Los “criminales” de Córdoba
Familiares de víctimas. Dolor, indignación
Foto: Félix Márquez
Foto: Félix Márquez
La ejecución de cuatro habitantes de Ixhuatlán a manos del Ejército en Córdoba, Veracruz, se perfila como un nuevo caso de prepotencia e incompetencia criminal de las Fuerzas Armadas dedicadas al combate al narcotráfico. Las versiones de los hechos son contradictorias, pero hay indicios de que los cuatro asesinados eran civiles inocentes a quienes los soldados les habrían sembrado armas para cubrir su falta. Las viudas de Ixhuatlán dan su versión a Proceso y exigen que una investigación imparcial limpie el nombre de las víctimas.
IXHUATLÁN DEL CAFÉ, VER. (Proceso).- Del coraje y la tristeza, las viudas de los cuatro hombres asesinados por militares la noche del pasado 28 de diciembre en los alrededores de la funeraria Vélez, en Córdoba, Veracruz, pasan a la indignación y el miedo, toda vez que, según el Ejército y el gobernador Javier Duarte, eran sicarios que pretendían rescatar el cadáver de Ángel Enrique Uscanga, El Pokemón, líder zeta en la entidad.
Son Eva Piña Teodoro y Gabriela Piña, viuda y media hermana, respectivamente, del mecánico Jesús Juárez; Patricia Velázquez, viuda de Luis Vargas Piña; y Javiera Vidal, viuda del taxista José Raúl Fernández Ortiz. La cuarta víctima del 28 de diciembre fue Ángel Piña Teodoro, hermano de Eva, jardinero con empleo temporal en Cleveland y plomero en sus cuatro meses de asueto anual en Ixhuatlán del Café.
Ellas le temen a los soldados y a la posición del gobierno de Duarte, quienes insisten en que los cuatro asesinados “eran sicarios de Los Zetas”.
“Más de mil personas en el pueblo nos acompañaron al sepelio de nuestros esposos. El respaldo fue popular. Sabían que nuestros maridos eran gente de bien, que iban al día en la manutención del hogar y que siempre estuvieron limpios, no andaban en malos pasos”, indican.
“Tenemos miedo, pero no nos podemos quedar así. Queremos que se limpie el nombre de nuestros maridos”, dice Eva Piña y agrega que piensan demandar al Ejército y acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues ya recurrieron a la Comisión Estatal y ahí les dijeron: “Vemos difícil que se les haga justicia”.
El pasado sábado 5 la Procuraduría General de la República (PGR) envió a un grupo de peritos para realizar una inspección frente a la funeraria Vélez, en Córdoba, donde la noche del 28 de diciembre se desató la balacera en la que perdieron la vida los cuatro presuntos sicarios.
La inspección duró dos horas y media, fue realizada en total hermetismo y estuvo custodiada por patrullas de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
También la Procuraduría General de Justicia Militar tomó cartas en el asunto: El martes 8, representantes de esa dependencia visitaron el Centro de Atención Ciudadana para tomar declaración a los oficiales de la Dirección de Tránsito que estuvieron presentes el día del cuádruple asesinato, reportó el periódico El Mundo, de Córdoba.
Juan Vidal, suegro de José Raúl Fernández –El Pinky, como lo conocían los 25 taxistas de Ixhuatlán del Café–, demanda que el gobernador Duarte se retracte y pida una disculpa pública por insistir en que el esposo de su hija y sus amigos eran “delincuentes”.
“Él es el gobernador. Tiene que exigir una investigación; que envíe una comisión a indagar, a preguntar casa por casa en Ixhuatlán, a todo el mundo. En el pueblo conocían a los muchachos, eran gente de bien, apreciados por la comunidad”, expresa.
Ixhuatlán del Café es un pequeño municipio de no más de 20 mil habitantes repartidos en 30 congregaciones. Aunque se encuentra cerca del corredor industrial Córdoba-Orizaba, es una localidad que sólo vive de la siembra y corte de café en la alta zona central montañosa de Veracruz.
Esta cabecera municipal se sacudió el 29 de diciembre cuando en los periódicos locales se publicó que cuatro zetas habían sido muertos por el Ejército luego de intentar el rescate del cadáver de su líder, El Pokemón.
Aunque en los medios no se consignaban los nombres de los presuntos delincuentes, los cafetaleros reconocieron a sus vecinos por las ropas y los rostros.
En la esquina del Palacio Municipal está el sitio de taxis. Ahí se reúnen los choferes, quienes señalan que tenían años de conocer a José Raúl, El Pinky, y a Jesús Juárez, Luis Vargas y Ángel Piña, a quienes les gustaba “echarse sus cervezas y copas”, pero que nunca se habían metido en problemas.
“¡Vienen limpios!”
Las viudas señalan varias irregularidades e inconsistencias en la investigación ministerial 173/2012/111 y en el oficio 7912 de la Procuraduría General de Justicia del Estado enviado a los Servicios Periciales de la procuraduría estatal.
Dicen que nunca se llevó a cabo la prueba de rodizonato de sodio para saber si en verdad sus familiares dispararon y que los vecinos de las calles 5, 6 y 8 de Córdoba –las que rodean la funeraria– afirman que jamás encontraron casquillos de bala en el lugar desde el cual supuestamente le habrían disparado al retén del Ejército.
“Hay un taxista y un vecino que tienen miedo de declarar, temen represalias de los soldados, pero nos aseguran que hubo dos balaceras con un minuto de diferencia. En la primera se dispararon 30 balazos”, explica Eva Piña.
