ASTILLERO- Sobre la ley antilavado-

Astillero

EPLN declara la guerra

Juegos del hambre

Retomar Las Margaritas

PRI se dice #132(mil)

Julio Hernández López

FESTIVAL EN FAVOR DE LA MARIGUANA. Organizaciones civiles realizaron este domingo un festival en favor de la legalización de la mariguana,en el parque Luis Pasteur, junto al Senado

Foto Jesús Villaseca

 

Perfectamente uniformados en cuanto a objetivos burocráticos y electorales, en ningún silencio sino todo lo contrario, y muy bien pertrechados en términos presupuestales, desfilarán hoy en Las Margaritas, Chiapas, decenas de altos mandos del Ejército Peñista de Legitimación Nacional (EPLN), encabezados por el subteleprómpter Quique, para lanzar un enérgico ¡Ya basta! a la marginación y dar a conocer la primera declaración de la sierra Sedesol, con la que comienzan abiertamente la guerra al hambre y la pobreza de millones de mexicanos.

 

No ha podido la actual administración federal instalar a plenitud sus cuadros operativos y programas distintivos más que en la élite de los organigramas y en la sonoridad mediática, pero ya está volcada en un plan contra la pobreza y una presunta cruzada nacional contra el hambre que a su previsible carga demagógica añade el inevitable e inocultable sentido clientelar con rumbo a las próximas elecciones.

 

Los juegos del hambre, pero no la película dirigida por Gary Ross y basada en The hunger games, la novela escrita por Suzanne Collins, sino la cruzada efectista que corresponde a los guiones de la Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari y que ahora pone en escena la directora Rosario Robles. Jugar con el hambre para aparentar, comprar y dominar. Miles de millones de pesos dedicados a la reorganización social controlada por el ejército izquierdista jefaturado por la trinca integrada por Peña, Salinas y Robles (PeSaR). Cruzada contra los infieles partidistas, en busca de la recuperación de los Santos Lugares electorales y con indulgencias plenas desde Los Pinos para quienes en ella participen.

 

¿Peña Nieto en territorio zapatista, con piñata presupuestal, luego de la reactivación pública protagonizada por desfilantes silenciosos el 21 de diciembre del año pasado y por posteriores comunicados públicos variopintos del subcomandante Marcos? ¿Provocación o arreglo? ¿Incursión a bayoneta calada marca Sedesol o asomo pactado? El pasado 7, regresando de sus injustificadas vacaciones, un tecleador astillado pretendió señalar que la autenticidad de los propósitos transformadores del neozapatismo, y la clave para precisar eventuales entendimientos con el salinismo, habrían de vislumbrarse a partir del tipo de relación que se establezca con el peñanietismo, en particular con la corte de malabaristas de presunta izquierda que bajo la batuta del propio Salinas de Gortari y su secretaria (de Desarrollo Social), Rosario Robles, pretenden crear una red nacional de nuevas alianzas con fuerzas sociales no suficientemente atendidas o emergentes, en un proceso que busca quitar banderas y bases a la izquierda hasta ahora conocida y plantear escenarios plurales para las elecciones intermedias de 2015 y las presidenciales de 2018. (http://bit.ly/13Ug886 ).

 

Haiga de ser como haiga de ser, Peña Nieto encabeza su marcha sin silencio exactamente a un mes de que decenas de miles de zapatistas se manifestaron bajo la lluvia para reinstalarse en el escenario público y el salinismo retoma Las Margaritas a 19 años de la histórica irrupción armada que colocó en el escaparate mundial la figura de Marcos.

