Hubo el año pasado 71 asesinatos diarios, reporta el Inegi
El instituto desglosa cifras de la
guerra contra el crimen organizado
Chihuahua, Edomex y Guerrero, con el mayor número de muertes
La mayoría de las agresiones se cometieron con armas de fuego
En su último año de gobierno se cometieron 71 asesinatos diarios, dice el Inegi
Los homicidios crecieron 150% en el sexenio de Felipe Calderón
Juan Carlos Miranda
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de julio de 2013, p. 5
Miércoles 31 de julio de 2013, p. 5
El número de homicidios en México subió casi 150 por ciento en el sexenio de Felipe Calderón, en cuyo último año de gobierno se cometieron 71 asesinatos diarios, revelan datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La dependencia informó que en 2012 se cometieron en México 26 mil 37 homicidios, la segunda cifra más alta registrada en el país desde 1990 (último año del que ofreció datos el Inegi), tan sólo ubicada por debajo de la que se documentó en 2011, que fue de 27 mil 213 muertes violentas.De acuerdo con los datos dados a conocer por el organismo, en 2006, cuando se inició el sexenio de Felipe Calderón, se cometieron en México 10 mil 452 asesinatos, que comparados con los 26 mil 37 de 2012 representan un incremento de 149.1 por ciento.
Para 2007, cuando ya había comenzado la llamada ‘‘guerra contra el crimen organizado’’ emprendida por el ahora ex presidente, la cifra subió hasta 8 mil 867 ejecuciones y al cierre de 2008 ya habían llegado a 14 mil 6. Por lo que hace a 2009, el número de homicidios cerró en 19 mil 803 y para 2010 la cifra terminó en 25 mil 757.
Chihuahua y Edomex, las entidades con más ejecuciones
La entidad que más casos registró en todo el sexenio fue Chihuahua, donde se cometieron 21 mil 128 asesinatos entre 2006 y 2012, seguida del estado de México, donde se registraron 14 mil 63 casos; les siguen Guerrero, con 11 mil 70, y Sinaloa, 8 mil 931, mientras que en el Distrito Federal se cometieron 6 mil 836 homicidios en dicho lapso.
De las 26 mil 37 ejecuciones cometidas en el último año de gobierno de Felipe Calderón, 16 mil 697 fueron agresiones con disparo de arma corta, disparo con rifle, escopeta o arma larga o disparo con otras armas de fuego y las no especificadas. En ese mismo año se registraron mil 592 ahorcamientos y 3 mil 400 asesinatos perpetrados con objeto cortante.
El Inegi precisó que las cifras se derivan de la información sobre las estadísticas vitales captada de los registros administrativos generados por las entidades federativas, básicamente de defunciones accidentales y violentas.
El reporte contiene registros de 4 mil 700 oficialías del Registro Civil y mil 107 agencias del Ministerio Público, que mensualmente proporcionan información al Inegi.
Además, explicó que en las oficinas del Registro Civil se captan datos de las defunciones por homicidios a través de actas y certificados de muerte; esta información se complementa con la que proporcionan las agencias del Ministerio Público mediante los cuadernos estadísticos.
Según el reporte, con los 26 mil 37 homicidios cometidos en México en 2012, la tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes fue de 22, siendo Chihuahua y Guerrero las entidades con el índice más alto, con 77, mientras que Aguascalientes y Yucatán, con un índice de 4 y 2, respectivamente, resultan las más bajas.
El Inegi informó finalmente que para el cálculo de las tasas de homicidio por cada cien mil habitantes se utilizaron los datos publicados el pasado mes de abril por el Consejo Nacional de Población (Conapo), referentes a las estimaciones de la población para los años 1990-2009, y las Proyecciones de la Población de México 2010-2050.
El soldado Bradley Manning fue esposado para su traslado luego de escuchar el veredicto de un consejo de guerra en el fuerte Meade. El militar fue declarado culpable de violaciones a la ley de espionaje, entre otros delitos, por la mayor filtración de información oficial realizada en Estados Unidos
Foto Ap
Wikileaks en La Jornada
Declaran a Manning culpable de espionaje
La corte marcial lo exonera de colaborar con enemigos de EU
Por 20 delitos podrían sentenciarlo a 136 años de cárcel
Este miércoles continúa la segunda fase del proceso
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de julio de 2013, p. 2
Miércoles 31 de julio de 2013, p. 2
Nueva York, 30 de julio.
