Cassez, el costo electoral
La francesa Florence Cassez condenada a 60 años de cárcel.
Foto: AP
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MÉXICO, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en condiciones de asestarle a Felipe Calderón, en pleno proceso electoral, uno de los golpes más fuertes de su sexenio.
La revisión del amparo promovido por la ciudadana francesa Florence Cassez contra la sentencia de 60 años de prisión por su supuesta participación en la banda de secuestradores Los Zodiaco, le da la oportunidad a la Corte de responder a las severas y reiteradas críticas que ha hecho Calderón al Poder Judicial.
La propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea de amparar a Cassez y, en consecuencia, darle la “libertad absoluta e inmediata”, responde no sólo a su declarada posición de hacer de sus fallos una defensa de los derechos humanos.
También se explica por su cercanía con el ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza, quien en público y en privado le ha reclamado a Calderón sus pretensiones de influir en los jueces para que lo apoyen en su “guerra al narcotráfico”.
El 15 de diciembre pasado, durante su primer informe como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, teniendo a un lado a Calderón, Silva Meza señaló: “Entendemos que, a veces, pero cada vez con mayor frecuencia, las resoluciones del Poder Judicial, especialmente aquellas con un alto impacto social, político o mediático, causen dificultades para algunos actores políticos.
“Entendemos que, a veces, no se comprenden a cabalidad. Lamentamos que en muchas ocasiones sus fundamentos y consideraciones se vean como meros legalismos o tecnicismos judiciales. No compartimos que se desacrediten, sin fundamentos”.
La respuesta no pudo ser más directa. Calderón se la había pasado criticando a los jueces que “por corrupción” o “tecnicismos” liberan a los delincuentes que su gobierno agarra y agarra”.
Esa posición, sin embargo, no es la única en el máximo tribunal, en tanto que se trata de un órgano colegiado. Presidente de la Primera Sala de la Corte, Zaldívar requiere por lo menos dos votos más para su propuesta.
Sin entrar al fondo respecto de la responsabilidad o no de Cassez de las acusaciones de secuestro, delincuencia organizada y posesión de arma prohibida, la Primera Sala podría resolver por la forma en que actuó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) cuando detuvo a la ciudadana francesa, en diciembre de 2005.
Como lo ha dicho la defensa de Cassez, Zaldívar considera que la AFI violó los derechos consulares y de presunción de inocencia de la ciudadana francesa al lincharla en los medios de comunicación, en especial en los noticiarios de televisión.
En ese entonces, Genaro García Luna era el director de la AFI y Felipe Calderón estaba a un año de ocupar Los Pinos. Calderón hizo suyo el caso y, contra toda evidencia, sigue defendiendo a toda costa la actuación de quien ahora es su secretario de Seguridad Pública.
En los próximos días, Felipe Calderón presionará a la Corte para evitar el golpe y capitalizar electoralmente el caso. Pero si ampara a Cassez, el Poder Judicial le daría un severo golpe a la política de seguridad de Calderón, a las pretensiones del PAN de mantenerse en la presidencia y en particular a García Luna, como actor principal del montaje sobre la detención de Cassez.
No sería la primera vez que García Luna quedara exhibido en el máximo tribunal del país.
Hace casi un año, en abril de 2010, la Corte lo hizo por primera vez cuando ordenó la liberación de las indígenas nañu Alberta Alcántara y Teresa González, detenidas en 2006 por la AFI de García Luna, acusadas de secuestrar a dos agentes de esa corporación durante un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro.
En ese caso, la liberación ordenada por la misma Primera Sala se debió a las graves irregularidades en el proceso, de manera similar a lo ocurrido con Cassez.
En un gobierno democrático, con una efectiva rendición de cuentas, García Luna sencillamente no tendría cabida. Ya por decisión personal o por orden presidencial, hace años que habría dejado de vivir del dinero público y de administrar los millonarios y sensibles recursos encomendados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Calderón, por el contrario, lo encumbró como funcionario. Le dio una fuerza de más de 30 mil hombres para su Policía Federal, lo equipó con el caro apoyo de Estados Unidos y lo protegió ante las reservas y abiertas críticas de las Fuerzas Armadas, en particular de mandos del Ejército.
Y aun cuando el desempeño de la SSP ha quedado en entredicho en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación –dependiente de la Cámara de Diputados–, Calderón ha preferido pagar un alto costo antes de deshacerse de su colaborador. Muy caros le han salido los servicios que le hizo durante la anterior disputa presidencial.
A juicio, el sistema penal mexicano por caso Cassez: CDHDF
El ómbudsman local, Luis González Plascencia.
Foto: Germán Canseco
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MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia, consideró que la ponencia del ministro Arturo Zaldívar deja en claro que “no está en juicio la culpabilidad o no de la señora (Florence) Cassez, lo que está en juicio es el sistema penal mexicano”, por lo que la discusión pública debe darse en esos términos.
Luego de difundirse la ponencia de Zaldívar, en la que concluye que por las violaciones a los derechos procesales la francesa debe ser puesta en libertad, el ómbudsman capitalino resaltó que el valor de la propuesta es que obliga a una revisión “de la policía, del Ministerio Público, y (…) hay condiciones para revisar criterios judiciales”.
Cabe resaltar que la CDHDF, junto con otras organizaciones sociales, envió en días pasados una opinión jurídica (amicus curiae) a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que coincide con la propuesta del ministro Zaldívar.
Entrevistado luego de la entrega del premio Hermila Galindo, el titular de la CDHDF resaltó que el estudio del ministro Zaldívar se centró, “en primer lugar, en el asunto de la violación a los derechos consulares de la señora Cassez y, en segundo lugar, las deficiencias en el proceso penal mismo”.
Al señalar que el de Cassez fue “un proceso que se corrompió”, el ómbudsman local dijo que no era un asunto menor que “no se hayan tomado en cuenta los derechos consulares”, si se considera que México fue “promotor de esos derechos, precisamente porque muchos connacionales nuestros son juzgados sin ese derecho en otros países”.
Sobre deficiencias procesales, dijo que “desafortunadamente son el común denominador en una importante cantidad de procesos en el país”.
Al insistir en que las fallas procesales “no son un asunto menor”, González Placencia insistió en que el análisis a que va a ser sometido el proyecto del ministro Zaldívar “es una buena oportunidad para hacer una reflexión de fondo sobre cómo funciona nuestra policía, nuestro MP, sobre la necesidad de fortalecer la capacitación de jueces y juezas (…) creo que es el llamado de atención que hoy hace el ministro Zaldívar”.
Después de recomendar a quienes piden que se ratifique la sentencia a Cassez a que conozcan a fondo los argumentos del ministro ponente, González Placencia indicó que en caso de que se avale el proyecto por el pleno de la Primer Sala de la SCJN, “esa decisión va a beneficiar en el mediano y largo plazo al país”; pero de no ser así, se tendrían que analizar los argumentos planteados.
“Naturalmente todas las personas podemos expresar nuestro acuerdo o desacuerdo con esa decisión, pero insisto mucho, creo que es importante respetar esa decisión, y en todo caso, seguir trabajando para que sucesos como esos no ocurran”, sentenció el ombudsman capitalino.
Este día, la CDHDF galardonó con el premio Hermila Galindo a la periodista Sara Lovera y a la académica Gloria Careaga, así como a la organización Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC (Semillas).
Luego de difundirse la ponencia de Zaldívar, en la que concluye que por las violaciones a los derechos procesales la francesa debe ser puesta en libertad, el ómbudsman capitalino resaltó que el valor de la propuesta es que obliga a una revisión “de la policía, del Ministerio Público, y (…) hay condiciones para revisar criterios judiciales”.
Cabe resaltar que la CDHDF, junto con otras organizaciones sociales, envió en días pasados una opinión jurídica (amicus curiae) a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que coincide con la propuesta del ministro Zaldívar.
Entrevistado luego de la entrega del premio Hermila Galindo, el titular de la CDHDF resaltó que el estudio del ministro Zaldívar se centró, “en primer lugar, en el asunto de la violación a los derechos consulares de la señora Cassez y, en segundo lugar, las deficiencias en el proceso penal mismo”.
Al señalar que el de Cassez fue “un proceso que se corrompió”, el ómbudsman local dijo que no era un asunto menor que “no se hayan tomado en cuenta los derechos consulares”, si se considera que México fue “promotor de esos derechos, precisamente porque muchos connacionales nuestros son juzgados sin ese derecho en otros países”.