 

Ayer, a la hora de cerrar esta columna, se mencionaba que en La retoma de Las Margaritas hablarán el gobernador Manuel Velasco Coello, la secretaria Rosario Robles y el ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto. Tres personas distintas y una simulación verdadera. Velasco es el nuevo gerente de depredación de una entidad largamente saqueada por los antecesores, en especial por el más reciente, Juan Sabines. Chiapas y sus múltiples riquezas están en la mira de Televisión Azteca, el partido Verde Ecologista de México y Televisa. La secretaria Robles, por su parte, es un instrumento de envenenada revancha contra el lopezobradorismo y su nombramiento es en pago por favores ahumados muy conocidos. Y Peña Nieto sigue empecinado en convencer de que así como él se hizo de Los Pinos mediante artes de fabulación mediática cada mexicano podría convencerse de que las cosas pueden cambiar en el país a partir de similares artificios retóricos y propagandísticos. La guerra electoral del hambre.

 

Astillas

 

Los tropiezos en materia de transparencia no han sido solamente los de Peña Nieto a la hora de arriesgarse en el intento de descifrar los profundos enigmas correspondientes a las siglas Ifai. También se ha lastimado la entereza de ese instituto al elegir a su consejero presidente, pues por tres votos contra dos se designó a Gerardo Felipe Laveaga, un ex compañero de Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho al que éste sostuvo como directivo del Instituto Nacional de Ciencias Penales (donde lo había instalado Vicente Fox) y luego lo colocó como consejero del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde con apenas nueve meses de experiencia en el ramo ya fue elevado a la condición de consejero presidente.

 

El calderonismo perdió, en cambio, la batalla que estaba librando contra Gustavo Madero y sus aliados respecto al apoyo del PAN al Pacto por México. A pesar de que la hermana Cocoa había acaudillado una escaramuza de senadores del partido de blanco y azul contra la manera en que el presidente del PAN estaba llevando las relaciones con el peñismo, y específicamente en el tema del mencionado pacto, a la hora del consejo nacional las quejas fueron diluidas, se aprobó la continuación de ese pactismo y, si acaso, se nombró una comisión que dará seguimiento al asunto.

 

#EllosDicenSer132(Mil). Para dar densidad al arranque del proceso que desembocará en su 21 asamblea nacional ordinaria, el PRI ha hecho saber que tiene 132 mil simpatizantes y militantes, y que de entre ellos habrá de elegir a 4 mil 148 delegados que a principios de marzo darán cuerpo a la mencionada reunión cumbre del partido de tres colores.

 

Y, mientras hoy toma protesta pública Barack Obama (con los hispanos en espera de una reforma migratoria), ¡hasta mañana, en espera de los resultados de la interesante consulta sobre parquímetros en la Roma-Condesa!

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Sobre la ley antilavado

Carlos Fazio

Aprobada y promulgada en octubre pasado, a seis semanas de que expirara el sexenio de Felipe Calderón, la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entrará en vigor en julio próximo. La nueva ley tiene dos vertientes. Una toca estrictamente el ámbito financiero y obliga a los bancos y otros intermediarios a detectar e informar a las autoridades de cualquier operación anormal de sus clientes, algo que ya existía, pero que ahora puede llevar a una mayor coordinación interinstitucional e investigaciones más profundas, que eventualmente llegarán al ámbito penal.

 

La otra vertiente trata de operaciones en bienes inmuebles, joyerías, automóviles, blindaje de vehículos, juegos con apuesta y el mercado del arte, donde los estados deberán ocuparse de prevenir las transacciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Más allá de las suspicacias que despertó en su momento –debido a la tardanza que tuvo para su estudio y finalmente la rapidez con que se aprobó en el Senado y fue promulgada por Calderón a dos años de su presentación–, lo más novedoso de la nueva disposición es que, además, hace corresponsables del delito de lavado a bancos, notarías, corredurías públicas, joyerías y quienes realicen operaciones anormales en efectivo y no lo hagan saber a las autoridades.

Resistida por Calderón en el marco de su guerra a las drogas, la demanda de que se debía golpear a los grupos de la economía criminal en lo que más les duele: su patrimonio y capacidad financiera, fue enarbolada por los críticos del modelo, que exhibieron, por ejemplo, lo redituable que resultó a instituciones como la franquicia del HSBC en México realizar presuntas operaciones de lavado de dinero por 7 mil millones de dólares con la subsidiaria en Estados Unidos de ese banco británico, y pagar 387 millones de pesos por las mil 885 multas que les fueron aplicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (por el incumplimiento de disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales entre 2007 y 2008). Cabe consignar que todas las multas se dieron en el ámbito administrativo y a la fecha no se inició proceso penal contra quienes presuntamente participaron en esos ilícitos.

