Astillero
7 mil 500 al mes
Narcobase social
Mano dura
Errores y limonadas
Julio Hernández López
MARCHA EN ZACATENCO. Un centenar de integrantes del Movimiento de Estudiantes No Admitidos marcharon en instalaciones del IPN, donde exigieron a las autoridades de diversas instituciones de educación superior que den respuesta al pliego petitorio que los jóvenes entregaron la semana pasada
Foto Pablo Ramos
Involuntariamente, el solemne procurador federal de justicia, Jesús Murillo Karam, le puso números a una forma razonada de acercarse al entendimiento de fondo del fenómeno social del narcotráfico y la delincuencia programada. Al dar los primeros resultados de la indagación insólitamente rápida de un par de los cientos de asesinatos similares que suceden al mes a lo largo del país, en este caso el del vicealmirante y uno de sus acompañantes en Michoacán, el ex gobernador de Hidalgo mencionó que los atacantes del alto mando marino recibían cada 30 días unos 7 mil 500 pesos como una suerte de salario.
Baja monta, si se compara con lo que la élite mexicana puede gastar en una noche de fiesta o algún producto de moda, pero una apreciable cantidad en las manos de los millones de mexicanos que sobreviven no sólo en condiciones de miseria sino, sobre todo, sin esperanza alguna de mejoría o desarrollo. Los olvidados de México (aprovechando la efemérides relacionada con Luis Buñuel) que se hacen presentes en la crisis nacional como sicarios, ya no solamente para allegarse los recursos económicos que la realidad institucional les ha negado de por vida sino, además, para ejercer salvajes formas de revancha social, de venganza contra el clasismo, la discriminación y la exclusión.
Los indicadores económicos de la contratación laboral por las empresas trasnacionales de exportación, manejadas por mafiosos mexicanos (se habla de los miembros de los cárteles oficiales de delincuencia organizada, no de los políticos en el poder), muestran el papel vital de esa actividad jurídicamente cuasi perseguida pero social y económicamente mucho más que tolerada (la economía nacional sufriría graves quebrantos si se interrumpiera el flujo de recursos y las operaciones empresariales apenas disimuladamente relacionadas con el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada).
Ayer, por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), informó que en el país hay 53.3 millones de mexicanos en condición de pobreza, los que representan 44.5 por ciento de la población, un porcentaje menor al que había en 2010, cuando ascendía a 46.1 En pobreza extrema hay 11.5 millones de personas (nota de Angélica Enciso en La Jornada). ¿Cuántos de esos pobres o pobres extremos estarían dispuestos a rechazar un pago mensual de 7 mil 500 pesos por hacer lo que sus sanguinarios jefes les indiquen?
Mientras tanto, avanza una especie de restauración sesgada del espíritu calderonista de guerra contra el narcotráfico e identificación plena (confundible con la entrega) con las fuerzas armadas. En una ceremonia privada en instalaciones de la secretaría de Marina se realizaron los funerales del vicealmirante y el segundo maestre que fueron asesinados el lunes en un confuso episodio que tuvo como ingredientes una protesta de transportistas en una caseta de peaje, lo que habría obligado al jefe de la zona naval con sede en Puerto Vallarta, y a sus acompañantes y esposa, a tomar un desaconsejable camino secundario en el que fueron asesinados dos de esos viajeros por atacantes que, contra la costumbre en este tipo de incidentes, fueron detenidos con extrema rapidez y eficacia, pues de inmediato dieron pie a la versión oficial (¿cuántas versiones oficiales se dieron durante el calderonismo de hechos relevantes que luego acabaron en construcciones facciosas, en fabulación acorde con los intereses de las cúpulas?) de que eran miembros del cártel de Los caballeros templarios que junto con Los Zetas son los entes que han quedado fuera del rediseño sexenal del gran negocio estupefaciente.
El asesinato del vicealmirante Miguel Salazar Ramonet y del segundo maestre Francisco Ricardo Hernández (por cierto, el pésame oficial expedido por Peña Nieto en Twitter sólo mencionaba los apellidos y el grado del primer oficial:
Mi sentido pésame a las familias del Vicealmirante Salazar Ramonet y del elemento de la Marina, como si los datos del segundo fueran menos necesarios que los del primero) tendrá como consecuencia, así sean indeseadas y no buscadas, la instalación de las condiciones de presunta justificación de una mano dura contra los Templarios que están fuera del proyecto que beneficia a federados del Pacífico y contra los manifestantes y opositores, todo a cinco semanas de que comiencen las protestas en forma contra los proyectos peñistas de expropiación de la renta petrolera y de la extensión impositiva a medicinas y alimentos.
