Adeudos por $500 mil millones
Se podrán condonar hasta 80% de impuestos no pagados de 2006 hacia atrás
Favorece tanto a personas como empresas; involucra más de un millón de créditos
Para lograr el beneficio se deberá cubrir
en una sola exhibición 20% del débito
en una sola exhibición 20% del débito
Quienes hayan entablado juicio contra esos gravámenes tendrán que desistirse
Se trata de un millón de créditos fiscales por 500 mil millones de pesos, explica
SAT afina reglas para condonar 80% de impuestos de 2006 atrás
Son gravámenes que no fueron pagados por personas y empresas en ese año y anteriores
Para obtener el beneficio se deberá abonar en una exhibición 20% de los adeudos fiscales
Roberto González Amador
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de enero de 2013, p. 30
Miércoles 16 de enero de 2013, p. 30
Una amnistía fiscal está en puerta. En momentos en que el gobierno federal prepara el terreno para proponer una reforma que aumente los recursos de que dispone el Estado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) afina las reglas para condonar hasta 80 por ciento de impuestos por 500 mil millones de pesos que no han sido pagados por personas y empresas de 2006 atrás.
Se trata de un programa de condonación de adeudos fiscales, que está previsto en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para este año, aprobada por ambas cámaras del Congreso en diciembre pasado, informó Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del SAT, el órgano del Estado responsable de la recaudación de impuestos.
Poco más de un millón de créditos fiscales, que alcanzan un monto de 500 mil millones de pesos, son los que están involucrados en el proceso de condonación de adeudos a contribuyentes morosos, explicó el jefe del SAT.
Para obtener el beneficio, la persona física o empresa deberá pagar en una sola exhibición 20 por ciento de los adeudos fiscales que tenga hasta el 31 de diciembre de 2006. En caso de que se encuentre al corriente de los pagos correspondientes a 2009, 2010 y 2011 el beneficio puede alcanzar hasta 100 por ciento de sus pasivos con el fisco, añadió Núñez Sánchez, al término de una reunión del secretario de Hacienda Luis Videgaray, con reporteros.
Todos los impuestos que pagan empresas y personas son susceptibles de obtener el beneficio de la condonación, abundó.
Todos los contribuyentes que tengan adeudos fiscales de 2006 hacia atrás pueden ser sujetos de la condonación de 80 por ciento del saldo actualizado de la contribución no pagada y hasta de 100 por ciento de los recargos, multas y accesorios, abundó.
Aquellas personas y empresas que han entablado un juicio contra el SAT por una contribución de 2006 hacia atrás, deberán desistir del proceso –y presentar ante el organismo constancia del desistimiento– para obtener los beneficios de la condonación, explicó.
La premisa de trabajo del SAT es que el contribuyente que desea cumplir y viene cumpliendo con sus obligaciones va a tener facilidades para cumplir, añadió. Eso incluye, abundó, facilitar desde el andamiaje administrativo y contable que deben realizar para pagar los impuestos; facilitar los mecanismos de pago y la elaboración de la declaración.
El SAT va a trabajar en hacer más fácil el pago de impuestos para quien está cumpliendo y para quien quiere cumplir, dijo Aristóteles Núñez.
La crisis reciente disparó su número, señala Mirón Lince
Cifras oficiales sólo registran 190 mil en el comercio informal
Canacope: crecimiento desmedido por la anuencia de autoridades
La premisa de trabajo del SAT es que el contribuyente que desea cumplir y viene cumpliendo con sus obligaciones va a tener facilidades para cumplir, añadió. Eso incluye, abundó, facilitar desde el andamiaje administrativo y contable que deben realizar para pagar los impuestos; facilitar los mecanismos de pago y la elaboración de la declaración.
El SAT va a trabajar en hacer más fácil el pago de impuestos para quien está cumpliendo y para quien quiere cumplir, dijo Aristóteles Núñez.