Una de sus sobrinas la interrumpe y consigna que al término del primer tiroteo se escucharon voces de los vecinos: “¡Ya párenle, no traen armas, vienen limpios!”. Entonces un militar gritó: “¡Continúen, hay que acabar con esto!”. Acto seguido vino la segunda lluvia de balas con más de 100 detonaciones.
Eva y Gabriela Piña señalan las incongruencias que revelan las fotografías publicadas por medios locales y que dan pie a sospechar de un montaje: No conciben cómo José Raúl, el chofer del taxi que supuestamente venía a alta velocidad, quedó con medio cuerpo fuera del vehículo. En las fotografías, junto al cuerpo de José Raúl hay un arma larga, aparentemente un fusil AK-47.
Tampoco conciben cómo otro de los cadáveres, el de Jesús Juárez, junto al cual había una pistola, quedó afuera del vehículo en el que supuestamente viajaba.
“Es obvio que sembraron armas y alteraron evidencias”, expresa uno de los familiares.
El jueves 10, en el municipio de Boca del Río, el comandante de la VI Región Militar, Carlos René Aguilar Páez, descartó que el Ejército “siembre armas”. “Entiendo que las familias tienen todo el derecho a limpiar los nombres de sus seres queridos; lo que hay que decir es que debemos atenernos a lo que digan las pruebas”, señaló.
Por ello las viudas de Ixhuatlán del Café viajaron el pasado lunes 7 a Xalapa para presentarse en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y en el Congreso local, y solicitar apoyo en su lucha por “limpiar el nombre de sus maridos”.
Además, asesoradas por abogados del ayuntamiento de Ixhuatlán, solicitan una indemnización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues aseguran que sus maridos eran hombres humildes que con dificultades llevaban la manutención del hogar y que incluso “ni armas sabían usar”.
“Exigimos una investigación a fondo que revele que los agredidos no eran delincuentes; solicitamos la intervención del gobernador, Javier Duarte de Ochoa, para el esclarecimiento del caso. No venimos a decir que los muchachos eran buenos o malos, sólo pedimos que se investigue este caso hasta sus últimas consecuencias, porque nuestros familiares ese día salieron de Ixhuatlán hacia Córdoba para comprar refacciones automotrices. No se vale que estén diciendo que eran sicarios”, señalaron las viudas, quienes agregan que piensan llegar hasta las últimas consecuencias.
Precariedad económica
Los asesinatos de José Raúl Fernández Ortiz, de 28 años; Jesús Juárez y Luis Vargas Piña, de 37; y Ángel Piña, de 32, han dejado a siete niños huérfanos y a tres viudas. “No eran sicarios”, “no merecían morir”, “queremos que se limpie su nombre”, “queremos que se nos haga justicia”, repiten una y otra vez sus familiares.
Javiera Vidal muestra su vivienda en El Crucero, una congregación a ocho kilómetros de la cabecera municipal de Ixhuatlán. El mayor lujo es un piso de concreto, el resto es de láminas, madera y plástico. Adentro hay un pequeño anafre, una sola cama y utensilios de poco valor.
“¿Cómo quieren que creamos que mi yerno era sicario? Mire cómo vivía con mi hija. Claro que José Raúl no andaba en malos pasos, estaba limpio, nosotros tampoco tenemos nada que esconder, aquí vamos a seguir”, insiste Juan Vidal, suegro de El Pinky.
Eva Piña dice que aunque su marido, Jesús Juárez, le dejó el pequeño patrimonio de una modesta refaccionaria, su responsabilidad es grande pues ahora ella tendrá que mantener a sus cuatro hijos.
Las viudas de Ixhuatlán del Café ahora temen por la repercusión psicológica en sus hijos, porque en la televisión y en los periódicos los comunicados gubernamentales aseguran que sus padres eran delincuentes.
“A mi hijo ya le hacían burla en la escuela, que su casa es muy fea. No quiero ni imaginar qué van a decir ahora en el regreso a clases; no faltará el niño que quiera bromear con lo que ha salido en los periódicos”, expresa Patricia Velázquez.
En el panteón municipal las tumbas de los cuatro están llenas de flores. El único momento en el que las viudas dibujan media sonrisa es cuando aluden a que los “difuntos eran muy estimados en el pueblo”.
De las cuatro mujeres sólo Patricia trabaja cortando café; el resto son amas de casa que apenas terminaron la primaria o en el mejor de los casos la secundaria. En voz de Eva y de Javiera, una opción futura para dar sustento a sus hijos será convertirse en sirvientas.
“Son delincuentes”:
Duarte y Ejército
Duarte y Ejército
El miércoles 9 alrededor de 500 personas marcharon en Ixhuatlán para protestar contra los militares. “No merecían morir”, “no eran sicarios”, se leía en las pancartas que llevaban amigos y parientes de los asesinados.
Los manifestantes censuraron también el hecho de que la Sedena y la PGJE hayan difamado a las víctimas boletinándolas como delincuentes.
Y es que el 29 de diciembre la PGJE informó en un comunicado: “Fuerzas del orden repelieron una agresión y abatieron a cuatro delincuentes, quienes intentaban sustraer el cuerpo de Ángel Enrique Uscanga Marín, alias El Pokemón, identificado como líder del grupo delictivo en la región”.
En esa misma tesitura, el gobernador Duarte afirmó que las cuatro personas ejecutadas por militares en la avenida 5, entre las calles 6 y 8 de la ciudad de Córdoba, eran delincuentes.