Astillas
Sólo el estado de Veracruz es bello: la subsecretaria de educación básica de esa entidad, Xóchitl Adela Osorio, se congratula de que los libros de texto que imprimió la SEP para ser usados en el próximo ciclo lectivo contengan tantos errores como los que llevaron al secretario federal Chuayffet a poner el grito en el cielo, considerando que las 117 pifias detectadas son
imperdonables(desde luego, adjudicadas a la administración anterior, la del calderonismo). A la práctica funcionaria veracruzana le parece, por el contrario, que tales equívocos son una inmejorable oportunidad para detectarlos:
Cuando nos suceden esas cosas lo que hacemos es una limonada; si tenemos un limón, hacemos una limonada. Luego, siempre propositiva, añadió, como responsable del departamento de jugos y licuados pedagógicos, que eso
es parte de una estrategia didáctica que los maestros utilizamos cuando sabemos que hay un error en el libro (...) los errores ortográficos en los libros de texto no son una novedady los niños se sienten incluidos al detectarlos… Oportunismos gubernamentales y manipulaciones sentimentales desbordadas a propósito del niño maltratado en Tabasco por un funcionario municipal que en escena sublevante fue grabado mientras obligaba al pequeño a tirar al suelo los dulces (y cigarros al menudeo, según eso) que en una canasta expendía por las calles. En un México poblado por millones de infantes y adolescentes en situación de desgracia, autoridades se esmeran en atender el caso de uno de ellos, debido a su especial visibilidad mediática… ¡Hasta mañana!
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Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Servicios de inteligencia-Hernández 
Política social y manejo político
La difusión de los resultados oficiales sobre medición de la pobreza para 2012, presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ha derivado en un deslinde claro de la presente administración respecto de los programas sociales asistencialistas llevados a cabo por el pasado gobierno federal. Ayer, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, dijo que las transferencias condicionadas de recursos a los ciudadanos de los sectores más desprotegidos –como las que se realizan en el contexto del programa Oportunidades–
han sido más una herramienta de política pública de contención de la pobreza que de combate efectivo hacia la misma, si bien señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto planea
seguir apoyando estos programas en beneficio de los que menos tienen.
Adicionalmente, las cúpulas del régimen político han cifrado su perpetuación en el poder en la existencia de grandes sectores depauperados, los cuales son reducidos por la propia política social a la condición de ejércitos electorales de reserva. Esa táctica de utilización de la pobreza con fines electorales fue aplicada durante el sexenio salinista mediante el programa Solidaridad, se mantuvo sin cambios durante el gobierno siguiente, fue retomada por las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, y el Revolucionario Institucional recurrió a ella en forma masiva y notoria durante el proceso electoral del año pasado.
Es inevitable contrastar esa tendencia de lucrar políticamente con la pobreza con lo que ocurre en la capital del país, cuyos últimos gobiernos han promovido diversas medidas para impedir escenarios similares sin necesidad de cancelar los programas, como la elevación de los mismos a rango de leyes y la conversión de los beneficios sociales en derechos ciudadanos, con el fin de que unos y otros queden blindados incluso ante el eventual arribo de un gobierno de signo político distinto.
La despolitización de los programas de desarrollo social en el Distrito Federal ha permitido que éstos puedan ser ampliados y aumentados con independencia de los ciclos electorales y los cambios de gobierno; ello a su vez ha derivado en un avance constante en los índices de desarrollo humano y en un mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios. Por lo demás, es plausible suponer que dichos programas han contribuido en parte a que la ciudad de México se haya mantenido hasta ahora al margen de escenarios de violencia generalizada como los que se viven en otras partes del territorio.
Con todo y sus errores y deficiencias –los tiene–, la política social en la ciudad capital ha sentado un precedente que debiera ser recuperado por autoridades de otros niveles de gobierno. En tanto no se imprima un viraje similar en el modelo que impera a escala federal, parece improbable que las acciones oficiales en la materia vayan más allá de la demagogia y el populismo.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
orianazo preautorizado-Rocha 
La impunidad como síndrome nacional
Magdalena Gómez
Son diversos los casos de violación grave de derechos humanos que permanecen bajo el manto de la impunidad en todo el país. Destaco los emblemáticos de 1968 y 1971 y la masacre de Acteal, en 1997. Las discusiones del año 2000 sobre la pertinencia de crear una comisión de la verdad o bien una fiscalía especializada en la investigación sobre delitos del pasado privilegió esta última bajo el supuesto de que tendría efectos jurídicos inmediatos con la consignación de presuntos responsables. Hoy seguimos sin sentenciados por esos crímenes, y en el caso de Acteal con sentenciados como autores materiales liberados en el último tiempo por consideraciones de violación al debido proceso, mientras la autoría intelectual se encuentra en el limbo. Quien fue presidente de la República en tiempos de masacres obtiene nominaciones a favor de la paz y el diálogo, y logra el ingreso como miembro al colectivo The Elders, a la vez que obtiene un triunfo jurídico político con la decisión del juez de la corte de distrito del estado de Connecticut, que desechó la demanda en su contra por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal en 1997. Por su parte, su autoexonerado secretario de Gobernación Emilio Chuayffet hoy despacha en la oficina de la SEP, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue estudiando el caso. En los hechos el crimen de Estado se mantiene impune, con lo cual la ausencia de justicia conlleva el vacío de garantías de no repetición.
un mensaje de odio y de violencia. Evangélicos priístas, vinculados con los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal, detuvieron en días pasados a tres tzotziles, acusándolos sin pruebas de
contaminarel agua de la comunidad. Las diferencias por motivos religiosos se han presentado décadas atrás, pero la clave para que no deriven en conflictos mayores ha estado anclada en los procesos de conciliación internos, ello cuando el ámbito comunitario no está penetrado por intereses caciquiles frecuentemente asociados de manera especial al que otrora fue considerado partido oficial. Sin embargo, la región actualmente mantiene latente la tensión derivada de la estrategia contrainsurgente aplicada, entre otros elementos, con el apoyo y/o la formación de grupos paramilitares. De esta manera se configura el escenario de los llamados
conflictos intracomunitarioscon los que el Estado pretende exculparse. El componente de provocación está claro, por ello la junta de buen gobierno de Oventic denunció la violencia ocurrida el pasado 20 de julio en el ejido Puebla, municipio autónomo de San Pedro Polhó. Y señaló:
el problema aparentemente es sobre la construcción de la ermita; cuando en realidad es un ataque contra las bases de apoyo zapatistas y sus simpatizantes, que desde hace años también son víctimas de amenazas, desplazamientos y otras barbaridades de paramilitares, autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales. Y sentenció:
Los gobiernos, jueces y ministerios son expertos en fabricar delitos a personas inocentes y nunca en aplicar justicia. Los detenidos fueron liberados con la defensa del centro Frayba. Evidentemente, el conflicto no está desactivado y por acción u omisión son presuntos responsables de lo que suceda tanto el gobierno en Chiapas como el federal. De la Cocopa poco o nada se puede esperar ocupados como están los partidos en disputarse el turno de su presidencia que les da acceso a recursos. La CNDH bien haría en acercarse a Chenalhó y dar cuenta del riesgo latente de repetición que lamentablemente está presente.
Lejos estamos en el país de condiciones para ejercer el llamado derecho a saber, derecho colectivo que tiene origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Lo dijo muy bien Joinet en su clásico informe sobre impunidad: “Para poder dar la vuelta a la página es necesario ¡haberla leído! Pero la lucha contra la impunidad no es tan sólo una cuestión jurídica y política; ¿no nos olvidamos a menudo de su dimensión ética? (Informe final M. Joinet ONU CDH, 49 sesión Distr. General E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1 2 octubre de 1997.)
Obviamente el gobierno federal no está para dimensiones éticas; sus empeños están en sus llamadas reformas estructurales, en abrir al capital privado el control del petróleo, lo cual no es privatizar, dicen, con Perogrullo como libro de cabecera.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Amenazas inútiles-Fisgón 
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