DINERO- CCE: defensa del dispendio- Política exterior de Estado

Dinero

Fidel, mi mejor amigo, decía Peña Nieto

La alianza Iusacell-Telefónica

¿También tú, Margarita?

Enrique Galván Ochoa

 

        En las filas priístas las lealtades tienen el valor de un cacahuate garapiñado. Hace un par de años, por este mismo mes de junio, el todavía gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, visitó Veracruz para darle un espaldarazo en su cierre de campaña al candidato Javier Duarte –el aficionado a enviar millones de pesos en efectivo por avioneta. Entonces se hablaba mucho de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRI, entre los que figuraba el gobernador Fidel Herrera. Abordado al final del acto de cierre de campaña de Duarte, en Plaza Lerdo, le preguntaron los reporteros a Peña Nieto:

–¿No se siente apabullado por estar en la tierra de su mejor oponente para 2012?
–No estoy en la tierra de mi mejor oponente, sino en la tierra de mi mejor amigo, que es Fidel Herrera Beltrán –repuso Peña Nieto.
De aquello volaron ya dos años, y ayer, cuando volvió a preguntársele por su mejor amigo, mostró un memoria alzheimera. Se manifestó en favor de que las autoridades investiguen los supuestos nexos de Fidel y Los Zetas. Pues que sea la justicia la que investigue y que aplique la ley. Creo que en este tema he señalado con toda claridad, y en lo personal, que corresponde a las instancias de procuración de justicia hacer las investigaciones y aplicar la ley, trátese de quien se trate, aquí no hay mayor definición de parte de su servidor que no sea otra que aplicar la ley, expresó. (Nótese que se enredó un poquitín con las palabras, es que no se ha inventado un teleprompter portátil). La situación del ex gobernador de Veracruz se complica. Es señalado como protector del empresario Francisco Colorado, acusado por el gobierno de Estados Unidos de lavar dinero para Los Zetas. Al parecer hay un proceso de creación de una cadena de lealtades pripánicas. El gobierno panista no toca a los ex gobernadores priístas –Yarrington, Eugenio Hernández, Moreira, Fidel– a cambio de servicios de intocabilidad a futuro.

Alianza Movistar-Iusacell

Es un tiro largo y a gol el que están disparando Iusacell y Telefónica-Movistar contra la portería del Grupo Slim. Firmaron una alianza para crear la red de telecomunicaciones más grande y rápida del país. Sus clientes de telefonía celular, datos, wi-fi y otros servicios, ganarán acceso a las estructuras de ambas empresas. Movistar tiene más de 20 millones de usuarios, es la número dos del país después de Telcel (América Móvil). La alianza adquiere todavía un significado mayor si se agrega al cálculo la posible fusión de Iusacell y Televisa, la cual ya fue resuelta por la Comisión Federal de Competencia, pero su fallo no se ha hecho público hasta que las partes sean notificadas.

Margarita

Comentaba ayer que Felipe Calderón, al igual que Fox, ya está trabajando por Enrique Peña Nieto. Ambos necesitarían protección de quien podría ser el próximo presidente y ambos saben que Josefina está perdida. Confirmando lo anterior, ayer mismo se informó que Margarita Zavala, la esposa de Calderón, fue hospitalizada por un problema ocular. Margarita había acompañado en algunos actos a Josefina; incluso viajó con ella al debate de Guadalajara. Su convalecencia tardará varios días, justo de aquí a la víspera del primero de julio; por lo tanto, ya no podrá seguir acompañando a la candidata panista. Parafraseando célebre frase: ¿Tú también, Margarita?

e@Vox Populi

Asunto: la defensa de la corrupción

Me parece muy simplista la crítica del gobierno, partidos y candidatos sobre el ahorro que se puede lograr como lo propone AMLO (300 mil millones de pesos). Si estoy equivocado corríjame. El presupuesto anual del gobierno es de 3 millones de millones de pesos. En cualquier presupuesto es posible con buena voluntad e inteligencia ahorrar 10 por ciento. Cualquier mexicano sabe de esto. Gracias a los gasolinazos cada rato hay que hacer ajustes a nuestro presupuesto, menos el gobierno.

Agustín Escobar/Coatzacoalcos

R: El presupuesto federal es mayor, 3.7 billones de pesos, en vías de convertirse en 4 billones en uno o dos años. Al gobierno, los partidos y sus candidatos no les importan los salarios, les va la vida en que se conserve la corrupción. De ese fondo sin fondo sale el dinero para las fortunas ilícitas.

Asunto: pensión hasta los 70 años

El señor Carlos Slim dijo en una reunión internacional que los países deben privatizar para crecer y repartir la riqueza. Él es el principal beneficiario de la política de privatizaciones que comenzó uno de los peores presidentes que ha tenido México. ¿No se da cuenta de que vive en un país que está en crisis por esa política depredadora que vendió teléfonos, autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, energía y minas, entre otras cosas? Ese empresario que quiere dar semanas de tres días a los trabajadores, que empiece con la empresa bajo su administración. Entonces podría hablar sin pena, no sólo lejos de México, sino en cualquier foro de su país.