La juez en el consejo de guerra de Bradley Manning exoneró al soldado del cargo más serio en su contra: el de ayudar al enemigo, que implicaba una condena de cadena perpetua. Sin embargo, lo declaró culpable de violaciones a la Ley de Espionaje y otros delitos que podrían implicar penas acumulativas de más de un siglo de prisión, por ser responsable de la mayor filtración de información oficial clasificada en la historia.
La coronel Denise Lind leyó su fallo declarando a Manning
no culpablede colaborar con el enemigo, en lo que significó un revés al intento del gobierno de Barack Obama de caracterizar la divulgación de información clasificada a un medio como un acto casi de traición.
Sin embargo, Manning fue declarado culpable de 20 de otros 21 cargos, incluyendo cinco bajo la Ley de Espionaje, lo cual puede implicar condenas acumulativas de hasta 136 años de prisión si se aplica la máxima pena para cada delito.
Al inicio de la corte marcial, Manning ya se había declarado culpable de 10 de los cargos que, en total, conllevan una pena máxima de 20 años de prisión.
Las condenas precisas por cada cargo se determinarán en la segunda y última fase del proceso que lleva a cabo la corte marcial (la primera culminó hoy con el veredicto) que iniciará este miércoles ante el mismo tribunal y donde se presentarán testigos y argumentos de ambos lados –gobierno y defensa– en un proceso para determinar las sentencias que podría tardar semanas.
David Coombs, abogado defensor del soldado, dio un giro positivo al veredicto, sobre todo al lograr derrotar al gobierno ante la acusación de colaboración con el enemigo.
Ganamos la batalla, ahora necesitamos proceder a ganar la guerra, comentó a los medios y simpatizantes de Manning afuera del tribunal, en referencia a la fase de establecer las sentencias.
Hoy es un buen día, pero Bradley no está para nada a salvo del fuego, afirmó.
A lo largo de la corte marcial, el gobierno de Obama argumentó que Manning conscientemente
ayudó al enemigoal entregar más de 700 mil documentos a Wikileaks, y lo caracterizó de
traidor,
anarquistay un egoísta que sólo buscaba la fama. Coombs, el abogado de Manning, argumentó que su cliente actuó con
buenas intenciones, aunque de manera
ingenua, con el propósito de detonar un debate público sobre las políticas belicistas de su país.
El fallo de Lind anuló el esfuerzo principal de los fiscales de elevar el acto de denuncia por filtración a medios como un delito equivalente a la traición, algo que había alarmado a algunos expertos legales y defensores de libertades civiles, ya que se podría haber establecido un precedente judicial criminalizando al máximo las filtraciones de funcionarios a los medios, dañando con ello a fondo la libertad de expresión y prensa en este país.
La familia de Manning emitió un comunicado a The Guardian en el cual expresa:
mientras estamos obviamente desalentados por los veredictos de hoy, estamos contentos de que la juez Lind esté de acuerdo con nosotros en que Brad nunca tuvo la intención de ayudar a los enemigos de Estados Unidos de ninguna manera. Brad ama a su país y estaba orgulloso de ponerse su uniforme.
Em tanto, los dos legisladores encargados del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Michael Rogers y el demócrata Dutch Ruppersberger, emitieron un comunicado conjunto elogiando el fallo. “Se ha hecho justicia hoy… Manning dañó nuestra seguridad nacional, violó la confianza pública y ahora está condenado por múltiples delitos serios. Aún hay mucho más trabajo que hacer para reducir la capacidad de criminales como Bradley Manning y Edward Snowden de dañar nuestra seguridad nacional”.
El soldado Bradley Manning, tras escuchar el veredicto de la juez Denise Lind de la corte marcial en el Fuerte Meade, acusado de filtrar documentos confidenciales del gobierno estadunidense a WikileaksFoto Ap
Para defensores de derechos humanos y libertades civiles el veredicto sigue siendo alarmante, aun sin el cargo más severo, y coinciden en que el gobierno de Obama estaba buscando intimidar a los denunciantes y suprimir revelaciones con este caso.
