Peña y sus encuestas, AMLO y los votos- Oficio de Papel

Peña y sus encuestas, AMLO y los votos

Autor: Álvaro Cepeda Neri *Contrapoder

La campaña es como el baño químico que revela las fotografías. La influencia química es necesaria para que surjan las imágenes, pero sólo pueden aparecer aquellas imágenes ya latentes en la placa

Félix Lázarfeld, de su ensayo La campaña electoral ha terminado

No tengo la menor duda de que como van las campañas electorales, la competencia final tendrá dos adversarios: López Obrador y su coalición de partidos encabezados por el de la Revolución Democrática (PRD) y Peña Nieto en pleno vuelo sobre las amañadas encuestas –alfombra mágica que en cualquier momento puede venir a tierra–, creyendo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es un Ave Fénix. Doña Josefina, si bien le va, permanecerá estancada. Mientras, por la izquierda la rebasa el perredista, quien voto a voto disputará por segunda ocasión (Salvador Allende, en Chile, y Francois Mitterrand, en Francia, lo intentaron una y otra vez, con base en la perseverancia weberiana de lo posible por medio de lo imposible) la Presidencia de la República, que Calderón y sus complicidades en el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral y Fox (quien tuvo el cinismo de afirmar: “Gané dos elecciones: la mía y la de Calderón”) le robaron. El fraude se confirmó al negar el recuento de los sufragios.

Y Quadri, que no será la cuadratura del círculo corrupto de la pandilla gordillista, no existe políticamente. Es el títere de Elba Esther y el hazmerreír electorero, envuelto en las siglas del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), del Panal (Partido Nueva Alianza), del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) y la Lotenal (Lotería Nacional), donde la hija, el nieto, el yerno y Marta Sahagún, a través de uno de sus hijos, son los beneficiarios de la “maestra” que empollaron Salinas y Manuel Camacho, y adoptaron Zedillo, Fox y Calderón, como la nueva Jonguitud Barrios. Doña Perpetua del priísmo empanizado a los que les muerde la mano, encaprichada en manipular la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde descabezó a la Vázquez Mota, a Alonso Lujambio y tira de a loco a Córdova Villalobos, el destripado panista expulsado de Guanajuato por la neocristiada de El Yunque, la organización nazifascista-religiosa que trajo al papa para ahuyentar al diablo y quedarse con lo que es del César.

Josefina y Quadri son los bufones del proceso electoral. Con o sin un candidato independiente, como Clouthier, sólo están en la metáfora de la placa fotográfica Peña y López Obrador, que en los dos meses de campaña hacen que el proceso electoral adquiera una auténtica competencia. Y si Peña, con su asesor Videgaray, siguen confiados en sus encuestas y sondeos, el “elemento de sorpresa que siempre hay en la historia”, del que habló con autoridad Vladimir Ilich Lenin, puede irrumpir y López Obrador romper de nuevo lo del “destino escrito” y llevarse la victoria de manera irrebatible e iarrebatable.

Los priístas están muy confiados de ser la opción ganadora y de que no hay poder humano que haga cambiar la fortuna (¡oh Maquiavelo!) que los lleva montados sobre el Ave Fénix del priísmo resucitado por los malos gobiernos panistas. Ya Peña es cuestionado, como lo fue por alumnos de la Iberoamericana y que muy a la Díaz Ordaz (el apodado Tribilín, que para todo enviaba soldados y policías para reprimir, como al movimiento estudiantil de 1968) contestó, a quienes le recordaron lo de Atenco, que había hecho uso de la fuerza pública para poner “orden”. Peña transita en el filo del despeñadero, con todo y que las encuestas lo coloquen en la cúspide del favor electoral.

López Obrador sigue en su empeño de comprometer el voto popular: el de los 50 millones de pobres, de los cuales no menos de 30 millones son más de una tercera parte del padrón del IFE (que dice tener enlistados casi 80 millones de ciudadanos). Todo apunta a que el del PRI y el del PRD han de verse la cara. Y si es verdad que hay 20 millones que no han decidido ir o no a las urnas, en caso de asistir mantendrán la incertidumbre y nada está escrito a favor del peñismo. “Y en la historia siempre hay un elemento de sorpresa” (J H Plumb, La muerte del pasado, Barral Editores). López Obrador se atiene a los votos, Peña a sus encuestas. Quiere revivir el pasado, ya que el PRI, en su figura, se quedó en el umbral de la modernización que otros de sus integrantes intentaron alumbrar y fueron hechos a un lado por ese doctor del espectáculo televisivo, que ahora sabemos, pagó a los López Dóriga de Televisa y los Aguilar Camín de Tv Azteca para ser favorecido en los noticieros.

