Nicolás Hernández: me traicionó Marisela Morales
El testigo predilecto de la PGR en el sexenio de Calderón, Jeniffer,  no dudó en señalar a Nicolás Hernández como cómplice del narcotráfico cuando  éste ya no le era útil a Marisela Morales. Fue “una traición” de la  exprocuradora, señala quien fuera delegado de la PGR en Quintana Roo y, por  años, hombre cercano a la actual cónsul de México en Milán. Su detención se  ejecutó con engaños, relata en entrevista. Durante 814 días fue privado de su  libertad en un penal de alta seguridad sin que se le comprobaran los supuestos  nexos con Los Zetas y los Beltrán Leyva. No obstante, en las páginas de  internet  de medios nacionales aún se afirma que fue sentenciado a 25 años de  prisión,  hecho que jamás ocurrió. La tortura física y sicológica fue constante,  denuncia
 Calza zapatos negros, lustrados hasta que el brillo  refleja  el derredor; viste un traje color azul marino, camisa blanca, corbata  oscura.  Nada desentona en la imagen del abogado Nicolás Hernández Mendoza  –maestro en  ciencias penales y exdelegado de la Procuraduría General de la  República (PGR)  en Yucatán y Quintana Roo–, ni siquiera el tiempo que le lleva  escuchar y  responder.
Calza zapatos negros, lustrados hasta que el brillo  refleja  el derredor; viste un traje color azul marino, camisa blanca, corbata  oscura.  Nada desentona en la imagen del abogado Nicolás Hernández Mendoza  –maestro en  ciencias penales y exdelegado de la Procuraduría General de la  República (PGR)  en Yucatán y Quintana Roo–, ni siquiera el tiempo que le lleva  escuchar y  responder.
Su pausada narración  sintetiza los “2  años, 2 meses y 24 días” que duró la privación de su libertad, tras ser acusado  de proteger a los cárteles de Los Zetas y los Beltrán Leyva, por dos testigos  colaboradores de la Procuraduría.
Las declaraciones de Jeniffer (Roberto  López Nájera), uno de los testigos predilectos de la Procuraduría, y del  desaparecido Zajed (Bryant Cabrera Castillo) bastaron a sus antiguos  colegas para armar el expediente en su contra, que lo llevó a vivir 814 días en  una prisión de máxima seguridad, ubicada en Matamoros, Tamaulipas.
Para Hernández Mendoza, todo acabó el 1 de  septiembre de 2009: el sueldo, la reputación, los amigos, la vida medianamente  cómoda que llevaba en Quintana Roo. Aquel día, una llamada telefónica de la  Coordinación de Delegaciones de la PGR le urgía a acudir –en compañía del  subdelegado Jesús Vega Romero– al Distrito Federal, para una reunión con  personal de la Secretaría de Gobernación. Nada de eso fue cierto:
“Cuando llego con el subdelegado a la cita, ya  nos estaba esperando la policía y nos notifican la orden de aprehensión. En ese  momento vi que era por delincuencia organizada y delitos contra la salud en su  modalidad de fomento al narcotráfico. Me trasladan a la subdelegación del  Distrito Federal que está en [la colonia] Camarones, para que me revisara el  médico. Como no había médico me regresan a las instalaciones de la SIEDO  [Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada,  ahora SEIDO]. Ahí me suben a una oficina en donde llega una persona y me dice:   ‘¿Qué tienes que decir de las imputaciones que hay?’. Le respondo: ‘¿Cuáles? no  las conozco’. Me señala: ‘No. Tú sabes que esto es así… Es muy sencillo: el   chiste es que firmes tu renuncia y se te va a ayudar, pues hay muchas  imputaciones’”.
Después de negarse durante varias horas a  aceptar cualquier delito, y ya entrado el 2 de septiembre, Nicolás Hernández  Mendoza y su subdelegado fueron trasladados al penal federal de máxima  seguridad  de Matamoros, bajo la causa penal 301/2009 radicada en el Juzgado  Segundo de  Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tepic,  Nayarit.
“Me entero de los cargos hasta 10 días  después”, asegura el abogado. Pasado ese tiempo, “reciben el exhorto en  Tamaulipas y me toman mi declaración preparatoria. Es en ese momento cuando me  entero que quien me está haciendo una imputación en dos declaraciones es el  famoso testigo Jeniffer y el otro testigo de nombre Zajed”.
En los siguientes 804 días tuvo que demostrar  que eran falsos los señalamientos de su “probable responsabilidad en la  comisión  de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la  modalidad de  fomento”, de cuya única prueba en su contra eran los “testimonios  falsos”.