Widney Brown, de Amnistía Internacional, declaró que
no es difícil concluir que con el juicio de Manning se trataba de enviar un mensaje: el gobierno de Estados Unidos te perseguirá, sin freno, si estás pensando revelar evidencia de su comportamiento ilegal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también criticó el veredicto. Ben Wizner dijo que la organización considera que
filtraciones de interés público a la prensa no deberían ser enjuiciadas bajo la Ley de Espionajey que con la manera en que se procesó a Manning
el gobierno estaba buscando intimidar a cualquiera que pudiera considerar revelar información valiosa en el futuro.
El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en Nueva York condenó el veredicto y declaró:
ahora vivimos en un país donde alguien que divulga crímenes de guerra puede ser condenado a cadena perpetua aun si no es declarado culpable de ayudar al enemigo, mientras que aquellos responsables de los crímenes de guerra permanecen libres. Agregó:
si el gobierno afirma que ser denunciante es ser espía o ayudar al enemigo, ¿cuál es el futuro del periodismo en este país? ¿O de la Primera Enmienda (de la Constitución garantizando libertad de expresión, incluyendo la de prensa)?.
El veredicto podría tener graves implicaciones para Wikileaks y su fundador, Julian Assange, afirmó el CCR, parte del equipo de defensa legal de esa organización, entre otros que alertan sobre la posibilidad de que el gobierno acelere su persecución legal contra ellos al concluir este caso.
Algo similar puede ocurrir en el caso de Edward Snowden, el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) que filtró información clasificada oficial revelando programas masivos de vigilancia de comunicaciones, y quien busca asilo ante un frenético intento de Washington de capturarlo para enfrentar cargos parecidos a los de Manning.
Reporteros sin Fronteras declaró que “las condiciones en que Manning ha sido detenido, su juicio no imparcial y la falta de transparencia durante el proceso habla enormidades sobre el destino reservado para denunciantes… Edward Snowden tendría toda razón para temer la persecución, tal como se define en las Convenciones de Ginebra, si regresara a Estados Unidos”.
Pero esto no es el fin del caso. Tras fijarse las condenas se espera un proceso de apelaciones que podría durar años. A la vez, apenas empieza el debate que ha estallado en el país –detonado primero por Manning y Wikileaks, y ahora con las revelaciones de Snowden– sobre libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía ante el uso de poderes clandestinos por el Ejecutivo en nombre de la
seguridad nacional.
Manning es uno de los siete casos que promueve el gobierno de Obama contra filtradores de información clasificada al público con la intención de revelar y denunciar lo que consideran violaciones y abusos de las autoridades. Durante todas los presidencias anteriores combinadas, solo se habían promovido tres casos como estos.
Enlaces:
La Secretaría de Educación Pública entregará a partir del 19 de agosto, en el arranque del ciclo escolar 2013-2014, ediciones de libros de texto gratuitos que
tienen defectos, y que deberán ser subsanados en las aulas por profesores y alumnos, informó la subsecretaría Alba Martínez Olivé.
No estamos contentos, pero no había alternativa, expresó al dar el banderazo de salida, en una bodega de la Conaliteg en Tlalnepantla, a los transportes con los últimos 602 mil 711 libros para prescolar, primaria y secundaria Foto Pablo Ramos
No estamos contentos, pero no teníamos una alternativa distinta: SEP
Defectos de los libros de texto deberán ser subsanados por alumnos y maestros
La ceremonia del Banderazo de Distribución Federal de los Libros de Texto Gratuitos del ciclo escolar 2013-2014 se dio en la bodega de la Conaliteg, ubicada en TlalnepantlaFoto Pablo Ramos
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de julio de 2013, p. 40
Miércoles 31 de julio de 2013, p. 40
La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregará a partir del 19 de agosto –fecha de inicio del ciclo escolar 2013-2014– libros de texto que
tienen defectos, los cuales deberán ser subsanados por alumnos y docentes en las aulas, señaló Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica, quien agregó:
no estamos contentos, pero no teníamos una alternativa distinta.
