Reforma innecesaria y preocupante- ¿A quién pertenecen los partidos?- Campañas, propuestas y bancos

Reforma innecesaria y preocupante

 

     El Senado de la República aprobó ayer en comisiones la reforma al artículo 24 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener y adoptar en su caso la de su agrado, y que esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivos.

Es pertinente recordar que la citada modificación al texto de la Carta Magna –cuya votación en el pleno senatorial podría darse en la sesión de hoy– es innecesaria en estricto sentido legal: a contrapelo de lo expresado por el senador panista Sergio Pérez Mota, en el sentido de que la reforma avalada ayer es imprescindible para evitar que caigamos en un Estado laicista en el que se puedan coartar libertades esenciales en materia de creencias religiosas, éstas están protegidas por la Constitución, cuyo artículo 24 señala actualmente que toda persona es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones y actos de culto respectivos, como coincidieron ayer representantes de todas las fracciones parlamentarias, incluida la del Partido Acción Nacional.
Por añadidura, según afirmaron diversos legisladores, el dictamen de reforma sobre libertad religiosa acusa severas incongruencias y deficiencias en su redacción, y ello da cuenta de impericia, descuido y falta de rigor inaceptables en el trabajo legislativo: si toda ley está sujeta, por principio, a la interpretación, con el consecuente riesgo de lecturas facciosas y desviaciones del espíritu originario de las normativas, el aval a enmiendas confusas e incongruentes, como la comentada, alimenta el riesgo de que se vuelva imposible su cabal cumplimiento. Tal situación es particularmente preocupante en el ámbito de la regulación de las distintas confesiones y de la relación entre éstas y el Estado mexicano, marcado por las sistemáticas violaciones de la jerarquía católica a los principios que restringen su intromisión en asuntos políticos.

Pero el aspecto más preocupante de la mencionada modificación legislativa es la falta de discernimiento que mostraron los senadores encargados de analizarla al incluir, como parte de la libertad religiosa, la realización de actos de culto en el espacio público. Por más que esas ceremonias se den en los hechos desde hace tiempo, su reconocimiento en el marco legal del país es contraria a una consideración elemental: la esfera pública, en tanto escenario de la interacción social cotidiana, debe ser accesible a todos los ciudadanos, y ello implica, desde luego, mantenerla al margen de cualquier sesgo confesional. La necesidad de que el Estado regule el espacio público en su laicidad y de que la realización de los actos religiosos quede constreñida a los templos no obedece, pues, a afán anticlerical alguno, sino a un reconocimiento de la pertinencia y la importancia de preservar un ámbito neutral para todas las personas, independientemente de su credo.

Ante la falta de razones válidas y de peso para la reforma mencionada, y en vista de los efectos políticos y sociales nocivos que pudieran desprenderse de ella, la única explicación plausible a la luz verde legislativa otorgada ayer es un inadmisible afán de dar gusto al alto clero católico ante la inminente llegada al país de Benedicto XVI. Así pues, a reserva de esperar a que la citada reforma sea o no avalada por el pleno, ésta difícilmente ayudará a construir una sociedad más justa y libre, y sí fortalecerá, en cambio, el poder –de suyo desmedido– de la jerarquía católica en el país, y se sumará, para colmo, a las poco decorosas muestras de abandono del carácter laico del Estado mexicano frente al Vaticano.

¿A quién pertenecen los partidos?

Soledad Loaeza

 

     El domingo 11 de marzo, en el fallido acto de masas en el que Josefina Vázquez Mota rindió protesta como candidata del PAN a la Presidencia de la República, ella misma hizo una advertencia que me parece reveladora. Dijo que había que recordar que los verdaderos dueños del partido son los ciudadanos. No creo que los destinatarios de estas palabras fueran los insolados de las gradas. La candidata le hablaba a la dirigencia de Acción Nacional, y en particular al presidente Calderón, que no ha olvidado su pertenencia partidista ni por un minuto, y que en medio de los muchos agobios que le significan las responsabilidades de gobernar siempre se ha dado tiempo para seguir atendiendo el timón de su partido. La competencia entre el candidato y el jefe del partido por el control de la organización ocurre de manera inevitable, y no sólo en Acción Nacional, y expresa la rivalidad que se desarrolla entre dos liderazgos –nótese que aquí la figura del presidente o secretario general del partido está ausente– que compiten por el control del partido.

