Pobreza vs. voluntad política: ¿quién ganará?
Bien porque el gobierno haya reconocido, por fin, que con los programas asistencialistas no se resolverá la crisis de pobreza en México.
Bien porque Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tenga identificado que la mayor carencia en el país es la social y que se pronuncie por desarrollar una cobertura universal que atienda esta deficiencia en toda la República.
Bien porque la SHCP y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza Rosario Robles Berlanga, se pronuncien por primera vez juntas para trabajar de la mano en el combate a la pobreza, una demanda que hace años les ha venido exigiendo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Bien porque el actual gobierno dé la cara ante el más reciente reporte del Coneval, que es nuevamente apabullante: entre 2010 y 2013, las personas en situación de pobreza en México aumentó de 52.8 a 53.3 millones.
Sin embargo, hasta dónde podrá llegar esta aparente voluntad política expresada por Rosario Robles y Luis Videgaray.
¿Será que la tentación política de usar esos recursos como plataforma electoral pueda ser erradicada de manos de funcionarios del gobierno federal y del resto de los que gobiernan actualmente en estados y municipios?
La Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa insignia en materia de política social del Presidente Enrique Peña Nieto, ya tuvo su primer traspiés el proceso electoral del 7 de julio pasado. Durante las campañas y el día mismo de los comicios llovieron las denuncias por el uso de esos recursos para impulsar las candidaturas, principalmente de los aspirantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ahora al frente del Poder Ejecutivo federal.
Los casos de Veracruz, donde la oposición pidió incluso la cabeza del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, y el de Quintana Roo, donde el mandatario Roberto Borge Angulo pintó de verde, blanco y rojo a toda la entidad, son paradigmáticos. Muestran que si el gobierno federal realmente quiere hacer un trabajo serio en el manejo de esos recursos para el combate a la pobreza, primero debe amarrarles las manos a los gobernantes y sancionar sus estrategias dolosas.
En este sentido, el reto es grande para Robles y Videgaray si es que realmente buscan cumplir las promesas que ayer hicieron en Palacio Nacional.
En 2014, que está ya a la vuelta de la esquina, habrá procesos electorales en seis estados: Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit y Michoacán, donde los ciudadanos elegirán presidentes municipales y diputados locales.
Ni qué decir de 2015, cuando no sólo se renovará la totalidad de los integrantes del Congreso de la Unión sino que habrá comicios locales en Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Distrito Federal (se elegirá a los 16 delegados y al total de los diputados que integran la Asamblea Legislativa), Hidalgo, Jalisco, Morelos y Tabasco. Además, en Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora también se votará por nuevos gobernadores.
Hay mucho en juego para los partidos en los próximos dos años… y ya ni hablamos de las elecciones federales de 2018, por lo que si los titulares de Hacienda y Sedesol van a cumplir su palabra de hacer que el gasto social se convierta en un impulsor de empleos y productividad, para realmente atajar la pobreza y no sólo paliarla, tendrán que enfrentarse también con la corrupción y el uso electoral que actualmente impera.
Lograr esto sería un paso enorme del gobierno de Peña Nieto para reducir la enorme injusticia que implica el que en este país haya 53.3 millones de pobres. Pero, la pregunta queda en el aire: ¿Afrontará el costo político que esto implica?
Fuente: Sin embargo.mx
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