Al dar el banderazo de salida a los transportes con los últimos 602 mil 711 ejemplares que serán entregados en los centros de distribución del centro y sur del país, de un total de 238.3 millones que se produjeron para alumnos de prescolar, primaria y secundaria, afirmó que hacer un buen libro de educación básica requiere por lo menos un año de trabajo, tarea que, dijo,
no es para aficionados, pues demanda elevada especialización. Y advirtió que
los libros que no son construidos por estos equipos multidisciplinarios tienen riesgos.
Joaquín Díez-Canedo Flores, director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), afirmó que de acuerdo con lo que determine la SEP se debe estar trabajando en una fe de erratas para subsanar los errores en al menos 29 millones de libros de educación básica, la cual imprimiría y distribuiría este organismo.
La Conaliteg, dijo,
está a disposición (de la SEP) para que en cuanto esté lista (la fe de erratas) se pueda distribuir, si es que así se decide. Sin embargo, señaló que
han salido otras ideas, como la del secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón, a quien incluso le parecía un ejercicio poner a los niños a hacer eso, y hoy la subsecretaria de Educación básica de Veracruz (Xóchitl Osorio) piensa hacer lo mismo.
Al respecto, Martínez Olivé reconoció ante funcionarios de la dependencia y representantes de la industria editorial reunidos en el almacén de distribución de la Conaliteg, ubicado en Tlalnepantla, estado de México, que para la SEP
ha sido un tema complicadola entrega de material educativo con defectos, entre los que se incluyen al menos 117 errores ortográficos.
Encontramos estos libros ya hechos. El proceso para elaborarlos es largo, y en diciembre pasado ya estaban distribuyéndose una buena cantidad. Vimos que contenían errores de diverso tipo. Sin embargo, estábamos ante una disyuntiva imposible: cancelábamos la distribución de los libros, y dejábamos a maestros y alumnos sin esta herramienta, o proseguíamos para trabajar a lo largo del ciclo escolar para que ese conjunto de errores pueda ser subsanado dentro de las aulas, con el trabajo de los profesores y el acompañamiento de la SEP.
Aseguró que
más que los programas de estudio, lo que marca el destino cotidiano del quehacer docente son los libros de texto gratuito, de ahí la importancia de que estén
bien hechos, tengan contenidos fehacientes, científicos y respondan al espíritu del artículo tercero constitucional.
En el ciclo 2013-2014 se distribuirán 10.5 millones de texto para preescolar; 151.3 para primaria, 23.5 para telesecundaria, y 29.6 para secundaria general y técnica. Para débiles visuales, contarán con 300 mil ejemplares, en braille 32 mil 565, en educación indígena, 5.1 millones, y de inglés, 13.3 millones de libros.
Anular el proceso fue un ordenamiento ilegal,
dice la magistrada Iris Yassmín Barrios
dice la magistrada Iris Yassmín Barrios
Juzgar a Ríos Montt, avance pese a todo
Anular el proceso fue un ordenamiento ilegal, dice la magistrada Iris Yassmín Barrios
La juez Iris Yassmín Barrios, en la entrevista
Foto Blanche Petrich
Blanche Petrich
Enviada
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de julio de 2013, p. 44
Miércoles 31 de julio de 2013, p. 44
Guatemala, 30 de julio.
En un barrio clasemediero de Guatemala, la capital, frente a un zaguán metálico negro, se estacionan permanentemente tres patrullas de la Policía Nacional. Custodian a una juez, Iris Yassmín Barrios, a quien correspondió el pasado 10 de mayo dictar la siguiente sentencia, previa al consabido martillazo en una sala de audiencias:
Que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor de los delitos contra los deberes de la humanidad y genocidio, cometidos en contra de la vida e integridad de los pobladores civiles de las aldeas y caseríos ubicados en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Por tal delito debe imponérsele la pena de 30 años de prisión inconmutables.
Pese al despliegue de seguridad en el exterior, la casa es pequeña, muy modesta. Ahí vive con su madre la doctora en jurisprudencia que resolvió la querella por los hechos ocurridos 31 años antes, en la región ixil guatemalteca. El juicio revistió características históricas: nunca un magistrado había reconocido el delito de genocidio y sentenciado a un ex jefe de Estado con una pena de ese calibre.
