Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

jueves, 31 de enero de 2013

ASTILLERO- México, país disonante- Pemex y el nuevo PRI- Privatizar y modernizar

Astillero
SME: portazo judicial
Negociar con Bucareli
Lázaro no anda
Descarta embajada
Julio Hernández López
Foto
DEBATE EN EL IFAI. Los comisionados Ángel Trinidad Zaldívar, Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Felipe Laveaga y María Elena Pérez-Jaen, al terminar la sesión del instituto este miércoles, en sus nuevas instalaciones
Foto Carlos Cisneros
 
La resolución de una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja a los trabajadores pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas en un desamparo jurídico que ahora habrá de derivar hacia Los Pinos y Bucareli, en un desventajoso plano de negociaciones netamente políticas.
 
Un tribunal colegiado de circuito había otorgado el recurso de amparo a los trabajadores para que la Comisión Federal de Electricidad asumiera responsabilidades laborales como patrón sustituto pero ayer, por unanimidad, los ministros integrantes de la segunda sala de la Corte revocaron aquella decisión, establecieron que no hay tal suplencia patronal y dejaron como único camino jurídico para los electricistas el cobro de sus liquidaciones.
 
Aun cuando el golpe al SME forma parte del conjunto de excesos cometidos por el calderonismo, en esta ocasión no hubo las rectificaciones que el peñanietismo ha impulsado en otros casos (el de Cassez, en la propia Corte; el de los generales, a través de la PGR), de tal manera que en términos jurídicos acabaron triunfando las posturas del propio Calderón y de su secretario del trabajo, Javier Lozano Alarcón.
 
El desenlace agrava un problema social y aviva la frustración y enojo de quienes se han sostenido en pie de lucha hasta ahora. La dirección de ese movimiento requiere más que nunca de serenidad y madurez para no permitir que, sembrada o genuina, aparezca la violencia. Especial cuidado debe haber respecto a la marcha que se ha anunciado para hoy, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la capital del país.
 
Aun cuando ayer mismo se informó a los electricistas en resistencia que se explorarán alternativas internacionales en busca de justicia, el cauce más inmediato estará en las pláticas que antes del resolutivo de la Corte ya había adelantado la directiva del SME que se establecerán con la nueva administración federal, con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la cabeza, según esa versión. Un movimiento reivindicatorio, como el del SME, debe establecer negociaciones con los poderes que pueden dar respuesta a sus reclamos, por lo cual la directiva sindical ha tenido acercamientos con el priísmo peñanietista desde antes de las pasadas elecciones presidenciales.
 
En estricto sentido, a Los Pinos le favorece en terrenos pragmáticos la resolución de la Corte, pues podrá proponer ciertas formas de auxilio al SME que en dado caso reditúen ganancia política al priísmo gobernante y presenten al emblema mexiquense como un personaje dispuesto a buscar salidas condicionadas y menores a un problema que él no creó. Quienes han maquinado las jugadas políticas del peñanietismo federal podrían buscar fórmulas compensatorias. Con una victoria judicial en sus manos, el SME sería una consolidada y persistente piedra en el actual zapato gobernante. En cambio, con una definitoria resolución adversa, Bucareli y Los Pinos podrán negociar en condiciones marcadamente dominantes.
 
Lázaro Cárdenas Batel descartó el planteamiento de ser embajador del gobierno peñista en Cuba. Lo hizo luego de que durante semanas se mencionara esa posibilidad en el ámbito gubernamental e incluso se publicara en portales informativos de Internet. Con los relojes políticos anteriores a Internet solía decirse que 24 horas era demasiado tiempo, pero en la era de la inmediatez electrónica el ex gobernador de Michoacán tardó más que eso (casi dos días) para fijar postura respecto a la nota publicada en este periódico (de la que ya había un adelanto en la página de Internet del día anterior) en la que con base en fuentes oficiales se confirmaba el envío de LCB a La Habana.
 
Luego de abundantes críticas y señalamientos (el Astillero del martes habló del Cárdenas legitimador http://bit.ly/VokspC, en un análisis que sigue en pie, si acaso con ajenas complicaciones de organigrama a última hora), Cárdenas Batel emitió una breve carta informativa (http://bit.ly/-WS0qW9) cuya esencia conceptual se reduce a esta frase: No hay tal cosa, en referencia a que lo habían confirmado como embajador.
 