Así, su caso se sumó a los expedientes contra  servidores públicos de primera línea que la PGR integró únicamente con los  dichos de testigos colaboradores. Mismos que, poco a poco, la SIEDO fue  perdiendo en los tribunales, como ocurrió con el llamado Michoacanazo,  la  Operación Limpieza, y más recientemente el juicio contra los cinco generales  de  la Secretaría de la Defensa Nacional.
De 2007 a 2012, la Procuraduría destinó un  total de 101 millones 332 mil 994 pesos al programa de los testigos  colaboradores, refiere en su respuesta oficial a la solicitud de información  ciudadana 00017000 13613. En el último año del gobierno de Felipe Calderón, a  dicho programa se habían acogido 65 personas; la mayoría, criminales confesos;  mientras que, para el 7 de mayo de 2013, la cifra se ubicó en 62 (respuesta a  la  solicitud ciudadana 0001700082913).
A cada testigo colaborador, la Procuraduría le  paga con dinero público la alimentación, el vestido, la vivienda, las escoltas  y  el transporte con chofer (entre otros beneficios). Tan sólo en 2012, por cada  uno de los beneficiarios se habrían gastado 341 mil 63 pesos del erario –unos  28  mil 421 pesos mensuales– si el beneficio fuera igual. En ese año, la PGR  destinó  22 millones 169 mil pesos a este programa, indica la respuesta  0001700013613.
Para Nicolás Hernández, la figura del testigo  colaborador se ha usado en forma corrupta, para inculpar a cualquier persona en  hechos delictivos sin pruebas reales. “Al menos por lo que yo viví en el  sexenio  pasado, así fue”.
El trasfondo
La PGR obtuvo la detención y el  encarcelamiento de Hernández Mendoza con dos declaraciones de Jeniffer y  de Zajed, “idénticas, incluso con los mismos errores mecanográficos y  ortográficos”, refiere el abogado.
 En  la primera, el testigo colaborador de la PGR asegura  que “a mediados del mes de  mayo de 2007 yo [Jeniffer], como pertenezco a  la delincuencia organizada,  era el encargado de cooptar a las autoridades.  [Entonces] me entrevisto en un  restaurante con un subdelegado, que es el  licenciado Jesús Vega: quedamos [en]  que él nos va proteger en las  narcotienditas; le entregué 20 mil dólares  y después, cada semana, 700  mil u 800 mil pesos le voy a dar. Una semana después  llega el subdelegado, con  su jefe el delegado Nicolás Hernández”.
En  la primera, el testigo colaborador de la PGR asegura  que “a mediados del mes de  mayo de 2007 yo [Jeniffer], como pertenezco a  la delincuencia organizada,  era el encargado de cooptar a las autoridades.  [Entonces] me entrevisto en un  restaurante con un subdelegado, que es el  licenciado Jesús Vega: quedamos [en]  que él nos va proteger en las  narcotienditas; le entregué 20 mil dólares  y después, cada semana, 700  mil u 800 mil pesos le voy a dar. Una semana después  llega el subdelegado, con  su jefe el delegado Nicolás Hernández”.
Según la copia del expediente toca penal  392/2011, del recurso de apelación que presentó Hernández Mendoza, la segunda  declaración se refiere a una reunión que “se llevó a cabo a finales de mayo de  2007, en un rancho propiedad de Arturo Beltrán, alias Barbas, en  Cuernavaca Morelos [...]. En esa reunión, Arturo Beltrán Leyva le pagó a Edgar  Octavio Ramos Cervantes, alias el Chuta, la cantidad de 50 mil dólares  para que se los entregara al licenciado Nicolás Hernández, delegado en Cancún  de  la Procuraduría General de la República, y al licenciado Vega Romero,  subdelegado de Cancún”.
Al recordar este episodio, el rostro de  Nicolás Hernández se tensa un poco. “Cuando escuché las imputaciones me dio  mucho coraje e impotencia, porque era mentira; sobretodo por la forma en que  hicieron mentir a esta persona, que era tan burda y absurda; era fácil  desacreditar eso. Inclusive en ese momento rindo mi declaración negando  todo”.
Al ser estas declaraciones las únicas pruebas  en su contra, de nada le valió al abogado presentar entre sus principales  pruebas de descargo la papelería oficial de la PGR que constata que su  nombramiento como delegado en Quintana Roo se dio hasta el 3 de agosto de 2007,  como incluso consigna el boletín estatal DPE/3059/07, aún disponible en la  página electrónica de la Procuraduría General de la República.