La competencia se está dando entre Peña y sus encuestas que sólo consultan a priístas; una empresa contratada por Televisa y las demás dejándose llevar por esa inercia o “intelectuales” como los Aguilar Camín, alias el historiador, frotándose las manos porque, con sus opiniones “independientes” a la Enrique Krauze o locutores a la López Dóriga, profetizan que Peña es ya inalcanzable. El proceso electoral apenas está en marcha y para el 1 de julio el despertar electoral nos reserva una alternativa: cuantioso abstencionismo o una cuantiosa votación. El abstencionismo favorecerá al peñismo. La otra cara de la moneda que está en el aire no la pueden mirar los encuestadores, adivinadores de “la creciente sofisticación estadística… Manipuladores de datos” (Giovanni Sartori: Cómo hacer ciencia política. Lógica, método y lenguaje en las ciencias sociales, Taurus, Santillana Ediciones, 2012).

La campaña electoral presidencial no ha concluido, sensu contrario al ensayo de Paul Félix Lazarsfeld (en su libro Sociología de la comunicación de masas: propaganda política y opinión pública, editorial Gustavo Gili). Apenas ha comenzado cuando López Obrador avanza emparejando a Peña (éste montado en las encuestas vendidas previamente o compradas antes de darse a conocer). López Obrador sobre la ola, con potencialidad de tsunami de los votos. En la placa diaria de los acontecimientos aparecen las imágenes del perredista y el priísta en una competencia que no decidirán ni encuestas ni Televisa ni Tv Azteca.

*Periodista

Oficio de Papel

Columna semanal del periodista Miguel Badillo

 

* La disputa económica por el país
* La guerra en las fuerzas armadas
* Divide Felipe Calderón a Ejército

 

Arriba de la turbulencia política que vive el país con motivo de las campañas políticas para elegir el 1 de julio a quien será el próximo presidente de la República, está la disputa de poderosos grupos empresariales por el control económico del país. Es en esta batalla económica, que se libra lejos del lodazal político y de la guerra sucia que sale de las casas de campaña y de las cedes de los partidos políticos, en donde los candidatos apuestan sus fichas para buscar financiamiento y, al mismo tiempo, hacer los compromisos necesarios que les permita gobernar el país los próximos seis años.En este juego perverso entre la política y el dinero, los empresarios se dejan querer y mientras algunos demuestran abiertamente sus inclinaciones hacia el candidato que les garantice mayores ganancias de sus fortunas, otros otorgan con discreción apoyos (con dinero en efectivo por eso de los límites legales) a todos los aspirantes para cubrir cualquier resultado en sus apuestas por el que será el nuevo gobernante.

En ese terreno identificamos cómo el magnate Carlos Slim, dueño del grupo Carso y de muchas empresas más, inclina junto con el grupo Monterrey sus preferencias hacia el candidato presidencial de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador. El grupo rival lo encabezan el presidente de la Televisa, Emilio Azcárraga; el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y el exdueño de Banamex, Roberto Hernández, quienes apuestan abiertamente por el aspirante priista Enrique Peña Nieto. De Josefina ni hablar, prácticamente los empresarios abandonaron como ratas el barco de campaña ante su inminente hundimiento, pues en el capitalismo salvaje nadie apuesta a perder y en el juego político los compromisos sociales son los que menos importan.

