Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

viernes, 16 de marzo de 2012

¡Cuidado con la ratificación del Acuerdo sobre yacimientos transfronterizos!- Wikileaks en La Jornada/ Petróleo- Minería: entre el despojo capitalista y la resistencia popular

Wikileaks en La Jornada/ Petróleo
La debilidad financiera de Pemex abre la opción de que participe la IP: Garza
En el sexenio de Fox la producción fue muy mal: Jordy Herrera a funcionarios de EU
Se abrió un hueco en las finanzas públicas de un 2.5 del PIB ($375 mil millones a valor actual)
Calderón debe mantener la extracción de crudo o aumentar impuestos, dijo el entonces embajador
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Vista aérea de la plataforma de exploración Bicentenario, ubicada en la sonda de CampecheFoto José Carlo González
Roberto González Amador
Periódico La Jornada
Viernes 16 de marzo de 2012, p. 2
La producción de petróleo en los seis años del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada fue muy mal. La extracción de crudo disminuyó en alrededor de 500 mil barriles diarios en ese periodo, situación que abrió un hueco en las finanzas públicas, calculado en 2.5 puntos del producto interno bruto (PIB), unos 375 mil millones de pesos a valor actual. Estas consideraciones fueron hechas por Jordy Herrera Flores, actual secretario de Energía, en reunión privada con funcionarios del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE).
“Herrera está ‘muy preocupado’ respecto de Petróleos Mexicanos” (Pemex), resumió Antonio O. Garza, entonces embajador de Estados Unidos en México, al reportar a Washington la reunión entre los funcionarios del DOE y Herrera, quien en ese momento (marzo de 2007) ocupaba la Subsecretaría de Planeación Energética de la Secretaría de Energía. El cable, parte de la información filtrada a Wikileaks, apunta que la debilidad financiera de Pemex, derivada de su alto endeudamiento, abre la opción a explorar nuevos métodos de contratación con empresas privadas.
Eran los primeros meses de la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, que empezó en diciembre de 2006. El gobierno se preparaba para su primera celebración del aniversario de la expropiación petrolera, decretada el 18 de marzo de 1938.
En marzo de 2007, Jordy Herrera, un político del círculo cercano al titular del Ejecutivo federal, habló con los funcionarios del DOE sobre una crisis de producción petrolera que podría derivar, en el peor de los casos, en una reducción de los ingresos presupuestales del gobierno de 2.5 puntos del PIB.
Herrera “está ‘muy preocupado respecto de Pemex’. Herrera ‘no sabe qué ocurrió durante el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006)’, pero la situación con la producción de petróleo fue ‘muy mal’”, cita el cable diplomático estadunidense al funcionario mexicano.
La administración de Calderón, agrega el despacho, tiene dos opciones: mantener la producción al nivel actual (marzo de 2007), o lo más cerca posible de esa marca, o emprender una reforma fiscal, para suplir los ingresos públicos que se dejan de percibir por la declinación de las exportaciones de crudo.
Es, precisamente, el tema de la producción de petróleo uno de los puntos tratados en esa reunión que son reseñados en el despacho diplomático.
México es uno de los tres principales proveedores de crudo a Estados Unidos.
Herrera cree, con base en datos de Pemex que ha visto, que México puede estabilizar su declinante producción de petróleo crudo a un nivel aproximado de 2.5 millones de barriles por día, 17 por ciento abajo de la extracción registrada en ese entonces.
Cinco años después, la información oficial confirma la apreciación de Herrrera en la reunión con los funcionarios del Departamento de Energía de Estados Unidos.
En 2007, la producción de petróleo crudo fue de 3 millones 76 mil barriles por día, que bajó a 2 millones 792 mil barriles en promedio diario en 2008 –una caída de 9 por ciento. Un año después, el promedio fue de 2 millones 602 mil barriles por día, que bajó todavía más, a 2 millones 576 mil barriles en 2010 y a 2 millones 550 mil barriles diarios el año pasado, de acuerdo con cifras oficiales de Pemex. En enero de 2012, el promedio diario de producción fue de 2 millones 518 mil barriles.