“En esa época, lo que más le interesaba al  gobierno era hacer alusión a que estaban combatiendo la delincuencia. Acababa  de  pasar la Operación Limpieza [febrero de 2009], que encabezó Marisela  Morales, no  nada más para mí, sino para cualquier servidor público, sobre todo  de jerarquía,  a quien se le imputaba estar relacionado con alguna organización  [criminal],  aunque no lo estuviera.”
Nada detuvo el proceso judicial, quizá porque  detrás del expediente estaba una antigua conocida de Hernández Mendoza, con  quien no sólo había coincidido en la Procuraduría sino que incluso cursó con  ella la maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales: Marisela  Morales,  entonces subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia  Organizada.
Al momento de la detención, el abogado  pretendió encarar a la ahora cónsul de México en Milán, Italia. “Yo insistía en  que me dejaran hablar con Marisela”. Pero la persona que intentaba   arrancarle la declaración le aseguró que de ella venía la orden, así como  de Javier Humberto Domínguez, entonces director de la Unidad Especializada en  Investigación de Delitos contra la Salud, dependiente de la SIEDO.
A diferencia del caso de los generales Tomás  Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así  como  del teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto, recientemente liberados  por  el gobierno de Enrique Peña Nieto, la excarcelación de Hernández Mendoza  ocurrió  en el absoluto silencio gubernamental y mediático.
Hasta la fecha, su nombre no ha sido resarcido  en los medios informativos que, erróneamente, aún sostienen que fue sentenciado  a 25 años de prisión. Esto jamás ocurrió, explica, pues fue absuelto el 24 de  noviembre de 2011.
—¿Fue una traición de Marisela Morales?
—Si entendemos a la traición como la persona  en la cual confías, en la persona que sabe cómo eres y que después no te da la  oportunidad de defenderte, sí es traición. [Es traición] de los que lo hayan  hecho y me conocían, y quien me conocía muy bien era Marisela Morales. Yo había  sido director general cuando ella era titular de la Coordinación General de  Investigaciones; ella me invitó a trabajar a su lado.
Ni cuentas bancarias en México y el extranjero  ni patrimonio ostentoso, nada de prestanombres ni empresas fachada. Sólo las  mentiras de Jeniffer y Zajed, como Nicolás Hernández califica los  testimonios, consiguió la SIEDO en su contra. Él y su familia fueron víctimas  de  este proceso, señala. Pero hubo más, su reclusión en Tamaulipas “implicó  toda  una revictimización para su esposa, sus hijos y para la defensa”: mientras  las  pruebas de descargo se tenían que conseguir en Quintana Roo y el Distrito  Federal, el juicio se encaraba en Nayarit y las visitas en Matamoros. La vida  familiar, en el Estado de México.
“Yo considero que era una situación muy  definida en contra de mi persona, sin pruebas ni nada”. Y es que a diferencia  de  él, Vega Romero obtuvo su libertad antes, a pesar de que éste sí era  subdelegado  de la PGR en Quintana Roo cuando supuestamente los narcotraficantes  le  entregaron (a Vega Romero) miles de dólares por proteger las   narcotienditas.
“La juez dice que la imputación que le hace   Jeniffer al subdelegado no es suficiente y le otorga su libertad el 5 de  junio de 2011; pero al delegado, a mí, no; porque señala que sí es creíble lo  que se me imputa. Cuando se me notifica, se viene abajo todo porque mis pruebas  eran contundentes. Pero no hicieron absolutamente nada; por eso se interpuso el  recurso de apelación que se resolvió en Reynosa”.
Temor a represalias
“Salí el 24 de noviembre de 2011. Siempre  estuve consciente de todo: no me preocupé porque estaba seguro de que iba a  salir. La mayor seguridad era que mi familia y yo no teníamos de que  preocuparnos, porque todo era montado.”
Aunque antes de obtener su libertad, algunos  medios de comunicación locales y nacionales aseguraron que lo habían  sentenciado  a 25 años de prisión, Hernández Mendoza optó por el perfil bajo.  “No quise hacer  nada público cuando salí, porque ya estaba como procuradora  Marisela [Morales].  Era un temor para cualquiera”.
La probabilidad de que la PGR volviera a  actuar en su contra fue el motivo principal por el cual Hernández Mendoza no  pidió siquiera la disculpa del sistema judicial. Y es que desde que ingresó en  el Centro Federal de Readaptación Social número 3 Noreste, en Matamoros,  recibió  un trato inhumano, cruel y degradante.
“La bienvenida en los penales de alta  seguridad, al menos en Tamaulipas, es una verdadera tortura. Las marcas de las  esposas que me pusieron de la entrada del penal a la estancia donde tenía que  estar me duraron 3 meses, igual que el adormecimiento de las manos”. Ello,  porque los grilletes son de plástico y se aprietan lo más posible, aunque  corten  la circulación de las manos del reo. “Si te caes, te levantan a  patadas.”
—¿Sufriste tortura?
—El día a día [en el penal] es una tortura. Va  contra los derechos humanos el hecho de que cada que uno sale de su celda para  cualquier cosa se tiene que desnudar delante de ellos y hacer tres sentadillas  para que vean que no estás haciendo nada indebido. Cada 15 o 20 días a las 2 de  la mañana llegan y hacen un cateo a la celda, tiran todas tus pertenencias,  para  “prevención”. Cuando llega la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  que no  entra a las estancias sino todo lo observa por cámaras, no te permiten  desnudarte ni ponerte en la pared, para que las cámaras no vean nada  indebido.
El maestro en ciencias penales señala que,  aunque la doctrina establece que una persona que está recluida no debe sufrir  más que su prisión, “en las cárceles de máxima seguridad uno sufre de todo,  empezando por el espacio: vivía en un espacio de 2 por 3 [metros]. Cuando podía  salir una vez al mes, hacía una actividad física. Había meses en que daban la  orden de que nadie saliera de su estancia; incluso a veces no podías salir a  comer, te llevaban la comida”.
Los castigos aplicados a discreción de los  custodios también violan las garantías individuales, explica. “Hasta 75 días  encerrado en un lugar donde no tienes excusado; no ves a tu familia; te  restringen las llamadas una vez cada 10 días, sólo 10 minutos; no te dan  oportunidad de leer: un consejo determina si tu lectura pasa, y si tiene  contenido político o sexual no pasa. Ahí la ley que prevalece es la del  custodio”.
Además de las condiciones que enfrentan todos  los reclusos, el abogado fue sometido a otras anomalías: “Se burlaban de mí  porque sabían que era el delegado de la PGR. El trato a mi familia también era  denigrante: me avisaban de mi visita 10 minutos antes de que se acabara la hora  de visita; tenía que pasar varios puntos de revisión, llegaba y ya se había  acabado el tiempo. Tuve mi primer visita a los 3 meses de haber  ingresado”.
—¿Por qué te vincularon con Los Zetas y los  Beltrán Leyva?
—Porque eran las dos organizaciones que tenían  presencia en Quintana Roo. Quizás si hubiera existido otra, también me hubieran  vinculado. Pero hay evidencias muy palpables tanto en la delegación de Yucatán  como la delegación de Quintana Roo, donde yo trabajé, sobre el trabajo que se  hizo en contra de estas organizaciones, de estas dos precisamente.
—¿Pensaste en algún momento actuar por los  agravios a tu persona?
—En ese momento no. Si me decían cierra la  boca y te sacamos, lo hacía; pero analizando las cosas, creo que sí lo voy a  hacer, porque ya es otra administración y espero que no siga igual.
Nicolás Hernández MendozaOriginario del Distrito FederalLicenciado en derecho por la Universidad Autónoma MetropolitanaMaestro en ciencias penales, con especialización en ciencias jurídico penales, por el Instituto Nacional de Ciencias PenalesServidor público durante 22 añosCargos públicos que ocupó hasta antes de su detención:Oficial mecanógrafo y oficial secretario del Ministerio PúblicoInvestigador y agente del Ministerio PúblicoConsignador con detenido, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito FederalEn el Ejército Mexicano obtuvo el grado de teniente de Justicia Militar y licenciado en la Dirección General de Justicia MilitarProyectista de sentencias de segunda instancia en la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito FederalAgente del Ministerio Público de la FederaciónEncargado de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores PúblicosFiscal en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia OrganizadaDirector ejecutivo y director general de la Coordinación General de Investigaciones Especiales, de la PGRDelegado de la PGR en YucatánDelegado de la PGR en Quintana Roo
TEXTOS RELACIONADOS:
Fuente:  Contralínea 345 / julio  2013
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/30/nicolas-hernandez-traiciono-marisela-morales/
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/30/nicolas-hernandez-traiciono-marisela-morales/








 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario