El Despertar-Perspectiva- La inconstitucionalidad de la reforma- Las palabras y los hechos- Cambio y reforma de la Constitución

El Despertar

Perspectiva

José Agustín Ortiz Pinchetti

No es bueno el oficio de profeta, pero estamos condenados a ver el futuro. Morena tiene un primer plazo definido: 30 meses para convertirse en partido y posicionarse en las elecciones federales de julio de 2015, donde seguramente refrendará su registro con entre cinco y 12 por ciento de la votación nacional. En este lapso tendrá oportunidades y problemas. Uno de los peores será una feroz campaña de descalificación en la que participarán el Ejecutivo federal, la mayoría de gobiernos estatales y los partidos rivales, incluyendo una franja no despreciable del PRD. Aunque lo inteligente sería que este instituto y los otros progresistas crearan un frente común para fortalecerse y pasar a la siguiente fase: la elección presidencial de 2018.

 

El éxito de Morena dependerá en buena parte del fracaso de Peña Nieto. Él y su equipo no ganaron con limpieza las elecciones, pero pueden aprovechar el vicio mexicano de vivir optimismos (normalmente infundados) al iniciar un ciclo sexenal. Contarán con los medios electrónicos y el apoyo de la oligarquía para crear la ilusión de recuperación. Otro factor es la suerte del PAN, que está en peligro de colapsar, pero el PRI y el gobierno intentaran evitar que eso suceda para impedir que Morena se adueñe de la oposición. Aún queda un reducto de panistas nada despreciable, que sólo con el apoyo del PRI intentará salvar al blanquiazul.
 

Morena puede tener su gran oportunidad en el factor que he llamado el despertar. Ese fenómeno –por obvio, casi inadvertido por la cátedra– que consiste en un cambio profundo de la consciencia pública: si una parte substancial de la población se reconoce como agente de su propio destino y convierte la resistencia y la inconformidad en organización y en consciencia, Morena puede tener una base social poderosa y convertirse en un verdadero contendiente. Pero AMLO y sus compañeros deberemos cumplir duras tareas de organización y concientización, y cumplir cabalmente los requisitos para inscribirse como partido en el otoño de 2013. Esto supone un enorme trabajo: la creación de comités municipales y su integración en unidades mayores, distritales y estatales, hasta culminar con un aparato nacional con más de un millón de afiliados.

 

No es cualquier reto, sobre todo cuando hay que navegar contra muchos vicios arraigados en lo que vagamente llamamos izquierda: amiguismo, oportunismo, sectarismo, que convirtieron al PRD en confederación de tribus. Además, Morena necesita miles de horas de trabajo voluntario y un formidable desarrollo de la imaginación política y la autodisciplina. Una organización democrática sólo puede prosperar cuando sus miembros renuncian a ganar a como dé lugar. Además, el nuevo partido tendrá la dura prueba de la escasez de recursos, que le sobran a sus adversarios.

joseaorpin@hotmail.com

 

La inconstitucionalidad de la reforma

Néstor de Buen

En estos días en que se han presentado demandas de amparo en contra de la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT), un tema constante es el de si dicha ley es inconstitucional por violentar alguna de las disposiciones del artículo 123. En mi concepto, así es, sobre todo por la ruptura del principio de la estabilidad en el empleo, que constituye, sin duda alguna, una de las características más importantes del propio artículo 123.

 

Efectivamente, la fracción XXII del apartado A del artículo 123 establece la obligación, a cargo del patrón, de asumir la elección del trabajador despedido injustificadamente para que se cumpla el contrato o se le indemnice con tres meses de salario, y si bien es cierto que en el mismo artículo se establece que la ley determinará los casos en que el patrón podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización, en modo alguno se podrá dar ese caso cuando el contrato haya sido celebrado a prueba, para capacitación inicial o por tiempo fijo, dependiendo su conclusión de la santa voluntad del patrón.

En realidad, la Constitución protege como una de sus finalidades más importantes la permanencia de los trabajadores en sus empleos, salvo en los casos en que se den causas justificadas para separarlos. Toda la ley nueva, en cambio, plantea como causas de terminación la simple voluntad del patrón, lo que desde las perspectivas empresariales parece ser considerada la vía para el perfeccionamiento de las relaciones laborales en la medida en que el patrón podrá disponer libremente de la fuerza de trabajo.

Esa posibilidad de que la simple voluntad de una de las partes sea suficiente para dar por concluida una relación laboral, choca con el principio tutelar que se le ha reconocido a la legislación de trabajo y que, aunque con muchos obstáculos en el camino, sigue siendo un elemento esencial del derecho del trabajo.

