El FBI y la NSA, a juicio en París

Anne Marie Mergier
31 de julio de 2013
Reportaje Especial

Las revelaciones del exanalista de inteligencia Edward Snowden empiezan a tener consecuencias legales: El jueves 11, la Federación Internacional de Derechos Humanos presentó ante el Tribunal de Gran Instancia de París una demanda penal por la intercepción de comunicaciones privadas de internautas franceses. Este recurso permitiría investigar la responsabilidad de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la complicidad de las grandes corporaciones de internet –entre ellas Google, Yahoo! y Facebook– en las violaciones de derechos individuales cometidas por medio del espionaje cibernético.
PARÍS (Proceso).- “Las revelaciones de Edward­ Snowden sobre el programa Prism son terribles. So pretexto de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y el Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos se dotaron de un sistema de acceso a los servidores de las nueve mayores empresas mundiales de comunicación electrónica, que les permite recopilar, analizar y guardar información de carácter privado tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo”, se indigna Patrick Baudouin.
Renombrado abogado francés, presidente honorario de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Baudouin tiene a su cargo las acciones judiciales emprendidas por esta ONG.
Prosigue: “Semejante intromisión en la vida privada de los ciudadanos del planeta es una violación flagrante de las libertades fundamentales y una grave amenaza para la democracia y el estado de derecho. Por esa razón el jueves 11 interpuse una denuncia contra ‘personas desconocidas’ (equivalente a ‘quien resulte responsable’) ante el Tribunal de Gran Instancia de París a nombre de la FIDH y de la Liga Francesa por los Derechos Humanos.
–¿Cuál es el fundamento jurídico de esa demanda?
–Según revelaciones de Edward Snowden al semanario Der Spiegel, la NSA y el FBI interceptaron 2 millones de comunicaciones de internautas franceses. Violar correos electrónicos privados fuera de todo marco legal y usarlos son delitos en Francia. De hecho tipificamos cinco infracciones a nuestro código penal perpetradas por las agencias de inteligencia estadunidenses: acceso fraudulento a sistemas automatizados de datos, captación fraudulenta de datos personales, violación de la privacidad, uso y conservación de registros obtenidos vulnerando la privacidad de las personas y violación de la correspondencia electrónica.
–Su demanda es en contra de personas desconocidas…
–Las denuncias de Snowden nos llevan a considerar que la NSA y el FBI son los autores principales de estas infracciones y que Google, Yahoo!, Apple, Microsoft, Paltalk, Skype, Facebook, YouTube y AOL pueden haber actuado como sus cómplices. Pese a que los directivos de estas multinacionales declaren lo contrario, tengo la íntima convicción de que colaboraron con las agencias de inteligencia estadunidenses. Lo afirman Snowden y numerosos expertos en este campo. Pero le corresponde a la justicia francesa investigar su actuación y descubrir la verdad.
–¿Cree realmente que jueces de instrucción franceses podrán hacer investigaciones en las sedes ultracerradas de la NSA y del FBI e interrogar a sus responsables y agentes?
–Por supuesto que no. Somos lúcidos. En cambio, si logramos que prospere nuestra demanda, los jueces de instrucción podrán investigar a las filiales que los gigantes electrónicos estadunidenses tienen en Francia. Será clave para determinar el papel exacto que jugaron en ese programa Prism y su relación con la NSA y el FBI.
–Esa demanda no debe entusiasmar al gobierno francés.
–Sabemos que vamos a enfrentar muchos obstáculos antes de que oficialmente se abra esa investigación judicial, pero nuestra base jurídica y nuestro expediente son realmente sólidos.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1917 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

Mayor Francisco Pérez, en prisión por cinco testigos protegidos

31. julio, 2013 Nancy Flores / @Nancy_Contra D, Semana, Sociedad

 

Aunque la PGR se ha propuesto “remediar” las pifias de la anterior administración relacionadas con el uso arbitrario de testigos protegidos, no todas las víctimas están en libertad o en vías de estarlo. El caso del mayor de justicia militar Francisco Pérez Chávez –acusado por cinco testigos colaboradores de la SIEDO de supuestamente proteger al Cártel de los Beltrán Leyva– es ejemplo de ello, asegura su familia. Enfermo de diabetes y en un penal de máxima seguridad, espera como último recurso que su caso sea turnado al fuero militar. “Se han violentado gravemente mis derechos humanos”, indica en una carta manuscrita enviada a Contralínea

 

 

 

“Han destruido mi vida y la de mi familia”, señala el militar Francisco de Jesús Pérez Chávez en una carta manuscrita, enviada a Contralínea para que la visibilización de su caso le garantice lo que hasta ahora se le ha negado, indican sus familiares: un juicio justo y apegado a derecho. En la misiva, el mayor de justicia militar asegura que desde su detención, ocurrida en enero de 2008, el sistema judicial mexicano “ha violentado gravemente mis derechos humanos”.

 

Su caso forma parte del cúmulo de juicios iniciados a petición de la Procuraduría General de la República (PGR) en el contexto de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, que aportaron como única o fundamental prueba las declaraciones de testigos colaboradores.