Sobre deficiencias procesales, dijo que “desafortunadamente son el común denominador en una importante cantidad de procesos en el país”.
Al insistir en que las fallas procesales “no son un asunto menor”, González Placencia insistió en que el análisis a que va a ser sometido el proyecto del ministro Zaldívar “es una buena oportunidad para hacer una reflexión de fondo sobre cómo funciona nuestra policía, nuestro MP, sobre la necesidad de fortalecer la capacitación de jueces y juezas (…) creo que es el llamado de atención que hoy hace el ministro Zaldívar”.
Después de recomendar a quienes piden que se ratifique la sentencia a Cassez a que conozcan a fondo los argumentos del ministro ponente, González Placencia indicó que en caso de que se avale el proyecto por el pleno de la Primer Sala de la SCJN, “esa decisión va a beneficiar en el mediano y largo plazo al país”; pero de no ser así, se tendrían que analizar los argumentos planteados.
“Naturalmente todas las personas podemos expresar nuestro acuerdo o desacuerdo con esa decisión, pero insisto mucho, creo que es importante respetar esa decisión, y en todo caso, seguir trabajando para que sucesos como esos no ocurran”, sentenció el ombudsman capitalino.
Este día, la CDHDF galardonó con el premio Hermila Galindo a la periodista Sara Lovera y a la académica Gloria Careaga, así como a la organización Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC (Semillas).
Publica la Suprema Corte el proyecto del caso Cassez
Los ministros Arturo Zaldívar y Fernando Franco.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundió en su portal de Internet el proyecto del ministro Arturo Zaldívar sobre el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por secuestro.
El miércoles 21, la Primera Sala de la SCJN discutirá el proyecto, en el que Zaldívar propone liberar a Cassez porque el “montaje televisivo” sobre su captura, en diciembre de 2005, vició todo el proceso penal en contra de la francesa.
El documento fue publicado casi en su integridad y sin supresión de nombres u otros datos personales, como sí había hecho la Corte en otros asuntos.
Los únicos nombres que se suprimieron fueron los de las víctimas de secuestro que declararon contra Cassez, aunque éstos ya son conocidos públicamente.
Por su lado, Olga Sánchez Cordero, integrante de la SCJN, expresó su preocupación por el proyecto de sentencia que propone amparar y liberar a Florence Cassez.
No obstante, consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene que acostumbrarse a que cada proceso tiene sus instancias y sus revisiones judiciales de todos los actos de gobierno.
Cordero también descartó que este asunto sea turnado al pleno de la Corte, pues se trata de un caso estrictamente de carácter penal que corresponde resolver a la Primera Sala.
Entrevistada en el marco de una ceremonia del Día Internacional de la Mujer, la ministra dejó en claro que esa Sala no se pronunciará sobre la inocencia o culpabilidad de los involucrados, sino sólo del “control constitucional de los hechos”.
En tanto, el subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, reviró que los puntos que plantea el ministro Arturo Zaldívar, sobre las fallas en el procedimiento del caso de Cassez, no son suficientes para anular la sentencia de 60 años de prisión por secuestro.
En entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, el funcionario de la PRG advirtió:
“Nosotros consideramos que fallas en el procedimiento no pueden tener esos alcances de anular la sentencia, pues además existe numerosa jurisprudencia internacional y resoluciones de tribunales constitucionales de muchos países, principalmente europeos y de la Corte de Derechos Humanos Europeos, que no le dan ese alcance a estas deficiencias que señala el ministro Zaldívar.
“Pensamos que en la revisión que hagan los ministros encontrarán que la propuesta excede en mucho los alcances que realmente puede tener”, opinó.
Lo que señala el ministro Zaldívar, abundó, “no trasciende en nada al procedimiento penal, que es lo que tenemos enfrente, las evidencias están ahí, el procedimiento se siguió con toda regularidad y en todo momento estuvo asistida por un defensor, un traductor y en la mayor parte del procedimiento asistida por el consulado francés”.
Más aún, destacó el derecho que tienen las víctimas a la justicia que ya les había sido otorgada.
“Nos preocupa el derecho fundamental que tienen las víctimas a una justicia que ya les fue otorgada, sin que haya elementos que desvirtúen la culpabilidad de quienes han sido sentenciados y ahora se les proteja y se les deje en libertad”, lamentó.