Óscar Monroy /Hermosillo

R: Son un tanto irreales las propuestas de don Carlos. Por ejemplo, la de extender a los 70 años la edad de jubilación. Con los salarios tan bajos que les paga a sus empleadas de Sanborns y las enfermedades que contraen por tantas horas trajinando a pie, sería difícil que llegaran vivas a esa edad.

Twitter

Al escuchar la entrevista de don Jacobo Zabludovsky a @EPN, entendí por qué se retiró Enrique @galvanochoa del programa De 1 a 3.

Víctor Manuel Pérez @vicpa01

Informo que en el Distrito 06, Tlaxiaco, Oaxaca, hubo un sobrante de 2 mil 109 boletas electorales para la elección de diputados.

Gilberto López @GilbertoLopezMx

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CCE: defensa del dispendio

 

        El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, se pronunció ayer en contra de la propuesta formulada por el aspirante presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, de reducir los salarios de los altos funcionarios públicos, pues dijo que éstos tienen mayor responsabilidad, y en consecuencia deben ser gente muy preparada y bien pagada. A renglón seguido, el líder empresarial dijo que los recortes propuestos por el candidato de las izquierdas podrían ocasionar que precisamente por esos bajos salarios (los funcionarios) caigan en otros temas que son los que deberíamos atacar, como la corrupción.

 

        La defensa por el organismo cúpula del sector privado de las elevadísimas percepciones que se dan a sí mismos los más encumbrados integrantes del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial no sólo resulta contraria al espíritu republicano, sino también incomprensible desde la lógica de los propios intereses empresariales: los grandes consorcios privados tendrían que ser, por principio, los principales interesados en reducir o establecer un tope razonable a los emolumentos y a las prestaciones de los altos cuadros del Estado, así sea como forma de optimizar el gasto de los recursos que aportan por la vía fiscal.

        No obstante, la declaración del presidente del CCE pone en perspectiva la situación de privilegio que viven en el país las propias élites empresariales, beneficiarias de regímenes especiales en materia fiscal, de todo tipo de facilidades para el pago diferido de gravámenes y hasta de omisiones en la recaudación por el gobierno federal. La falta de voluntad o de capacidad gubernamental para cobrar impuestos a empresarios privilegiados es un hecho reconocido incluso por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, quien en octubre de 2009 admitió que las empresas que más ganan rara, rara vez pagan impuestos en el país.

      Así pues, en un entorno institucional que privilegia a las grandes fortunas y que se ensaña con los contribuyentes cautivos, y en el que el gasto público se financia fundamentalmente con las aportaciones de éstos y con los recursos de la renta petrolera, puede entenderse que los consorcios empresariales muestren indolencia ante el nivel de vida lujoso y aun faraónico de los altos funcionarios, y defiendan su preservación y el consiguiente derroche.

 

      Por otra parte, la pretensión de establecer una relación directa entre los ingresos de los servidores públicos y la responsabilidad que tienen resulta falaz al comparar los sueldos de funcionarios mexicanos con los de sus pares de otros países: si la afirmación formulada por Gutiérrez Candiani fuera verdad, habría que concluir que la responsabilidad del propio Calderón Hinojosa, del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y del titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna –cuyas percepciones mensuales son de 247 mil, 208 mil y 244 mil pesos, respectivamente– son superiores a las de la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, o a la de los titulares de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, o a la del secretario de Defensa de ese país, Robert Gates, quienes perciben salarios inferiores a los de los servidores públicos mexicanos mencionados.

       La realidad es que los ingresos desmesurados de los altos funcionarios no han contribuido en nada a tener un gobierno eficaz ni a erradicar la corrupción en las oficinas públicas, y que los salarios exorbitantes, lejos de apagar el apetito de los funcionarios por las grandes sumas de dinero, lo han acrecentado, como demuestra la proliferación, en los ámbitos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en el de los organismos autónomos, de nombramientos de toda suerte de empleados de primer nivel con percepciones ofensivas para un entorno social depauperado por las políticas económicas puestas en práctica precisamente por quienes se remuneran con excesiva largueza. Ante tal panorama, es necesario que el gobierno entrante, con independencia de quién lo encabece, adopte una política de austeridad efectiva que debe empezar, justamente, por una moderación en los sueldos de sus principales colaboradores.

Política exterior de Estado

Miguel Marín Bosch

 

       Poco o nada han dicho los candidatos presidenciales en México acerca de las cuestiones de política exterior. Es comprensible ese silencio. Los temas internacionales no suelen incidir en las preferencias del electorado en México. Lo mismo ocurre en casi todos los demás países.