 

Y aunque la nueva administración que encabeza el procurador Jesús Murillo Karam se ha propuesto corregir los excesos en este tema cometidos por el pasado gobierno de Felipe Calderón, el juicio de Pérez Chávez parece no estar en esa situación, advierten sus familiares.

 

Con una evidente limitación de recursos económicos, la defensa del militar ha recaído en sus parientes y en él mismo. Recluido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, ubicado en Jalisco, por delitos que –asegura– no cometió, Pérez Chávez espera que su causa sea remitida al fuero militar. Esto, tras apelar la condena a 25 años de prisión que le dictó el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Jalisco, por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de fomento, bajo la causa penal 59/ 2008.

 

Según la acusación elaborada por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), el militar de rango medio brindó protección al Cártel de los Beltrán Leyva.

 

Como “pruebas”, la PGR aportó las declaraciones de cinco testigos protegidos (uno de ellos, el teniente de arma blindada Pedro Sergio Jonguitud Barragán, con nombre clave Emiliano; los otros: Julio, Karen, César y Juan Galván Lara), un audiocasete y una libreta donde figura el nombre del mayor, misma que a decir de la Procuraduría General de la República es una narconómina.

 

No obstante, en el expediente –al cual se tuvo acceso– consta que las declaraciones de los cinco testigos protegidos fueron de oídas (es decir, ninguno de ellos señaló haber visto directamente al militar cometer actos ilícitos) y que el audiocasete y la libreta no formaron parte de los artículos decomisados el 21 de enero de 2008, durante la detención de Alfredo Beltrán Leyva, alias el Mochomo;?esto último, a pesar de que el supuesto origen de esas pruebas es dicho criminal.

 

Y es que el parte informativo elaborado por Laureano Nabor Hernández y Jaime Enrique Santos Muñoz –elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación que detuvieron al narcotraficante– se enlistan 66 tipos de objetos y artículos confiscados al momento de la detención (armas, numerario, joyería, equipos de radiocomunicación), ninguno de los cuales coincide con las pruebas aportadas por la PGR en contra de Pérez Chávez.

“Es increíble que se me mantenga recluido sin prueba alguna, sólo porque la misma Secretaría de la Defensa Nacional, institución a la cual pertenezco, me relacione con Alfredo Beltrán Leyva sin ninguna prueba, le repito”, indica el mayor de justicia militar en su carta.

 

Agrega: “Supuestamente localizaron una libreta conteniendo mi nombre completo, así como un audiocasete en cuyo contenido se menciona ‘Pérez Chávez’. Esta localización se suscitó supuestamente tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva. Sin embargo esta libreta y este audiocasete nunca quedaron incluidas en la documentación de puesta a disposición [del Ministerio Público] de Beltrán Leyva”.

 

El militar destaca que “la libreta y el audiocasete no se los imputan al mismo Beltrán Leyva, pero sí al suscrito. Hasta la fecha no entiendo por qué motivo me los imputan a mí, si ignoro quién las elaboró (no existe ninguna persona [a la] que se le atribuya su autoría)”.

 

Pérez Chávez también explica que “está acreditado en autos que [Alfredo] Beltrán Leyva no está siendo procesado por ningún delito contra la salud. Entonces, cómo es posible que se me acuse de estos ilícitos. Es decir, si el principal [responsable] no los cometió, mucho menos el partícipe”.

 

 

El drama familiar

A las oficinas de Contralínea acude la madre del mayor Pérez Chávez a entregar la carta y la documentación extraída del expediente, que acredita las afirmaciones del manuscrito. Ha viajado más de 2 horas desde su casa, ubicada en Hidalgo.

 

A ella no le preocupa el cansancio del trayecto ni su salud, sino todo el sufrimiento que enfrenta su hijo: enfermo de diabetes y sin un tratamiento ni alimentación adecuados.

 

El mayor también sabe las penurias de su madre. Al inicio de su misiva, agradece “infinitamente” las atenciones que se le puedan brindar. El drama de la familia inició aquel día de la detención de Francisco de Jesús y parece no terminar.

 

“A mis pequeños hijos no los he visto desde el día de mi detención”, narra en su carta el militar. “No he querido que vengan [a la cárcel] porque ellos siempre vieron una persona honorable en todas mis actividades y más como militar. Ahora no quiero que me vean en estas condiciones tan deplorables.”

 

Los más de 5 años en prisión han repercutido en la educación de sus hijos, pues “han tenido problemas en la escuela porque no me encuentro a su lado”. También en su matrimonio, que ya terminó por decisión de quien fuera su esposa.

 

“Es probable que exista alguna consigna en mi contra, porque es increíble que a pesar de existir infinidad de circunstancias, por no decir pruebas plenas, que acreditan mi inocencia […], estoy siendo procesado sin prueba alguna que demuestre mi involucramiento con grupos delictivos”, indica.

 

“Está documentado en autos (causa penal 99/2008, Juzgado Cuarto de Distrito de Sinaloa) cómo se han violentado gravemente mis derechos humanos”, sentencia Pérez Chávez en su carta.