Pero también fue una sentencia fugaz: 10 días después, con la anuencia de tres magistrados y el voto en contra de otros dos, la Corte de Constitucionalidad (CC), la más alta instancia judicial en Guatemala, anuló el fallo alegando errores procesales.
Muchos expertos penalistas sostienen que la CC rebasó sus facultades y que su decisión fue ilegal. Pero las cúpulas del poder económico, político y militar respiraron aliviadas, una vez restituida la impunidad.
–Nada menos que la primera sentencia por genocidio contra un ex jefe de Estado por parte de un tribunal nacional. ¿Usted estaba haciendo historia en ese momento?
–Estaba haciendo justicia, nada más.
–Ese día…
–Salí tempranito de casa, como siempre, muy consciente de mis actos.
–¿Llevaba preparado su discurso?
–No, porque el código procesal penal establece un orden en nuestro trabajo y los jueces no deliberamos hasta que se haya terminado el debate. Sólo fue cuando di el martillazo, dando por terminada la sesión, que mis compañeros jueces (los vocales Patricia Bustamante y Pablo Xitumul) y yo nos retiramos a deliberar en secreto. De nueve a cuatro de la tarde redactamos la sentencia, que leímos en forma reducida.
–Desde la diminuta sala –elefantes de cerámica en la mesa de centro, carpetitas de crochet rosa en los sillones, flores de plástico en un altar casero del comedor y los muros verde pálido cubiertos con sus títulos académicos– se escucha que en la cocina está lista el agua para el té. La juez se levanta a prepararlo.
Ante el acoso propagandístico de los medios de comunicación tradicionales, que la atacó por todos los flancos posibles, Yassmín Barrios se replegó. Se excusó de seguir litigando el caso y negó decenas de solicitudes de entrevistas de periodistas nacionales e internacionales. Hasta ahora, que platica extensamente con La Jornada.
–¿Se sintió derrotada luego de la anulación de la sentencia con la que culminó un proceso de 15 años del pueblo ixil para llegar a un tribunal nacional?
–No, de ninguna manera. El juicio, en su conjunto, fue un avance para Guatemala, sobre todo para su sistema judicial. En medio de todo el bombardeo y la campaña mediática que se dio, logramos demostrar que aquí sí existe independencia judicial, que habemos jueces comprometidos, íntegros y responsables y que tenemos conocimiento del derecho.
–¿Se da por satisfecha con el hecho de que en este país haya habido la oportunidad de emitir una sentencia por genocidio como la suya; de que el general haya pasado así sea un solo fin de semana en una celda?
–No se trata de una satisfacción personal. Se debe ver desde otro punto de vista. Se dio la oportunidad para que las víctimas pudieran accionar dentro del proceso. Se respetaron las garantías constitucionales de los acusados. Y el 13 de mayo, después de la sentencia, se dio la audiencia para la reparación de las víctimas y el tribunal procedió a efectuar el análisis de las peticiones de los querellantes y a repararlas debidamente. Y hay que decirlo, no pidieron reparaciones de tipo económico, sino que fueron peticiones mucho más fundamentales.
“Demostramos que Guatemala, con sus carencias económicas y políticas, tiene la capacidad de sacar un debate que fue observado por muchos especialistas del derecho en todo el mundo, que certificaron que en ese tribunal se cumplieron los estándares de justicia más estrictos.
–¿Qué sigue? ¿Cuándo se reanuda el proceso?
–No se sabe, ese es uno de los temas que la Corte Constitucional dejó en el aire.
–Usted se ha excusado de seguir conociendo el caso ¿porqué?
–La corte ordena que el debate se anule hasta el 19 de abril. Nosotros no podemos aceptar órdenes ilegales. Según nuestro ordenamiento jurídico, eso no sería posible porque ya antes se emitió un fallo, no podemos regresar en el tiempo, aparentar que no ha pasado nada. No es ético ni correcto, y procesalmente no es factible.
–¿En la nueva fase del juicio, si es que algún día llega a reanudarse, se va a dar validez a los testimonios de las víctimas que ya se emitieron o van a tener que volver a viajar desde sus aldeas hasta la capital para volver a declarar?
