Exoneran a Raúl Salinas de enriquecimiento ilícito

Exoneran a Raúl Salinas de enriquecimiento ilícito

El juez 13 de distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal determinó que Salinas no era responsable por el enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de dólares, acusación hecha por la Procuraduría General de la República.

(Foto: Archivo Cuartoscuro)

Un juez federal exoneró a Raúl Salinas de Gortari -hermano del ex presidente de México, Carlos Salinas- del delito de enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de pesos, fincado por la Procuraduría General de la República (PGR).

 

De acuerdo con el diario Milenio, luego de 16 años de litigio, Carlos López Cruz, juez 13 de distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, determinó que Raúl Salinas no es penalmente responsable de la comisión de dicho delito.

 

La PGR responsabilizó al hermano del ex presidente Carlos Salinas de comprar 41 propiedades en nueve estados del país, cuyo origen no pudo justificar cuando era servidor de Conasupo.

 

Además de Salinas, fue exonerado Juan Manuel Gutiérrez, quien fue acusado del mismo delito, además de peculado; esta persona fue señalada por el Ministerio Público federal de ser el prestanombres del hermano del ex presidente de México.

 

En la sentencia dictada el 19 de julio del presente año, se resolvió que los bienes tienen que devolverse a Raúl Salinas, después de que estos fueron asegurados el 2 de abril de 1996 -durante el sexenio de Ernesto Zedillo- por orden del juez cuarto de distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.

 

En el expediente se menciona que 24 de estos inmuebles se localizan en el Distrito Federal corresponden a departamentos, casas y terrenos; otros se ubican en los estados de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Baja California Sur y Puebla.

 

También ordena a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el descongelamiento de seis cuentas bancarias e igual número de cuentas de cheques.

 

El monto original de la acusación por parte de la PGR ascendía a 181 millones de pesos; en 1998 se elevó a 224 millones, tras la presentación de nuevas pruebas.

(Con información de Milenio)