 

 

 

         

 

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Fuente: Contralínea 345 / julio 2013

 

Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/31/mayor-francisco-perez-en-prision-por-cinco-testigos-protegidos/

Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/31/mayor-francisco-perez-en-prision-por-cinco-testigos-protegidos/

Rajoy: las pruebas lo acorralan

Alejandro Gutiérrez
31 de julio de 2013
Reportaje Especial

El presidente de España, Mariano Rajoy.
Foto: AP

Este jueves, 1 de agosto, el presidente de España, Mariano Rajoy, deberá comparecer ante el Senado, instancia que domina el partido donde milita, el Popular. La oposición política y un sector importante de la sociedad peninsular esperan que el gobernante aclare su presunto involucramiento en una trama de corrupción y de financiamiento ilícito al PP. Las evidencias que han ido conociendo estos días los españoles tienen a Rajoy contra la pared; pero, cobijado por su partido, el jefe del gobierno podría salirse por la tangente y no rendirle cuentas a sus gobernados.
MADRID (Proceso).- Mañana jueves, cuando Mariano Rajoy comparezca ante el Senado español, aún no se conocerá el desenlace judicial del caso Bárcenas –que sigue en fase de instrucción–; sin embargo el presidente del gobierno acude a la cita forzado por la crisis política y con escaso margen para explicar la trama de corrupción y presunto financiamiento ilegal del Partido Popular (PP), que ha gobernado España en tres legislaturas desde el regreso de la democracia.
Durante dos décadas, grandes constructores y empresarios dieron sobornos millonarios al PP a cambio de recibir contratos de obras y servicios en las administraciones de ese partido, confirmó Luis Bárcenas en su declaración ante el juez Pablo Ruz, el lunes 15, y en las cuatro horas de conversación que antes sostuvo con el periodista Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo.
Vinculado con el manejo financiero del PP durante 20 años, primero como gerente y desde 2008 como tesorero, Bárcenas entregaba periódicamente parte de ese dinero como sobresueldos a la cúpula del PP, incluidos Mariano Rajoy (más de 320 mil euros entre 1997 y 2008, más 33 mil euros por otros conceptos) y posiblemente el expresidente José María Aznar (Proceso 1893).
Es el mismo mecanismo que el PP de la era de Aznar utilizó en los noventa con los tesoreros Roberto Naseiro –a quien la justicia también le abrió una investigación por financiamiento ilegal, que fue bloqueada judicialmente– y Álvaro Lapuerta, antecesor de Bárcenas.
Bárcenas puso en manos de Ruz nueve carpetas con amplia documentación y una memoria electrónica con la información de los ingresos y movimientos de por lo menos 8.3 millones de euros que entraron ilegalmente a las arcas del PP.
Además el extesorero confirmó que dentro del PP funcionó una comisión secreta que delineaba las políticas de infraestructura en España a conveniencia de las grandes constructoras, líneas de acción que luego eran plasmadas en su plan de gobierno y ejecutadas en los ayuntamientos y comunidades autónomas o en el gobierno central.
De acuerdo con esa declaración de Bárcenas y con un primer indicio aportado el pasado 29 de mayo en declaración judicial por el empresario Antonio Vilella, apoderado de la constructora Rubau, en dicha comisión secreta participaban él y otros constructores y dirigentes del PP, como Lapuerta y Bárcenas.
Entre 2007 y 2012 dicha comisión fue presidida por Manuel Núñez Pérez, presidente del Tribunal de Cuentas de España, la entidad pública responsable de fiscalizar los presupuestos de los partidos políticos.
Las rogatorias que España giró a Suiza revelaron que el tesorero, en prisión provisional desde el 27 de junio, tenía 48 millones de euros en cuentas bancarias en el país helvético, aunque aún no ha quedado claro si ese monto es sólo de su propiedad o fondos del partido.
Aún falta por indagar, igualmente, sobre las supuestas cuentas que Bárcenas tiene en Estados Unidos y en Uruguay –país al que Ruz pidió investigarlas y bloquearlas– o sus inversiones en Argentina, según los abogados de la acusación particular, Enrique Santiago y Antonio Segura.
Tampoco este jueves 1 de agosto se sabrá aún si las pruebas aportadas hasta ahora serán suficientes para alcanzar a Rajoy, pero conforme se desarrolla la investigación de la Audiencia Nacional y cotidianamente se publican las explosivas revelaciones de Bárcenas, el presidente español está cada vez más atrapado y va quedando clara su responsabilidad política en ese desaseo.
El presidente del gobierno aún no termina las reformas que inició con su llegada a La Moncloa en diciembre de 2011 para reforzar la economía en recesión. Por eso Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se preguntó: “¿Con qué cara se va a dirigir a las instituciones alguien a quien todos reconocen como el presidente de la corrupción?”
En entrevista con la revista Tiempo, Hernando añadió en torno a la moción de censura con la que su partido amagó al ejecutivo para obligarlo a comparecer: “Ésta lo que pretende es recuperar la dignidad de la Cámara (de los Diputados) para evitar que el PP, con su mayoría absoluta, se dedique a rodearla. Queremos desbloquear el Congreso de forma que el presidente tenga que dar explicaciones”.
“¡Que se vayan ya!”, “Barbacoa de chorizos” (como llaman a los rateros), escribían en sus pancartas los cientos de ciudadanos que protestaron con indignación en días pasados en las inmediaciones de la sede del PP, en esta capital. Las manifestaciones se extendieron a 30 ciudades.
En un país donde las reformas de Rajoy han depauperado aún más a la población y no muestran su prometida efectividad para recuperar el empleo, el descontento ciudadano ya es evidente en las encuestas. El Mundo, diario que ha desvelado información toral en el caso, publicó el domingo 21 que 83% de sus encuestados cree que el PP recibía dinero negro y repartía sobres a sus líderes.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1917 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

