Televisa y el narco
El dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le debe
mucho al viejo PRI que lo apoyó en su revolución contra el régimen de la familia
Somoza.
Ahora, con el nombre de Televisa en el centro de una cuantiosa operación
internacional de lavado de dinero, tiene una fuerte carta a su favor ante el
presidente electo Enrique Peña Nieto. Pero también se encamina hacia una fuerte
presión de los poderes formales y de hecho.
Por si la relación estrecha que tuvo con México no le hubiera dado suficiente
conocimiento de la lógica del poder en este país, Ortega, como muchos
observadores internacionales, sabe muy bien que Peña Nieto es una hechura de
Televisa y que como presidente tendrá que defender al monopolio televiso en esta
operación de narcotráfico descubierta por los servicios de seguridad
nicaragüenses.
El pasado lunes 17 de septiembre, Ortega fue uno de los dos ausentes de la
reunión de presidentes centroamericanos con Peña Nieto en Guatemala. Tampoco
asistió su homólogo de El Salvador, Mauricio Funes, heredero asimismo de una
revolución armada contra la dictadura militar en ese país, levantamiento que
también tuvo el respaldo de México.
Ahora, ambos países están agraviados por el trato denigrante y el peligro que
padecen sus ciudadanos en México en su paso hacia Estados Unidos. Está probado
que efectivos policiales y de migración mexicanos asociados con la delincuencia
organizada han hecho de la emigración centroamericana un botín, con un alto
costo humanitario como la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de
2010.
Para la delincuencia organizada en México, Centroamérica no sólo es surtidora
de capital humano, ya para la extorsión o para integrarlo a sus actividades
ilegales. Es también refugio y centro de operaciones para el tráfico de cocaína
desde Suramérica a Estados Unidos y Europa, como lo indica la presencia, por lo
menos, del cartel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, y del cártel de los
Zetas.
La región representa una ruta de dos sentidos para la delincuencia
transnacional, como lo demostró el aseguramiento de 18 personas que se
presentaron como empleados del monopolio televisivo y transportaban nueve
millones 200 mil dólares en seis camionetas con el logotipo de Televisa y equipo
especializado de telecomunicaciones en la aduana Las Manos, en la frontera de
Nicaragua con Honduras.
El tráfico de cocaína de Sudamérica a México se hace por embarcaciones y
submarinos en las costas centroamericanas del Pacífico y del Atlántico, que son
ya objetivo militar estadunidense. A principios de este año, el Comando Sur del
ejército estadunidense inició la Operación Martillo en ambos litorales y zonas
continentales de la región para enfrentar a los narcotraficantes.
En el caso de las camionetas que se desplazaban por Centroamérica con el
logotipo de Televisa, éstas procedían de México camino a Costa Rica, lo que
implica que el dinero y seguramente armas de Estados Unidos a México, Centro y
América del Sur también se hace por carretera, además de las incautaciones de
dinero que se han hecho en distintos aeropuertos, incluido el de la ciudad de
México.
Los narcotraficantes utilizan toda suerte de estratagemas para su actividad.
El uso de vehículos utilitarios de empresas o simulados es una de ellas. En este
caso, Televisa no es la excepción.
La Fiscalía de Nicaragua tiene en sus manos uno de los casos más relevantes
de delincuencia organizada internacional. Si el nombre del monopolio mexicano de
las telecomunicaciones y el entretenimiento fue usado tendrá que demostrarlo,
pero si hay alguna relación de Televisa con el tráfico de drogas será sometida a
una presión de los poderes fácticos y formales.
El juicio contra los 18 mexicanos se iniciará el 3 de diciembre, dos días
después de que Peña Nieto asuma la presidencia de México. Es de esperar que
devuelva el favor y se convierta en el defensor de oficio de la empresa de
Emilio Azcárraga Jean, como lo ha sido el de Felipe Calderón a través de su
embajador en Managua, que ministerialmente ha dado por cierto lo que le dice la
empresa, que las camionetas no son de su propiedad.
El gobierno de Daniel Ortega también puede padecer las presiones de los
grupos fácticos: de la propia Televisa, que puede desatar una campaña mediática
contra él y su gobierno, y de los grupos afectados con esta fallida operación de
transporte de dinero que querrán cobrar cuentas.
Aun cuando fuera víctima en este caso, el problema para Televisa es su
credibilidad. Es notoria y conocida su parcialidad y manipulación y su
connivencia con el poder.
