por su determinación de que México negociara su deuda externa con organismos financieros multilaterales y bancos extranjeros al margen de otros países deudores de América Latina que buscaban mejores condiciones de pago. Esos organismos –justificó– no vienen a darnos recetas ni imposiciones, sino a compartir su conocimiento sobre temas que analizan y estudian.

Desde junio de 2006, el Ángel de la dependencia pudo comprobar que no es lo mismo ser cantinero que borracho. Una cosa es beber las copas y otra servirlas. En esa fecha asumió por primera ocasión la secretaría general de la OCDE y pasó a compartir el conocimiento sobre los temas que analiza y estudia a los países que la integran. A partir de entonces se ha dedicado a despachar amargas recetas neoliberales a cuanto gobierno se deja. Uno de los sectores de intervención predilectos del club de países ricos es el educativo. De hecho, la reforma educativa que aprobó el Congreso de la Unión el pasado 20 de diciembre tiene el inconfundible aroma de las conclusiones del Acuerdo de Cooperación OCDE-México para Mejorar la Calidad de la Educación en las Escuelas de México, publicadas en Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México de 2010 y Establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos docentes: consideraciones para México de 2011.

Uno tras otro, los puntos sobre transformaciones en el sistema de enseñanza en México anunciados por Peña Nieto en su discurso de toma de protesta como Presidente el 1º de diciembre pasado, las propuestas pedagógicas incorporadas al Pacto por México y las recientes reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales, fueron recomendaciones de la OCDE. Es decir, los cambios al sistema educativo recientemente aprobadas por el Congreso provienen de un organismo multilateral.
 
No hay novedad alguna. No se trata de una excepción, sino de la regla. A pesar de que el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), impulsado por la OCDE, no toma en cuenta ni el currículo nacional ni las diferencias socioculturales y regionales, se aplica en México desde 2000. Ambiciosas proyectos pedagógicos, como la Reforma Integral a la Educación Básica y la Alianza por la Calidad de la Educación, son, en mucho, frutos de las propuestas que el club de países ricos hizo al gobierno federal en el Análisis del sistema escolar mexicano a luz de los resultados PISA de 2006.
 
Esta enorme influencia de la OCDE en la educación del país ha llevado a investigadores como Marcelino Guerra y Lucía Rivero a preguntarse si la SEP mudó su domicilio de la Plaza de Santo Domingo a París, ya que su sede central se encuentra en el Chateau de la Muette en esa ciudad. La revista Contralínea documentó la enorme cantidad de recursos que el país paga al organismo por sus estudios y asesoría y lo que se gasta en el traslado de funcionarios del sector educativo a las oficinas parisinas.
 
Lo que diferencia de las anteriores reformas los recientes cambios a la Carta Magna en materia educativa es que éstos elevan a un rango superior las propuestas de la OCDE. Los constitucionaliza. Con ello se pone un candado que cierra la puerta y evita que se dé marcha atrás en estas reformas, a pesar de su ineficacia. Ese es el caso, por ejemplo, de la evaluación magisterial.
 
El 23 y 24 de junio del año pasado se realizó la evaluación universal para el magisterio, basada en exámenes estandarizados. Pese a la presión de las autoridades para que los profesores participaran en ella, el resultado final fue un fracaso. Según la SEP, en todo el país sólo 264 mil 379 docentes realizaron la prueba. Presumiblemente, la cifra fue inflada. Diversos analistas consideran que los profesores que hicieron la prueba no fueron más de 150 mil. La reforma constitucional y sus futuras legislaciones secundarias abren la puerta para que esas evaluaciones se conviertan en obligatorias, para que se sancione a quienes no se sometan a ellas y para que, a partir de sus resultados, se ponga en riesgo la estabilidad laboral.
 
Muchos estudios y recomendaciones de la OCDE hacia México han sido fuertemente cuestionados por su falta de seriedad y dogmatismo neoliberal. Por ejemplo, Carlos Slim calificó de falsos, irracionales y mentirosos los datos difundidos por el club en su estudio sobre las telecomunicaciones. Sin mencionarlo expresamente por su nombre, el empresario mexicano dijo de José Ángel Gurría: Vienen, pontifican y se van; y cuando estuvieron a cargo de muchas responsabilidades no resolvieron los problemas que hoy plantean.
 
Lo mismo puede afirmarse de sus pontificaciones educativas. Sólo que ahora los legisladores elevaron a rango constitucional esas recomendaciones, a pesar de que no resolverán los problemas educativos del país. A lo mejor ellos también quieren mudar su domicilio a París.Contra el hambre-Magú

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