México SA- Organizaciones civiles y pacto nacional- Seguro Popular:¿Guerrero como Tabasco?-

México SA

Y con ustedes, el 1% del PIB

Goliza en ciencia y tecnología

México, último de la OCDE

Carlos Fernández-Vega

Elevar al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) la inversión en ciencia y tecnología en el país ha sido otra de las muchísimas promesas (incumplidas, desde luego) de los últimos cinco sexenios, pero especialmente de los que dieron cuerpo a la segunda docena trágica mexicana (la panista, con Fox y Calderón en Los Pinos). A estas alturas del partido, y en el mejor de los casos, tal proporción a duras penas se aproxima a 0.43 por ciento del PIB (último lugar en la OCDE), y debieron transcurrir más de dos décadas para que se alcanzara tal nivel (en 1990 era de 0.33 por ciento).

 

 
Toca el turno al sexto de la temporada. El pasado jueves, al tomar la protesta de ley al nuevo director general del Conacyt, el inquilino de Los Pinos subrayó que una de las prioridades de su estancia en la residencia oficial es la ciencia y la tecnología, y pasó a explicar (con su muy peculiar sintaxis) de qué se trata: Quiero darles algunos datos que acreditan, con toda puntualidad, el que esto empiece a materializarse. Son pasos, primeros pasos, pero, estoy seguro, que a través de las reformas, algunas estructurales que habremos de impulsar, algunos ajustes que estaremos haciendo en el camino, va a permitirnos lograr el objetivo que tiene este gobierno, de que la inversión en ciencia y tecnología, al menos, alcance el uno por ciento del Producto Interno Bruto.
 
Por si hubiera dudas, Peña Nieto abundó (sic, con correcciones aritméticas): “Que no obstante que no se han logrado (…), no se han logrado los objetivos ni las metas ambicionadas, sin duda, se ha trazado con toda puntualidad la ruta que debe de seguirse. Y con enorme pragmatismo recuerdo una última reunión en el periodo de transición, lo que fue una propuesta que ahora queremos materializar a lo largo de esta gestión. Me decía él entonces, el señor rector entonces, decía: Mire. Muy fácil, señor presidente. Si hoy invertimos 0.4 por ciento PIB, si dedicamos o nos ocupamos de que cada año por lo menos crezca un punto (una décima de punto, en realidad; el apunte es de México SA), uno más, al término de la administración lograremos el objetivo que la ley prevé y que hoy no se cumple, de tener el uno por ciento de inversión en ciencia y tecnología. Así de simple, a la vez complejo, pero vamos a trabajar porque así sea, señor rector (se refería al doctor José Narro). Llegar al uno por ciento al término de esta administración y triplicarlo sería llegar al 1.2 por ciento, y creo que esto es posible lograrlo en los próximos ocho o 10 años (cabe recordar que su gobierno concluye en 2018, no en 2020 ni mucho menos en 2022), si tenemos una ruta crítica que debamos seguir y observar puntualmente”.
 
¿Y por qué es estratégica la inversión en ciencia y tecnología? Si usted, lector, no lo sabe, Enrique Peña Nieto le da la respuesta (sic, una vez más): Porque va a abrir mayores oportunidades de desarrollo individual a más mexicanos; que en lugar de tener o dedicarse, eventualmente, a alguna actividad ilegal o ilícita, tengan cabida dentro de algún espacio de desarrollo individual, donde aporten conocimiento a partir de una adecuada educación que, también, tiene que ver con esto. ¿Alguna duda?
 
Pero más allá de la bella cuan bien estructurada oratoria del inquilino de Los Pinos, lo cierto es que desde los tiempos de Miguel de la Madrid el anuncio de invertir en el renglón descrito el equivalente al uno por ciento del PIB no pasó de ser un compromiso de saliva o una muestra de calenturienta imaginación, pero en los correspondientes a Vicente Fox y Felipe Calderón ya no fue una simple promesa incumplida, sino una abierta violación a la Ley de Ciencia y Tecnología, en cuyo artículo 9 bis queda claramente establecida la obligación de que “el monto anual que el Estado –Federación, entidades federativas y municipios– destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al uno por ciento del Producto Interno Bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”.

 

Para que no quedara duda sobre el particular, la propia legislación adicionó un par de artículos transitorios, el segundo de los cuales establecía que “para dar cabal cumplimiento a esta disposición, y en atención al principio de subsidiariedad, los presupuestos de Ingresos y Egresos del Estado –Federación, entidades federativas y municipios– contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al uno por ciento del Producto Interno Bruto que considera el presente decreto”. ¿Y quién adicionó los citados artículos a la legislación referida? Nada más y nada menos que Vicente Fox, en decreto publicado el primer día de septiembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, es decir, quien como inquilino de Los Pinos abiertamente violó la ley por él promulgada, toda vez que al cierre de su gobierno la inversión en ciencia y tecnología apenas equivalió a 0.38 por ciento del PIB.

 

Ahora, Enrique Peña Nieto lamenta que no se han logrado los objetivos ni las metas ambicionadas en lo que se refiere a inversión en ciencia y tecnología en el país. Pero el problema no es de objetivos o metas ambicionadas, sino de una clara violación a la ley que se comenta líneas arriba. Entonces, invertir el equivalente a uno por ciento del PIB no es una graciosa ocurrencia del nuevo inquilino de Los Pinos, o una certera recomendación del rector Narro, sino una obligación legal del Estado mexicano.

 

Esperemos que Peña Nieto no imite a Fox y Calderón, quienes violaron la Ley de Ciencia y Tecnología, pero no sólo eso, pues una buena tajada de recursos públicos que para ese rubro debieron asignarse a instituciones como la UNAM, el IPN y las universidades públicas de los estados, terminaron en las grandes empresas privadas. En la docena trágica panista, de las arcas públicas salieron alrededor de 30 mil millones de pesos para financiar, vía fiscal, la investigación y el desarrollo de tecnología de consorcios nacionales y extranjeros, todos con elevadísimas utilidades.

 

Como tiempo atrás se documentó en este espacio, entre los beneficiados aparecen Bachoco, Banco Azteca, Bimbo, Televisa, Pepsico, General Motors, Daimler-Chrysler, Arca (embotellador de Coca-Cola en México), Cadbury Adams, Laboratorios AstraZeneca, Bayer, Bombardier, Du Pont, Grupo Posadas (el de Mexicana de Aviación) y Femsa (que no pagó un centavo de impuestos de los más de 7 mil millones de dólares que en 2010 recibió por la venta de su división cervecera a la trasnacional Heineken).

 

Las rebanadas del pastel:

Y después se preguntan: ¿por qué nunca se llega al uno por ciento del PIB?

cfvmexico_sa@hotmail.com

 

Organizaciones civiles y pacto nacional

Miguel Concha

El 2 de diciembre los tres principales partidos políticos suscribieron el Pacto por México. Luego de un mes, cuando al parecer se han disipado las pugnas intrapartidarias que generó, conviene hacer, desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, una reflexión sobre sus alcances y limitaciones.

 

 
Para ello habrá que tener en cuenta al menos tres ángulos imprescindibles. El primero parte de asumir que en una sociedad democráticamente consolidada los pactos entre las fuerzas políticas no son algo extraordinario, sino más bien lo habitual. En ese sentido, la izquierda mexicana, que es en la que mayores pugnas se han suscitado, debe no sólo evitar verlos como algo de por sí negativo, sino prepararse para poder pactar exitosamente. Lo que desde luego implica el contar con sus bases.
 
En segundo lugar, lo dicho no significa que cualquier pacto sea por sí mismo benéfico para la sociedad. Hace unos cuantos meses, en Grecia, sus fuerzas políticas pactaron para imponerle a su pueblo medidas contrarias a la voluntad y al interés de las mayorías. Lo importante de un pacto no es entonces sólo el hecho del acuerdo, sino su contenido. No sólo sus enunciados, sino también sus instrumentos y acciones concretas.
 
Pero, además de la maduración política y de los contenidos de los pactos, el tercer asunto de importancia es quiénes pactan. Ahora bien, la tradición política nacional mantiene a las decisiones públicas como monopolio de los funcionarios y de los partidos políticos. Aspecto por cierto en el que estamos a la zaga de la mayoría de los países latinoamericanos. Con ello se ignora el derecho de la ciudadanía a la participación en los asuntos que le competen. Y la marginación de los ciudadanos y sus organizaciones de la vida pública no es sólo síntoma de antidemocracia. Propicia también la indiferencia sobre los asuntos públicos y el empobrecimiento y precarización de la vida política de una nación.
 
La historia reciente nos enseña en efecto que el reto para todo pacto entre partidos es cómo incorporar a la sociedad; cómo pasar de un pacto político a un pacto nacional, con el fin de lograr no sólo su aceptación pasiva, sino la generación de las conductas y de las acciones de toda la sociedad, capaces de conducir los pactos de la retórica a la realidad.
 