“Guerra” indiscriminada- Pobreza, jóvenes sicarios y narcoviolencia

“Guerra” indiscriminada

John M. Ackerman
30 de julio de 2013
Análisis

Aparece nuevo grupo de autodefensa en Aquila, Michoacán.
Foto: Enrique Castro

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hoy las balas no solamente se dirigen contra los individuos que solitariamente luchan por hacer justicia a sus familiares caídos, como Marisela Escobedo Ortiz, Nepomuceno Moreno y tantos otros luchadores heroicos, sino que también empiezan a ser utilizadas contra los ciudadanos que de forma colectiva se organizan para defender la paz. La cobarde represión armada a un grupo de civiles que protestaban pacíficamente el lunes 22 en el municipio de Los Reyes, Michoacán, demuestra que con Enrique Peña Nieto hemos pasado a una nueva etapa en la “guerra” contra la inseguridad que es simultáneamente más escalofriante y paradójicamente más esperanzadora que la vivida durante el sexenio de Felipe Calderón.

Los gobiernos federales y locales continúan con la irresponsable y fallida “estrategia” implementada desde 2006. Frente a cualquier problema, envían más militares, policías y armamento para “apaciguar” la zona, lo que de manera predecible solamente genera más violencia y sangre. También continúa la táctica de “decapitación” de importantes narcotraficantes, como el Z-40, por órdenes y a partir de información del gobierno de Estados Unidos. Los exagerados elogios de parte de Barack Obama y Janet Napolitano para Peña Nieto recuerdan la comparación que el presidente estadunidense hiciera en 2010 entre Calderón y el superpolicía Eliot Ness, de los Untouchables.

Lo que llama la atención sobre la coyuntura actual no es la supuesta utilización de “inteligencia” por parte del gobierno de Peña Nieto, sino la valentía y la capacidad de organización de las comunidades asoladas por la violencia. Los manifestantes de Los Reyes pretendían tomar el Palacio Municipal para despedir a los policías corruptos, poner fin a la extorsión y establecer un sistema de autodefensa popular y comunitaria. El miércoles 24, otro grupo logró ocupar la alcaldía de Aquila, Michoacán, y tomar el control sobre la Dirección de Seguridad Pública local en respuesta al total fracaso de las autoridades para mantener el estado de derecho. El mismo día, en Guerrero, pobladores de Xaltianguis bloquearon la carretera Acapulco-México para defender a su Policía Comunitaria del acoso ejercido por el propio Ejército Mexicano, que buscaba desarmarla. También circula un video en redes sociales que expone la estremecedora e inspiradora historia del Consejo Ciudadano de Autodefensa en Tepalcatepec, Michoacán.

Durante el sexenio de Calderón atestiguamos horribles multihomicidios, incluyendo las granadas lanzadas el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, la masacre en Villas de Salvárcar en enero de 2010, y el ataque al Casino Royale en agosto de 2011, entre muchos otros incidentes. Pero hoy los grupos armados no solamente atacan a los ciudadanos que se encuentran en reuniones de esparcimiento, sino también a manifestaciones sociales con demandas específicas.

Fragmento del análisis que se publica en la edición 1917 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

 