El pretexto que se invoca es que supuestamente crecerá el empleo, ya que se dan más oportunidades de contratación, aunque se disimule lo precario de esos contratos, que solamente se traducirán en despidos permanentes que habrán de incrementar el desempleo. La consecuencia necesaria será el incremento de la economía informal, que todos sabemos está desprovista de protecciones finales, carece de seguridad social y contribuye de manera evidente a la disminución dramática del nivel de empleo en nuestro país, ya de por sí bastante precario.
 

Se ha planteado, además, si esta reforma laboral habrá de afectar a la burocracia, lo que evidentemente debe ocurrir, ya que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, en lo no previsto por esa ley o por disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad, razón por la cual los tribunales de trabajo federales sí podrán invocar a la nueva LFT en caso de que consideren que están en presencia de una laguna.

 

Por todo ello, me parece que deberán prosperar las demandas de amparo que se han presentado en forma masiva contra la nueva Ley Federal del Trabajo. La justicia federal va a tener una carga de trabajo notable y sólo esperamos que sus resultados sean producto del análisis cuidadoso de los preceptos y no de la vocación patronal que ha caracterizado las tareas del Congreso de la Unión.

 

Queda en el aire la perspectiva acerca del futuro de esta nueva Ley Federal del Trabajo tan mal nacida. En rigor, correspondería a los sindicatos democráticos tomar las iniciativas para hacer efectivas sus protestas. Eso significará huelgas y paros, y a mí me parece que el futuro inmediato de México verá que abundan. De otro modo, confiar en los congresos puede generar ilusiones infundadas. Lo malo van a ser las consecuencias para el empleo de la aplicación de las nuevas normas en el mundo particular y en el burocrático.

Otra pifia-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

Las palabras y los hechos

Guillermo Almeyra

Los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el gobierno nacional pero desde entonces no reconocidos, reconocen a los indígenas chiapanecos algunos derechos muy elementales, pero fundamentales. Su incumplimiento los mantiene en la situación aberrante de ciudadanos de segunda clase, desiguales ante la Constitución (la cual, dicho sea de paso, es violada diariamente y negada para todos los ciudadanos, pero eso es harina de otro costal). El reconocimiento pleno de sus derechos políticos, culturales, sociales, jurídicos por la Constitución, intentado con la Marcha Color de la Tierra, también repararía una injusticia aberrante, poniéndoles al menos en plan de igualdad con los otros jodidos de la tierra mexicana. Luchar por ambos reconocimientos es, por consiguiente, un deber elemental.

 

Eso plantea cómo concretar esa exigencia. ¿Con simples negociaciones con el gobierno masacrador en Atenco? ¿Con exhortaciones morales, ignorando su carácter y su política de clase? ¿Con comunicados, necesarios pero siempre insuficientes? ¿Con manifestaciones masivas que, por imponentes que sean, no bastan para modificar las políticas de gobiernos que saben que son impopulares y no respetan sino la fuerza? ¿O tratando de modificar esa relación de fuerzas entre los trabajadores, los oprimidos y explotados, en la que algunos declararon irresponsablemente cagarse justo antes de Atenco, donde la policía de Peña Nieto demostró que la misma era altamente favorable a la represión?

Para modificarla, es necesario también que muchos de los de abajo modifiquen su visión del mundo, pues comparten las ideas de sus opresores y explotadores y la confianza en el sistema de explotación de los seres humanos por un puñado de capitalistas, no sienten solidaridad con los oprimidos, buscan sus intereses egoístas y se abstienen de luchar políticamente por un cambio social, desertando las urnas o votando por las sanguijuelas de los partidos conservadores, que son anticampesinos, antiindígenas, antiobreros, adversarios de la educación pública y enemigos de la nación, entendida ésta como la mayoría de su población.

El frente de los que resisten al gobierno desde la trinchera social está fragmentado. Tiene, en primera línea, a los comuneros guerrerenses mixes, amuzgos, nahuas y mestizos, que defienden su territorio con las policías comunitarias, elegidas en asamblea, y aplican la justicia de sus tribunales populares a los delincuentes (narcos, violadores, ladrones, violentos de todo tipo) al margen del aparato estatal oficial profundamente infiltrado por esos sectores. Se integra, además, con las decenas de millones de mexicanos que se movilizaron desde antes del fraude de 2006 y después del mismo, hasta el fraude reciente, en nombre de los derechos democráticos y del derecho a elegir, y sólo secundariamente (y no siempre, como en el caso de los #YoSoy132), detrás de un caudillo que los desviaba hacia la estéril vía electoral. Por último militan en ese frente de hecho, aún desorganizado, las decenas de miles de obreros que no están en Morena, sino por una organización política de los trabajadores, germen de un partido obrero independiente, así como las decenas de miles de indígenas chiapanecos de las Cañadas o de jóvenes de sectores urbanos marginales que siguen la otra campaña, inspirada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
 