En México sabemos que se requiere modificar las tendencias al estancamiento económico, con sus secuelas de desempleo, empobrecimiento, migración, violencia y deterioro de la vida social. Se requiere entonces ampliar la democracia y el respeto irrestricto a todos los derechos de la persona. Esta modificación no puede realizarla por sí solo ningún partido. Por ello es necesario un pacto entre los más importantes, sí. Pero ni un acuerdo entre todas las fuerzas partidarias sería suficiente si no se toma en cuenta a la sociedad. De lo contrario el acuerdo tendría una efímera existencia que, en todo caso, serviría sólo para legitimar al gobierno en turno.

 

Si, como es deseable, en lo que se está pensando es en cambios de fondo, de alcances históricos, entonces la interrogante básica es, ¿cómo incorporar a la sociedad en un acuerdo nacional? Que la sociedad, a través de sus distintas expresiones organizadas, participe, no puede ser igual a una suerte de acarreo de firmas de adhesión al Pacto por México. Tiene que ser mediante un verdadero debate nacional. Lo que requiere la disposición de los actores políticos para abrir la agenda del pacto, y aceptar las alternativas que argumenten su validez.

 

En múltiples espacios organizados de la sociedad se han formulado propuestas razonadas y razonables, con conocimientos, experiencia y fuerza social. Proponer no puede ser tampoco monopolio de los partidos políticos. Si la intención es entonces alcanzar cambios de fondo, y la actitud es de apertura hacia las expresiones sociales, la ocasión no puede ser más propicia para darle cumplimiento al mandato constitucional de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, en consulta con la sociedad. Lamentable sería que se pretendiera sustituir la obligatoriedad de este plan con una estrategia de pactos entre partidos. Si éstos quieren ser institucionales, necesariamente tendrán que trascender sus acuerdos, y convertirlos en el programa oficial de gobierno, en diálogo con la sociedad.

 

Para trascender el pacto, convirtiéndolo en Programa Nacional de Desarrollo, no basta con hacer las acostumbradas consultas, en las que nadie sabe dónde son, a quiénes y por qué se les invita, qué es lo que dicen, y qué es lo que se hace con lo que dicen. Es absolutamente necesario construir nuevas formas de auténtico debate social. Los métodos existen. Las organizaciones civiles tienen amplia experiencia en promoverlos. No se trata de que las organizaciones de la ciudadanía tengan un lugar en el debate, sino de que la sociedad sea el lugar del diálogo.

 

Sería entonces la ocasión para fortalecer la democracia por medio de la creación de espacios institucionales de deliberación, como los que existen en varios países latinoamericanos. Se trata ni más ni menos del reto de hacer realidad la intervención ciudadana en la vida pública, que no se agota en la necesaria emisión del sufragio, a fin de poder avanzar en la cultura política del país, que es donde se tienen que dar los cambios para que sean de fondo. Las esperanzas y los temores de los avances o retrocesos de la intervención de la ciudadanía en la vida pública del país, para el avance de la cultura política en México, no se agotan en la relación con el Ejecutivo federal. Se extienden a los distintos poderes y niveles de gobierno. Por lo que a todos hay que exhortarlos a dar ese paso tan necesario. En los estados y en el Distrito Federal.

 

 

 

Seguro Popular:¿Guerrero como Tabasco?

Gustavo Leal F.*

Ya desde 2006, frente al federalismo centralista del Seguro Popular diseñado por Julio Frenk y Francisco Gil Díaz –que Fox y Calderón publicitaron electoreramente sin pausa–, los trabajadores de la salud guerrerenses reclamaron que los servicios estatales fueran devueltos a la Federación. La demanda se había escuchado antes en Tlaxcala y Zacatecas. Después de Chiapas y Oaxaca, ahora explotan las anomalías con los recursos del Seguro Popular en el que fuera un estado modelo: el Tabasco de Granier.

 

 
La historia del más reciente avatar sanitario sureño se agravó en 2008 y era ya insostenible en 2010.
 
Con 3 millones 300 mil habitantes, Guerrero se ubica entre los estados con más bajo índice de seguridad social. Dispone de 13 hospitales generales que operan deficientemente (estructura, equipo, personal), dos hospitales materno-infantiles, ninguna instalación de tercer nivel y mil unidades de atención primaria en malas condiciones, atendidas por pasantes. Y aunque cuenta con los institutos estatales de cancerología y oftalmología (organismos públicos descentralizados), ellos son virtualmente inaccesibles para la mayoría de la población depauperada. La red no cumple con los estándares en atención de urgencias y nueve de los 13 hospitales generales rebasan la ocupación recomendada, mientras la atención de segundo nivel (cesáreas) se encuentra en nivel crítico.
 