Herrera anticipó en esa reunión, celebrada el 12 de marzo de 2007, que en la primera ocasión en que el nuevo gobierno participaría en la conmemoración de la expropiación petrolera, el presidente Calderón hablaría en su discurso sobre la magnitud de la inminente crisis (petrolera), algo que ningún gobierno hizo antes.
Efectivamente, el 18 de marzo de 2007, esto es, seis días después de la reunión de Herrera con funcionarios estadunidenses, Calderón declaró: Si no actuamos, y pronto, para reponer las reservas, no podremos revertir la reducción en la producción en los últimos años y en muy poco tiempo nuestro país tendrá problemas graves, no sólo para financiar su desarrollo, sino que incluso en lugar de ser exportadores nos convirtamos en importadores netos de petróleo y sus derivados y refinados.
El despacho diplomático refiere la precaria situación financiera de Pemex, válida en 2007 y que no se ha alterado en lo sustancial en 2012.
Dice: Pemex necesita dinero que no tiene. Con una gran deuda, la capacidad de Pemex para contratar nuevo endeudamiento es limitada. La única opción es buscar nuevos métodos de contratación con compañías privadas. Sin embargo, dadas las restricciones constitucionales para la participación de particulares en el sector energético, cualquier movimiento en esta dirección será políticamente difícil.
Enlaces:

Petróleo
¡Cuidado con la ratificación del Acuerdo sobre yacimientos transfronterizos!
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

      E
n unos días se cumplirá el 74 aniversario de la expropiación petrolera y resulta hoy oportuno traer a la atención de la opinión pública un caso grave e importante de la política y la industria del petróleo: el aprovechamiento de los yacimientos transfronterizos y el acuerdo suscrito al respecto por los gobiernos de México y Estados Unidos.
El pasado 28 de febrero recibió el Senado, para su ratificación, el Acuerdo para la explotación de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, firmado el pasado 20 de febrero, en Los Cabos, Baja California Sur, por las secretarias de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y de Estado, Hillary Clinton, respectivamente, de los gobiernos de México y Estados Unidos. Se trata de un instrumento jurídico que tiene el propósito de establecer los procedimientos para repartir la producción obtenida de yacimientos continuos hacia ambos lados de la frontera marítima. En ese sentido, el acuerdo implica un cambio en la forma como México ha llevado a cabo la explotación de los carburos de hidrógeno durante más de setenta años, y por ese simple motivo debe ser ampliamente conocido y examinado.
La ausencia de información pública sobre una negociación de la complejidad técnica de este acuerdo genera, por decir lo menos, suspicacia. Por ejemplo, no se sabe por qué se firmó hasta ahora, pues dada su materia fundamental debió haberse suscrito por lo menos diez años atrás. Si fue por negligencia de las autoridades mexicanas, que, entre otras cuestiones, desestimaron que durante todo ese tiempo las empresas competidoras de Pemex lograron avanzar tecnológica y organizacionalmente en la planeación y desarrollo de este tipo de proyectos; o si fue negativa del gobierno estadunidense, por razones que hasta hoy no se nos han dado a conocer. El hecho contundente es que este acuerdo deja sin protección el interés nacional, pues las empresas que ya trabajan en el lado estadunidense de la frontera marítima no quedan obligadas a su observancia, y en el caso de la redistribución, o sea la eventual nueva distribución entre ambas partes de los productos obtenidos en el curso del desarrollo y aprovechamiento de un yacimiento, el procedimiento para la nueva reasignación de beneficios queda en la indefinición.
El acuerdo trata del método –de unificación (gestión de un yacimiento transfronterizo por un solo operador, que rinda cuentas a las dos partes)– que utilizarán las empresas o entidades que hayan adquirido o adquieran permisos o concesiones para explotar yacimientos que crucen las fronteras marinas de México y Estados Unidos: se definen plazos para notificar las actividades de exploración y explotación que se realicen en una franja de tres millas a cada lado de la línea de delimitación; se especifican los procedimientos para determinar, cuando así proceda, la calidad de yacimientos transfronterizos, para llevar a cabo la unificación; se fijan los plazos para la obtención de acuerdos de distribución y redeterminación (modificación de la distribución de beneficios); se identifica a las instancias que deban constituirse para administrar conjuntamente los yacimientos, y, establece reglas para la solución de controversias entre los participantes.