La insistente participación del presidente Calderón en la vida del PAN, de la cual no quedó lugar a duda durante la competencia interna por la candidatura presidencial, es una fuente constante de tensiones entre los panistas, pues muchos resienten lo que consideran una pérdida de autonomía de la organización. Sin embargo, el Presidente y su círculo más cercano creen que su intervención es legítima, y que de no haberla el partido perdería definitivamente la brújula. Esta apreciación le hace un flaco favor a Gustavo Madero, quien, en tanto que presidente de Acción Nacional, ha asumido la responsabilidad del proceso de selección de candidatos y se ha convertido en blanco de ataque de los descontentos. Esta es una historia injusta, pues bien sabemos que el encargado último del palomeo de las listas de candidatos es Felipe Calderón. Hay que decir que este último no se inventó nada. Históricamente, en el PAN, como en los demás partidos, la dirigencia ha sido determinante en esa selección. Pero lo que antes era una obligación, en democracia se ha convertido en una prerrogativa que excluye a la militancia. En estas circunstancias, difícilmente puede afirmarse que el partido pertenece a los ciudadanos, aunque ellos hayan resuelto efectivamente la competencia por la candidatura para la elección del próximo julio.
Los rabiosos pleitos por las candidaturas al Congreso y a otros cargos de elección que estarán en juego el próximo mes de julio han puesto al descubierto las discrepancias que se agitan en el seno del partido, como ha ocurrido con el PRI y con el PRD, pero, a mi manera de ver, sobre todo han dado prueba de que el control del PAN es el meollo de la disputa entre Felipe Calderón y Josefina Vázquez. El primero no está dispuesto a dejar el partido en manos de una candidata cuyo triunfo está muy en veremos, y la segunda cree, o sabe, que los resultados de su campaña dependen de su capacidad para hacer suya la organización. Uno no quiere dejar ir, y la otra se empeña en arrebatar.

Estos jaloneos ocurren en un nivel muy alejado de la militancia y de los adherentes, que sólo ven ires y venires de candidatos y de aspirantes a candidatos que les piden su apoyo, si acaso algo les piden. No obstante, a nadie se le ocurre pensar que la base del partido debe tomar estas decisiones; y cuando Josefina dice que el partido pertenece a los ciudadanos, lo que sugiere es que cuando ella camine por los corredores del PAN, Felipe Calderón deberá hacerse a un lado porque ella obtuvo la candidatura presidencial a pesar de él, con el apoyo de los panistas de a pie, a quienes representa con más fidelidad que él; a los que son, según ella, los verdaderos propietarios del PAN.

En el PRI la escena es muy diferente. No obstante el dislate que fue designar a Humberto Moreira presidente del partido, el liderazgo de Enrique Peña Nieto entre los priístas está firme como la Estela de Luz; Pedro Joaquín Coldwell se desempeña como un presidente de partido honesto, directo, sincero y trabajador, que muy cumplida y prudentemente se abstiene de desafiar la autoridad del candidato que es ya, y desde hace varios meses, el líder indiscutido del priísmo nacional. Esto significa, en primer lugar, que los pleitos que pueda suscitar la distribución de cargos de elección popular serán mucho menos graves que los que le hacen ahora la vida imposible a Gustavo Madero. Pero con todas sus virtudes, los acuerdos entre priístas no son el resultado de una organización más democrática, sino la réplica del pasado, cuando el líder del partido era el Presidente de la República, que era también el verdadero propietario del PRI.

En el PRD todo indica que las dirigencias –varias y diversas– han aprendido a negociar entre ellas; el proceso no se ha desarrollado sin rispideces, pero en esta ocasión, y salvo casos excepcionales, Andrés Manuel ha decidido mirar en otra dirección cada vez que sus correligionarios discuten espacios legislativos. Esta ausencia ha aligerado la atmósfera; sin embargo, tan feliz desenlace fue posible una vez que López Obrador había asegurado las curules que le interesaban para sus allegados más cercanos. El resto lo deja indiferente, también porque cree que la tarea de gobernar México es un asunto reservado al Presidente de la República con el apoyo del pueblo en general; en este arreglo el Poder Legislativo no tiene mucho que hacer, y poco importa quién sea el dueño del partido.