En el principal hospital de Acapulco, el Donato G. Alarcón en Ciudad Renacimiento, escasean los medicamentos del cuadro básico y no sirven los elevadores. Falta de todo. Cuando no se descompone una caldera, no hay agua; las enfermeras piden jeringas al hospital del Issste; no hay guantes, gasas, ropa, anestésicos ni antisépticos. El hospital se cae. Por falta de insumos dejaron de practicarse cirugías programadas. Desde 2008 al aparato de rayos X le falta una pieza. Ochenta pacientes son remitidos diariamente a un laboratorio privado que cobra 500 pesos por placa sencilla. Los técnicos atienden con un equipo portátil que no cumple la NOM: carece del dosímetro. Las nuevas mastografías no tienen revelador y licencia. Los servicios se suspenden.
 
Y sin embargo, Guerrero es una de las entidades con mayor afiliación al Seguro Popular: poco más de un millón, dotados de un presupuesto de casi 4 mil millones de pesos, del que poco provecho obtienen sus beneficiarios: ocupa el primer lugar en muertes maternas –con los hospitales de Acapulco, Chilpancingo, Tlapa y Chilapa a la cabeza–, además de malos tratos a los afiliados, desabasto crónico, infraestructura insuficiente y agudos conflictos con las contrataciones.
 
En mayo de 2010 el vocero del entonces gobernador Zeferino Torreblanca admitió que el gobierno federal no liberaba los recursos del Seguro Popular porque había impuesto a los estados rigurosos trámites para realizar la gestión. No tenemos todavía los recursos, pero estamos trabajando con un remanente. La gente no se ha quedado sin el servicio, remató.

 

Pero en marzo de 2011, mientras Calderón presumía sin tregua su fantástica cobertura universal, la prensa nacional difundió una extravagante foto donde el regidor Fernando Reina Iglesias (del PVEM) esquiaba a pie descalzo en la laguna Pie de la Cuesta arrastrado por un helicóptero de la Ssa-Guerrero, adquirido dos años antes en 30 millones de pesos –para el traslado de pacientes ubicados en comunidades lejanas en extrema pobreza– con recursos del Seguro Popular, pero que el gobernador Torreblanca empleaba en giras.

 

Pocos días antes, Guerrero vivió otro extraño suceso: una cuadrilla de misteriosos incendiarios prendió fuego a los archivos del Seguro Popular que se encontraban, coincidentemente, en una oficina contigua a la Secretaria de Finanzas, a menos de un mes de que el gobernador Torreblanca entregara el gobierno al ex priísta, ahora perredista, Ángel Aguirre.

 

La ASF detectó desvío de recursos y presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Salud local: en 2008, subejercicio de 40 millones de pesos; en 2009, anomalías por 2 millones 500 mil pesos en bonos y compensaciones, además de medicamentos caducos, de lento o nulo movimiento, surtimiento en nivel crítico y aviadores. Se pagaron salarios a comisionados y se otorgaron plazas de médico especialista a personas que no cumplían los requisitos. Durante el sexenio de Torreblanca fueron removidos del cargo dos secretarios y seis subsecretarios.

 

La propia Comisión Nacional de Protección Social en Salud –responsable federal del Seguro Popular– reconoció en 2010 que la carencia de medicinas afectó a la mitad de los asegurados, aunque según la encuesta de satisfacción, 71 por ciento de los usuarios se dijo satisfecho con la entrega de fármacos.

 

Las quejas de los proveedores por motivos de incumplimiento se hicieron sonar. La comisión mencionada tiene la obligación de transferir los recursos a las entidades trimestralmente, siempre que antes reciba los documentos que acreditan que el gobierno del estado realizó su aportación para la operación de los servicios y aumentó el número de afiliados. En 2009, Guerrero cumplió esta disposición sólo hasta el segundo trimestre, por lo que las transferencias federales se redujeron en más de la mitad de lo previsto para ese año.

 

Al finalizar marzo de 2011 la Comisión Permanente del Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad solicitar a la ASF y a la Auditoría General del Estado que levantaran una investigación a la Secretaría de Salud local.

 

A pesar del desabasto crónico en las regiones más marginadas, en abril, la secretaría local dio de baja más de una tonelada de medicinas del cuadro básico porque nunca salieron del almacén y caducaron.

 

Como Tabasco, ¿puede celebrar Guerrero la cobertura universal panista?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco