Inversión pública y privada, estancadas- Reforma «educativa» fallida- Ah’i se va

Inversión pública y privada, estancadas

El subsecretario de Telecomu­nicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), José Ignacio Peralta, dijo ayer que las empresas nacionales y extranjeras no se han comprometido a invertir en el sector, a pesar de la reforma legal en materia de telecomunicaciones recientemente realizada. Según el funcionario, el gobierno federal espera que la iniciativa privada invierta 626 mil 305 millones de pesos durante el sexenio en curso, en tanto que la Federación destinará otros 73 mil 853 millones. Peralta atribuyó la escasez de inversiones privadas al hecho de que no está lista la legislación secundaria y a que aún está por fundarse el Instituto Federal de Telecomunicaciones, una de las instancias que habrán de intervenir en la licitación del espectro destinado a dos nuevas cadenas de televisión abierta. Asimismo, la banda de 2.5 Ghz no ha podido ser licitada porque se encuentra en curso el proceso legal iniciado luego de que la pasada administración, encabezada por Felipe Calderón, despojó de las concesiones en esa frecuencia a la empresa MVS.

 

En declaración por separado, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Jorge Dávila Flores, reclamó al gobierno federal que ejerza en tiempo y forma el gasto programado en infraestructura a fin de permitir la generación de empleos.

Lo cierto es que, por razones burocráticas o de otra índole, las inversiones, tanto las públicas como las privadas, se encuentran prácticamente suspendidas, circunstancia que dura ya más de un semestre –valga decir, desde que arrancó la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto– y que afecta el desarrollo, la reactivación económica y también, a fin de cuentas, las condiciones de vida de buena parte de la población.
 

Hay la percepción de que ni el gobierno federal ni los consorcios privados parecen dispuestos a utilizar los recursos de que disponen antes de que concluya el proceso de reformas legales y constitucionales que la actual administración ha emprendido o está por emprender en breve, como es el caso de las modificaciones propuestas para privatizar parte de la industria petrolera nacional.

 

Ciertamente, las empresas particulares no tienen obligación de invertir a ritmos o montos determinados –salvo que así se estipule en las concesiones que obtengan–, pero la autoridad está obligada a ejercer en tiempo y forma el gasto público aprobado por el Legislativo. Por lo demás, sería devastador para la economía nacional seguir postergando la aplicación de recursos hasta el incierto final de las reformas mencionadas, sobre todo si se toma en cuenta que la energética puede resultar en una confrontación política de grandes dimensiones, toda vez que la mayor parte de la población –así lo indican dos estudios no relacionados entre sí– se opone a permitir la explotación y la apropiación, por manos privadas, de recursos que desde 1938 pertenecen exclusivamente a la nación.

 

Es necesario y urgente, en suma, que el gobierno federal utilice los recursos que el país le ha confiado para los proyectos para los que están destinados y que, ante las poco claras perspectivas de las reformas aún pendientes, acelere los procesos administrativos y burocráticos necesarios a fin de posibilitar que fluyan las inversiones privadas.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Reforma educativa fallida

Antonia Candela

En los meses recientes hemos visto una gran movilización magisterial en contra de la mal llamada reforma educativa que modifica, de manera vertical y antidemocrática, los artículos 3º y 73 constitucionales para promover la evaluación universal de los maestros con el aparente propósito de mejorar la educación nacional. Esta reforma no propone medidas propiamente pedagógicas o educativas, sino que se centra en una serie de criterios para calificar a los docentes, con lo cual su efecto es más de control laboral que educativo. Sus consecuencias para la educación nacional son graves por lo que es necesario analizarlas.

 

En primer lugar la investigación educativa internacional ha mostrado que no hay ningún método efectivo que aislado permita identificar a los buenos maestros. La ex subsecretaria de educación de EU en la década de los 90, Diane Ravitch, impulsora de una reforma que ha servido de modelo a la que adopta el Estado mexicano, y que ella misma llama empresarial, reconoce después de 20 años de su aplicación que ésta ha sido un fracaso. No sólo no ha mejorado la educación en EU, sino que ha promovido la marginación de las escuelas públicas en beneficio de las escuelas privadas de medios socioeconómicos favorecidos y ha aumentado las desigualdades sociales, lo que provocó grandes movilizaciones de maestros en su contra ( La Jornada, 1/6/13). Ignorando su fracaso en varios países del mundo, se propone retomar este modelo en México, donde las desigualdades son ya dolorosamente agudas.

Las evaluaciones estandarizadas (como Enlace y PISA), base del modelo citado, han fracasado en mejorar la educación porque parten de estándares diseñados desde características lingüísticas y socioculturales de contextos como los de clases medias y escuelas privadas que ponen en desventaja a sectores sociales que no pertenecen a ellas, como los indígenas, que van siendo cada vez más marginados. Además, no permiten conocer las causas por las que se obtienen ciertos resultados y con ello no dan información sobre las medidas a tomar para mejorar. Por otro lado la frecuencia, la aplicación universal y el uso de estas pruebas para calificar a alumnos y docentes, han deteriorado el trabajo educativo pues los maestros terminan dedicando la mayor parte del tiempo a preparar a los alumnos para las pruebas. Si bien es positivo el anuncio de la SEP en cuanto a que es el último año que se aplica la prueba Enlace, esperemos que esto implique una renuncia general a la utilización de pruebas estandarizadas (iguales para los desiguales) por sus resultados adversos en cuanto a mejorar la educación.

En aras de contribuir a una supuesta autonomía escolar la reforma también diluye la responsabilidad del Estado en la creación de infraestructura escolar, y abre las condiciones para que las escuelas se financien con dinero público, pero administradas por instituciones privadas, lo que facilita la entrada de grupos empresariales y religiosos en la educación. Se atenta así contra las bases fundamentales de nuestra educación: pública, laica y gratuita.

La calidad educativa depende de factores como son: libros de texto y programas enciclopédicos y con errores, las desiguales condiciones de la infraestructura escolar y la cantidad de pruebas, de carga administrativa y de programas no académicos con los que se distrae a los docentes del trabajo educativo. La injerencia de Elba Esther Gordillo y su gente en la SEP es la causa de que estos factores y las condiciones del trabajo docentes sean las peores que ha habido en décadas. Hoy, cuando las medidas oficiales han permitido este deterioro, lo cual no se resuelve con meter a la profesora a la cárcel, la reforma, en vez de asumir la responsabilidad que tiene la SEP de mejorar la situación educativa nacional, culpa de ello a los maestros y trata de sancionar su desempeño.

 

Si algún sentido tiene la evaluación es aportar información de lo que se quiere modificar para analizar si las medidas adoptadas producen los resultados esperados. Si lo que se quiere cambiar es la educación hay que evaluar el o los proyectos educativos, y sólo como una parte de ellos a los maestros. Para esto la evaluación tiene que descentralizarse y ser diagnóstica (para no jerarquizar a los docentes con premios y castigos) y permitir que se haga con múltiples instrumentos y de manera colegiada para que los indicadores los establezcan los propios actores educativos y maestros con experiencia, con base en el proyecto de cambio pedagógico que se pretenda impulsar. En estos años de desastre pedagógico oficial, en gran parte de las entidades los docentes, que no sólo protestan, sino que también trabajan en desarrollar alternativas pedagógicas, han generado interesantes proyectos educativos locales que es importante apoyar e impulsar porque responden a las necesidades de contextos particulares y han sido probados durante años.

 

Sería conveniente que la SEP, en vez de hacer enormes gastos inútiles y reformas que ya han desgastado a los maestros, mejore las condiciones de trabajo docente y plantee contenidos mínimos, básicos, interculturales (porque somos una nación pluricultural) para la población nacional y bien fundamentados pedagógicamente que permitan profundizar la enseñanza apoyando la formación de maestros. Estos contenidos nacionales mínimos tienen que dejar los espacios que permitan incorporar proyectos pedagógicos complementarios, generados desde escuelas y zonas con condiciones socioeconómicas, lingüísticas y culturales similares.

 

No es posible mejorar la educación nacional si en ello no se involucran de manera consciente y convencida los maestros y esta reforma está provocando su participación decidida, pero en contra de la reforma. Si queremos tomar como ejemplo lo mejor que se realiza en el campo de la educación a nivel internacional y no los proyectos fallidos, deberíamos aprender que una de las bases de la buena educación de Finlandia es el más alto reconocimiento social y buenos salarios para los docentes de todos los niveles, y no su desprestigio social, como se está haciendo en México.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Ah’i se va

José Blanco

Una expresión mexicanísima muy relacionada con el nivel medio educativo general (no sólo escolar) de nuestra población. No hacemos el esfuerzo porque las cosas queden bien hechas, o bien terminadas, o terminadas en el sentido de completas. Refleja una indolencia lamentable, pero difícil saber en qué medida hacemos las cosas así, o qué proporción de la población se conduce de este modo. Más difícil saber por qué somos así.

 

Un hecho más que ejemplar de esta indolencia acaba de recorrer toda la república: los 117 errores ortográficos que adornan las páginas de los libros de texto gratuitos. Un hecho de veras muy vergonzoso: los autores de esos errores debieran ser exhibidos y sancionados de alguna manera.

Los libros fueron terminados, ahí tiene usted los manuscritos, solamente faltaría una revisión gramatical y de estilo, por un(os) especialista(s), antes de entrar a la imprenta. Pero no se hizo. Seguramente nadie usó esa expresión, pero se condujo de ese modo: ¡ ah’i se va!

Con ser un hecho grave, acabamos de ver también, en los mismos días, otro hecho muchas veces más grave y más complejo, detrás del cual hay cientos de procesos y decisiones, pero todo en conjunto es un ah’i se va monumental: tenemos miles de profesores graduados para el nivel básico, pero no tenemos las plazas que, mediando en examen de oposición, ocuparían tales graduados.

La SEP informó que 140 mil 172 maestros realizaron la evaluación, cifra que representa 95.86 por ciento del total de los 146 mil 222 aspirantes registrados. En esta edición se ofertaron (sic) 12 mil 933 espacios laborales, lo que significa que 127 mil 239 profesores se quedarán sin acceder a un empleo, no lograrán una doble plaza o no podrán regularizar su situación como interinos. Se abrieron, como se ve, 8.8 por ciento de los espacios inicialmente demandados. Esta aberrante situación se configuró ahora, pero para ello debieron converger, en el hoy, miles y miles de hechos, durante muchos, muchos años, que a la postre resultarían inútiles, pero en el que estaban involucradas miles de personas que ignoraban que caminaban por un túnel que no sabían adónde conducía.

En un proceso de larga data llegamos a este presente. La historia de las escuelas normales suele ser divida en generaciones. La tercera generación de Escuelas Normales, se inició en la década de los 80 del siglo XIX, tal como ocurrió en gran parte del mundo. La primera Escuela Normal de tercera generación en México fue la Escuela Normal Veracruzana fundada en noviembre de 1886 por el alemán Enrique Laubsher y el suizo Enrique C. Rébsamen. La segunda Normal moderna fue la de la Ciudad de México, fundada a principios de 1887. Ambas instituciones siguen en funcionamiento en la actualidad. Pero durante el siglo XX fueron creadas con rapidez muchas más hasta llegar a unas 450 que tenemos en la actualidad. Esta política es explicable a la luz de que en los años sesenta México alcanzó la tasa de crecimiento de la población más alta del mundo (arriba de 3.5 porciento anual).
 

Se llaman escuelas normales porque se supone que están normalizadas por el gobierno, lo que a su vez significa que el gobierno dicta las normas de la enseñanza básica en todo el territorio nacional. Por supuesto, estamos lejos de tener un sistema normalizado en todo el país. Ah’i se va.

 

Las Normales atienden la demanda de quienes requieren un puesto y un ingreso en corto plazo, pero cada año ¿cuántos son los entrantes efectivos? Nunca hemos oído hablar de rechazados en estas escuelas. De otra parte, casi podríamos jurar que el número total de quienes ingresan y egresan, no tiene relación ninguna con la demografía. ¿Cuántos profesores deben ser formados en los próximos diez años, por ejemplo?: Depende de cuántos profesores saldrán del sistema por jubilación u otras causas, y cuánto niños, por entidad federativa, nacerán y llegarán a edad escolar en determinados años.

 

En 1970 la tasa natural de crecimiento de la población era 3.26 por ciento, pero la acelerada urbanización y las políticas demográficas derrumbaron esa tendencia. En el año 2000 dicha tasa era de 2.15 por ciento y en 2010 de 1.31; se estimaba que para 2050 apenas llegaría 0.12 por ciento. Los datos proceden de un estudio de Conapo que fue realizado en 2009. El censo de 2010 dio la sorpresa de que había alrededor de 4 millones más de mexicanos que los esperados, que modificarían las proyecciones moderadamente, si como se conjetura es un desvío temporal en la tasa de fecundidad de la primera parte de la década 2000-2010.

 

Respecto a la educación, se estima que el monto de niños en edad de cursar la educación primaria (6 a 11 años) comenzó a descender y que el máximo de 13.4 millones, alcanzado en 2000 se reduciría en más de dos millones en los siguientes 14 años para ubicarse en 11.2 millones en 2015, lo que implica una reducción de la demanda de población en edad de cursar la primaria de 18% en ese periodo. ¿Sabía todo esto el sistema de Escuelas Normales o, con las decisiones de ingreso que tomaron en conjunto se trató de un amplio y colectivo ah’i se va que provocó que hoy tengamos más profesores de los requeridos por el nivel básico?

FUENTE: LA JORNADA OPINION