Entrevistado por la prensa local en el municipio de La Antigua, Duarte desdeñó la protesta de familiares y amigos de las cuatro víctimas: “Tenemos el reporte puntual; ya expresé lo que sucedió y eso es el tema fundamental. Habrá otras voces que digan otras cosas”, justificó.
Notas de la prensa local y testigos aseguran que la noche del enfrentamiento el taxi, cuyos tripulantes al parecer acababan de salir de un bar, habría atropellado a un motociclista en la esquina de la avenida 5 y la calle 4, por lo que el chofer intentó escapar sin percatarse de que el sitio estaba acordonado por militares. Además, en el asiento trasero del taxi había latas de cerveza.
No obstante no hay ningún dato oficial que confirme la existencia de ese supuesto motociclista atropellado.
Esto contrasta con el comunicado gubernamental en el que se asegura que el enfrentamiento ocurrió cuando “sujetos armados dispararon desde un vehículo contra agentes del orden que resguardaban las instalaciones donde se encuentran los cuerpos de cinco supuestos delincuentes abatidos durante un operativo realizado el pasado jueves 27 de diciembre”.
Violencia en Córdoba
Esta zona montañosa no es ajena a la violencia. Apenas el miércoles 2 la comandancia de policía del municipio de Orizaba fue tiroteada, confirmó el alcalde Hugo Chahín, quien además se quejó de que cuatro uniformados fueron golpeados por los hombres armados, que robaron varios cargadores.
“Ya investigamos, basados en un análisis de videos, para tratar de saber quiénes y por qué se perpetró esa agresión que desde luego nos preocupa, pues Orizaba es una ciudad tranquila, y que esto nos llegue a manchar tantito no nos tiene nada contentos”, expresó.
Extraoficialmente circuló la versión de que los autores de la agresión habrían sido militares en represalia porque habrían descubierto a los policías municipales seguirlos en sus actividades y recorridos. Estos datos no fueron confirmados por Chahín.
Apenas en noviembre pasado Proceso (número 1881) publicó un expediente con las declaraciones de tres presuntos integrantes de Los Zetas –Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango– que hablan de una red de complicidades de ese grupo criminal para operar a sus anchas en Córdoba.
En esa red, de acuerdo con lo declarado por los tres detenidos por la Marina, hay empresarios, políticos y funcionarios de la PGJE
“Rosa” y el mundo de la trata de personas; engaños, golpizas, explotación sexual
Sexoservidoras en la Merced.
Foto: a reconoció y en ese momento se hizo pasar como cliente para poder platicar con ella.
Ahí, en la calle, se enteró del infierno que vivió la mujer durante tres meses, desde que dejó su casa en el Estado de México.
Le contó que Gregoria la llevó cerca de un hotel, donde la mantuvo retenida. Rentó un cuarto y la instruyó para que trabajara ahí. Antes, le advirtió que si no aceptaba las condiciones, sería golpeada por otros hombres.
También le platicó que Pedro la amenazaba, la obligaba a prostituirse y la golpeaba si no le entregaba el dinero que obtenía de los clientes, mientras que Tantle Nanco, tía de Pedro, la vigilaba, le decía cómo y cuánto debía pagar por el servicio y le reportaba a su sobrino todos solor: #990000; font-size: large;">El destino puso en su camino a un conocido que la ayudó a denunciar a sus captores Gregoria Tentle Nanco, quien se encargaba de vigilarla y “Pedro” el hombre que, con engaños, la obligó a prostituirse.
El amigo de la víctima pasó un día por las calles donde era obligada a venderse. La reconoció y en ese momento se hizo pasar como cliente para poder platicar con ella.
Ahí, en la calle, se enteró del infierno que vivió la mujer durante tres meses, desde que dejó su casa en el Estado de México.
Le contó que Gregoria la llevó cerca de un hotel, donde la mantuvo retenida. Rentó un cuarto y la instruyó para que trabajara ahí. Antes, le advirtió que si no aceptaba las condiciones, sería golpeada por otros hombres.
También le platicó que Pedro la amenazaba, la obligaba a prostituirse y la golpeaba si no le entregaba el dinero que obtenía de los clientes, mientras que Tantle Nanco, tía de Pedro, la vigilaba, le decía cómo y cuánto debía pagar por el servicio y le reportaba a su sobrino todos sus movimientos.
Durante tres meses, la mujer se vio obligada a alquilar su cuerpo todos los días, bajo amenaza de causar daño a sus familiares si no accedía.
Finalmente, el 6 de enero, cuando la mujer encontró a su amigo quien se hizo pasar por cliente, ya en el hotel ambos acordaron que cuando ella se encontrara con Pedro en el Metro Pantitlán, lo entregarían a la policía.
Así lo hicieron y cuando los policías lo detuvieron, encontraron en su cartera el dinero producto de los “sexoservicios”.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que Tlante Nanco fue llevada al Reclusorio Preventivo Oriente y ahí el Juez 59 Penal la sentenció a 15 años de prisión y a pagar una multa de 934 mil 950 pesos. La sentencia de Pedro aún está pendiente.
México entre los seis países con mayor índice de trata
Junto con Colombia, Perú, Guyana, Guatemala y el Salvador, México es uno de los países de América con mayor incidencia en el delito de trata de personas, según el Reporte Global de Tráfico de Personas 2012, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Peor aún: el 35% del total de mexicanos sometidos a explotación sexual, trabajos forzados o tráfico de órganos, son menores de edad y dos de cada tres son niñas.
Por si fuera poco, el gobierno federal no cuenta con cifras oficiales sobre el número de personas que son sometidas a ese flagelo y tampoco hay organizaciones interesadas en hacer ese trabajo.