Con antecedentes de ese tipo, es previsible, no obstante, que la ley no servirá para detener el lavado de dinero, ya que si se frena existe el riesgo de inestabilidad financiera, dado que la economía mexicana está narcotizada y es dependiente de esa práctica ilícita, por lo que cualquier forma de fiscalizarla pondría en riesgo la estabilidad del país. Con el agregado de que mucho antes de que se emitiera la nueva ley existía una unidad especializada de la Secretaría de Hacienda y su trabajo fue prácticamente nulo.

No es descabellado suponer que gracias al lavado de dinero México puede tener el nivel actual de reservas internacionales. Si se tratara de cambiar el modelo que combina operaciones entre la economía criminal y la legal, ello mermaría la entrada de capitales y, por tanto, se comprometerían las remesas, la deuda externa, la estabilidad del tipo de cambio y la inflación. Por ello es predecible que la administración de Enrique Peña seguirá haciéndose de la vista gorda, porque afectar esos intereses comprometería al sistema bancario y a la industria, y con ello la propia dinámica del país.
 

A su vez, cada año se confirma que el consumo de cocaína, mariguana, hachís, drogas sintéticas, alucinógenos, metanfetaminas y otras sustancias ilícitas se mantiene y crece en el mundo, a la par que aumenta el poder y la organización de los traficantes. La guerra a las drogas en los países consumidores ricos es más bien aparente. De hecho se da por sentado que las drogas llegaron para quedarse porque son un negocio millonario en dólares y erradicarlas es tan antieconómico como imposible. Por lo que es mejor administrarlas, como ha venido haciendo Estados Unidos, desde que en 1971 el gobierno de Nixon declaró la guerra a las drogas.

 

Eso explica por qué los estupefacientes prohibidos circulan sin mayores sobresaltos en América del Norte y Europa a través de vastas redes de distribución que surten a millones de consumidores. Y por qué, a diferencia de lo que ocurre hoy en México, sus ciudades, calles y campos no son zonas de guerra entre las bandas criminales, ni entre éstas y las policías y menos con las fuerzas militares. Explica, asimismo, la permisividad de sus gobiernos ante un sistema financiero global al que a veces le hacen reclamos simbólicos, pero que en la práctica ha tenido por décadas luz verde para lavar cientos de miles de millones de dólares al año. Un caso ilustrativo de que lo que se busca no es la erradicación sino el abasto controlado de drogas es Afganistán, productor del 80-90 por ciento del opio que se consume en el mundo, hoy virtual narcoestado bajo la intervención de Estados Unidos.

 

¿Qué hacer? De manera paulatina se han venido sumando voces, en particular en naciones afectadas de la periferia, como Uruguay, que claman por un cambio global en el enfoque punitivo a las drogas. Se aboga por políticas que prioricen un enfoque informativo y racional, no alarmista, y que se transite de un mercado criminal a un mercado legal controlado. Y, fundamental, que se pase de un escenario de violencia caótica, horror y muerte a uno de paz y seguridad. En ese contexto, México debería tomar acciones unilaterales tendientes a una legalización regulada, como lo vienen haciendo con éxito desde hace años Holanda, España, Australia y Estados Unidos, y lo han empezado a hacer Uruguay y Guatemala. Un objetivo sería desarticular el actual mercado negro que por naturaleza es selvático, y sustituirlo por opciones legales que hagan inútil la violencia como fórmula de mercadotecnia; que neutralicen la corrupción y que salven miles de vidas que ahora se pierden en una guerra horrorosa y sin límites.

