México, una “democracia de fachada”

Marco Appel
Junio de 2012 · 3 Comentarios
Prisma Internacional

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Eduardo Miranda

UTRECHT, HOLANDA (apro).- Los estudiosos extranjeros del sistema político mexicano han subestimado durante décadas los efectos que ha dejado la violencia, tanto oficial como del crimen organizado, sobre las estructuras democráticas del país.

El resultado: en el mundo académico de los llamados mexicanistas se ha extendido la hipótesis de que la democratización de México avanza al margen del derramamiento de sangre, lo que constituye una interpretación de la realidad nacional que ha retomado el gobierno mexicano de Felipe Calderón para minimizar el impacto de su estrategia contra el narcotráfico en las instituciones del Estado.

“Existe una interpretación en el estudio de la democracia mexicana, la cual plantea que desde los años cuarenta del siglo pasado ha habido avances en esa materia, y aunque en el 68, con la represión estudiantil, hubo un retroceso, éste no afectó la dinámica democratizadora del país”, expone en entrevista con Apro el profesor holandés Wil Pansters, quien presentó en mayo pasado una estimulante obra titulada Violencia, coerción y construcción del Estado mexicano en el siglo XX: La otra mitad del centauro.

Pansters afirma que “esa línea de interpretación ha continuado y coexiste, extrañamente, con la creciente violencia e inseguridad de los últimos 15 años”.

“Muchos libros especializados –lamenta– casi no mencionan esa relación entre violencia y democracia, o lo hacen como si fueran dos factores desconectados”.

Panters dirige el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Groningen, Holanda, y es catedrático asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Utrecht.

Refiere que los mexicanistas estadunidenses han definido esa lectura parcial de la historia política del país, en cambio –añade– los investigadores mexicanos mantienen planteamientos más críticos; entre ambas comunidades no hay confrontación documental de argumentos.

Los mexicanistas y las universidades más prestigiadas en el análisis de México son estadunidenses, e incluso –apunta Panters– hay cada vez más politólogos de esa nacionalidad que trabajan en México en instituciones educativas, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Relata que en mayo pasado, durante el último Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) –cuya mayor parte de sus 7 mil miembros se halla en Estados Unidos–, hubo una sesión sobre México. En la mesa estaban Kathleen Bruhn, de la Universidad Santa Barbara de California; Kenneth F. Green, de la Universidad de Texas; Joy Langston, de la Universidad de Duke y asociada al CIDE, y John Ackermann, investigador de la UNAM y colaborador de Proceso.

“Ackerman fue la única voz disidente”, narra Panters, que integra el Consejo Consultivo de la sección México de LASA.
El libro –editado por el profesor holandés y publicado en inglés por Stanford University Press– consta de 11 ensayos escritos por connotados especialistas: José Carlos G. Aguiar, de la Universidad de Leiden; Marcos Águila, de la Universidad Autónoma Metropolitana; Jeffrey Bortz, de la Universidad Estatal de los Apalaches; Diane E. Davis, de la Universidad Tecnológica de Massachussets; Paul Gillimham, de la Universidad de Pennsylvania, y John Gledhill, de la Universidad de Manchester.

Completa la obra las contribuciones de Alan Knight, exprofesor de las universidades de Oxford, Essex y Texas; Kees Koonings, de la Universidad de Utrecht; Kathy Powell, de la Universidad Nacional Gateway de Irlanda; Mónica Serrano, del Colegio de México, y David A. Shirk, de la Universidad de San Diego.

Falso “excepcionalismo”

En el capítulo introductorio, Pansters escribe: “Se puede afirmar que muchos académicos que trabajan con México han tendido a enfocarse en los ‘votos’ y han tenido problemas para acomodar las ‘balas’ en una interpretación integral (del país)”.

Por ello, advierte que “el primer punto que quiere establecer la obra es la remarcable falta de trabajo teórico y empírico que críticamente engrane las cuestiones de violencia, coerción e inseguridad en el México postrevolucionario”.

Esos elementos –y la impunidad, agrega Pansters– “hablan de las realidades que durante mucho tiempo han estado escondidas de manera sistemática de la atención de los estudiosos, como si aquellas constituyeran aberraciones o temas relevantes sólo al margen de la corriente dominante”.

Precisa que el contenido del libro “impugna la visión según la cual esas realidades contrastantes están separadas y desconectadas, como si ellas pertenecieran a dos mundos diferentes: uno (el de la democracia) de interés de las ciencias sociales y otro (el de la violencia), quizás, de los criminólogos y periodistas”.

Cuestiona que abunde material escrito sobre las fuerzas que conforman la dinámica política, el Estado y la sociedad mexicana, en los cuales los conceptos claves son “democratización y transición; desarrollo de partidos; cambio de comportamiento electoral; cultura política, relaciones cambiantes entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial; el papel de los medios; reformas institucionales, legales y del sector público; las conexiones entre la reforma del mercado y el cambio político, y desmantelamiento del Estado autoritario y corporativista”.

Si se basa uno en esa literatura, comenta Pansters, se concluye que México “es un país que se mueve, de manera intermitente, de un régimen autoritario de partido único hacia un pluralismo democrático, que está construyendo instituciones democráticas y que el electorado está dejando atrás el tutelaje estatal y partidista”.

Lo anterior, remata Pansters, contribuyó a construir el marco teórico del llamado “excepcionalismo mexicano”, es decir la presunta calidad democrática del país en comparación con otros de Latinoamérica, donde la norma fue durante décadas la instauración de regímenes dictatoriales.

El libro exhibe el caso del politólogo austriaco Andreas Schedler, investigador de la Universidad de Viena asociado al Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE). En su obra titulada Del autoritarismo electoral a la consolidación democrática, Schedler –señala Pansters– “sugiere que la derrota del PRI en el 2000 ‘marcó el fin simbólico de la transición democrática (y) mandó la señal de que la consolidación democrática también se había cumplido’”.

Se expone otro ejemplo: el libro México: la lucha por el desarrollo democrático, de Daniel C. Levy y Kathleen Bruhn, escrito en 2006. Pansters comenta que pese a que este trabajo reconoce la persistencia de “amenazas antisistema”, principalmente la del tráfico de drogas, aun así concluye con una nota optimista: “El aumento de la competencia política, el incremento de una amplia preferencia por la democracia, el ejercicio de las libertades políticas, el crecimiento de la sociedad civil independiente y la aceptación de la alternancia en el poder indica fuertemente un sistema político democrático en el corto plazo”.

Pansters asegura que esa lectura de hechos “encajó” con la resolución pacífica del conflicto postelectoral de 2006 –que él considera la crisis política más severa de los últimos 20 años en México– y “reforzó la poca atención en torno a los desafíos que impone la violencia política y criminal, la militarización de la seguridad pública y la represión de los movimientos populares”.

“Lo que está pasando hoy en día en México (con la escalada de la violencia) nos obliga ex post facto (después de los hechos) a reinterpretar (la situación mexicana) desde los años 40 y, de esa forma, cuestionar la interpretación actual”, acusa Pansters en la entrevista con este semanario.

Se pregunta: “¿Es lógico observar la actual crisis de seguridad como una en la que el mundo del crimen y la violencia es externo y adverso a las instituciones del Estado y del sistema político? ¿Qué hay que entender cuando el presidente Calderón presenta al Estado (mexicano) como uno amenazado por adversarios no estatales violentos y enfatiza la responsabilidad del Estado en la ‘reconquista de los territorios’ bajo el interés del narcotráfico?”

En ese sentido, señala, coincide con la profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raquel Sosa, quien ha observado que, “a pesar de que muchos autores reconocen la penetración de las redes del narcotráfico en los más altos círculos del gobierno, éstos no alteran fundamentalmente su creencia de que México es una democracia consolidada”.

–¿Cuál es su análisis de la situación democrática mexicana incorporando los factores de la represión, la coerción y la violencia del crimen organizado? –se le cuestiona.

–Hay un concepto que está surgiendo en los círculos de estudios sobre América Latina, el de las “democracias violentas”, que se ajusta a México. Las reformas neoliberales, la creciente desigualdad y el nuevo protagonismo del narcotráfico, principalmente en México y Centroamérica, han dado origen a la aparición de una violencia que tiene que acomodarse con los procesos formales democráticos.

“Esta coexistencia –continúa– está derivando en el surgimiento de una ‘democracia light (ligera)’, de una ‘democracia de fachada’ que se basa únicamente en el cumplimiento de las formalidades, de los procedimientos. México no sale muy bien en los indicadores democráticos ‘de calidad’ como son la existencia de un Estado de derecho, de un debate público vigoroso o de una sociedad civil fuerte, así como la independencia de los medios de comunicación”.

El profesor plantea que incluso hay territorios en México donde la inseguridad y el miedo con que viven los ciudadanos han dejado sin sentido el concepto de democracia.

Por ese motivo sostiene que “está regresando la noción mexicana de ‘la democratización de fachada’, como la que imperaba en los años 40 y 50, cuando existía una democracia electoral al estilo priísta”.

En esa época, advierte Pansters, los académicos “reconocían una ‘democracia mexicana’ dentro de un sistema profundamente autoritario”.