No es la primera vez que su nombre queda en medio de un caso de delincuencia
organizada. En enero de 2010, el jugador Salvador Cabañas, del equipo de fútbol
América, propiedad de Televisa, fue baleado por José Jorge Balderas, El JJ,
colaborador de La Barbie, quien era lugarteniente del cartel de los hermanos
Beltrán Leyva.
Los hechos, además, ocurrieron en el Bar Bar, un centro nocturno que era
conocido por la presencia asidua de empleados y directivos de Televisa, incluido
por el propio Azcárraga Jean.
jcarrasco@proceso.com.mx
@jorgecarrascoa
@jorgecarrascoa
La elección imaginaria
Enrique Peña Nieto, presidente electo.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A los ciegos de nacimiento les ha sido negado el
privilegio de admirar los milagros de la luz. Privados de la evidencia visual,
los invidentes no pueden contemplar algo tan simple y maravilloso como el rojo
de una rosa o el espectáculo multicolor de un atardecer; están condenados a
vivir en un mundo de sombras y penumbra. Caso distinto es el de la ceguera
voluntaria, cuyo origen es mental, no físico; los ojos y el intelecto se cierran
a propósito ante las evidencias de la realidad. Sea por necedad, interés o
cobardía, quienes se niegan a ver imágenes visuales o a reconocer hechos
palpables eligen vivir en un mundo de tinieblas y opacidad, engaño y
encubrimiento. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Una variante de la ceguera voluntaria es la ceguera idílica, propia de los
enamorados, en la que se confiere todo tipo de virtudes al ser amado, al tiempo
que se cancela la existencia de cualquier defecto capaz de mancillar la
perfección de la persona idealizada. Los magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y los consejeros del Instituto Federal Electoral
parecen haber sido presa de esa suerte de hechizo de la mirada que nubla la
razón. Quijotes jurisdiccionales o administrativos, las máximas autoridades
electorales del país convirtieron a la elección presidencial en su propia
Dulcinea, negando con amorosa pasión toda evidencia de irregularidad,
manipulación o corrupción durante el proceso comicial. ¿Coacción o compra del
sufragio? ¡Espejismos! ¿Tarjetas Monex y Soriana? ¡Entes imaginarios! ¿Exceso en
los gastos de campaña? ¡Mera especulación! ¿Origen dudoso de aportaciones
financieras? ¡Vanas ilusiones! ¿Intervención ilegal de gobernadores?
¡Murmuraciones! ¿Encuestas manipuladas? ¡Invención perversa! ¿Infomerciales de
Peña Nieto? ¡Alucinaciones! ¿Pacto Peña-Televisa? ¡Anatema!
Ante la mirada absorta de las máximas autoridades de la democracia mexicana,
el proceso electoral fue impoluto, inmaculado, ejemplar. Presa de ceguera
idílica, el TEPJF inventó una elección imaginaria, declaró su validez y la de
presidente electo. Me pregunto, nos preguntamos muchos: ¿Cuál es el origen de la
ceguera voluntaria de los magistrados del Tribunal Electoral? Mi hipótesis es
que fueron cooptados por el inmenso poder acumulado del PRI, Enrique Peña Nieto
y Televisa. A ello, a ellos, se debe que la corrupción electoral haya quedado
impune.
El Tribunal eludió su responsabilidad de actuar como garante de los
principios de constitucionalidad en materia electoral. De forma unánime, y como
quien cumple una consigna, los magistrados determinaron que los argumentos de la
coalición de izquierda fueron “vagos, imprecisos y genéricos”, por lo cual se
declaró infundada la demanda de invalidez de la elección presidencial y, de un
plumazo, se borraron todas las irregularidades del proceso electoral. En lugar
de haber requerido a autoridades o particulares la documentación necesaria que
pudiera “servir para la sustanciación y resolución de los medios de
impugnación”, como lo establece el artículo 21 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, los magistrados se limitaron a
refutar la demanda de juicio de inconformidad presentada por la coalición
Movimiento Progresista, dejándoles a ellos la carga de la prueba.
Caso paradigmático es la argumentación del Tribunal Electoral sobre la
campaña televisiva de seis años del hoy presidente electo: “… en ningún momento
se ha demostrado la existencia de pacto, convenio, contrato o algún acuerdo de
voluntades, escrito o verbal, entre el Partido Revolucionario Institucional, el
licenciado Enrique Peña Nieto y la empresa Televisa…”. (Juicio de inconformidad,
página 166.) Inapelable desparpajo. Como lo señaló el jurista Javier Quijano
(Proceso 1870), la promoción mediática del candidato del PRI constituyó un acto
adelantado de campaña tan evidente que bien pudo considerarse un hecho notorio,
concepto jurídico aplicado “a cualquier acontecimiento de dominio público (al
cual) la ley exime de su prueba en procesos jurisdiccionales”. (Poder Judicial.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diario Oficial, 14 de febrero de 2008.)