Miles de personas abarrotan la calle de Moneda, en el Centro Histórico, donde realizan compras de fin de año en el comercio informal, el 23 de diciembre de 2012Foto Prometeo Lucero, Jesús Villaseca, María Luisa Severiano y Carlos Cisneros
Laura Gómez Flores
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de enero de 2013, p. 2
Miércoles 16 de enero de 2013, p. 2
En la ciudad de México, un millón 204 mil 46 personas laboran en la informalidad, que se despliega principalmente en zonas de gran afluencia de público: calles, escuelas, hospitales, oficinas, transporte público, estaciones y andenes del Metro, iglesias, parques o jardines. No hay sitio donde no se encuentre un ambulante.
Al inicio de la anterior administración, reconoció Benito Mirón Lince, ex secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, sumaban 983 mil 766 las personas que laboraban en ese subsector de la economía, pero las crisis económica y sanitaria ocurridas entre 2008 y 2009 provocaron que su número creciera en 220 mil 280.
Actualmente –destacó–, “una de cada cuatro personas económicamente activas se encuentra en la informalidad, donde el ambulantaje se ha convertido en la puerta de salida para miles de ciudadanos, sobre todo jóvenes –algunos con estudios profesionales–, a diferencia de lo que podría pensarse, lo cual es muy grave”.
Sin embargo, en el Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip) sólo están registrados 190 mil individuos –16 por ciento del total–, informó el secretario de Gobierno, Héctor Serrano.
No podría decir cuántos son en la ciudad si consideramos los no registrados, porque es una cifra no oficial, y sólo tenemos los que reportan las delegaciones, las cuales tienen la facultad de retirar a los ambulantes de las calles. En el Centro Histórico, por ejemplo, resolvimos el problema con la reubicación de 15 mil ambulantes en 47 plazas comerciales, de las cuales unas 20 son exitosas. dijo.
El director de la Cámara de Comercio en Pequeño de la ciudad de México (Canacope), Enrique Guerrero, denunció que en los pasados 15 años ha crecido de manera exponencial la colocación de puestos fijos o semifijos, la venta en zaguanes y ventanas, en el Metro, camiones y peseros, o de quienes se colocan en un crucero.
La “tolerancia de las autoridades capitalinas no tiene límite y está relacionada con las cuotas o acuerdos partidistas, provocando que la ciudad esté invadida por más de un millón de ambulantes; sólo en la delegación Cuauhtémoc –la tercera más pequeña–, se concentra 10 por ciento de ellos”, aseguró.
Ello –añadió–, sin considerar a los llamados toreros,
que están a la orden del día en el primer cuadro de la ciudad, aun con la presencia de policías, quienes se hacen de la vista gorda para que ofrezcan su mercancía, mucha de ella de origen ilegal, en detrimento de los pequeños negocios.
La posibilidad de ganar, “por muy bajo, dos salarios mínimos –125 pesos diarios– hace más atractiva esta actividad, aunque hay quienes obtienen entre 300 y 500 pesos libres al día, ingresos mensuales superiores a los que obtiene un técnico (5 mil 700), un empleado (4 mil 700) o un guardia de seguridad (6 mil)”, afirmó. Dicha situación ha provocado que cada año cierren 4 mil micro y pequeños comercios. En la anterior administración sumaron 24 mil los negocios que
bajaron la cortina, sobre un padrón de 200 mil, lo que significó la pérdida de empleo para 72 mil personas.
Su retiro del perímetro A del Centro Histórico –dijo– “ha funcionado a medias, porque tenemos toreros todo el día a la caza de espacios; y reubicarlos en plazas tampoco es garantía de que no las convertirán en bodegas y saldrán nuevamente a las calles”.
A seis años de la reubicación, una tercera parte de las plazas comerciales (16) son utilizadas como restaurantes, estacionamientos, cafés Internet y estéticas, así como para la venta de joyas, lámparas y refacciones para fotocopiadoras; hasta una cancha de futbol rápido; otras 12 tienen una ocupación parcial y 19 sí operan como tal.
Sin embargo, señaló Héctor Serrano, se trabajará conjuntamente con las autoridades delegacionales para atender esta problemática en sus jurisdicciones, donde
sólo ellas tienen facultades, y evitar que lugares emblemáticos, como la Alameda o el Monumento a la Revolución, vuelvan a ocuparse por ambulantes.
Considera que hoy es factible convertir en ley los acuerdos de San Andrés
Durante 18 años funcionarios en el poder escucharon sin hacer caso, señala
Ser comisionado para el diálogo con etnias,
riesgo que vale la pena correr
Reactivar el diálogo con el EZLN, meta de Martínez Veloz
Acuerdos de San Andrés, una ley impostergable
Reconoce que su punto de partida es un escenario
–El gobierno, haciendo eco de la descalificación de los acuerdos de San Andrés en su momento, anuló todo ese esfuerzo colectivo que significaron las negociaciones de Larráinzar (de 1995 a 1997). Faltó a su palabra. Creo que hoy es posible que el Estado haga eco de lo que un día se firmó.
que le ha tocado asumir en su carrera política, pero como
Reconoce que su punto de partida es un escenario
–El gobierno, haciendo eco de la descalificación de los acuerdos de San Andrés en su momento, anuló todo ese esfuerzo colectivo que significaron las negociaciones de Larráinzar (de 1995 a 1997). Faltó a su palabra. Creo que hoy es posible que el Estado haga eco de lo que un día se firmó.
–Pero fue un gobierno priísta, el de Ernesto Zedillo, el que faltó a su palabra. Hoy es otro gobierno priísta, el de Peña Nieto. No son otros, son los mismos personajes.
–Es el mismo partido. Hay personalidades que estuvieron en aquel tiempo y que están ahora. Pero hay una diferencia. En 18 años yo hice un esfuerzo para que los funcionarios en el poder escucharan nuestras opiniones en este tema. Yo nunca me alejé de las comunidades, siempre seguí involucrado, atento a sus necesidades.
–Esta comisión no se denomina para el Diálogo en Chiapas, sino para los Pueblos Indígenas. ¿Quiere decir que también va a abordar otros conflictos en otras regiones, como Ostula y Cherán, en Michoacán; Atenco, en el estado de México; las comunidades de la Costa Chica de Guerrero y la seguridad nacional; el Istmo o los triquis en Oaxaca; Wirikuta, en San Luis Potosí... tantos otros focos rojos encendidos?
El bajacaliforniano agrega a la lista –incompleta– uno que le resulta más cercano: los pescadores cucapás y responde.
–Esta comisión reconoce que lo que está pasando en Chiapas tiene repercusiones de carácter nacional y que no puede haber una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas sin una nueva ley. En el fondo... esto no es un problema de cuatro municipios, como muchos lo quisieron ver. Lo que vamos a hacer es un trabajo interinstitucional, intragubernamental, para que las dependencias atiendan los asuntos que les conciernen. Estos compromisos están en el Pacto por México.
sin puentes de comunicacióncon el EZLN. Disiente de quienes piensan que es a los rebeldes chiapanecos a quienes corresponde dar el primer paso y sentarse
yaa negociar. Hoy es el turno del Estado, afirma.
Es desde aquí donde se debe dar el primer paso.
–El gobierno, haciendo eco de la descalificación de los acuerdos de San Andrés en su momento, anuló todo ese esfuerzo colectivo que significaron las negociaciones de Larráinzar (de 1995 a 1997). Faltó a su palabra. Creo que hoy es posible que el Estado haga eco de lo que un día se firmó.
Hablar con todos
un riesgo que vale la pena correr. Su reto es generar condiciones para reactivar la interlocución con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y hacer realidad el primer acuerdo de las fallidas negociaciones de San Andrés Larráinzar, firmadas en 1997: una ley de cultura y derecho para los pueblos indios.
sin puentes de comunicacióncon el EZLN. Disiente de quienes piensan que es a los rebeldes chiapanecos a quienes corresponde dar el primer paso y sentarse
yaa negociar. Hoy es el turno del Estado, afirma.
Es desde aquí donde se debe dar el primer paso.
–El gobierno, haciendo eco de la descalificación de los acuerdos de San Andrés en su momento, anuló todo ese esfuerzo colectivo que significaron las negociaciones de Larráinzar (de 1995 a 1997). Faltó a su palabra. Creo que hoy es posible que el Estado haga eco de lo que un día se firmó.
Hablar con todos
Sin saber siquiera dónde va a despachar, formando apenas un grupo compacto de colaboradores, Martínez Veloz dedica estos días a hablar y concertar ideas con todo tipo de interlocutores –que van desde los partidos políticos, incluido al aún en formación Morena, movimientos sociales, entre ellos el que encabeza Javier Sicilia, y todo un abanico de agrupaciones indígenas, académicos y legisladores, incluyendo a los antiguos integrantes de la extinta Conai (Comisión Nacional de Intermediación), que en su momento encabezó el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García.
Martínez Veloz, bajacaliforniano, considera que sin la movilización de los zapatistas el 21 de diciembre pasado en Chiapas, el tema indígena no hubiera vuelto al centro del debate nacional. El EZLN, una organización a la que admiro por su proceder, fue determinante.
El PRI, que en 1997 faltó a su palabra...
–¿Quiere decir que es posible que el Congreso actual, con mayoría priísta, apruebe aquella ley que en 1997 fue desdeñada por todos los partidos políticos? ¿Que ahora sí es posible la ley, el acuerdo de derechos y cultura indígena?
–Exactamente.–Pero fue un gobierno priísta, el de Ernesto Zedillo, el que faltó a su palabra. Hoy es otro gobierno priísta, el de Peña Nieto. No son otros, son los mismos personajes.
–Es el mismo partido. Hay personalidades que estuvieron en aquel tiempo y que están ahora. Pero hay una diferencia. En 18 años yo hice un esfuerzo para que los funcionarios en el poder escucharan nuestras opiniones en este tema. Yo nunca me alejé de las comunidades, siempre seguí involucrado, atento a sus necesidades.
Nos escucharon, a veces, sin hacernos caso. Mi presencia molestaba. Omito nombres. Ahora, en cambio, es la primera vez que me manda llamar un secretario de Gobernación. Miguel Ángel Osorio Chong lo hizo el 11 de enero. Pidió mi opinión: dije que tenía que haber acciones unilaterales, que tenía que activarse en la legislatura la Cocopa, como un instrumento importantísimo; que había que darle relevancia a la figura del comisionado... nunca pensé que iba a ser yo. Plantee la necesidad de revisar los procesos para excarcelar a los presos zapatistas Francisco Santiz y Alberto Patishtán y la reposición del proceso legislativo de la ley indígena original.
–Esta comisión no se denomina para el Diálogo en Chiapas, sino para los Pueblos Indígenas. ¿Quiere decir que también va a abordar otros conflictos en otras regiones, como Ostula y Cherán, en Michoacán; Atenco, en el estado de México; las comunidades de la Costa Chica de Guerrero y la seguridad nacional; el Istmo o los triquis en Oaxaca; Wirikuta, en San Luis Potosí... tantos otros focos rojos encendidos?
El bajacaliforniano agrega a la lista –incompleta– uno que le resulta más cercano: los pescadores cucapás y responde.
–Esta comisión reconoce que lo que está pasando en Chiapas tiene repercusiones de carácter nacional y que no puede haber una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas sin una nueva ley. En el fondo... esto no es un problema de cuatro municipios, como muchos lo quisieron ver. Lo que vamos a hacer es un trabajo interinstitucional, intragubernamental, para que las dependencias atiendan los asuntos que les conciernen. Estos compromisos están en el Pacto por México.
La década de expoliación panista
Martínez Veloz llega a la entrevista con varias carpetas y copiosa información sobre lo que ocurrió en la
década perdida, después de que la clase política desdeñara la ley indígena pactada. “Mentirosamente se dijo que lo que se pretendía era balcanizar al país, que el garantizar que los pueblos indios de México pudieran gozar el uso y disfrute de las riquezas en sus territorios significaba dejarlos que acapararan esos recursos. ¿Y qué ha pasado en la docena gobernada por el PAN?”
Jaime Martínez Veloz, durante la entrevistaFoto Prometeo Lucero
Muestra cuadros estadísticos que ilustran que hoy la situación de pobreza y explotación en las comunidades indígenas de todo el país son más extremas que en 1997: “De 2000 a 2010 se le entregaron a las empresas mineras 56 millones de hectáreas, una cuarta parte del país. Más de lo que se apropió la colonia española en más de 300 años de dominio. De 1521 a 1830, España extrajo del subsuelo mexicano 192 toneladas de oro. De 2000 a 2010, en 10 años del siglo XXI, se extrajo más del doble... 419 toneladas. Más de 70 por ciento de estas empresas son extranjeras. Y la mayor parte de estas compañías mineras están en terrenos indígenas o ejidales.
Y frente a estos datos, la pobreza en territorios indígenas contrasta brutalmente. Yo pediría, precisamente a quienes denostaron el trabajo realizado por la Cocopa y satanizaron los acuerdos de San Andrés Larráinzar que nos expliquen esta realidad histórica.
–Es decir, hace 18 años los partidos negaron a las comunidades indígenas una ley que protegiera sus derechos sobre esos recursos. Luego llegó el PAN y se produjo esta enorme expoliación de riquezas en los territorios indígenas que describe. Las corporaciones llegaron, ahí están... y parece ser que para quedarse. ¿Cómo van a cumplir esa ley si hoy la realidad es mucho peor de la que era en 1997?
–No estoy en contra de la inversión privada, pero no puede haber un país donde se genere una enorme riqueza y ésta no se quede en una parte proporcional en la nación que se origina.
–Pero para que las trasnacionales accedan a cambiar sus políticas y dejen algo de la riqueza que sacan a los pueblos, ¿qué se necesita? En Bolivia hubo las revoluciones del agua, del gas. En Ecuador hay una nueva constitución, en Venezuela las reinvindicaciones bolivarianas. ¿Y aquí?
–Aquí tenemos el Pacto por México, donde de manera precisa existe el compromiso de que una nueva ley minera deje beneficios en las comunidades de donde extraen sus riquezas.
–¿Acaso veremos algún día a los firmantes del pacto confrontando y exigiendo regalías a las mineras canadienses, a los corporativos internacionales, al Grupo México? Inverosímil.
–Ese es nuestro dilema. Si seguimos por esta ruta en la que la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, no va a haber estabilidad, va a haber nuevas confrontaciones. Sólo construyendo mecanismos de equidad y de reparto justo va a haber estabilidad y prosperidad. Yo confío en que lo que pactaron los tres partidos y el gobierno se va a hacer efectivo. Y es algo que embona con los acuerdos de San Andrés. Hoy sí hay una realidad nacional más grave, más lacerante, pero también hay una serie de consensos que antes no teníamos.
–El capital trasnacional ya entró a los territorios indígenas, ya creó derechos...
–Esta ley no está regateando sus concesiones, pero tienen que tributar, pagar por sus concesiones. De 2005 a 2010 tuvieron utilidades por 52 mil millones de pesos. Y de esos solamente quedaron en México 650 millones, 1.18 por ciento. Nada más.
–Justamente. Tendría que ser muy radical el cambio del gobierno para exigir a estos poderes privados un trato menos inequitativo. Y no se ve por dónde...
–Pero eso ya está pactado. No es asunto de fe. Existe un compromiso.
–¿Cree usted que los firmantes del Pacto por México tienen la fuerza, o la voluntad, de poder exigir un reparto de utilidades más justo? Si de eso ni se habla.
–Por eso digo que hay que construir el mayor número de consensos para lograrlo.
–Hablando de consensos, ¿las comunidades indígenas, incluyendo al EZLN, serían parte del consenso?
–Claro. En la iniciativa de ley se contempla que las comunidades tendrán uso y disfrute de sus riquezas naturales. Esto pasa por el reconocimiento de estos derechos en la Constitución, por una nueva ley minera, por los derechos ejidales. Por sentido común esta brecha tiene que empezar a ser menos grande.
–¿Cómo espera que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional reciba el nombramiento que acaban de darle?
–Para mí, el EZLN es una de las organizaciones más emblemáticas, más convincentes en su proceder. Entre lo que más admiro de ellos es cómo se involucran en la actividad política a partir de sus convicciones de la construcción de un nuevo país. Ellos decidirán cómo reaccionan.
–¿No existe duplicidad de tareas entre esta comisión y la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígena que preside Nuvia Mayorga?
–Ni chocan ni duplican funciones. Nosotros no tenemos nada que ver con la operación de programas. Tenemos que ver con las posibilidades de generación de acuerdos, de consensos, hacer política para construir las condiciones que permitan reanudar el diálogo. Esa es nuestra ruta.
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