–Es triste, pero creo que tendrían que regresar las víctimas por una razón: los jueces que lleguen a la tribuna no pueden emitir juicio si no han escuchado a las personas. La Corte anuló todo.
–El abogado defensor del ex dictador Ríos Montt, Francisco García Gudiel, la amenazó en pleno juicio con no descansar hasta verla
tras las rejas. ¿Usted cómo ve su futuro?
–Yo me veo trabajando, realizando debates, que los disfruto bastante. Actualmente soy magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia y no sé si en los planes de Dios esté el que el año próximo pueda ser nombrada titular.
–Mientras tanto, la campaña mediática en su contra sigue. Hablan mal hasta de su peinado, hacen comentarios sexistas, dicen que pasó de noche por la universidad… –Interrumpe divertida: “Eso no es cierto. Me gradué con todos los honores, con las más altas notas. También en las dos maestrías que cursé, una en derecho penal y otra en constitucional. Y también en el doctorado. Y lo del salón de belleza… pues es que a mí me gusta así, al natural”.
El
caso Gerardi: su encuentro con la historia
Una noche antes de iniciar el proceso por el asesinato de monseñor Juan Gerardi, en 2001, la casa de la juez Barrios fue atacada con granadas. Una estalló en el patio de la pequeña vivienda.
Estábamos aquí, en esta mesa. Íbamos a cenar, mi mamá y yo, pasaditas de las ocho. Un sonido terrible, olor a pólvora. Era un ataque.
Fue una noche con pocas horas de sueño.
Corrí a ponerme mi rosario, le pedí a mi Jesusito lindo que no permitiera que nos pasara nada. Llamé a la policía y pedí apoyo, llamé a la prensa. Estaba sumamente enojada. Pensé: si me van a matar que me maten, pero antes me van a escuchar. Y al día siguiente me presenté puntual a la sala del juicio, a la audiencia.
Si pretendían intimidar a la juzgadora de uno de los crímenes emblemáticos de esos años –Gerardi había presentado apenas días atrás el informe de la Recuperación de la Memoria Histórica Nunca más sobre las atrocidades cometidas contra la población civil durante la guerra– no lo lograron. El juicio siguió su curso y al final la juez dictó sentencia: 30 años de prisión contra un sacerdote y dos militares acusados de asesinar al obispo y defensor de derechos humanos. El colofón de este proceso fue trágico. Primero la Corte de Apelaciones intentó, sin éxito, anular la sentencia, lo cual fue rechazado por la Suprema Corte. Luego les fue reducida la pena a 20 años en otro juzgado. Posteriormente 10 testigos o partícipes en la trama del homicidio fueron asesinados, inclusive uno de los sentenciados, el sargento José Obdulio Villanueva, encontrado culpable de planear la ejecución desde la oficina de inteligencia militar del Estado Mayor del ejército, decapitado en un motín en prisión. Actualmente sólo queda preso el capitán Byron Lima Oliva Juan, cercano al actual presidente, general Otto Pérez Molina.
Ese juicio fue, según dice la juez Barrios, su
encuentro con su historia. Su vida cambió. Tuvo que vender el carrito con el que iba y venía, tuvo que aceptar las escoltas que la acompañan a todos lados, perdió su independencia. Pero, sobre todo, aprendió a conocer la historia de su país.
Realmente fue a partir de ahí que empecé a saber, bien documentadas, las cosas que pasaron durante la guerra. Y entendí a fondo que no se va a alcanzar la paz si no hay justicia.
–Si pagó un precio tan alto por ser juez en el caso Gerardi ¿qué pensó cuando dos años después se le puso enfrente el juicio a Ríos Montt, de mucho mayor calado?
–No me puse a pensar en las consecuencias, porque yo creo que un juez debe estar libre de prejuicios y preocupaciones a la hora de juzgar. Como tampoco me puse a medir consecuencias cuando juzgué el caso Myrna Mack, el de los diputados salvadoreños del Parlacén asesinados, el de las niñas de Sacatepéquez, de las Dos Erres (masacres en el Petén, en 1981), muchos casos de narcotraficantes, incluso de varios Zetas de Zacapa, en 2011.
Iris Yassmin Barrios siempre estudió en escuela pública. Trabajó para costear su carrera de derecho en la Universidad de San Carlos. No viene de un entorno de lucha por los derechos humanos ni vivió directamente los efectos del conflicto armado que se desarrollaba durante sus años estudiantiles.
Ingresó a la facultad de derecho justamente el año en el que el general Ríos Montt se hizo del poder con un golpe militar. Mientras en las zonas rurales el ejército aplicaba la tierra arrasada, Yassmín vivía en la capital,
como en una burbuja, dice. En la universidad
no participé en ningún movimiento, como no fuera estudiar. Lo cierto es que una generación entera de líderes estudiantiles y académicos críticos había sido liquidada por los gobiernos militares, el de Ríos Montt y los anteriores. Sus años estudiantiles fueron “de silencio, de receso, además aquí en la capital había una gran censura en la prensa. La guerra estaba lejos… fue una lástima que nos enteráramos mucho después de lo que pasaba”.
Sin embargo, los crímenes paradigmáticos de la guerra pasaron por los tribunales donde ella fungió como juez. No sólo el caso de monseñor Juan Gerardi, sino también algunos del informe REHMI, el caso del asesinato de la antropóloga Mirna Mack.
Salí de la universidad cuando apenas empezaban a conocerse los informes de derechos humanos. Y aprobé el examen en las primeras oposiciones de jueces de sentencia poco después de la firma de los acuerdos de paz. Mi cargo es por méritos y afortunadamente puedo actuar, pensar y ser coherente.
Y Ríos Montt se cruzó en su camino
–¿Cómo llegó el caso de Ríos Montt a sus manos?
–A principios de febrero el caso llegó al tribunal de sentencia A de Alto Riesgo, donde trabajo.
Los dos militares acusados por la fiscalía general, José Mauricio Rodríguez y el propio Ríos Montt, recusaron el nombramiento de esta juez, con el argumento de que ella ya antes había conocido el caso de la masacre de las Dos Erres, el Petén. Pero no se aceptó la apelación, porque era de un hecho, personas y lugares diferentes.
Desde que inició el proceso, el 19 de marzo, la defensa optó por atacar al jurado como estrategia. Actualmente, Barrios tiene más de una docena de recusamientos pendientes.
Pero fue el primero el que, a la postre, sirvió para anular la sentencia histórica. El incidente ocurrió el primer día del debate, cuando los abogados acreditados de Ríos Montt no se presentaron y en su lugar acudió, sin el registro debido, el abogado Francisco García Gudiel, con un largo historial al servicio de militares. Éste demandó la revocación de la juez Barrios, alegando
enemistad personal. La penalista lo expulsó de la sala. Era el primer golpe procesal para impedir el debate.
Durante un mes, pese a las prácticas de obstrucción de la defensa, transcurrieron las audiencias públicas en una sala del Tribunal rebosante, transmitidas en vivo a todo el mundo. Ahí desfilaron más de cien sobrevivientes de las masacres en la región ixil que relataron, frente a la mirada distraída del anciano general (Ríos Montt es ya octagenario) las consecuencias de las órdenes militares que impartió para exterminarlos: niños y ancianos despedazados, niñas y mujeres violadas hasta la muerte, ejecuciones sumarias, corazones arrancados, pilas de cuerpos, aldeas incendiadas…dos por ciento de la población ixil de aquellos años exterminada; el resto, desplazados y perseguidos. Expusieron peritos en antropología forense, en estadística, en sicología y sociología, en derecho castrense, en historia, en antropología. Se aportaron como pruebas documentos militares de la época desclasificados. Se describió el genocidio inspirado en el racismo inherente a las cúpulas del poder guatemalteco.
El 18 de abril el proceso, que ya cimbraba a la opinión pública, se paró en seco. Una juez de un tribunal menor, Carol Flores, logró suspender temporalmente el juicio, alegando que había amparos anteriores que no habían sido cumplidos. Después de forcejeos en distintas instancias, la juez Barrios logra reanudar la audiencia el 7 de mayo y entra a la fase de conclusiones.
Ese fue uno de los momentos más hermosos porque demostramos la independencia del órgano judicial, no acatamos órdenes ilegales y no anulamos el proceso.
El genocidio expuesto al mundo
–¿A nivel profesional y personal qué le deja este proceso?
–Además de tranquilidad, muchas cosas. Fue un juicio de mucha riqueza. A nivel cultural, la oportunidad que tuvieron los ixiles como grupo étnico de presentarse y hacer valer sus derechos. El solo hecho de presentarse, de pararse a hablar, de decir lo que les habían negado decir durante tantos años, fue como una liberación, sobre todo para las mujeres. Yo en ese momento no podía opinar ni manifestar mis sentimientos, por mi deber, pero me di cuenta de ese profundo dolor.
Se logró que los ojos del mundo estuvieran atentos, porque el genocidio es un delito importante para toda la humanidad. Fue un juicio importante para juristas y no juristas que acompañaron el debate, para los académicos, para los estudiantes de derecho, de historia, para la población en general.
Tuvo una gran riqueza en jurisprudencia porque se dieron tal cantidad de incidencias y obstáculos procesales que dio oportunidad para ampliar nuestros criterios y aportar muchas soluciones, y todo esto no fue detrás de puertas cerradas sino en audiencias públicas.
Los peritajes tuvieron el más alto nivel. Pocas veces en un tribunal hemos tenido oportunidad de contar con un grupo tan selecto de peritos, con conocimientos tan valiosos. Los antropólogos forenses, los sicólogos y sociólogos, expertos en racismo, en sicología de las víctimas. Lo que se logró fue poner frente al tribunal, para su juicio, a un periodo de la historia guatemalteca, de marzo de 1982 a agosto de 1983... apenas un pedacito de un conflicto armado de 36 años.
De ese 10 de mayo, un detalle secundario sigue haciendo ruido en los medios locales. La televisión local repitió incesantemente la imagen de la juez ordenando a gritos, sin micrófono, que impidieran la fuga del sentenciado.
–¿Hubo ese peligro?
–Sí. La seguridad de la sala estaba a mi cargo. Cuando me puse de pie vi cómo intentaban sacarlo de la sala. Entonces di órdenes de impedirlo. Pero como me apagaron el micrófono, tuve que gritar. Dije: no puede salir hasta que vengan las personas encargadas de trasladarlo al sistema penitenciario.
–Cuando se lleva la policía detenido a Ríos Montt, ya sentenciado ¿termina su papel?
–No, teníamos cinco días para redactar y dictar completa la sentencia, porque hasta ese momento sólo habíamos leído nuestros fundamentos. Todo se incluyó en 718 folios de la sentencia.
La entregamos el 17 de mayo a las 13 horas, en tiempo. Y el lunes 20 de mayo, en horas de la noche, se produce la anulación por parte de la Corte de Constitucionalidad.
–¿La vio venir?
–Sinceramente no. Me decían que sí, pero yo sigo creyendo en la justicia. Y sigo juzgando a las personas por mi condición, así que creo que los demás son honrados y actúan conforme a la ley. Así que fue una sorpresa. Respeto la decisión de la Corte de Constitucionalidad, pero no la comparto.
–¿Fueron presionados los magistrados?
–No lo puedo decir, pero la anulación ocurre después de tres días de sesiones efectuadas por el CACIF, que es el grupo que ostenta el poder político y económico de nuestro país.
Minutos después de nuestro fallo, este grupo se había manifestado en contra, en la prensa y en las redes sociales. Una cosa está relacionada con la otra. El voto fue tres contra dos.
Pese al cúmulo de información que salió a la luz durante el juicio, un solo hecho sigue resonando en los medios de comunicación como una
gran faltade la juez del caso más emblemático que ha visto el país hasta la fecha, cuando ella, de pie, ante los aplausos, los gritos de
graciasy la mirada plena de agradecimiento de los indígenas que frente a ella solo inclinaron la cabeza, se puso de pie y cruzó los brazos sobre el pecho, como un gran abrazo.
La defensa la demandó, por ese gesto, por denotar parcialidad; esa demanda sigue su curso. Yassmin ríe:
saludar y responder cuando a uno le dan las gracias es cortesía ¿no? No es ilegal.
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