Los infomerciales de Peña Nieto los vimos todos, menos las autoridades
electorales.
Era prácticamente imposible que la coalición de izquierda hubiera podido
conseguir documentos probatorios de un pacto secreto. Como representantes de un
Tribunal Supremo, los magistrados tenían la responsabilidad de haber solicitado
dicha información a las partes, o bien, haberla conseguido mediante una
investigación adecuada. Sólo así habrían contado con elementos suficientes para
juzgar si realmente hubo equidad en la elección presidencial, condición
fundamental para calificar su validez. No lo hicieron, descansaron en la penosa
resolución del IFE emitida el 16 de agosto pasado.
El marco normativo y teórico de la calificación jurisdiccional, elaborado por
el propio Tribunal Electoral, lo obliga a “evitar que los intereses de los
concesionarios y permisionarios de estaciones de radio y canales de televisión
se erijan en factores determinantes de las campañas electorales y de sus
resultados (e) impedir que el poder económico influya en las preferencias
electorales, a través de la propaganda política en radio y televisión”. (Cómputo
Final, Calificación Jurisdiccional de la Elección, Declaración de Validez y de
Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, página 101.) Es oprobiosa la
forma en que tanto el TEPJF como el IFE eludieron su responsabilidad de defender
lo establecido en los artículos 41 y 134 de la Constitución. Desde las
resoluciones anteriores sobre el asunto, emitidas por las máximas autoridades
electorales del país, era clara la intención de ocultar los actos anticipados de
campaña de Peña Nieto a través de la televisión, mediante razonamientos
legalistas.
Ello es sólo un ejemplo relacionado con la propaganda encubierta. Una lectura
crítica de las mil 346 páginas del prolijo juicio de inconformidad muestra que
los argumentos del Tribunal Electoral acerca de todas las palmarias
irregularidades de la elección presidencial fueron igualmente elusivos y
complacientes con el hoy presidente electo. Fue manifiesta la voluntad de
liberarlo a él, así como a sus socios partidarios y mediáticos, de cualquier
conducta electoral incorrecta.
El fallo unánime e inatacable del Tribunal Electoral ha colocado a la
maleable democracia mexicana en una situación paradójica y embarazosa. Se ha
producido una regresión hacia una forma renovada de autoritarismo electoral,
condición ambigua en la cual diversas formas de manipulación prevalecen en
procesos comiciales organizados, supervisados y avalados por instituciones de
fachada democrática. (Andreas Schedler, Electoral Authoritarianism. The Dynamics
of Unfree Competition, 2006.) México representa un caso singular dentro del
amplio menú de la corrupción electoral en los procesos de transición o regresión
democráticas en el mundo entero. La originalidad de lo ocurrido en el proceso
electoral de 2012 en nuestro país radica en que la transgresión de la
normatividad democrática no provino del debilitado gobierno panista en turno,
sino del excesivo poder de dos actores políticos ligados por un interés común,
alimentado por la nostalgia de un rancio maridaje de conveniencia: Televisa y el
PRI volvieron a unir sus fuerzas con el propósito de recuperar la Presidencia de
la República a través de Peña Nieto (como lo ha documentado Jenaro Villamil en
Proceso desde diciembre de 2005). Acaso un precedente digno de estudio sea el de
Berlusconi, quien sumó el poder político y mediático a su frivolidad personal,
con las consecuencias que ahora padecen los italianos. Alerta.
En los comicios presidenciales de 2012 no hubo integridad electoral, como lo
dictan los cánones internacionales, sino turbiedad electoral avalada por las
máximas autoridades del ramo. A pesar de su dudosa legalidad, la sentencia del
TEPJF es cosa juzgada. El 1 de diciembre Enrique Peña Nieto tomará posesión como
presidente constitucional, protestará cumplir y hacer cumplir la Constitución;
aunque para llegar al máximo cargo político del país haya sido necesario burlar
los artículos 41 y 134 de la Carta Magna. En estricto rigor, será una situación
de hecho, no de derecho. La democracia mexicana ha sido cooptada.
*Investigador del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad
de California en San Diego.
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