La UNODC calcula que alrededor de 20 mil menores son explotados sexualmente, aunque, según la abogada Leticia del Rocío, especialista en el tema, la cifra podría llegar a los 70 mil.
Después del tráfico de drogas y armas, la trata de personas es el negocio ilícito más rentable del mundo y sus víctimas son la mayoría de las veces, niñas, niños y mujeres.
Las ganancias anuales que genera a las redes criminales este delito, van de los 16 mil a los 32 mil millones de dólares según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A escala mundial, según un cálculo de la UNODC basado en una muestra de casos detectados en 132 países, el comercio con niños se ha incrementado de tal manera que 27% de las víctimas del tráfico de personas en 132 países son menores de edad y de ellos dos de cada tres son niñas.
Según el estudio, en América del Norte, Central –incluido México—y el Caribe, se calcula que 51% de las personas explotadas son con fines sexuales, 44% para trabajos forzados, 5% para otros fines como la extracción de órganos o adopciones ilegales.
A pesar de ello, en México son pocas las acciones que se han tomado para prevenir, detectar y castigar este tipo de delitos.
La más reciente fue la promulgación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, sin embargo, a la fecha está pendiente el reglamento que permitiría ponerla en práctica.
Además el reporte de la UNODC destaca que si bien los gobiernos han implementado nuevas medidas políticas y jurídicas para contrarrestar ese mal, hay cientos de casos que no son señalados como trata de personas lo que dificulta la protección de las víctimas y el castigo para los responsables.
Tampoco hay organizaciones que lleven un registro de los casos detectados, porque no es un tema de “suficiente interés” o se toma como esporádico, afirma Mayra Rojas, directora de la organización Infancia Común.
En su opinión el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) debería ser la instancia encargada de estudiar este fenómeno pero en su Ley Orgánica ni siquiera está estipulado que deba realizar esas acciones, lamenta la activista.
Foto: a reconoció y en ese momento se hizo pasar como cliente para poder platicar con ella.
Ahí, en la calle, se enteró del infierno que vivió la mujer durante tres meses, desde que dejó su casa en el Estado de México.
Le contó que Gregoria la llevó cerca de un hotel, donde la mantuvo retenida. Rentó un cuarto y la instruyó para que trabajara ahí. Antes, le advirtió que si no aceptaba las condiciones, sería golpeada por otros hombres.
También le platicó que Pedro la amenazaba, la obligaba a prostituirse y la golpeaba si no le entregaba el dinero que obtenía de los clientes, mientras que Tantle Nanco, tía de Pedro, la vigilaba, le decía cómo y cuánto debía pagar por el servicio y le reportaba a su sobrino todos solor: #990000; font-size: large;">El destino puso en su camino a un conocido que la ayudó a denunciar a sus captores Gregoria Tentle Nanco, quien se encargaba de vigilarla y “Pedro” el hombre que, con engaños, la obligó a prostituirse.
El amigo de la víctima pasó un día por las calles donde era obligada a venderse. La reconoció y en ese momento se hizo pasar como cliente para poder platicar con ella.
Ahí, en la calle, se enteró del infierno que vivió la mujer durante tres meses, desde que dejó su casa en el Estado de México.
Le contó que Gregoria la llevó cerca de un hotel, donde la mantuvo retenida. Rentó un cuarto y la instruyó para que trabajara ahí. Antes, le advirtió que si no aceptaba las condiciones, sería golpeada por otros hombres.
También le platicó que Pedro la amenazaba, la obligaba a prostituirse y la golpeaba si no le entregaba el dinero que obtenía de los clientes, mientras que Tantle Nanco, tía de Pedro, la vigilaba, le decía cómo y cuánto debía pagar por el servicio y le reportaba a su sobrino todos sus movimientos.
Durante tres meses, la mujer se vio obligada a alquilar su cuerpo todos los días, bajo amenaza de causar daño a sus familiares si no accedía.
Finalmente, el 6 de enero, cuando la mujer encontró a su amigo quien se hizo pasar por cliente, ya en el hotel ambos acordaron que cuando ella se encontrara con Pedro en el Metro Pantitlán, lo entregarían a la policía.
Así lo hicieron y cuando los policías lo detuvieron, encontraron en su cartera el dinero producto de los “sexoservicios”.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que Tlante Nanco fue llevada al Reclusorio Preventivo Oriente y ahí el Juez 59 Penal la sentenció a 15 años de prisión y a pagar una multa de 934 mil 950 pesos. La sentencia de Pedro aún está pendiente.
México entre los seis países con mayor índice de trata
Junto con Colombia, Perú, Guyana, Guatemala y el Salvador, México es uno de los países de América con mayor incidencia en el delito de trata de personas, según el Reporte Global de Tráfico de Personas 2012, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Peor aún: el 35% del total de mexicanos sometidos a explotación sexual, trabajos forzados o tráfico de órganos, son menores de edad y dos de cada tres son niñas.
Por si fuera poco, el gobierno federal no cuenta con cifras oficiales sobre el número de personas que son sometidas a ese flagelo y tampoco hay organizaciones interesadas en hacer ese trabajo.
La UNODC calcula que alrededor de 20 mil menores son explotados sexualmente, aunque, según la abogada Leticia del Rocío, especialista en el tema, la cifra podría llegar a los 70 mil.
Después del tráfico de drogas y armas, la trata de personas es el negocio ilícito más rentable del mundo y sus víctimas son la mayoría de las veces, niñas, niños y mujeres.
Las ganancias anuales que genera a las redes criminales este delito, van de los 16 mil a los 32 mil millones de dólares según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A escala mundial, según un cálculo de la UNODC basado en una muestra de casos detectados en 132 países, el comercio con niños se ha incrementado de tal manera que 27% de las víctimas del tráfico de personas en 132 países son menores de edad y de ellos dos de cada tres son niñas.
Según el estudio, en América del Norte, Central –incluido México—y el Caribe, se calcula que 51% de las personas explotadas son con fines sexuales, 44% para trabajos forzados, 5% para otros fines como la extracción de órganos o adopciones ilegales.
A pesar de ello, en México son pocas las acciones que se han tomado para prevenir, detectar y castigar este tipo de delitos.
La más reciente fue la promulgación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, sin embargo, a la fecha está pendiente el reglamento que permitiría ponerla en práctica.
Además el reporte de la UNODC destaca que si bien los gobiernos han implementado nuevas medidas políticas y jurídicas para contrarrestar ese mal, hay cientos de casos que no son señalados como trata de personas lo que dificulta la protección de las víctimas y el castigo para los responsables.
Tampoco hay organizaciones que lleven un registro de los casos detectados, porque no es un tema de “suficiente interés” o se toma como esporádico, afirma Mayra Rojas, directora de la organización Infancia Común.
En su opinión el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) debería ser la instancia encargada de estudiar este fenómeno pero en su Ley Orgánica ni siquiera está estipulado que deba realizar esas acciones, lamenta la activista.
Acosados, extorsionados, asesinados… solos
Fresnos de Puerto Rico. José Luis Villalva, un agente federal, Leopoldo soberanis y Javier Villalba. Recorrido.
Foto: Especial
Foto: Especial
Un ejido de la Tierra Caliente de Guerrero –visitado por Proceso– vive bajo el acoso constante de un grupo armado que se dedica a extorsionar a los ejidatarios… y a matarlos cuando le viene en gana. Según habitantes de la región, esa gavilla –mezcla de banda del crimen organizado con fuerza paramilitar– está protegida por las autoridades de Guerrero. Y cuentan más: que ese pequeño ejército irregular fue fundado por Zeferino Torreblanca cuando era gobernador, para combatir a los remanentes de la guerrilla.
EJIDO FRESNOS DE PUERTO RICO, GRO. (Proceso).- Pese a ser autoridades ejidales reconocidas por los tres niveles de gobierno, los hermanos José Luis y Javier Villalva Sánchez ejercen sus funciones en la clandestinidad.
Ambos fueron amenazados por un grupo paramilitar presuntamente vinculado con los Caballeros Templarios y que, según dicen habitantes de la región, fue creado durante el sexenio del gobernador Zeferino Torreblanca (2005-2011) para exterminar a los grupos guerrilleros que usan el Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur como zona de tránsito.
El grupo de paramilitares, integrado por no más de 10 personas, es dirigido por Serafín Alegre Cortez, a quien le temen los ejidatarios de Fresnos de Puerto Rico y de otras comunidades de este municipio de Ajuchitlán del Progreso por las decenas de crímenes que supuestamente cometió con protección policiaca durante el gobierno de Torreblanca.
Los pobladores de la región sostienen que Alegre también está respaldado por bandas más violentas. “Si me matan van a venir otros más poderosos a acabar con todos ustedes”, suele amenazar.
Desde 2007 los paramilitares extorsionan a la población local y el próximo martes 15 se vence el plazo para que los ejidatarios de Fresnos de Puerto Rico –que viven de la explotación de los bosques– paguen 3 millones de pesos a cambio de no ser asesinados.
Según información que corre en la parte más alta de la sierra de Guerrero, una vez dispersado uno de los grupos guerrilleros de mayor presencia en la región –el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), después de la muerte de Omar Guerrero Solís, Comandante Ramiro, en noviembre de 2009–, Alegre se vinculó con sicarios de los Caballeros Templarios, que se disputan el control de la Tierra Caliente y la Costa Grande con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Los Villalva Sánchez han recurrido a las autoridades civiles y militares para denunciar los hechos. Hasta ahora la indiferencia ha sido la respuesta.
José Luis, de 37 años, y Javier, de 42, presidente y secretario del comisariado ejidal, respectivamente, buscaron el apoyo de la Asociación Ciudadana Defensora de los Derechos Humanos, fundada hace poco tiempo por Leopoldo Soberanis Hernández, empresario exportador de mango y coco originario de Tecpan de Galeana y convertido en activista ante la ola imparable de violencia en la región y debido a los abusos cometidos por integrantes del Ejército contra la población civil.
Acosado por su activismo, desde noviembre de 2012 y beneficiado con medidas cautelares otorgadas por la Secretaría de Gobernación, Soberanis tiene escolta: tres agentes de la Policía Federal.
Guiados por Soberanis y los Villalva, los enviados de Proceso llegan a Fresnos de Puerto Rico; lo hacen por sorpresa, sin previo aviso, tal como las autoridades ejidales acostumbran llegar a este pueblo enclavado en el Filo Mayor. Así lo hacen desde el 15 de septiembre de 2012, cuando por acuerdo de la asamblea de ejidatarios fueron alejados de su pueblo “por seguridad, porque los malandrines no querían tener tratos con nosotros”, dice Javier.
Fresnos de Puerto Rico fue reconocido como ejido en 1964. De sus 4 mil 900 hectáreas, mil 540 son, desde 2011, un área de conservación que se encuentra dentro del programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos de la Comisión Nacional Forestal.