El acuerdo deja a salvo el interés de las empresas que ya están trabajando en las áreas limítrofes, en este caso del lado norteamericano, pues consigna textualmente que sus cláusulas no se aplicarán sin la voluntad de las empresas (artículo1): “Si alguna disposición de este acuerdo requiriera que una de las partes modifique los términos de cualquier licencia existente a la fecha de la última notificación prevista en el artículo 22, dicha disposición no será aplicable en tal caso…” y el acuerdo no rige en la jurisdicción de las aguas territoriales del estado de Texas.
El artículo 9 señala los procedimientos para la redeterminación de la distribución de la producción, pero es ambiguo al señalar que “[Las] partes deberán hacer lo posible para asegurar… la justa y equitativa distribución de la producción de cada yacimiento…” Al respecto, debe tenerse en cuenta que la evaluación de las condiciones de los yacimientos es dinámica en la medida de su desarrollo y aprovechamiento, por lo que el acuerdo debiera garantizar la equidad entre las partes y no dejar su interpretación a la subjetividad de lo que para alguna de las partes sea (o no) posible. Más aún cuando en la relación con Estados Unidos es inevitable el peso de la asimetría.
El área objeto del acuerdo identifica más de 140 bloques, que en su mayoría podrán ser objeto de licitación, entre ellos se encuentran 23 que han sido ya concesionados, y en los que diferentes empresas realizan trabajos de exploración y desarrollo. La región del Cañón de Alaminos, particularmente la zona denominada Cinturón Plegado de Perdido concentra gran parte de los proyectos más prometedores: Great White, Silvertreep, Trident y Hammerhead, donde las empresas concesionarias han logrado perforar con éxito a profundidades que superan los 2,900 metros de tirante de agua; algunos pozos han comenzado a producir y otros lo harán en los años siguientes. Se trata de un complejo (Perdido Hub) que ya está en funcionamiento y que integra, en el fondo marino, la infraestructura de las diferentes empresas para concentrar, separar y transportar el producto obtenido hasta las costas de Texas.
En los últimos años Pemex ha comenzado a explorar la parte mexicana del Cinturón Plegado de Perdido, a partir de información que puede suponerse soporta la hipótesis de que existen yacimientos transfronterizos. Esta actividad plantea la disyuntiva de que al localizar yacimientos viables, aun cuando no fueran continuos hasta la parte estadunidense, se tendría que decidir la construcción y montaje de nueva infraestructura o vincularse a la ya existente, que lleva los productos obtenidos a la costa texana. Es decir, se estaría asumiendo que dados los previsibles volúmenes extraídos sobre todo en las primeras etapas de explotación, el desarrollo de un proyecto para procesar en territorio mexicano los productos obtenidos podría resultar antieconómico, por lo que estos productos tendrían que utilizar las infraestructuras con terminales en Texas, con las consecuencias económicas, financieras y geopolíticas que ello implica. Esta es una razón más para buscar precisión en el acuerdo, en cuanto a la distribución de beneficios en el aprovechamiento de yacimientos transfronterizos.
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Por las circunstancias en que se da, la firma del acuerdo parece resultado de una presión ejercida sobre el gobierno mexicano para facilitar los trabajos de las empresas que ya operan del lado estadunidenseFoto José Carlo González
Por otra parte, dado que el acuerdo señala que las empresas que ya trabajan en la zona tienen la facultad de decidir si adoptan o no lo establecido en el acuerdo, las autoridades mexicanas y el Senado deben, por lo pronto, responder a las siguientes preguntas: ¿qué pasará si una empresa, con licencia estadunidense previa, estima no conveniente celebrar un acuerdo de unificación? ¿Quién fijará la compensación al Estado mexicano por los hidrocarburos de un transfronterizo ya obtenidos o por extraer? ¿A qué instancias internacionales podría recurrir el gobierno mexicano en caso de controversia?