 

 

Dos proyectos sin aclarar

Iván Restrepo

Según personal de la embajada de Azerbaiyán, el conflicto que sostiene con las autoridades de la ciudad de México por la estatua del dictador Heydar Aliyev en el Paseo de la Reforma tiene detenida la inversión que por varios millones de dólares realizaría en varias partes de nuestro país.

 

Entre ellos destaca la renovación de la infraestructura petroquímica en el puerto de Veracruz, así como la creación de 32 bioparques en las zonas desérticas. La embajada sostiene que con esas inversiones se crearían, por lo menos, 5 mil empleos. Cabe entonces preguntar sobre los alcances de ambos proyectos y sus responsables directos. Por un lado a Petróleos Mexicanos y el gobierno veracruzano, y por el otro a las secretarías de Medio Ambiente, Reforma Agraria y Agricultura, con injerencia muy directa en el desarrollo de las zonas áridas.

Convendría también saber en qué ha gastado la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados los más de 200 mil pesos que hasta ahora ha recibido para sus trabajos. Esa cantidad se suma a los diversos apoyos, dietas y prestaciones que cada legislador recibe. La comisión tiene asignados 40 mil pesos mensuales; la preside el contador público Ramón Antonio Sampayo, diputado del PAN por Tamaulipas, y no ha producido dictamen alguno durante la actual legislatura.

En su reciente visita a Tabasco, el presidente Peña Nieto anunció una nueva estrategia para enfrentar las inundaciones que periódicamente azotan dicha entidad. De igual modo, el Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas. En espera de conocer los detalles de esas iniciativas, las autoridades le deben a la ciudadanía un informe de la forma en que se gastaron miles de millones de pesos de, entre otros, el Programa Integral contra Inundaciones, establecido por la anterior administración estatal y federal. Según denuncias, el dinero público no se invirtió en lo que realmente se requería, y en no pocas ocasiones fue a dar a manos de empresas que hicieron mal su trabajo y son propiedad de amigos de funcionarios.

Cabe agregar que en los sexenios panistas abundaron las denuncias por mal manejo de los recursos asignados al Fondo Nacional de Desastres (Fonden), a cargo de la Secretaría de Gobernación. Todo quedó en la impunidad. Igual que la forma discrecional en que en junio de 2007 Emilio González, gobernador de Jalisco (pronto dejará su cargo y las finanzas públicas de la entidad en la bancarrota), extrajo 67 millones de pesos del fondo de imprevistos para realizar un evento televisivo.
 

Finalmente, sería bueno saber el estado que guardan las finanzas del que fue otro de los megaproyectos turísticos sustentables y verdes a más no poder del becario de Harvard: el Centro Integralmente Planeado de la Costa del Pacífico (CIP). Como han denunciado científicos y centros de investigación nacionales y extranjeros, el citado proyecto afectaría de manera irreversible el sistema de manglar más importante del Pacífico mexicano: Marismas Nacionales, catalogado igualmente como una de las reservas naturales más importantes de América. Los estudios y trabajos del CIP están a cargo de Fonatur, entidad de reconocida opacidad y fuente de enriquecimiento para algunos de sus directivos. Según cifras oficiales, del presupuesto asignado para el CIP se han gastado alrededor de 70 por ciento. Pero además adeuda dinero a varias empresas locales contratadas para desarrollar trabajos en los municipios de la región, ubicada en los límites de Nayarit y Sinaloa.

 

Es importante mencionar que el citado megaproyecto tuvo en el sexenio anterior la complacencia de la secretaría responsable de velar por la salud del medio ambiente y los recursos naturales. De cuidar patrimonios tan biodiversos e importantes como Marismas Nacionales. Como documenta muy bien la especialista Sandra Guido, sólo el aporte de nutrientes a la costa que genera este gigantesco ecosistema contribuye al mantenimiento de la elevada productividad pesquera del Golfo de California. Estamos hablando de 72 por ciento del volumen de producción pesquera nacional. En términos económicos, más de la mitad de esa producción. ¿Continuará el apoyo por parte de las nuevas autoridades?