Otra guerra no menos intensa se libra en las fuerzas armadas, en donde las venganzas, las traiciones, los chantajes, las mentiras y las amenazas están en el terreno de la disputa por el control de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Es el Ejército otra de las víctimas de la caótica administración de Felipe Calderón. Ni siquiera las Fuerzas Armadas escaparon al caos que generó la desarticulada gestión del Poder Ejecutivo. Hoy, el Ejército Mexicano y sus más altos mandos enfrentan y sufren un gran desprestigio y la división de sus filas frente al cambio de régimen, pero sobre todo frente al entreguismo del actual gobierno ante Estados Unidos. Todo con fines políticos y de protección que buscaría Calderón en el vecino país una vez que concluya su gobierno, pues permanecer en México para él sería un suicidio después de los 70 mil muertos y desaparecidos que acumuló su gestión.

En una detallada e interesante investigación del reportero Zósimo Camacho, publicada en la revista Contralínea, se establece cómo generales y coroneles en activo acusan al gobierno de Felipe Calderón de desarticular al Ejército Mexicano.

Para empezar, los arraigos ordenados contra exmandos superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, y los amagos contra decenas de militares más, no buscarían limpiar una institución claramente penetrada por el crimen organizado, sino apuntalar al actual subsecretario Carlos Demetrio Gaytán Ochoa como el próximo secretario de la Defensa, quien por lo demás también es investigado en Estados Unidos.

Este general de división buscaría imponerse al candidato triunfador de las elecciones del 1 de julio. Generales en retiro y especialistas en Fuerzas Armadas y seguridad nacional aseguran que Calderón dejará un Ejército dividido, desprestigiado y débil frente a las presiones de los poderes civiles y militares estadunidenses.

El operativo con el que se detuvo y arraigó a tres generales y un teniente coronel en mayo pasado habría sido preparado y supervisado por otro militar: el poderoso subsecretario de la Defensa Nacional, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. Este general de división diplomado de estado mayor habría coordinado, junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna (quien se paseaba tranquilo en las gradas del partido entre las selecciones de México y Guyana la semana pasada), el golpe en contra de los militares que se oponían a sus aspiraciones a la titularidad de la Defensa.

“El grupo del general Gaytán Ochoa festeja porque todo le salió bien”, asegura un general de división en activo que habló con la condición de que su nombre se mantuviera bajo reserva.

Según las fuentes castrenses, el golpe contra los exmandos superiores Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas –además de Roberto Dawe e Isidro de Jesús Hernández– habría sido objetado por el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y por el propio presidente de la República, Felipe Calderón. La causa, los costos que pagaría la institución: desprestigio social e inestabilidad interna. Gaytán Ochoa se habría encargado de convencer al titular de la Seden, y García Luna, al Ejecutivo federal.

Y es que el general de división diplomado de estado mayor en retiro Tomás Ángeles Dauahare –quien contaba con prestigio y liderazgo entre la comunidad castrense– había cometido cuatro “faltas” desde que él mismo se desempeñaba como subsecretario de la Defensa durante los dos primeros años del calderonismo: se opuso a la creación de una fuerza militar continental, como lo había propuesto Estados Unidos y, en términos generales, se oponía a lo que consideraba la “injerencia” de ese país en los asuntos internos de México; criticaba severamente la “guerra” contra el narcotráfico y aseguraba que el gobierno de Felipe Calderón no contaba con estrategia alguna; se había acercado al priísmo con el que incluso se mostraba obsequioso; y, finalmente, había iniciado una investigación –con medios propios y al parecer por encargo del equipo de Enrique Peña Nieto– de los grupos y los intereses al interior del Ejército Mexicano.

Esa investigación lo habría llevado a reunirse con el general Mario Arturo Acosta Chaparro precisamente un día antes de que este último fuera asesinado el 20 de abril, y un día antes de que se concretara una nueva cita.
La operación en la Procuraduría General de la República (PGR) se habría realizado a través de un teniente coronel, comisionado de la Sedena en esa dependencia.

“La peor derrota al Ejército Mexicano se la impuso Felipe Calderón”, le dijo al reportero Zósimo Camacho el investigador académico Guillermo Garduño, sociólogo especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas.

Especialistas y militares señalan que las detenciones constituyen un embate contra el Ejército Mexicano como institución. Aseguran que más allá de la inocencia o culpabilidad de los militares procesados, los tiempos y las formas de las detenciones revelan que las acciones persiguen fines políticos del grupo que encabezan el propio presidente de la República, Felipe Calderón, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Jorge Luis Sierra –especialista en Fuerzas Armadas egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington– considera que las disputas al interior del gabinete de Felipe Calderón podrían ser el origen de los golpes propinados al Ejército.

