Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

jueves, 15 de marzo de 2012

Lo intolerable- Revientan priistas sesión en San Lázaro para evitar discutir feminicidios en Edomex-

Lo intolerable

Familiares en busca de los desaparecidos. Foto: Octavio Gómez
Familiares en busca de los desaparecidos.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En mis últimos artículos no he dejado de señalar el desprecio con que los candidatos y los partidos políticos no sólo han borrado de sus agendas a las casi 50 mil víctimas, a los más de 20 mil desaparecidos y a los más de 250 mil desplazados (ni siquiera se tienen los datos reales) de la guerra que el Estado desató contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino también la emergencia nacional que vive el país y que día con día acumula más muertos, más desaparecidos, más desplazados y más impunidad dentro del estado de excepción que se ha apoderado de México.
A esta afrenta, que habla de la corrupción de los partidos y de su indiferencia por la vida humana, se suma otra, igual de intolerable: el intento de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación de reducir la Ley de Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder a una pobre y ridícula Ley de Víctimas del Delito.
Durante el segundo encuentro, en octubre de 2011, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) con el Poder Ejecutivo de la nación, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, reclamamos al presidente que la Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), que se creó después del primer diálogo en julio, era una farsa. Primero, porque nosotros habíamos pedido una Procuraduría de Atención a Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder; segundo, porque no se nos había consultado para su creación, y tercero, porque no tenía ni rango de Estado ni los recursos ni el personal suficientes para atender tanto dolor. El presidente no sólo respondió: “Yo pedí una Procuraduría de Atención a Víctimas de la Violencia, pero parece que no me hacen caso”, sino que también pidió al Inacipe una ley que la amparara.
El Inacipe redactó entonces, con expertos mexicanos y colombianos, y consultando a las víctimas y a diversas organizaciones de derechos humanos, una espléndida Ley de Atención a Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder. Lo mismo sucedió con el diálogo con el Poder Legislativo, que pidió a la UNAM la redacción de una ley de la misma envergadura. Aunque muchas organizaciones trabajan en la fusión de ambas leyes, que presentaremos al Legislativo como la ley que requiere la nación, el desprecio por parte del gobierno federal y de muchos legisladores se hace cada vez más profundo.
Províctima no ha cambiado su nombre ni ha recibido los recursos económicos ni el personal que requiere. “Se ha limitado a ofrecer”, como señala Miguel Concha (La Jornada, 3 de marzo de 2012), “la inscripción en programas sociales federales a personas que demandan una justa restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición, esto es, medidas de reparación integral del daño, con justicia y derecho a la verdad”. Además, la ley del Inacipe ha sido rasurada por parte del Ejecutivo hasta convertirla en una ley tan inane como la propia Províctima.
Es intolerable que mientras a instancias del Poder Ejecutivo los legisladores del PRI, del PAN y de parte del PRD aprobaron aportar 14 mil millones de dólares para incrementar la cuota al Fondo Monetario Internacional con el fin de salvar la crisis de Europa, miles de familias de nuestro país no sólo no encuentren por parte del Estado la más mínima reparación del daño que la violencia ha causado a sus vidas, sino que además muchas de ellas estén arruinadas económicamente buscando una justicia que se difiere en el tiempo, que duerme bajo los archivos de la corrupción judicial y que jamás llega.
Ese es el talante de nuestros gobernantes y de sus partidos; esa, la realidad del Estado: la traición, la burla y el desprecio por lo humano, un horrendo espejo en el que la delincuencia se mira y se solaza para continuar su macabra marcha por el país.
Si muchos en esta nación están dispuestos a tolerar lo intolerable, a aceptar que siga habiendo asesinados y desaparecidos, que las víctimas, como las suplicantes de Eurípides, clamen a un Estado tan sordo como delincuencial, sin que haya un ápice de justicia, muchos otros más no estamos dispuestos. No hemos caminado el país, dialogado con todos, visibilizado a las víctimas y logrado estas mínimas conquistas para que se les traicione.
Seguiremos luchando no sólo para que Províctima esté a la altura del dolor que la nación reclama, sino para que la Ley de Víctimas de la Violencia y del Abuso de Poder se legisle y sirva para aliviar el sufrimiento. En ella hay absolutos irreductibles: obligatoriedad en los tres niveles de gobierno; protección a las víctimas de la violencia y de la violación a los derechos humanos; protección de sus derechos a la asistencia permanente, a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño; mecanismos efectivos de reparación, indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición; un sistema nacional de registro y de atención a las víctimas, y un registro nacional de datos forenses.
Si nos traicionan sabremos no sólo que Calderón pasará a la historia como un traidor de los derechos humanos, sino que lo que aún queda del Estado está muerto. Entonces habrá que ir a las urnas para llenarlas incuestionablemente con nuestro voto en blanco.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.