Para llegar a este ejido –muy cercano a los límites con Michoacán– hay una carretera en construcción y de muy difícil tránsito que se inicia en Tecpan de Galeana.
En el ascenso –Fresnos está a 2 mil metros de altura– las diversas tonalidades de verde de las coníferas se interrumpen en las cañadas por grandes áreas de hileras rojas. Son flores de amapola, de cuyos bulbos se extrae la goma de opio, base de la heroína.
Guerrero –en particular el Filo Mayor– es el mayor productor de amapola en el país, reconocido así por la Secretaría de la Defensa. El año pasado, según reporte de la 27 Zona Militar, de enero a octubre se erradicaron de esta región de la sierra más de 24 mil plantíos de amapola.
Ante el abandono del estado, buena parte de los habitantes de la sierra –clasificados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía como de “muy alta marginación”– han visto en la extracción de la goma de opio su fuente de supervivencia.
Protección a paramilitares
Nombrados autoridades ejidales en 2010, cuando llegó la luz eléctrica a este enclave de la sierra, los hermanos Villalva sostienen que buscaron proyectos alternativos, como la explotación racional de los bosques, la producción de aguacate y de plantas medicinales o tratar de proyectar su comunidad, de espectacular belleza, como atractivo turístico.
“Somos necios, no queremos abandonar los proyectos productivos que conseguimos; por eso seguimos viniendo a escondidas”, dice Javier, a quien los paramilitares le quemaron su casa y su tienda aledaña el 2 de septiembre pasado. Ese día él estaba en Chilpancingo y desde meses antes había sacado a su familia del pueblo.
Antes de llegar al valle rodeado de variadas especies de árboles de maderas finas, Javier convoca por radio a una reunión en el comisariado ejidal.
Los pocos hombres que acuden a su llamado no se ven asustados por las armas que portan los guardianes de Soberanis. A lo que le temen es a los paramilitares que los tienen acosados.
Según una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 2 de septiembre de 2011, quien encabeza el grupo es Serafín Alegre Cortez, quien presuntamente recibía del gobierno de Torreblanca “armas, uniformes, radios de comunicación y apoyos económicos” para exterminar al “grupo de encapuchados” dirigidos por el Comandante Ramiro del ERPI.
José Luis Villalva precisa: “Erit Montúfar (exdirector de la Policía Ministerial) y el general retirado Ramón Arreola (exsubsecretario de Seguridad Pública) contrataron a Serafín y a su gente –que se han dedicado a sembrar droga– para matar capuchas (guerrilleros). Les daban 30 mil pesos por cada muerto”.
Esta estrategia duró varios años, asegura el presidente del comisariado ejidal, y en ella participaban policías estatales que transportaban en vehículos oficiales a los paramilitares.
Según el documento entregado a la PGR, del que Proceso tiene copia, los habitantes de la región se enteraron de que Alegre y su grupo “llegaron a cobrar hasta 600 mil pesos por los muertos, de los cuales se supo que muchos fueron gente inocente”.
El escrito presentado en la PGR refiere que en 2007 una columna del Comandante Ramiro emboscó y asesinó en Fresnos de Puerto Rico a Sergio Alegre Cortez y Rosendo Alegre Villegas, hermano y sobrino de Serafín, respectivamente. Desde entonces Serafín y su grupo –a quienes se acusa además de asesinar a los ejidatarios Antonio Arreola Rodríguez el 15 de octubre de 2009 y a José Arreola Cortez el 2 de septiembre de 2012– extorsionan a los ejidatarios. Les han quitado ya más de 1 millón de pesos y exigen que se le depositen otros tres en una cuenta bancaria de Zitácuaro, Michoacán.
“Los ejidatarios nos rendimos ante los criminales, primero por miedo y después porque confirmamos que tenían protección del gobierno del estado. En 2008 fuimos convocados por Arreola y Montúfar a una reunión en la que estuvo ese maleante. Cuando lo vimos, creímos que lo iban a detener porque ya tenía una orden de aprehensión por extorsión. Pero no. Permitieron que nos insultara y al final Arreola nos dijo: ‘Para que los deje en paz, páguenle lo que le deben’. Salimos muy decepcionados”, recuerda José Luis.
Los ejidatarios convocados a la reunión por los hermanos Villalva se obstinan en el silencio. Nadie quiere hablar de cómo los proyectos productivos se han visto estancados por la violencia, de cómo la maquinaria del aserradero que adquirieron para fabricar muebles se va deteriorando, de cómo han dejado de cuidar sus bosques y cultivar sus plantíos de aguacate por miedo a ser asesinados en el camino y de cómo se han visto impedidos de sofocar incendios forestales o evitar la cacería furtiva.
Después de dos horas de permanecer en la comunidad, la escolta de Soberanis ordena la retirada. El activista considera sospechoso que los policías estatales del cuartel que está a unos 800 metros del comisariado ejidal no se hayan acercado a verificar quiénes son los hombres armados –es decir, ellos mismos–, los enviados de Proceso y las autoridades ejidales.
En el descenso del Filo Mayor, cerca de la comunidad de La Laguna, seis hombres a bordo de una camioneta Pathfinder blanca interceptan el vehículo en el que viajan el conductor, la reportera, José Antonio Rivera Rosales –enviado de Contralínea–, Javier Villalva, Leopoldo Soberanis y su escolta.
Morenos rojizos quemados por el sol, los hombres tienen los ojos vidriosos y aparentemente están armados; cinco permanecen en la camioneta mientras otro baja y se acerca a nuestro vehículo.