El asunto se complica aún más dado que el artículo 16 establece que un experto fallará sobre las controversias relativas a la distribución de la producción. Quizás esta sea la práctica usual entre empresas, pero no se debe olvidar que en este caso el experto determinaría entre el interés de una empresa y el de un Estado soberano.
Por las circunstancias en que se da, la firma de este acuerdo parece el resultado de una presión ejercida sobre el gobierno mexicano para facilitar los trabajos de las empresas que ya operan del lado estadunidense. En el año 2000 el gobierno mexicano suscribió con Estados Unidos un Tratado de límites sobre la plataforma continental, es decir sobre el espacio marino más allá de las doscientas millas de mar patrimonial, que estableció una moratoria a la exploración y explotación en la frontera de la región denominada Hoyos de Dona; sin embargo, como se ha visto, el desarrollo se dio ya en el lado estadunidense, mucho más cerca de la costa, y fuera del área respecto a la cual se negoció la moratoria, por lo que ahora los vecinos pretenden extender sus zonas de actividad a los transfronterizos, que seguramente ya han detectado.
Una omisión grave es que a lo largo del texto del acuerdo no aparece la palabra, y menos aún el tema, de las reservas que pudieran descubrirse, pues para México, como país exportador, resulta prioritaria su administración con visión de largo plazo. Cabría al respecto preguntarse si en la Estrategia Nacional de Energía se han previsto las gestiones necesarias para convenir un plan que considerara la apertura a la explotación ordenada de las distintas zonas compartidas en el Golfo de México –tal como se hace en Estados Unidos.
El acuerdo que se ha solicitado ratifiquen los senadores levantará la moratoria sobre la zona de los Hoyos de Dona (artículo 24) y abrirá a la explotación, en un solo acto, si así lo dispone el gobierno estadunidense, toda la línea limítrofe en el mar, dejando que sólo el interés del mercado determine la velocidad de extracción de los hidrocarburos existentes. ¿Donde quedará el interés mexicano por administrar las reservas de esa zona según las necesidades del desarrollo nacional o para generaciones futuras? Más aún cuando se actúa a ojos cerrados, pues se desconoce la magnitud de los recursos comprometidos, o incluso, cuando existe confusión en el propio gobierno (o un propósito consciente de confundir a la opinión pública), lo que se ha visto en estos días, cuando funcionarios gubernamentales afirman reiteradamente que no hay indicios de la existencia de yacimientos transfronterizos.
Un acuerdo como el recientemente firmado por el gobierno mexicano no debería ser un acto obligado por las circunstancias, sino paso secuencial de una ruta trazada en la expansión de la industria petrolera nacional y en la protección y administración con racionalidad de presente y futuro, política, económica y técnica, de nuestros recursos naturales.
Bajo las nuevas circunstancias, es indispensable fortalecer los recursos de Pemex para proyectos en la zona limítrofe. Es necesario, igualmente, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos fortalezca sus funciones de vigilancia en el uso racional de los recursos y para la prevención de desastres naturales. Y es indispensable, además, examinar las posibilidades de que Pemex adquiera instalaciones de refinación en Estados Unidos para procesar los flujos de hidrocarburos que surgirán en la porción norte del Golfo de México.
Finalmente, el Senado de la República, antes de ratificar el acuerdo, debiera solicitar al Ejecutivo su modificación, a fin de que quede plenamente salvaguardado el interés nacional y para que este texto no vaya a ser antecedente en la suscripción de otros acuerdos internacionales, como el que bien puede preverse deberá en su momento convenirse con Cuba. De no acceder el Ejecutivo a plantear la revisión de este acuerdo, el Senado de la República no debe ratificarlo.

Minería: entre el despojo capitalista y la resistencia popular
Francisco López Bárcenas
 
      Hace 11 años, en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenzó la resistencia popular contra el despojo a la nación y los mexicanos por la gran industria minera. En 2001 los opositores a la minería a cielo abierto comenzaron la resistencia con un festival cultural y unas mesas de análisis sobre los problemas que la presencia de la minera New Gold-Minera San Xavier generaba entre ellos. Tal vez los organizadores de la resistencia ni lo imaginaron, pero al paso del tiempo terminaron convirtiéndose en uno de los referentes imprescindibles de la oposición a la actividad minera a gran escala, por los efectos tan negativos que deja entre la población de los alrededores donde se establece. Ahora, con la legitimidad que les da una década de lucha, se preparan para la realización del undécimo festival de la resistencia contra la actividad minera a gran escala, el cual está programado para realizarse el próximo sábado 17 del presente mes y al cual, además de comunidades de la región, esperan asistan opositores de otras latitudes del país.
Once años después de las primeras resistencias las condiciones son diferentes. En principio ya los efectos de la minería se dejan ver con más claridad. Uno de ellos es que los dueños de las minas se vuelven ricos a costa de la vida de los trabajadores. El ejemplo más claro es que Germán Larrea Mota Velasco, el principal accionista del consorcio minero Grupo México –el dueño de la mina Pasta de Conchos, colapsada por una explosión en febrero de 2006–, ocupa el cuarto lugar entre los multimillonarios mexicanos, y el 48 en el mundo, con una fortuna de 14 mil 200 millones de dólares. Esa es la cara bonita, la de los resultados alegres de la minería; la otra enseña los muertos por oponerse a esta actividad –Óscar Loredo, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; Mariano Abarca Roblero, en Chicomuselo, Chiapas, y Bernardo Méndez, en San José del Progreso, Oaxaca, son casos emblemáticos–. Pero también están las muertes por enfermedades, la contaminación de las tierras y aguas, privándolos de los medios de subsistencia, devastación ambiental, afectación de la salud de las personas y la destrucción del entorno cultural.
No son los únicos que resisten, naturalmente. Por muchos puntos del territorio nacional la lucha antiminera crece y se fortalece. Son importantes las luchas de Chicomuselo, Chiapas; la de los opositores a la mina Caballo Blanco, en Veracruz; la de San José del Progreso y Capulalpan, en Oaxaca; la que se desarrolla en la región Costa-Montaña, en Guerrero; la de los huicholes en Jalisco, y varios municipios de Chihuahua, Sonora y Baja California, en el norte del país. Son la luchas antimineras más visibles, las que han trascendido el espacio local y sus voces inconformes son escuchadas mas allá de su localidad; la mayoría de ellas inclusive participan en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Pero hay más, aunque no se vean. En el mismo estado de San Luis Potosí y su vecino Zacatecas existentes resistencias que no por pequeñas dejan de ser importantes. Hacia allá también se tienden caminos en este undécimo festival de la resistencia minera, para que su experiencia transcienda y abone a la lucha.
Entre los objetivos que los organizadores del encuentro se han fijado está propiciar la coordinación de los diversos movimientos que se oponen a los efectos nocivos de la gran minería, que es al mismo tiempo una lucha en defensa de la vida y el ambiente; también buscan que entre todos los asistentes se genere un diálogo en torno a las posibilidades de establecer lazos de apoyo y unidad entre todos aquellos que se oponen a la gran minería tóxica, para compartir conocimientos, recursos y experiencias que permitan que sus esfuerzos arrojen mejores resultados. Se trata de miras de alto vuelo, porque piensan que ya está más o menos claro el objetivo por el que se debe combatir, pero falta saber cómo se hará, no porque no haya ideas de cómo hacerlo, sino porque abundan, pues aunque los movimientos de resistencia comparten sus objetivos comunes, cada uno tiene sus propias dinámicas, de acuerdo con su tamaño, los recursos con que cuenta para moverse y las relaciones que logra establecer con diversos actores, entre otros factores. Ahí radica la importancia de este undécimo festival de la resistencia a la minería que el 17 de marzo se realizará en el Cerro de San Pedro. De ahí pueden surgir las ideas que permitan dar el gran salto hacia adelante en la lucha por la vida.

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