Revientan priistas sesión en San Lázaro para evitar discutir feminicidios en Edomex

La priista Diva Gastélum. Foto:Germán Canseco
La priista Diva Gastélum.
Foto:Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Una veintena de legisladoras del PAN y del PRD tomaron este jueves la tribuna de la Cámara de Diputados para exigir que se discutan diversos temas de género, entre ellos, los feminicidios, sobre todo, los ocurridos durante la gestión gubernamental de Enrique Peña Nieto, en el Estado de México.
En consecuencia, el presidente de la Mesa Directiva, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, suspendió la sesión para acordar cuándo y cómo se trataría el tema.
La molestia de las legisladoras arrancó cuando la priista Diva Gastélum pidió la palabra para recriminar los términos en que su compañero de partido, Francisco Moreno, se refirió al sexo femenino durante la comparecencia del director del ISSSTE, Sergio Hidalgo Monroy, el martes pasado.
Ese día, Moreno dijo: “No hay mujer bonita que no pueda ser meretriz”.
El punto del diputado se dio por terminado cuanto éste “humildemente” ofreció una disculpa y solicitó que sus palabras se retiraran de la versión estenográfica.
Sin embargo, la panista Valentina Díaz de Rivera Hernández se colgó del tema y reprochó: “algunos diputados no conocen el valor y el trabajo de las mujeres”, y aseguró que comentarios como los vertidos por Moreno “llevan en el fondo una cultura muy acendrada en contra de la mujer y sus derechos; y llevan a males sociales tan aberrantes como las muertes violentas de las mujeres, los feminicidios y asesinatos contra las mujeres.
El miércoles, la diputada Valentina Díaz emprendió una campaña en contra del candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Ese día dijo “Peña las trae muertas”, en alusión a las dudas que prevalecen sobre la muerte de su esposa Mónica Pretelini, en 2007, y a su aspecto de galán de telenovelas que pretende proyectar.
“Pido respetuosamente que podamos debatir el tema, sobre todo de uno derivado de este tipo de comentarios, que podamos debatir el tema tan doloroso en el país sobre los feminicidios, sobre las muertes violentas de mujeres, los asesinatos de mujeres”, dijo hoy la legisladora panista.
Leticia Quesada, del PRD, secundó a la legisladora panista; recordó que hace un año se votó en contra una alerta de género en el Estado de México. Después de que calificó de “feminicida” y “coqueto” a Peña Nieto, demandó darle seguimiento a los más de mil homicidios que se tienen contabilizados en esa entidad.
Lamentó que no se le ha dado seguimiento al tema de los feminicidios en el Estado de México “porque hay mucha impunidad en éste y en muchos casos de toda la República”.
Mientras las diputadas hacían uso de la palabra, otras subían a la tribuna en demanda de que se discutiera el tema.
Luego siguió, desde su curul, la panista María Elena Pérez de Tejada Romero, quien en marzo de hace dos años atribuyó a Enrique Peña Nieto la muerte de su esposa Mónica Pretellini, “muerte sobre la cual existen dudas”, dijo entonces.
Hoy afirmó: “Se trata de vidas, se trata de mamás, se trata de jefas de familia, se trata de hijas, se trata de esposas, se trata de personas; no son números fríos. El Estado de México es una muestra, por supuesto, y deber otros estados, como lo han mencionado”.
La priista Diva Gastélum –quien abrió el tema de la misoginia–, al ver que las críticas se enfilaban contra Enrique Peña Nieto, pidió la palabra para enderezar el rumbo que tomaba la discusión; forzadamente pretendió convencer a todos que el tema de la mujer era un asunto de la “reforma política”
“Me parece que todo lo que hemos escuchado forma parte de una agenda, pero la verdadera agenda de la mujeres tiene que ver con la reforma política; este país requiere una reforma política donde las mujeres estemos visibles, porque si seguimos haciendo reparto de culpas, cada quien habla de cifras como le conviene, o habla de estados conforme le quiere pegar a tal o cual candidato.
“El tema de las mujeres debe ser tratado con respeto, los feminicidios no son un asunto en donde solamente se encajona para golpear políticamente”, afirmó.
Luego, el vicecoordinador del PRI, José Ramón Martell, quien también trató de evitar la inclusión de Peña Nieto en la discusión, dijo que la mejor forma de honrar a las mujeres era aprobando la ley sobre trata de personas.
Otro vicecoordinador, el de los panistas, Albert Pérez Cuevas dijo que su partido respaldaba a las mujeres para que el tema se debatiera en el pleno, petición que desde la toma de la tribuna demandan diputadas panistas y perredistas.
Los vicecoordinadores, del PRD, Alejandro Encinas, y del PAN, Albert Pérez Cuevas, dieron su aval para que se discutiera el tema de los feminicidios y el de trata. En contra se manifestó el PVEM.
El presidente de la Mesa Directiva declaró un receso y cinco minutos después se anunció que al término de la discusión sobre la ley contra la trata se abordaría el tema de feminicidios. La propuesta satisfizo a las legisladoras, quienes abandonaron la tribuna.
Sin embargo, cuando ya se discutía en lo particular la ley; y faltando escasos minutos para continuar con el tema de feminicidios diputados del PRI comenzaron a abandonar lentamente el salón de sesiones, con lo cual reventaron el quórum necesario para continuar con la sesión.
Pese al desaire de los priistas, la panista Valentina Díaz insistió en el tema: “El debate que pedimos desde la mañana no es un debate político ni se trata de un debate de ocasión, ni de un debate por las elecciones que vienen, ni de un debate en contra de algún funcionario público, de ningún partido ni de ninguna clase de funcionario; se trata de un debate de la mayoría de la población que somos las mujeres. No quisiera yo pensar que lo están rehuyendo porque no tienen cómo negar que el Estado de México es la entidad donde más se cometen asesinatos de mujeres en el país, uno de cada tres asesinatos”.

Taxistas de Puebla piden préstamo a ‘El Chapo’ para comprar motos

Uno de los volantes repartidos en Puebla. Foto: Tomada de Twitter
Uno de los volantes repartidos en Puebla.
Foto: Tomada de Twitter
MÉXICO, D.F. (apro).- En Puebla, durante una protesta afuera del Congreso local, más de 100 mototaxistas solicitaron al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán un préstamo para adquirir motocicletas nuevas y así conservar sus empleos.
Para este fin, los inconformes repartieron volantes en los cuales plasmaron su petición al líder del cártel de Sinaloa.
“Sr. Don Chapo Guzmán: somos gente honesta y trabajadora. Somos mototaxistas. El Gobierno nos persigue con más saña que a usted. Nos quiere quitar nuestras fuentes de empleo y nos obliga a comprar un vehículo que con intereses cuesta 200 mil pesos que no tenemos”, indica el mensaje.
Y agregan: “Por lo que le pedimos un préstamo de 70 mil pesos (a cada mototaxista) para poder conservar nuestras fuentes de trabajo, cantidad que le pagaremos en 14 meses”, agregan.
Los mototaxistas argumentan que necesitan ese dinero para comprar los vehículos que sustituirán sus unidades, pues aseguran que la deuda sería muy alta al pagar los intereses. El programa de renovación lo implementó el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Indicaron que en los últimos días las autoridades han retirado más de 20 unidades, quitándoles su fuente de ingreso para sostener a sus familias.
“Gobierno yo te di mi voto, devuélveme mi moto”, fue una de las consignas lanzadas durante la protesta

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