Éste, de gorra blanca y camisa polo rosa holgada, se acerca a la ventanilla del chofer y al ver al agente armado vestido de civil dice: “¡Vienen bien custodiados! Los vimos desde que subieron en la mañana. Nosotros somos del Número Uno, El Viejón. ¿Ustedes son de los mismos?”.
El chofer y el agente asienten con la cabeza instintivamente y el hombre de ojos vidriosos, tras repasar los rostros de cada uno de nosotros, decide dejarnos ir.
“Es una patrulla del crimen organizado”, comenta después del episodio el agente. “Número Uno y El Viejón son las claves del jefe de la plaza. Querían verificar quiénes éramos. Corrimos con suerte.”
Tres días después de esta visita a Fresnos de Puerto Rico, el 19 de diciembre, 60 hombres armados llegaron a la comunidad a plena luz del día. “Recorrieron los alrededores del pueblo pero no agredieron a nadie. Entre ellos no estaba Serafín Alegre, lo que confirma que está coludido con un grupo más poderoso, y así como la policía no hizo acto de presencia con nosotros, tampoco lo hicieron con ellos”, contaría después Soberanis.
EJIDO FRESNOS DE PUERTO RICO, GRO. (Proceso).- Pese a ser autoridades ejidales reconocidas por los tres niveles de gobierno, los hermanos José Luis y Javier Villalva Sánchez ejercen sus funciones en la clandestinidad.
Ambos fueron amenazados por un grupo paramilitar presuntamente vinculado con los Caballeros Templarios y que, según dicen habitantes de la región, fue creado durante el sexenio del gobernador Zeferino Torreblanca (2005-2011) para exterminar a los grupos guerrilleros que usan el Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur como zona de tránsito.
El grupo de paramilitares, integrado por no más de 10 personas, es dirigido por Serafín Alegre Cortez, a quien le temen los ejidatarios de Fresnos de Puerto Rico y de otras comunidades de este municipio de Ajuchitlán del Progreso por las decenas de crímenes que supuestamente cometió con protección policiaca durante el gobierno de Torreblanca.
Los pobladores de la región sostienen que Alegre también está respaldado por bandas más violentas. “Si me matan van a venir otros más poderosos a acabar con todos ustedes”, suele amenazar.
Desde 2007 los paramilitares extorsionan a la población local y el próximo martes 15 se vence el plazo para que los ejidatarios de Fresnos de Puerto Rico –que viven de la explotación de los bosques– paguen 3 millones de pesos a cambio de no ser asesinados.
Según información que corre en la parte más alta de la sierra de Guerrero, una vez dispersado uno de los grupos guerrilleros de mayor presencia en la región –el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), después de la muerte de Omar Guerrero Solís, Comandante Ramiro, en noviembre de 2009–, Alegre se vinculó con sicarios de los Caballeros Templarios, que se disputan el control de la Tierra Caliente y la Costa Grande con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Los Villalva Sánchez han recurrido a las autoridades civiles y militares para denunciar los hechos. Hasta ahora la indiferencia ha sido la respuesta.
José Luis, de 37 años, y Javier, de 42, presidente y secretario del comisariado ejidal, respectivamente, buscaron el apoyo de la Asociación Ciudadana Defensora de los Derechos Humanos, fundada hace poco tiempo por Leopoldo Soberanis Hernández, empresario exportador de mango y coco originario de Tecpan de Galeana y convertido en activista ante la ola imparable de violencia en la región y debido a los abusos cometidos por integrantes del Ejército contra la población civil.
Acosado por su activismo, desde noviembre de 2012 y beneficiado con medidas cautelares otorgadas por la Secretaría de Gobernación, Soberanis tiene escolta: tres agentes de la Policía Federal.
Guiados por Soberanis y los Villalva, los enviados de Proceso llegan a Fresnos de Puerto Rico; lo hacen por sorpresa, sin previo aviso, tal como las autoridades ejidales acostumbran llegar a este pueblo enclavado en el Filo Mayor. Así lo hacen desde el 15 de septiembre de 2012, cuando por acuerdo de la asamblea de ejidatarios fueron alejados de su pueblo “por seguridad, porque los malandrines no querían tener tratos con nosotros”, dice Javier.
Fresnos de Puerto Rico fue reconocido como ejido en 1964. De sus 4 mil 900 hectáreas, mil 540 son, desde 2011, un área de conservación que se encuentra dentro del programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos de la Comisión Nacional Forestal.
Para llegar a este ejido –muy cercano a los límites con Michoacán– hay una carretera en construcción y de muy difícil tránsito que se inicia en Tecpan de Galeana.
En el ascenso –Fresnos está a 2 mil metros de altura– las diversas tonalidades de verde de las coníferas se interrumpen en las cañadas por grandes áreas de hileras rojas. Son flores de amapola, de cuyos bulbos se extrae la goma de opio, base de la heroína.
Guerrero –en particular el Filo Mayor– es el mayor productor de amapola en el país, reconocido así por la Secretaría de la Defensa. El año pasado, según reporte de la 27 Zona Militar, de enero a octubre se erradicaron de esta región de la sierra más de 24 mil plantíos de amapola.
Ante el abandono del estado, buena parte de los habitantes de la sierra –clasificados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía como de “muy alta marginación”– han visto en la extracción de la goma de opio su fuente de supervivencia.
Protección a paramilitares
Nombrados autoridades ejidales en 2010, cuando llegó la luz eléctrica a este enclave de la sierra, los hermanos Villalva sostienen que buscaron proyectos alternativos, como la explotación racional de los bosques, la producción de aguacate y de plantas medicinales o tratar de proyectar su comunidad, de espectacular belleza, como atractivo turístico.
“Somos necios, no queremos abandonar los proyectos productivos que conseguimos; por eso seguimos viniendo a escondidas”, dice Javier, a quien los paramilitares le quemaron su casa y su tienda aledaña el 2 de septiembre pasado. Ese día él estaba en Chilpancingo y desde meses antes había sacado a su familia del pueblo.
Antes de llegar al valle rodeado de variadas especies de árboles de maderas finas, Javier convoca por radio a una reunión en el comisariado ejidal.
Los pocos hombres que acuden a su llamado no se ven asustados por las armas que portan los guardianes de Soberanis. A lo que le temen es a los paramilitares que los tienen acosados.
Según una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 2 de septiembre de 2011, quien encabeza el grupo es Serafín Alegre Cortez, quien presuntamente recibía del gobierno de Torreblanca “armas, uniformes, radios de comunicación y apoyos económicos” para exterminar al “grupo de encapuchados” dirigidos por el Comandante Ramiro del ERPI.
José Luis Villalva precisa: “Erit Montúfar (exdirector de la Policía Ministerial) y el general retirado Ramón Arreola (exsubsecretario de Seguridad Pública) contrataron a Serafín y a su gente –que se han dedicado a sembrar droga– para matar capuchas (guerrilleros). Les daban 30 mil pesos por cada muerto”.
Esta estrategia duró varios años, asegura el presidente del comisariado ejidal, y en ella participaban policías estatales que transportaban en vehículos oficiales a los paramilitares.
Según el documento entregado a la PGR, del que Proceso tiene copia, los habitantes de la región se enteraron de que Alegre y su grupo “llegaron a cobrar hasta 600 mil pesos por los muertos, de los cuales se supo que muchos fueron gente inocente”.
El escrito presentado en la PGR refiere que en 2007 una columna del Comandante Ramiro emboscó y asesinó en Fresnos de Puerto Rico a Sergio Alegre Cortez y Rosendo Alegre Villegas, hermano y sobrino de Serafín, respectivamente. Desde entonces Serafín y su grupo –a quienes se acusa además de asesinar a los ejidatarios Antonio Arreola Rodríguez el 15 de octubre de 2009 y a José Arreola Cortez el 2 de septiembre de 2012– extorsionan a los ejidatarios. Les han quitado ya más de 1 millón de pesos y exigen que se le depositen otros tres en una cuenta bancaria de Zitácuaro, Michoacán.
“Los ejidatarios nos rendimos ante los criminales, primero por miedo y después porque confirmamos que tenían protección del gobierno del estado. En 2008 fuimos convocados por Arreola y Montúfar a una reunión en la que estuvo ese maleante. Cuando lo vimos, creímos que lo iban a detener porque ya tenía una orden de aprehensión por extorsión. Pero no. Permitieron que nos insultara y al final Arreola nos dijo: ‘Para que los deje en paz, páguenle lo que le deben’. Salimos muy decepcionados”, recuerda José Luis.
Los ejidatarios convocados a la reunión por los hermanos Villalva se obstinan en el silencio. Nadie quiere hablar de cómo los proyectos productivos se han visto estancados por la violencia, de cómo la maquinaria del aserradero que adquirieron para fabricar muebles se va deteriorando, de cómo han dejado de cuidar sus bosques y cultivar sus plantíos de aguacate por miedo a ser asesinados en el camino y de cómo se han visto impedidos de sofocar incendios forestales o evitar la cacería furtiva.
Después de dos horas de permanecer en la comunidad, la escolta de Soberanis ordena la retirada. El activista considera sospechoso que los policías estatales del cuartel que está a unos 800 metros del comisariado ejidal no se hayan acercado a verificar quiénes son los hombres armados –es decir, ellos mismos–, los enviados de Proceso y las autoridades ejidales.
En el descenso del Filo Mayor, cerca de la comunidad de La Laguna, seis hombres a bordo de una camioneta Pathfinder blanca interceptan el vehículo en el que viajan el conductor, la reportera, José Antonio Rivera Rosales –enviado de Contralínea–, Javier Villalva, Leopoldo Soberanis y su escolta.
Morenos rojizos quemados por el sol, los hombres tienen los ojos vidriosos y aparentemente están armados; cinco permanecen en la camioneta mientras otro baja y se acerca a nuestro vehículo.
Éste, de gorra blanca y camisa polo rosa holgada, se acerca a la ventanilla del chofer y al ver al agente armado vestido de civil dice: “¡Vienen bien custodiados! Los vimos desde que subieron en la mañana. Nosotros somos del Número Uno, El Viejón. ¿Ustedes son de los mismos?”.
El chofer y el agente asienten con la cabeza instintivamente y el hombre de ojos vidriosos, tras repasar los rostros de cada uno de nosotros, decide dejarnos ir.
“Es una patrulla del crimen organizado”, comenta después del episodio el agente. “Número Uno y El Viejón son las claves del jefe de la plaza. Querían verificar quiénes éramos. Corrimos con suerte.”
Tres días después de esta visita a Fresnos de Puerto Rico, el 19 de diciembre, 60 hombres armados llegaron a la comunidad a plena luz del día. “Recorrieron los alrededores del pueblo pero no agredieron a nadie. Entre ellos no estaba Serafín Alegre, lo que confirma que está coludido con un grupo más poderoso, y así como la policía no hizo acto de presencia con nosotros, tampoco lo hicieron con ellos”, contaría después Soberanis.
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