Cada sector necesita del otro, está condenado a trabajar conjuntamente con él, so pena del fracaso de todos. Ni las bases zapatistas en Chiapas pudieron durante años ganar la mayoría en ese estado, romper el cerco y lograr sus objetivos, ni las enormes movilizaciones por un cambio electoral pudieron evitar tres fraudes descarados sucesivos (1988, 2006, 2012) ni hacer cumplir la ley, ni las movilizaciones sindicales por sí solas y la resistencia heroica, por ejemplo, de los electricistas, pudieron preservar los puestos de trabajo ni hacer cumplir los fallos judiciales, ni la creatividad, abnegación y movilización de los #YoSoy132 lograron resultados tangibles, fuera de un mayor esclarecimiento de las conciencias en sectores más avanzados de las clases medias urbanas. Para no romperse los dedos al golpear, es necesario unirlos en un puño en el que el meñique sigue siendo un meñique y el pulgar un pulgar, pero que, en su conjunto, tiene un impacto muy superior.

 

¿Cómo superar los límites de una dirección que no es anticapitalista y dice querer una república amorosa –con los violadores y asesinos de Atenco o los jefes del narco, se supone? ¿Cómo sacar también de su aislamiento ciego a los indígenas zapatistas de Chiapas e incorporarlos a la lucha de un gran ejército que cambie México y reconozca sus derechos? Con la lucha común por objetivos comunes, discutiendo abierta y fraternalmente las diferencias y el camino a seguir.

 

Los puntos en los que se puede confluir y por los cuales se puede luchar conjuntamente son la conquista del reconocimiento de los acuerdos de San Andrés y de los derechos de los pueblos originarios, el fin de la guerra salvaje del narcoEstado, la liberación de todos los presos sociales y políticos, la depuración, a fondo, con control de la población en cada territorio, de las fuerzas llamadas del orden, la extensión de la autonomía y la autogestión a todos los territorios donde sea posible, con un plan de conjunto y la solidaridad nacional, la defensa del campo con precios de garantía para reducir la emigración, la defensa de los bienes comunes y los recursos de la nación, como el agua o Pemex, un plan destinado a obtener la seguridad alimentaria, eliminando los transgénicos, la defensa y ampliación de la educación pública y la depuración de la misma de gente, como la rectora de la UACM, impuesta a dedo, la solidaridad con los países en lucha contra el imperialismo y con los sectores anticapitalistas de todo el mundo. El enemigo busca fomentar la desunión. Para vencerlo, hay que unirse pese a las diversidades.

 

Cambio y reforma de la Constitución

Arnaldo Córdova

El debate en torno al tema de la reforma de la Constitución es un fenómeno que tiende a ser permanente, por la sencilla razón de que nuestro máximo código político permite su adición o su reforma, no obstante que sigue habiendo quienes consideran que es una Constitución rígida (según el paradigma, bastante antojadizo, de James Bryce). De acuerdo con el artículo 135 de la propia Carta Magna, ella puede ser adicionada o reformada si lo decide el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de las dos cámaras del Congreso de la Unión y tiene la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales. No pone ninguna limitación ni impone excepción alguna para reformarla. Estando a su letra, toda ella puede ser cambiada, siguiendo el procedimiento establecido.

 

Ya en otras ocasiones me he referido al punto: las discusiones en torno al mencionado tema de la reforma o el cambio de la Constitución resultan repetitivas e improductivas. Algunas veces se opina que la misma debe ser cambiada a fondo (Diego Valadés ha llegado a hablar de refundación de la Carta Magna) porque ya no responde a las necesidades del país; otras veces se sigue insistiendo en que se trata de una norma que no es respetada y que en muchas de sus materias no se cumple; también se aventura la hipótesis de que es obsoleta y, asimismo, llega a afirmarse que, así como está, está bien y no debe tocársele. Todo ello pese al hecho evidente de que la Constitución ha sido manoseada hasta el exceso y ya no es, en muchas de sus partes, la misma de 1917. Lleva ya más de 530 modificaciones.

Las opiniones en torno a qué hacer con nuestra Carta Magna, en el fondo, siguen siendo las mismas que por tradición se siguen en México. La mayoría de los juristas, en una perspectiva muy conservadora, piensa que la Constitución no debe cambiarse por otra y, también en una mayoría, juzgan que, antes que cambiarla por otra, debe acabar de cumplirse así como está. Muchos políticos, en cambio, proponen una nueva Constitución y siempre aceptan que mucho de lo que es avanzado en ella debe conservarse. Porfirio Muñoz Ledo ha propuesto, incluso, que la nueva Constitución sea obra de un nuevo Congreso Constituyente al que convoquen todas las fuerzas políticas del país. Eso, ha dicho, le dará a la nueva Carta Magna un nimbo de autoridad.

Para muchos juristas, la Constitución surge de una situación de ruptura social, política y cultural. Todas nuestras constituciones, por ejemplo, han sido originadas por la violencia. Pero se da el caso, también, de constituciones que, siendo fruto de una situación de ruptura, son, empero, resultado de un pacto entre las diferentes fuerzas políticas. Naturalmente que del pacto debe resultar un Congreso Constituyente que elabore la nueva Carta Magna. En realidad, siempre se requiere de un pacto para hacer una nueva Constitución, incluso cuando se sale de una situación de violencia; es más, ella misma no puede sino concebirse como un nuevo pacto en la sociedad, el más alto de todos.

Ahora bien, que la Constitución sea un pacto implica de suyo que será observada y cumplida. Ya como acuerdo vigente, cualquier violación o inobservancia de la misma será considerada (o debiera) como una ruptura del pacto. Lo que da lugar a la idea, de origen russoniano, de que el pacto fundador es un acto en continua renovación y reivindicación. ¿Qué sucede entonces, en una situación como la de México, en que la Constitución es continuamente violada o deja de observarse? Muchas veces se hace, incluso, a través de las leyes, dictando en ellas disposiciones que son contrarias a la Carta Magna, como lo es, por ejemplo, la reciente reforma laboral o diversas disposiciones reglamentarias en materia energética y petrolera.
 

Nuestro insigne constitucionalista, recientemente fallecido, Jorge Carpizo, rechazaba la propuesta de una nueva Constitución por el temor, declarado por él mismo, de que muchas de sus instituciones protectoras, como las de carácter social (artículos 123 y 27 constitucionales), se pudieran perder (entrevista en Enfoque, suplemento del diario Reforma, 5.II.2012). Carpizo nunca dijo por qué pensaba que en una nueva Carta Magna esas instituciones podrían desaparecer, cuando no sólo podrían permanecer, sino que podrían ser, incluso, mejoradas. Nuestros juristas mismos se hacen cargo del hecho de que, por angas o por mangas, nuestra Constitución está continuamente dejando se ser lo que era por las continuas reformas que padece.

 

Muchos de ellos enseñan en sus cátedras y en sus escritos que hay principios esenciales de la Carta Magna que son intocables y que no pueden ser materia de reformas o cambios. Siempre se mencionan las garantías individuales, el principio de soberanía popular, el federalismo, la división de poderes y las garantías procesales de las personas y de los grupos sociales. El insigne maestro Mario de la Cueva era contundente al respecto. Por supuesto que se trata de instituciones que dan sentido a nuestro régimen constitucional.

 

Yo he señalado que no hay nada en nuestra Constitución que no pueda ser cambiado. Tal vez con la única excepción del principio de soberanía popular que establece el artículo 39, todo el resto puede ser modificado y no hay en nuestra Carta Magna un solo artículo que nos diga lo contrario. Ese artículo supone que todo se hace por voluntad del pueblo. Si desapareciera, entonces no tendríamos ya Constitución. Eso quiere decir que podríamos cambiar, incluso, nuestra forma de gobierno. En todo caso, si se ve al artículo 135 a la luz o a través del 39, podrá verse que todas las instituciones de la Carta Magna pueden ser modificadas. La verdad es que no necesitamos de un nuevo Constituyente para hacerlo.

 

Lo que sí vamos a necesitar siempre y en todo momento es el pacto entre todas las fuerzas políticas del país, sin el cual no habrá posibilidad alguna de avanzar en materia de reformas y cambios a nuestro máximo código político. Desde luego que es un problema de mayorías, pero no sólo. Todos deben estar de acuerdo, porque no se trata de una simple ley. Ninguna reforma puede legitimarse por sí sola si hay una sola fuerza que no esté de acuerdo. Por eso, en las cuestiones que son básicas, la derecha entronizada en el poder no recurre a las reformas constitucionales, sino a las reformas de las leyes ordinarias, aunque contradigan los principios de nuestra norma fundamental.

 

Cada vez va siendo más ancha la franja en nuestro sistema jurídico en la que se lleva a la legislación común principios y normas que son abiertamente violatorias de los principios constitucionales. Eso, al mismo tiempo que muchos de nuestros juristas se quejan de que materias reglamentarias que deben estar en las leyes empanzonen nuestra Carta Magna sin razón alguna. A eso se le puede llamar deterioro permanente de nuestro sistema institucional.

 

Que necesitamos una nueva Constitución, ni duda cabe; que no hay necesidad de un nuevo Constituyente, me parece también claro.