Pobreza, jóvenes sicarios y narcoviolencia

Jenaro Villamil
30 de julio de 2013
Análisis

Los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Foto: Youtube.com

MÉXICO, D.F. (apro).- En una escueta y reveladora conferencia de prensa, el procurador general Jesús Murillo Karam informó que los tres presuntos responsables del crimen del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, asesinado en una carretera de Michoacán, presuntamente recibían 7 mil 500 pesos por robar, secuestrar, extorsionar y cometer otros delitos en la entidad.
Son jóvenes sicarios que pertenecen a Los Caballeros Templarios, la denominación del grupo criminal que ha acaparado la atención en los últimos diez días tras los enfrentamientos en Michoacán para repeler la acción de la Policía Federal.
La revelación del procurador general sobre el “salario” y las características de los jóvenes sicarios se produjo el mismo día que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer los datos brutales sobre el avance de la pobreza en México en los últimos seis años, de 2006 a 2012, el mismo periodo de la “guerra frontal” al crimen organizado lanzada por Felipe Calderón.
El fracaso del combate a la pobreza es tan brutal como el de la estrategia para “liberar” a entidades como Michoacán del narcotráfico. En los últimos seis años, según Coneval, ocho de cada 10 mexicanos están pobres (45.5%) o en condiciones de vulnerabilidad cercanas a la pobreza (34.8%).
Los años más violentos del enfrentamiento contra el crimen organizado coinciden con el incremento de la pobreza: de 2010 a 2012 el número de pobres aumentó en 500 mil personas al pasar de 52.8 millones a 53.3 millones de personas, casi la mitad de los 117.3 millones de mexicanos, según los datos del INEGI.
En apariencia, no hay relación entre el crecimiento de la pobreza y el fracaso de la guerra contra el narco. Sin embargo, Coneval advierte en su informe que la población menor de 18 años es la más vulnerable a caer en la pobreza o la pobreza extrema. El 53.2% de esta población (21.2 millones) están en pobreza, en contraste con 45.5% la media nacional.
Del total de niños y adolescentes mexicanos, 12.1 (4.7 millones) están en pobreza extrema), la mayoría de origen indígena.
Del universo total de menores de 18 años, 28.2% de niños no tienen acceso a alimentos; 3.3 millones tienen rezago educativo; 7.8 millones carecen de servicios de salud; 25.8 millones carecen de acceso a la seguridad social; 7.3 millones no tienen acceso a calidad y espacios de vivienda y 9.8 millones carecen de servicios urbanos básicos.
En otras palabras, el Estado neoliberal fracasó rotundamente para darles una oportunidad de presente y de futuro para más de la mitad de las próximas generaciones de los próximos adultos mexicanos.
Frente a este panorama, no es extraño que el crimen organizado encuentre un auténtico “ejército de reserva” en adolescentes dispuestos a convertirse en sicarios, soplones, burros o consumidores de la narcoeconomía que, a la vez, se ha convertido en narcoviolencia y en narcocultura.
El crimen contra el vicealmirante Salazar Ramonet es una fotografía conmovedora y trágica de lo que está sucediendo como causa y efecto de la violencia en Michoacán.
Fueron jóvenes quienes lo asesinaron. Han sido niños y mujeres los que fueron utilizados en las manifestaciones y bloqueos en Michoacán para protestar contra la presencia de la Policía Federal. Precisamente uno de esos bloqueos obligó al vicealmirante Salazar Ramonet a desviar su ruta.
La nota publicada este martes 30 de julio por el periódico Reforma indica que las autoridades michoacanas registraron al menos cinco protestas en diversos puntos de la entidad.
“Una de esas movilizaciones congregó a casi 2 mil personas en el municipio de Arteaga, uno de los bastiones del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
“En esa movilización, niños y mujeres marcharon junto a los hombres del pueblo por las calles principales, mostrando mensajes de rechazo a la Policía Federal”, advierte la crónica de la nota.
Las fotografías publicadas son todavía más elocuentes. Se observan a niños pobres, menores de 10 años, portando cartulinas de colores, con leyendas escritas a mano que reclaman: “PFP arbitrarios y abusivos”.
No estamos ante otra “narrativa” de la lucha contra el crimen organizado. Nos enfrentamos a los efectos perniciosos de una década de neoliberalismo y al surgimiento de un rostro que nunca se quiso ver de la limpieza social.
www.homozapping.com.mx
Twitter: @JenaroVillamil

Cómo dejar de financiar a tu hijo adulto

Elige el momento adecuado y conoce las palabras correctas para hablar acerca de dinero; planea la charla, sé claro y marca fechas límite para dejar de proporcionarle apoyo económico.

Por: Sarah Max |

Viernes, 26 de julio de 2013 a las 15:52

 

Casi la mitad de los adultos de mediana edad en Estados Unidos dieron apoyo financiero a un hijo adulto el año pasado, según el Pew Research Center.

Ya sea que le estés proporcionando alojamiento y comida, que cubras sus gastos de seguros, o le des cheques de forma regular, podrías estar haciendo a tu hijo -por no hablar de ti mismo- un perjuicio en lugar de un beneficio.

"En algún punto, los padres tienen que ayudar a sus hijos a abrir sus alas, incluso si esto significa dejar que fracasen", dice Steve Aucamp, un asesor financiero de Washington, DC

Estas señales pueden ayudarte a hacer que tu dijo deje de depender de ti:

Las reglas del juego

Olvida la culpa. "Querer que tu hijo sea financieramente independiente no es algo malo", dice Susan Ende, coautora de ‘How to Raise Your Adult Children'.

Haz un plan. La mayoría de los expertos dicen que lo mejor es 'destetar' a sus hijos en lugar de cortarles el suministro de golpe. Así que piensa en tus términos antes de abordar el tema.

Elige tu momento. Trata de conjuntar la charla con un evento importante, como una graduación o un nuevo trabajo, dice la experta en dinámica familiar Ruth Nemzoff.

¿No es posible? Programa una charla en lugar de esperar hasta que tu hijo necesite dinero.

Cuando estés cara a cara...

1. Argumento de apertura: "Estamos felices de haber sido capaces de ayudarte en estos últimos años, pero creo que eres capaz de tomar más responsabilidad ahora".

¿Por qué funciona?: "Estás enmarcando esto como un paso positivo hacia adelante, y no lo haces sentir culpable", dice Nemzoff, autora de ‘Don't Bite Your Tongue: How to Foster Rewarding Relationships With Your Adult Children'.

2. Explícate: "Ustedes han sido nuestra prioridad durante años, ahora tenemos que enfocarnos en ahorrar para nuestra jubilación y también queremos que se conviertan en adultos económicamente independientes".

¿Por qué funciona?: Ayuda a tus hijos a entender el panorama general, y van a estar más dispuestos a aceptar la nueva realidad, dice Aucamp. Así que, asegúrate de que sepan por qué no podrás seguir apoyándolos y que tu decisión no es un castigo.

3. Fija los términos: "Creemos que es hora de que pagues tu renta. Para ayudarte a comenzar, vamos a cubrir los próximos tres meses e igualar lo que ahorres hasta 1,000 dólares".

¿Por qué funciona?: Estás indicando exactamente lo que puedes ofrecer en el corto plazo y tus expectativas para el largo plazo. Este enfoque ofrece apoyo -e incentivos- y hace que tu hijo se haga responsable.

¿Y si Junior protesta y dice que no puede hacerlo? Suponiendo que tus términos sean razonables, no vaciles.

4. Dale el regalo de la empatía: "Sabemos que no será fácil. Estaremos aquí cada vez que necesites hablar".

¿Por qué funciona?: "Deja claro que sólo porque estás cortándole el dinero no significa que estés cortando la relación", dice Nemzoff. En lugar de dinero, ofrece consejos cuando se te pidan. Por ejemplo, puedes sugerir recursos para encontrar un compañero de cuarto para dividir la renta o ir con tu hijo a ver los alojamientos más baratos.

5. Enfatiza la fecha límite: "Creemos que tres meses es tiempo suficiente para establecer un colchón de efectivo. Así que, después del primero de noviembre estás por tu cuenta".

¿Por qué funciona?: "La gente se pone a la altura de las circunstancias cuando tiene que hacerlo", dice Ende.

Por supuesto, las fechas límite -al igual que los planes- son buenos sólo si nos atenemos a ellos. "Si tu hijo regresa a casa y tú te abalanzas hacia él con una red de seguridad", añade, "simplemente tendrás que iniciar el proceso de nuevo".

Juez federal exonera a Raúl Salinas de Gortari, pero la PGR apela la sentencia; tribunal tomará la última decisión

Por: Redacción / Sinembargo - julio 31 de 2013 - 11:48Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 7 comentarios

 

Foto: Cuartoscuro

 

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo). – Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, fue exonerado por un Juez Federal por el delito de enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de pesos que le había imputado la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, funcionarios de la PGR revelaron que la institución impugnó la sentencia y presentó la apelación antes de que finalizara el plazo que le concede la ley.

Será un tribunal unitario en materia penal quien defina si ratifica, modifica o revoca la sentencia favorable al hermano del ex Presidente.

Este día se dio a conocer que Carlos López Cruz, Juez 13 de distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, determinó que Raúl Salinas no es “penalmente responsable de la comisión de dicho delito”.

Juan Manuel Gutiérrez también fue exonerado, está acusado del mismo delito, además de peculado y fue señalado por el Ministerio Público de ser el prestanombres de Salinas de Gortari.

El diario Milenio revela tener una copia de la sentencia que fue dictada el pasado 19 de julio.

Además, se resolvió que se tendrán que devolver todos los bienes que le fueron asegurados el 2 de abril de 1996 por orden del juez cuarto de distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.

Al menos 24 inmuebles están en la Ciudad de México, el resto se encuentran en el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Baja California Sur y Puebla.

También la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CCNVB) tiene que descongelar seis cuentas bancarias e igual número de cuentas de cheques

Los policías millonarios… y falsificadores

Anabel Hernández
31 de julio de 2013
Reportaje Especial

Espinosa. Falsos estudios
Foto: Especial

En México hay personas capaces de hacer cualquier cosa para incorporarse a una corporación policiaca y corromperse. Así lo hicieron Armando Espinosa de Benito, exjefe de la División de Investigación de la Policía Federal, y Sergio Quiroz Padilla, excoordinador de Investigación de la misma institución, como lo ha evidenciado Proceso (ediciones 1910 y 1912). Ahora se tienen pruebas de que, además de falsear sus declaraciones patrimoniales, falsificaron sus certificados de estudios. Apenas con la secundaria terminada amasaron inexplicables fortunas, ocuparon puestos clave en el supuesto combate al crimen organizado y sus familiares siguen incrustados en la Policía Federal, evadiendo los controles de confianza.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Armando Espinosa de Benito y Sergio Quiroz Padilla, quienes hasta principios de este sexenio tenían altos cargos en la Policía Federal (PF), no solamente mintieron en sus declaraciones patrimoniales para ocultar la riqueza que obtuvieron injustificadamente; también falsificaron sus certificados de bachillerato para poder ingresar en la institución, donde permanecieron más de una década.
Según el Código Penal Federal la falsificación de documentos oficiales y de información dada a una autoridad, así como la usurpación de grado escolar y de profesión, son delitos que se castigan con cárcel.
Por lo menos desde 1998 el certificado de bachillerato era indispensable para ingresar y permanecer en la Policía Judicial Federal (PJF, que en 2001 se convirtió en AFI). También lo era durante el sexenio de Felipe Calderón para incorporarse a la PF, permanecer en ella y ocupar puestos de alto nivel. Sólo con la falsificación de sus certificados escolares ambos policías pudieron entrar y mantenerse en las corporaciones gracias a las cuales se hicieron millonarios y donde tienen trabajando a sus familiares.
Este semanario denunció la riqueza inexplicable acumulada por Espinosa y Quiroz entre 2005 y 2008 –durante sus encargos en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la PF– así como su ostentoso tren de vida, que no corresponde con sus salarios ni con sus declaraciones patrimoniales (Proceso 1910 y 1912).
 
Protegido de García Luna
 
En averiguaciones previas y declaraciones de los narcotraficantes Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, Espinosa –quien en la PF se hacía llamar Dios y hace décadas era policía de crucero– fue acusado de recibir sobornos a cambio de proporcionarle ayuda e información al crimen organizado.
A la sombra de García Luna en la AFI y la PF, llegó a ocupar cargos importantes en el combate al narcotráfico y al secuestro. Entre 2005 y 2008 acumuló propiedades por más de 37 millones de pesos: tres residencias en Prados Churubusco, dos en Lomas de Cocoyoc y una más en el número 20 de la calle Luarca, colonia Parques del Pedregal en la delegación Tlalpan, donde actualmente vive.
Su esposa, Rebeca Ibarra, y sus hijas, Nora y Rebeca Espinosa Ibarra, ostentaban en las redes sociales su fortuna y lujoso tren de vida. Presumían sus residencias, los pasteles de cumpleaños de sus perros, sus colecciones de bolsas Louis Vuitton, sus constantes viajes a Europa, las visitas frecuentes al salón de belleza de Silvia Galván –el más caro de la Ciudad de México–, todo pagado con el salario del policía. También presumían su asistencia a desfiles de moda de la boutique del diseñador Frattina, sus amistades de la farándula (como la cantante Yuri) y sus fastuosas fiestas de halloween.
El sexenio anterior y abusando de su cargo, Espinosa colocó en la PF a cuatro familiares, entre ellos a sus yernos Erick Friedman y Rafael Navarro. Pese a las revelaciones de Proceso, Friedman sigue en la institución, ahora cobijado por Gustavo Calles Valdés, cuñado de Sergio Quiroz.
Quiroz Padilla siempre estuvo a las órdenes de Espinosa y de Cortés –afirman agentes de la PF consultados por este semanario–, quienes solaparon su alcoholismo, sus excesos, su prepotencia y sus arranques de violencia.
En octubre de 2011 Liliana Hernández, pareja de Quiroz, presentó una demanda en la que lo acusó de haberla golpeado brutalmente y de huir, protegido por policías federales, llevándose como rehén a su hija menor de edad, Heribel.
En 1999 Quiroz era cadenero de los giros negros del grupo Titanium en la Ciudad de México. Ese año decidió ingresar a la PJF, luego convertida en AFI. En 2002 era jefe de departamento en el área de Investigación de Delitos, a las órdenes de Espinosa. Desde entonces se hicieron inseparables.
Espinosa pertenecía al grupo de incondicionales de García Luna, y aunque los demás no lo aceptaban en su selecto círculo, Quiroz siempre se benefició.
Entre 2005 y 2008 acumuló de la nada propiedades por más de 13 millones de pesos: una residencia en Lomas de Cocoyoc y dos en la Ciudad de México, una de ellas en Fuente del Saber 45, fraccionamiento Fuentes del Pedregal, donde actualmente vive. Posee colecciones de motocicletas, de vehículos de lujo y de relojes Rolex y Hublot.
También aprovechó su puesto para colocar a sus familiares en la PF. A su cuñado Gustavo Calles Valdés lo hizo director general de la Coordinación de Servicios Generales, donde también metió como analista a su hermana Victoria; a otra hermana, Edith Concepción, la convirtió en jefa de departamento en la División de Investigación. Todos siguen cobrando en esa institución.
Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1917, actualmente en circulación.

No aterrizan las reformas-contrarreformas del Pacto por Peña

30. julio, 2013 Álvaro Cepeda Neri * Conjeturas

Entre que naufraga o sigue remando en círculos, la canoa bautizada como el Pacto por Peña, que pesca reformas-contrarreformas para llevarlas a tierra, han pasado ya 8 meses del regreso priísta al viejo presidencialismo que los panistas no pudieron llevar a la alternancia y mucho menos empujarlo a la ansiada transición a más democracia, lo cierto es que no logran implantarse como transformaciones estructurales. Emprende el peñismo el vuelo con sus programas y planes; le meten mano a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene más de 700 adiciones, supresiones y agregados; y mientras llega la hora para quitarle al Artículo 27 constitucional la herencia nacionalista del acto cardenista-pueblo de la Expropiación Petrolera de 1938, los mexicanos vemos que no aterrizan las propuestas, más para mal que para bien, del grupo conformado por el Partido de la Revolución Democrática-Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional (PRD-PRI-PAN), en el que el PRI es el partido bisagra para abrir por dentro y por fuera la puerta del Congreso de la Unión.

 

El programa para combatir el hambre-pobreza de sólo 7 millones de mexicanos sigue siendo un discurso, mientras 60 millones de los 118 millones de la población sobreviven en el infierno de todas las carencias. La contrarreforma laboral está marginada por la subcontratación de las empresas que cubren uno o dos miserables salarios mínimos a trabajadores que carecen de servicios médicos y son dados de baja sin ningún derecho. La contrarreforma educativa no ha penetrado en las filas magisteriales ni del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (descabezado por la guillotina de la corrupción sobre el cuello caciquista de Elba Esther Gordillo y el títere Juan Meza) y mucho menos en las de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que ha convertido su oposición en una lucha sin cuartel contra el peñismo.

 

Las derechas del chuchismo-perredista y panista más el eje centrista del priísmo hablan, pactan, se atacan, amenazan con desintegrar el Pacto por Peña, que dejó de ser por México. Así, ese peñismo zozobra en el mar agitado de la inseguridad, con todo y la captura del narco del cártel de Los Zetas. La delincuencia aumenta y ya se apoderó de la capital del país. Robos, secuestros, asaltos, trata de personas, raptos de niños son el santo y seña de todos los días. Y para colmo, el peñismo utilizó el dinero para el gasto en pagar a sus empleados, agudizando la recesión que, sin crecimiento económico de aquí hasta finales de año, asegura una crisis volcánica que puede ir más allá de fumarolas y vomitar revueltas sociales al estilo Brasil, o al estilo mexicano, que suelen desembocar en revoluciones…

 

El peñismo desestima eso, porque tiene a los militares en las calles por si hay que implantar el golpe, pues lo único que aumenta es el Estado policiaco.

 

Hay hambre y sed –otra vez– de justicia, hay hambre y sed de alimentos, hay hambre y sed de escuelas, hay hambre y sed de servicios médicos, hay hambre y sed de que se gobierne en beneficio del pueblo, hay hambre y sed de controlar los poderes fácticos de Televisa, de Slim, de Tv Azteca, y hambre y sed de democracia directa para condicionar a la democracia representativa. El hambre y sed de todo eso hace explosivo al pueblo, que no resiste más.

 

*Periodista

Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/30/aterrizan-las-reformas-contrarreformas-del-pacto-por-pena/

Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/30/aterrizan-las-reformas-contrarreformas-del-pacto-por-pena/

 

“Me los llevé de calle…”

28. julio, 2013 Manrique Caricatura, Caricatura del día

Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/28/me-los-lleve-de-calle/

Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/28/me-los-lleve-de-calle/

Exoneran a Raúl Salinas de enriquecimiento ilícito

Exoneran a Raúl Salinas de enriquecimiento ilícito

El juez 13 de distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal determinó que Salinas no era responsable por el enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de dólares, acusación hecha por la Procuraduría General de la República.

(Foto: Archivo Cuartoscuro)

Un juez federal exoneró a Raúl Salinas de Gortari -hermano del ex presidente de México, Carlos Salinas- del delito de enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de pesos, fincado por la Procuraduría General de la República (PGR).

 

De acuerdo con el diario Milenio, luego de 16 años de litigio, Carlos López Cruz, juez 13 de distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, determinó que Raúl Salinas no es penalmente responsable de la comisión de dicho delito.

 

La PGR responsabilizó al hermano del ex presidente Carlos Salinas de comprar 41 propiedades en nueve estados del país, cuyo origen no pudo justificar cuando era servidor de Conasupo.

 

Además de Salinas, fue exonerado Juan Manuel Gutiérrez, quien fue acusado del mismo delito, además de peculado; esta persona fue señalada por el Ministerio Público federal de ser el prestanombres del hermano del ex presidente de México.

 

En la sentencia dictada el 19 de julio del presente año, se resolvió que los bienes tienen que devolverse a Raúl Salinas, después de que estos fueron asegurados el 2 de abril de 1996 -durante el sexenio de Ernesto Zedillo- por orden del juez cuarto de distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.

 

En el expediente se menciona que 24 de estos inmuebles se localizan en el Distrito Federal corresponden a departamentos, casas y terrenos; otros se ubican en los estados de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Baja California Sur y Puebla.

 

También ordena a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el descongelamiento de seis cuentas bancarias e igual número de cuentas de cheques.

 

El monto original de la acusación por parte de la PGR ascendía a 181 millones de pesos; en 1998 se elevó a 224 millones, tras la presentación de nuevas pruebas.

(Con información de Milenio)