Banqueros-Ahumada

ahumada@jornada.com.mx

Campañas, propuestas y bancos

Orlando Delgado Selley

 

      Aunque las campañas por la Presidencia de la República no han comenzado, los candidatos han ido planteando las líneas centrales de lo que será su oferta política. Parte nodal de esta oferta será la propuesta económica, que deberá considerar definiciones de políticas de corto y largo plazos. La evolución del entorno global y la evaluación de las consecuencias para la economía mexicana serán fundamentales en el diseño de estas políticas. La manera en la que se entienda la naturaleza de la crisis global que empezó en 2007 determinará las líneas de acción económica en los años por venir.

La interpretación convencional del momento actual de la crisis, que es la que sostiene el gobierno federal, plantea que el problema central está en el terreno fiscal. La tarea principal, desde esta perspectiva, es controlar el gasto público y mantener el movimiento de los precios dentro de los límites establecidos por los bancos centrales. El pacto para la estabilidad y el crecimiento de la eurozona, centrado en la disciplina fiscal y la cesión de soberanía nacional, resume esta visión neoclásica.
Esta interpretación económica, traducida a la definición política nacional, implica que lo central es mantener controlados los equilibrios fundamentales: déficit de las finanzas públicas, déficit en la cuenta corriente e inflación. Congruente con esta idea, se privilegia la autonomía del banco central y su dedicación al objetivo único de la estabilidad, al tiempo que a la autoridad hacendaria se le mandata legalmente presupuestar equilibradamente. La dinámica económica, en consecuencia, estará a cargo de inversionistas privados nacionales y extranjeros.
En la propuesta de los candidatos del PAN y el PRI se plantea la continuidad del modelo económico vigente desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, estableciendo que deberán concluirse las reformas estructurales pendientes: laboral, fiscal y del sector paraestatal. Por ello proponen abrir Pemex a la inversión privada. La diferencia entre estas candidaturas, en realidad, se localiza en una supuesta capacidad para administrar al país y no en el planteamiento de rumbos diferentes para el desarrollo.

La otra propuesta presidencial establece enfáticamente su diferencia con el modelo vigente, criticando mayormente la concentración del ingreso y del poder y sus consecuencias en la competitividad de la economía nacional. Profundizar esta diferenciación exige definir aspectos que resultan centrales para desatar una nueva dinámica en la que efectivamente empresas privadas medianas y pequeñas tengan las condiciones para desarrollarse y desarrollar al país. El funcionamiento de la banca es decisivo en esta reanimación productiva.

La banca privada que funciona en México presta poco, pero obtiene enormes utilidades que transfiere a sus matrices en el extranjero. Modificar este esquema, haciendo que presten y que parte de sus utilidades permanezcan en México, lo que hasta Guillermo Ortiz señala, no ocurrirá por el libre juego del mercado bancario. Se requiere la intervención del Estado. Del mismo modo que se ha propuesto reiteradamente que los bancos centrales agreguen a su objetivo la estabilidad financiera, lo que implica regular la banca con relevancia sistémica, en México hace falta que la banca central incorpore el objetivo del crecimiento de la economía y del empleo.

Hará falta que, además, la banca de desarrollo recupere su capacidad para otorgar directamente crédito, de modo que pueda promover que empresas solventes crezcan. El ejemplo brasilero es elocuente en este aspecto. Sin la contribución de la banca gubernamental el crecimiento rápido de los flujos crediticios no será posible y, en consecuencia, no se generarán los empleos que se requieren para, por lo menos, incorporar a la fuerza de trabajo formal los contingentes que se están incorporando.

Insistir en la austeridad de los funcionarios públicos es correcto. No lo es, en cambio, apelar a una austeridad fiscal que es contraria a lo que se requiere en un proyecto incluyente.

odselley@gmail.com