En el marco de confusión y recelo que ha causado el pactismo de cierta izquierda con el PRI y EPN, hubiera resultado muy positivo que LCB fijara términos inequívocos de deslinde respecto al peñismo y que despejara sin sombra de duda cualquier posibilidad de posterior entendimiento o colaboración. Por lo pronto, sólo queda como certeza la volatilidad del presente que, como podría demostrarlo Pero Grullo, es cambiante: (hoy) no hay tal cosa, ¿mañana sí podría haber alguna cosa? (A propósito de perogrulladas, cuya pálida adaptación local podrían ser las frases del Filósofo de Güemez, es de recordarse una de las escritas por Francisco de Quevedo en 1622: Se volará con las plumas,/ andarase con los pies;/ serán seis dos veces tres/ por muy mal que hagas las sumas http://bit.ly/WyBjcX )./
 
¡Uf: qué alivio! Ante una distinguida concurrencia, comprometida con la verdad y la justicia e integrada por diputados del PRI y el Verde Ecologista, el licenciado Peña Nieto ha hecho saber con todas las letras de una especie de teleprompter salido de un corazón nacionalista que es mentira que la reforma energética pretenda privatizar Pemex. Luego de desahogar tan confiable compromiso hubo quienes se preguntaron si el enunciado del entusiasta lic. no estaría confundiendo el significado de las siglas Pemex, como en el caso del Ifai.
 
A propósito del lamentable manejo del quienes por parte de un tecleador astillado para tratar de encubrir su anterior observación de mala leche sobre el desconocimiento institucional de siglas, ha de acogerse al buen uso que, en cambio, hizo ayer mismo el antedicho licenciado en derecho al acusar, obviamente sin mencionarlos, a quienes pretenden engañar a la sociedad propagando que sí hay propósitos privatizadores respecto al Ifamex, perdón, al PemAI; es decir, a Pemex. Hubo una segunda referencia difusa: nos hemos ocupado en reiteradas ocasiones de tener que reafirmar (que no habrá privatización) por aquellos que pretenden engañar o confundir. ¡Hasta mañana!
México, país disonante
Adolfo Sánchez Rebolledo
Sin buscar explicaciones enrevesadas, es obvio que México vive inmerso en una suerte de disonancia permanente. Existe, por decir lo menos, una grieta enorme entre lo que la gente percibe, siente o piensa y las razones que las autoridades (de cualquier tipo) aducen para justificar determinadas conductas o actuaciones.
 
Pongamos por caso, la aplicación de la ley. ¿Puede haber para los mexicanos algo más intrínsicamente engañoso o contradictorio que la justicia? Se presume que vivimos en un estado de derecho, pero buena parte de la población –y no necesariamente sólo la más iletrada– desconfía de la imparcialidad de los jueces y agentes del Ministerio Público pues supone que detrás de cada acusación o cada fallo hay un interés particular, concreto y medible, pero finalmente ilegítimo. La legalidad funciona, se da por sentado, para quien puede comprarla, como si fuera una mercancía más.

