Mayor Francisco Pérez, en prisión por cinco testigos protegidos
Aunque la PGR se ha propuesto “remediar” las pifias de la anterior  administración relacionadas con el uso arbitrario de testigos protegidos, no  todas las víctimas están en libertad o en vías de estarlo. El caso del mayor de  justicia militar Francisco Pérez Chávez –acusado por cinco testigos  colaboradores de la SIEDO de supuestamente proteger al Cártel de los Beltrán  Leyva– es ejemplo de ello, asegura su familia. Enfermo de diabetes y en un  penal  de máxima seguridad, espera como último recurso que su caso sea turnado  al fuero  militar. “Se han violentado gravemente mis derechos humanos”, indica  en una  carta manuscrita enviada a Contralínea
“Han destruido mi vida y la de mi familia”,   señala el militar Francisco de Jesús Pérez Chávez en una carta manuscrita,  enviada a Contralínea para que la visibilización de su caso le garantice  lo que hasta ahora se le ha negado, indican sus familiares: un juicio justo y  apegado a derecho. En la misiva, el mayor de justicia militar asegura que desde  su detención, ocurrida en enero de 2008, el sistema judicial mexicano “ha  violentado gravemente mis derechos humanos”.
Su caso forma parte del cúmulo de juicios  iniciados a petición de la Procuraduría General de la República (PGR) en el  contexto de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, que aportaron como  única o fundamental prueba las declaraciones de testigos colaboradores.
Y aunque la nueva administración que encabeza  el procurador Jesús Murillo Karam se ha propuesto corregir los excesos en este  tema cometidos por el pasado gobierno de Felipe Calderón, el juicio de Pérez  Chávez parece no estar en esa situación, advierten sus familiares.
 Con  una evidente limitación de recursos económicos, la  defensa del militar ha  recaído en sus parientes y en él mismo. Recluido en el  penal de máxima seguridad  de Puente Grande, ubicado en Jalisco, por delitos que  –asegura– no cometió,  Pérez Chávez espera que su causa sea remitida al fuero  militar. Esto, tras  apelar la condena a 25 años de prisión que le dictó el  Juzgado Séptimo de  Distrito, con sede en Jalisco, por los delitos de  delincuencia organizada y  contra la salud en la modalidad de fomento, bajo la  causa penal 59/ 2008.
Con  una evidente limitación de recursos económicos, la  defensa del militar ha  recaído en sus parientes y en él mismo. Recluido en el  penal de máxima seguridad  de Puente Grande, ubicado en Jalisco, por delitos que  –asegura– no cometió,  Pérez Chávez espera que su causa sea remitida al fuero  militar. Esto, tras  apelar la condena a 25 años de prisión que le dictó el  Juzgado Séptimo de  Distrito, con sede en Jalisco, por los delitos de  delincuencia organizada y  contra la salud en la modalidad de fomento, bajo la  causa penal 59/ 2008.
Según la acusación elaborada por la entonces  Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada  (ahora  Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia  Organizada), el  militar de rango medio brindó protección al Cártel de los  Beltrán Leyva.
Como “pruebas”, la PGR aportó las  declaraciones de cinco testigos protegidos (uno de ellos, el teniente de arma  blindada Pedro Sergio Jonguitud Barragán, con nombre clave Emiliano; los  otros: Julio, Karen, César y Juan Galván Lara), un audiocasete y  una libreta donde figura el nombre del mayor, misma que a decir de la  Procuraduría General de la República es una narconómina.
No obstante, en el expediente –al cual se tuvo  acceso– consta que las declaraciones de los cinco testigos protegidos fueron   de oídas (es decir, ninguno de ellos señaló haber visto directamente al  militar cometer actos ilícitos) y que el audiocasete y la libreta no formaron  parte de los artículos decomisados el 21 de enero de 2008, durante la detención  de Alfredo Beltrán Leyva, alias el Mochomo;?esto último, a pesar de que  el supuesto origen de esas pruebas es dicho criminal.
Y es que el parte informativo elaborado por  Laureano Nabor Hernández y Jaime Enrique Santos Muñoz –elementos de la extinta  Agencia Federal de Investigación que detuvieron al narcotraficante– se enlistan  66 tipos de objetos y artículos confiscados al momento de la detención (armas,  numerario, joyería, equipos de radiocomunicación), ninguno de los cuales  coincide con las pruebas aportadas por la PGR en contra de Pérez Chávez.
“Es increíble que se me mantenga recluido sin  prueba alguna, sólo porque la misma Secretaría de la Defensa Nacional,  institución a la cual pertenezco, me relacione con Alfredo Beltrán Leyva sin  ninguna prueba, le repito”, indica el mayor de justicia militar en su  carta.
Agrega: “Supuestamente localizaron una libreta  conteniendo mi nombre completo, así como un audiocasete en cuyo contenido se  menciona ‘Pérez Chávez’. Esta localización se suscitó supuestamente tras la  detención de Alfredo Beltrán Leyva. Sin embargo esta libreta y este audiocasete  nunca quedaron incluidas en la documentación de puesta a disposición [del  Ministerio Público] de Beltrán Leyva”.
El militar destaca que “la libreta y el  audiocasete no se los imputan al mismo Beltrán Leyva, pero sí al suscrito.  Hasta  la fecha no entiendo por qué motivo me los imputan a mí, si ignoro quién  las  elaboró (no existe ninguna persona [a la] que se le atribuya su  autoría)”.
Pérez Chávez también explica que “está  acreditado en autos que [Alfredo] Beltrán Leyva no está siendo procesado por  ningún delito contra la salud. Entonces, cómo es posible que se me acuse de  estos ilícitos. Es decir, si el principal [responsable] no los cometió, mucho  menos el partícipe”.
El drama familiar
A las oficinas de Contralínea acude la  madre del mayor Pérez Chávez a entregar la carta y la documentación extraída  del  expediente, que acredita las afirmaciones del manuscrito. Ha viajado más de  2  horas desde su casa, ubicada en Hidalgo.
 A  ella no le preocupa el cansancio del trayecto ni su  salud, sino todo el  sufrimiento que enfrenta su hijo: enfermo de diabetes y sin  un tratamiento ni  alimentación adecuados.
A  ella no le preocupa el cansancio del trayecto ni su  salud, sino todo el  sufrimiento que enfrenta su hijo: enfermo de diabetes y sin  un tratamiento ni  alimentación adecuados.
El mayor también sabe las penurias de su  madre. Al inicio de su misiva, agradece “infinitamente” las atenciones que se  le  puedan brindar. El drama de la familia inició aquel día de la detención de  Francisco de Jesús y parece no terminar.
“A mis pequeños hijos no los he visto desde el  día de mi detención”, narra en su carta el militar. “No he querido que vengan  [a  la cárcel] porque ellos siempre vieron una persona honorable en todas mis  actividades y más como militar. Ahora no quiero que me vean en estas  condiciones  tan deplorables.”
Los más de 5 años en prisión han repercutido  en la educación de sus hijos, pues “han tenido problemas en la escuela porque  no  me encuentro a su lado”. También en su matrimonio, que ya terminó por  decisión  de quien fuera su esposa.
“Es probable que exista alguna consigna en mi  contra, porque es increíble que a pesar de existir infinidad de circunstancias,  por no decir pruebas plenas, que acreditan mi inocencia […], estoy siendo  procesado sin prueba alguna que demuestre mi involucramiento con grupos  delictivos”, indica.
“Está documentado en autos (causa penal  99/2008, Juzgado Cuarto de Distrito de Sinaloa) cómo se han violentado  gravemente mis derechos humanos”, sentencia Pérez Chávez en su carta.
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Fuente: Contralínea 345 / julio 2013
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/31/mayor-francisco-perez-en-prision-por-cinco-testigos-protegidos/
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/31/mayor-francisco-perez-en-prision-por-cinco-testigos-protegidos/







 
 
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