Agrega que en esas disputas, el propio presidente de la República habría tomado una posición para favorecer a un grupo, pues en temas de tal trascendencia el titular del Ejecutivo “tendría que ser avisado y él mismo debería autorizar si se procede contra militares de alto rango, como este caso”.

En tan sólo tres días y en pleno proceso electoral para definir al próximo gobierno de la República, los militares –quienes ocuparon mandos superiores en la Secretaría de la Defensa Nacional– fueron detenidos y arraigados por supuestos nexos con la delincuencia organizada, en particular con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En esos días la PGR advirtió de manera inmediata que las investigaciones que involucran a efectivos militares continúan.

La mañana del 16 de mayo, en plena campaña electoral, la mayoría de los medios de circulación nacional destacaron las detenciones, la noche anterior, del general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare y del general brigadier de estado mayor en activo, Roberto Dawe González. Un día después, el 17, serían detenidos el general de división retirado Ricardo Escorcia Vargas y el teniente coronel de caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.

La tarde del 15 de mayo pasado, el general de división diplomado de estado mayor en retiro Ángeles Dauahare se convirtió en el militar de mayor rango detenido por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Dauahare, de 69 años, fue comandante de dos batallones de infantería (el 27 y el quinto); jefe de la Sección Quinta del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encargada de los planes estratégicos; jefe de Estado Mayor de la 23 zona militar; secretario particular del secretario de la Defensa Nacional (Enrique Cervantes Aguirre, durante el sexenio de Ernesto Zedillo); director del Heroico Colegio Militar y director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. También se desempeñó como agregado de Defensa Militar y Aérea en la embajada de México en Estados Unidos.

Desde que fue secretario del general Enrique Cervantes, se vinculó a los asuntos de inteligencia, particularmente a los de la lucha contra el narcotráfico. Egresó del Heroico Colegio Militar el 1 de enero de 1964. También cursó en la Escuela Superior de Guerra la licenciatura en Administración Militar. Al interior del Ejército se considera que ha llevado una vida austera.

La misma noche del 15 de mayo fue detenido un militar de alto rango en activo: el general brigadier diplomado de estado mayor Roberto Dawe González, quien fungía, hasta el momento de su detención, como jefe de Estado Mayor de la 20 zona militar en Colima. Se había desempeñado hasta 2010 como jefe de Estado Mayor de Guardias Presidenciales. En 2007 había sido acusado por subordinados de supuestos hechos de corrupción que incluían la venta de vehículos propiedad de las Fuerzas Armadas.

El 17 sería detenido por policías militares el general de división diplomado de estado mayor retirado Ricardo Escorcia Vargas. En su carrera castrense, llegó a ser comandante de la tercera región militar, con sede en Sinaloa, y de la 24 zona militar, con sede en Morelos. En su momento, fue señalado de inoperancia ante el aviso, por parte de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés), del aterrizaje de una avioneta con cocaína en Xochitepec el 28 de diciembre de 2007. Egresó del Heroico Colegio Militar en 1967.

También el 17 de mayo sería detenido el teniente coronel de caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. Llegó a ser subjefe de escoltas en la Residencia Oficial de Los Pinos. Durante el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como inspector general en la Policía Federal. Fue director de la Policía Ministerial de Sinaloa y recientemente director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. En 2006 formó parte del equipo de seguridad que se encargó de la custodia del candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, bajo las órdenes del general de brigada Audomaro Martínez Zapata.

Los cuatro exmandos superiores del Ejército Mexicano han sido presentados ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) al ser vinculados por el testigo protegido Jennifer con los hermanos Beltrán Leyva. De la averiguación previa PGR/SIEDO/EUIDCS/0241/2008 se desprenden las órdenes de localización y presentación y las órdenes de arraigo. Jennifer ha señalado a los generales y al teniente coronel como colaboradores de los Beltrán cuando éstos integraban una facción del cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Ahora los Beltrán, aliados a Los Zetas, mantienen una lucha sangrienta contra el cártel de Sinaloa por el control de las “plazas”, como llaman los narcotraficantes a los territorios donde trasiegan y comercializan drogas.

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