La impunidad es la regla de oro que mantiene en orden las piezas del rompecabezas, tan estrechamente asido a las redes del poder, a la desigualdad como expresión permanente de una sociedad rota y enfrentada a sí misma. Esa idea, favorecida por la telaraña de corruptelas que anuda espacios considerables de la vida pública, es tan fuerte y está tan arraigada que eliminarla parece una tarea titánica, incumplible en el lapso de una generación, sobre todo si al mismo tiempo no se reforman los cimientos mismos de la sociedad y si, en vez de promover una pedagogía de la legalidad, algunas figuras públicas e instituciones promueven la crispación y la duda, atizan la sospecha o parten de la ilusión formalista de considerar como dado el estado de derecho, cuando en el mejor de los casos se trata de una aspiración, de un objetivo a alcanzar y no de una realidad incuestionable.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación favoreció hace unos años la legislación que aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, un cardenal salió a decir sin pudor (ni prueba alguna) que los magistrados fueron maiceados, como si poner en duda la verdad moral de una cierta confesión religiosa justificara la obvia difamación. Cada vez que el máximo tribunal se pronuncia sobre un tema importante se cuestionan las intenciones secretas de los jueces, más que las razones jurídicas, normalmente aducidas, también hay que decirlo, sin interés de educar o subir la comprensión media del ciudadano. Paradójicamente, a los magistrados, vistos a partir del sentido común, se les presume puros, ajenos casi a la vida social (despersonalización a la que ellos contribuyen cada vez que se declaran blindados contra las presiones del mundo exterior), pero en cuanto surge una cuestión debatible todo se reduce a descubrir quién está detrás, a quién sirven, en ocasiones siguiendo preguntas nada ingenuas inscritas en el libreto que prescribe cómo hacer de estos bandazos de pasiones confrontadas un juego de presiones políticas a varias bandas, con lo cual se empobrece la escena nacional y se degrada la valoración de la acción de la justicia.
 
De ahí que a la hora de pensar en un acuerdo en lo fundamental, como diría en su tiempo Otero, lo primero que tendría que pactarse en serio y a fondo sería un piso común de respeto ante la ley y los mecanismos de aplicación de la justicia, mejorados y fiscalizados como es natural y necesario. Superar la corrupción, la colusión con los que pagan y mandan, en fin la mímesis con los delincuentes, es hoy un objetivo nacional.
 
¿Puede alguien asombrarse por la reacción ciudadana ante la liberación de la secuestradora Florence Cassez, cuyo caso se convirtió para el gobierno anterior en una cuestión de Estado (sin serlo, pese a las gesticulaciones ridículas de Nicolas Sarkozy), si el asunto del debido proceso irrumpe ante la opinión pública como si fuera una cortina de humo y no el corazón mismo de la justicia? Al parecer, también la Suprema Corte advirtió a posteriori que sus razones no eran lo suficientemente explicativas para satisfacer las inquietudes suscitadas y divulgó una definición que retomo de La Jornada: el debido proceso, escribe, “es el respeto a los derechos de una persona durante un juicio –incluso desde la propia averiguación previa–, plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales, encaminados a la obtención de una resolución equilibrada y justa”.
 
Ese es el nivel en el que estamos. Naturalmente que en México, la promesa contenida en la oferta de debido proceso, suena a quimera, pues es sabido –y sufrido– el infierno al que se ven sometidos los presuntos culpables que pueblan las cárceles, muy a pesar de los avances logrados en materia de derechos humanos. Y, sin embargo, la exigencia de la aplicación estricta del debido proceso es una necesidad ineludible para resolver la trágica situación en la que se encuentran miles de detenidos arbitrariamente, sujetos a procesos que darían vergüenza en otros países. Rectificar en este sentido, hay que reafirmarlo, es la única garantía que tenemos para comenzar a ver el final del túnel, así moleste a los que han hecho de todo esto un mal espectáculo mediático.
 
PD. Seguramente el señor Cristalinas (así se apellida) tiene el tinglado muy en regla para demostrar la transparencia de sus asertos sobre las cuentas de las campañas presidenciales (o habrá que esperar a que los afectados recurran si es necesario al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación). Pero sus conclusiones no nos ahorrarán una nueva vuelta de tuerca a favor de la desconfianza que corroe a las instituciones, incluyendo al IFE. Exonera a quien se le atribuían los mayores excesos y se castiga al que hizo las mayores denuncias. Peligroso juego de espejos. La paradoja envenenada del señor Cristalinas, a querer o no, se instala en el juego político. El árbitro también quiere meter goles.
No es lo mismo que lo mesmo-Rocha
Pemex y el nuevo PRI
Javier Jiménez Espriú
El PRI modificará, dicen sus líderes nominales, los documentos básicos del partido, para estar en condiciones de entregar Pemex y el sector petrolero –o lo que falta– a la iniciativa privada nacional y extranjera. Esto, desde luego, no dicho con tal claridad, sino disfrazado de argumentos falaces, como: para modernizar al sector energético, ir a la pluralidad económica y otras lindezas de igual talante, y evitar la expresión vergonzante de: para adecuarlo a las instrucciones de la oligarquía mundial y nacional y a los compromisos adquiridos sin firma notarial.
 
“Sin que deje de ser nuestro –el petróleo–, lo podemos aprovechar a cabalidad, de forma eficaz y rentable (...) Es absurdo y oneroso, que hoy estemos exportando petróleo crudo a Estados Unidos y compremos gasolina” –¿y las refinerías, apá?–, dice el presidente del PRI, casualmente también ex gobernador del estado de México y, casualmente también, elegido democráticamente.

Y agrega: “Un partido debe tener ideología, pero ésta no debe rayar en el dogmatismo –pausa para asimilar la profundidad del pronunciamiento–. Tenemos una ideología robusta y queremos afirmarla y ponerla al día” –pausa ineficaz para tratar de aclarar la confusión.

La puesta al día no es otra cosa que cambiar los dogmas de la Revolución y la expropiación petrolera, por los dogmas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, confirmados en un amplio documento entregado a Enrique Peña Nieto por la OCDE, titulado Getting it right -así, en inglés-, una agenda estratégica para las reformas en México, como instructivo para su ejercicio de gobierno y recibido públicamente y con particular entusiasmo por el Presidente.

Como botón de muestra de la finalidad del documento, baste una de sus recomendaciones que transcribo: Los compromisos asentados en el Pacto por México de realizar una reforma energética que amplíe la capacidad de exploración y producción de Pemex y facilite la competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, así como el impulso al desarrollo de energías renovables y la eficiencia energética, son muy bienvenidas. ¿Por quién?

Sobre la eficiencia energética dice: “Es la forma más rentable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la seguridad de suministro. Se trata de una elección estratégica no sólo para países importadores de energía, sino también para los exportadores, porque puede liberarse la producción interna de petróleo para la exportación”. Queda claro en beneficio de quién se pretende “incrementar la seguridad de suministro”.
 
Rápidamente y sin tapujos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial manifestó que hay un gran apetito de inversionistas extranjeros para invertir en Pemex; nada más eso faltaba, claro que hay un gran apetito para limpiar Pemex, pero no de la incompetencia de los directivos, la corrupción y la ineficiencia, que es lo que procede, sino para limpiarlo, literalmente.
 
Qué tragedia, que los funcionarios del gobierno mexicano estén tan lejos de “los Sentimientos de la nación” y tan cerca de las instrucciones de los organismos internacionales. Seguramente el PRI borrará de sus documentos básicos, para hacerlos congruentes con la vocación del gobierno, el estorboso dogma de la soberanía.
 
Estamos frente a una nueva traición al movimiento de 1910 –ahora por el partido que engendró– y a la expropiación petrolera. Nuevos documentos básicos, para hacer suya –o suyos los negocios– la propuesta del gobierno anterior panista.
 
La propuesta del PAN era nacionalmente inaceptable, pero ideológicamente entendible, dados los autores de la misma, fieles a su concepción de nación. La del PRI, ahora, sigue siendo igualmente inaceptable desde el punto de vista nacional, pero resulta nauseabunda e ideológicamente reprobable, incluso seguramente hasta para la inmensa mayoría de los priístas. ¿O todos entran por disciplina, sin chistar, a la puesta al día de documentos básicos y de conciencias?
 
En cualquier caso, la solución es fácil: adopten los documentos básicos del PAN y santo remedio. No necesitan cambiar ni las siglas del partido: PRI, Partido Reaccionario Institucional. Con ello harán congruente una reforma educativa también privatizadora; una reforma laboral pactada entre cúpulas, sin tomar en cuenta a los trabajadores; el IVA a alimentos y medicinas, y así… de frente. Sólo faltará considerar el despertar del pueblo para que se le tome en cuenta.
 
Hace algunos meses, algunos amigos y otros no tanto, me acusaron de jacobino, porque cité en un discurso a Maximiliano Robespierre. Ya con la etiqueta, hoy recurro a otra cita del incorruptible revolucionario francés, en un discurso ante su asamblea: Hasta aquí, el arte de gobernar no ha sido otra cosa que el arte de despojar y dominar a la mayoría en provecho de la minoría, y la legislación, el medio de convertir estos atentados en sistema.
¡No traten de hacerlo!
Privatizar y modernizar
Orlando Delgado Selley
Con insistencia, el gobierno de Peña Nieto ha planteado que Pemex debe modernizarse y que, para lograrlo, es indispensable la concurrencia de inversionistas privados. Se argumenta que urge hacerla más eficiente, transparente, eliminando subsidiarias y duplicidades, aprovechando la oportunidad que ofrecen los mercados para incorporar nuevas tecnologías, lo que se conseguiría aceptando que grandes empresas petroleras globales se hagan cargo, por ejemplo, de la extracción de crudo en aguas profundas.
 
Han planteado que, además, esta reforma energética se llevará a cabo este 2013, como está signado por los partidos que acordaron el Pacto por México. Se usa la firma de este Pacto como garantía de que habrá acuerdo parlamentario para modificar la Carta Magna en esta materia. Sin embargo, es claro que entre las distintas fuerzas políticas hay diferencias sustanciales sobre lo que significa modernizar esta paraestatal. La diferencia mayor es que modernizar no necesariamente implica aceptar la participación privada en la industria petrolera.

En la reunión de senadores del PRD, por ejemplo, se ha propuesto dotar a la paraestatal de autonomía de gestión, prohibiendo la inversión privada en el sector. Así que ésta es otra reforma energética. Además, la principal fuerza de las izquierdas electorales ha señalado expresamente su rechazo a la propuesta del gobierno federal. De modo que las garantías que ofrece Peña Nieto a los inversionistas extranjeros no tienen ningún valor.

Los operadores políticos del gobierno esperan que en ambas Cámaras sea posible construir los acuerdos necesarios para lograr la mayoría calificada que demandan los cambios constitucionales: 330 diputados y 87 senadores. Esta mayoría puede lograrse con la participación de los legisladores de Acción Nacional, de modo que no hacen falta legisladores perredistas. La importancia del tema ha llevado a que se recupere la propuesta de que en temas torales para la vida nacional es indispensable consultar a la ciudadanía.

Como acordaron los senadores del PRD habrá que someter a la consideración ciudadana la reforma energética, así como la posible reforma fiscal. Se trata de reconocer que es necesaria la participación de la ciudadanía en decisiones legislativas cruciales. Evidentemente, la bancada priísta considerará que con conseguir los votos necesarios en las Cámaras será posible cambiar la Constitución abriendo Pemex a la inversión privada. Evitarlo implicará que la resistencia que existe se organice adecuadamente y pueda establecer diferentes batallas.
 
Para ello los ciudadanos que aportaron sus votos por la candidatura de López Obrador serán fundamentales. Habrá que convertirlos en una fuerza en movimiento que se despliegue en todo el país y que obligue al Legislativo a aceptar la consulta popular como mecanismo de decisión política no solamente válido, sino indispensable. Para conseguirlo hace falta que las izquierdas se reúnan nuevamente. Separadas no lograrán frenar el impulso privatista del príísmo gobernante.
 
El asunto es verdaderamente decisivo. Si ocurre como con la reforma laboral que lograron imponer, los próximos tiempos estarán determinados por un proyecto peñista, que se propone ser transexenal. Proyecto que, a contrapelo de lo que ocurre en América Latina, mantiene una fidelidad terca a las medidas neoliberales propugnadas por organismos financieros internacionales, particularmente la OCDE. Poco importa que hayan demostrado su incapacidad para detonar un crecimiento económico alto y sostenido.
 
La privatización de Pemex no generará beneficios para el pueblo. Por el contrario, agudizará la profunda desigualdad que caracteriza a nuestro país al permitir que partes sustanciales de los ingresos petroleros queden en manos privadas. Detener el proyecto del gobierno peñista debiera ser de la máxima prioridad para las fuerzas progresistas. De su comprensión y conversión en las acciones necesarias para crear una fuerza social significativa, que se proponga la defensa de Pemex, dependerá el futuro mediato e inmediato del país.

No hay comentarios:

Publicar un comentario