Ramos Flores recordó que “el caso ha sido ampliamente analizado por las diversas instancias, pero independientemente de eso, tenemos el testimonio de tres víctimas que fueron rescatadas del cautiverio y que han narrado cómo sucedieron los hechos y que han hecho su imputación en forma directa”.
Luego reiteró su confianza en la decisión de los ministros para desechar el proyecto de Zaldívar:
“La PGR tiene la confianza de que una vez que el proyecto sea sometido a los demás ministros, tengan que valorar todos estos aspectos y desechar el proyecto del ministro Zaldívar, ante contundencia de los elementos jurídicos y fácticos en el expediente, y que a todas luces muestran la contundencia del caso”, remachó.
Proyecto Caso Cassez SCJN
El miércoles 21, la Primera Sala de la SCJN discutirá el proyecto, en el que Zaldívar propone liberar a Cassez porque el “montaje televisivo” sobre su captura, en diciembre de 2005, vició todo el proceso penal en contra de la francesa.
El documento fue publicado casi en su integridad y sin supresión de nombres u otros datos personales, como sí había hecho la Corte en otros asuntos.
Los únicos nombres que se suprimieron fueron los de las víctimas de secuestro que declararon contra Cassez, aunque éstos ya son conocidos públicamente.
Por su lado, Olga Sánchez Cordero, integrante de la SCJN, expresó su preocupación por el proyecto de sentencia que propone amparar y liberar a Florence Cassez.
No obstante, consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene que acostumbrarse a que cada proceso tiene sus instancias y sus revisiones judiciales de todos los actos de gobierno.
Cordero también descartó que este asunto sea turnado al pleno de la Corte, pues se trata de un caso estrictamente de carácter penal que corresponde resolver a la Primera Sala.
Entrevistada en el marco de una ceremonia del Día Internacional de la Mujer, la ministra dejó en claro que esa Sala no se pronunciará sobre la inocencia o culpabilidad de los involucrados, sino sólo del “control constitucional de los hechos”.
En tanto, el subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, reviró que los puntos que plantea el ministro Arturo Zaldívar, sobre las fallas en el procedimiento del caso de Cassez, no son suficientes para anular la sentencia de 60 años de prisión por secuestro.
En entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, el funcionario de la PRG advirtió:
“Nosotros consideramos que fallas en el procedimiento no pueden tener esos alcances de anular la sentencia, pues además existe numerosa jurisprudencia internacional y resoluciones de tribunales constitucionales de muchos países, principalmente europeos y de la Corte de Derechos Humanos Europeos, que no le dan ese alcance a estas deficiencias que señala el ministro Zaldívar.
“Pensamos que en la revisión que hagan los ministros encontrarán que la propuesta excede en mucho los alcances que realmente puede tener”, opinó.
Lo que señala el ministro Zaldívar, abundó, “no trasciende en nada al procedimiento penal, que es lo que tenemos enfrente, las evidencias están ahí, el procedimiento se siguió con toda regularidad y en todo momento estuvo asistida por un defensor, un traductor y en la mayor parte del procedimiento asistida por el consulado francés”.
Más aún, destacó el derecho que tienen las víctimas a la justicia que ya les había sido otorgada.
“Nos preocupa el derecho fundamental que tienen las víctimas a una justicia que ya les fue otorgada, sin que haya elementos que desvirtúen la culpabilidad de quienes han sido sentenciados y ahora se les proteja y se les deje en libertad”, lamentó.
Ramos Flores recordó que “el caso ha sido ampliamente analizado por las diversas instancias, pero independientemente de eso, tenemos el testimonio de tres víctimas que fueron rescatadas del cautiverio y que han narrado cómo sucedieron los hechos y que han hecho su imputación en forma directa”.
Luego reiteró su confianza en la decisión de los ministros para desechar el proyecto de Zaldívar:
“La PGR tiene la confianza de que una vez que el proyecto sea sometido a los demás ministros, tengan que valorar todos estos aspectos y desechar el proyecto del ministro Zaldívar, ante contundencia de los elementos jurídicos y fácticos en el expediente, y que a todas luces muestran la contundencia del caso”, remachó.
Proyecto Caso Cassez SCJN
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