Curiosamente durante la actual campaña presidencial ha ocurrido algo en materia de política exterior que quizás no tenga precedente en nuestra historia: la aparición en una misma publicación de las posiciones en torno a temas internacionales de los tres principales candidatos. En su número más reciente, Foreign Affairs Latinoamérica recoge los ensayos redactados por los encargados de los asuntos internacionales de PAN, PRD y PRI.
La calidad de los ensayos no es pareja y es obvio que fueron redactados a la carrera. Sin embargo, son textos que resultan útiles para contrastar algunas ideas que la revista describe como propuestas para la próxima política exterior de México. Ese título tampoco es muy afortunado.
A veces pareciera que México no tiene una política exterior. Ciertamente México nunca ha tenido una política exterior de Estado. Por política exterior de Estado se entiende un comportamiento internacional acordado entre las distintas fuerzas políticas y con el apoyo de la sociedad civil. En una democracia la existencia de una política exterior de Estado se puede medir en función de la continuidad de dicha política durante administraciones encabezadas por partidos distintos.
En Francia, por ejemplo, hay un consenso nacional acerca del lugar de las armas nucleares en la política militar y exterior del Estado. Todos defienden la existencia y permanencia de la llamada force de frappe francesa. En el Reino Unido, en cambio, los partidos políticos difieren bastante en materia nuclear.
En Nueva Zelanda el Partido Laborista decidió hace casi 30 años que buques propulsados por energía nuclear o portadores de armas nucleares no podrían entrar en los puertos y aguas territoriales del país. Esa política es hoy una política de Estado, porque el Partido Conservador apoyó la legislación correspondiente.
En México existe una política de Estado en materia de desarme nuclear. Sorprende, por tanto, que en los trabajos presentados por los tres principales partidos haya apenas una tibia alusión al tema.
En el campo de los derechos humanos también podría decirse que hemos llegado a una política exterior acordada por todos los partidos. Pero aquí existe una brecha entre lo que abogamos en los foros multilaterales y lo que hacemos en casa.
Los ejemplos anteriores nos indican que no se llega a una política exterior de Estado por decreto. Tampoco se antoja posible consensuar una posición de antemano o en abstracto. Debe definirse dentro de un contexto específico.
Así ocurrió con la oposición de México a la proliferación de las armas nucleares. Esa política se definió a raíz del establecimiento de una zona libre de esas armas en América Latina y el Caribe. En otras palabras, se llega a una política exterior de Estado partiendo de una situación concreta, se define una posición general en función de un caso específico.
Lo que se debe intentar en los próximos años es ir afinando un mecanismo para definir una política exterior de Estado en ciertos renglones de interés nacional, empezando por la relación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Y aquí los candidatos señalaron en el debate del domingo pasado que están dispuestos a modificar el papel de las fuerzas armadas y cambiar la estrategia en contra de los cárteles del narcotráfico. Es obvio que buscan reducir la violencia, y para ello el Poder Ejecutivo tendrá que consultar con el Congreso y la sociedad civil. Desde luego que un cambio de rumbo en este caso incidirá en la relación con Washington.

Cabe señalar que la ausencia de una política exterior de Estado no fue óbice para que México se distinguiera en varios asuntos fundamentales y que hasta finales del siglo pasado gozara de cierto prestigio en los foros internacionales y regionales. Ese reconocimiento se debió en gran parte a una serie de posiciones que fue asumiendo en la Sociedad de Naciones en la década de los años 30 bajo la dirección del presidente Lázaro Cárdenas y de su representante en Ginebra, Isidro Fabela: su defensa de la República Española y su repudio a las aventuras de Mussolini en Etiopía y el Anschluss austriaco de Hitler; las gestiones de sus agentes diplomáticos tras la expropiación del petróleo en 1938; y su labor humanitaria al proteger a los exiliados españoles en la Francia ocupada.

Tras la Segunda Guerra Mundial, México participó activamente en la creación y consolidación de la ONU y, a escala regional, defendió a la OEA ante los embates de Estados Unidos.

Hacia finales de la década de los años 50 México ya figuraba entre los países que mejor interpretaban el verdadero multilateralismo. Empero, sus posiciones en los organismos internacionales, al igual que su política exterior en general, no obedecieron a un plan bien estructurado y mucho menos a un proyecto que pudiera calificarse de política de Estado. Fue más bien el resultado de una serie de intervenciones individuales de sus representantes en los foros internacionales. Ofrezco tres ejemplos:

Primero, las posiciones asumidas por México en el campo de la descolonización, una de las metas fundamentales de la ONU. Ahí se fue forjando un prestigio que se debió sobre todo a la pasión con que Eduardo Espinosa y Prieto defendió en los años 50 las posiciones anticolonialistas. No fue una política elaborada en la cancillería mexicana, y mucho menos en el gabinete presidencial. Sencillamente, un individuo supo plantear, y luego defender con ahínco, un punto de vista moralmente correcto.

Segundo, la ingente labor desarrollada en la década de los años 60 por un grupo de diplomáticos encabezados por Alfonso García Robles para establecer una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Aquí fue el esfuerzo tesonero de un individuo que en más de una ocasión tuvo que convencer a sus autoridades del valor de la empresa que se había emprendido. El resultado fue el Tratado de Tlatelolco, y el premio Nobel de la Paz para su arquitecto.

Tercero, el papel desempeñado durante varios lustros por los delegados mexicanos en las reuniones que en 1982 culminaron con la conclusión de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Esos esfuerzos fueron guiados por Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa.