Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

lunes, 25 de marzo de 2013

Crueldad, xenofobia y negocio- Legislar en lo oscurito y votar a ciegas- Contaminación y saqueo en cenotes

Crueldad, xenofobia y negocio
De acuerdo con reportes oficiales difundidos por The New York Times en su edición de ayer, unos 300 migrantes indocumentados son sometidos diariamente a régimen de aislamiento en las prisiones de Estados Unidos por disposición de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a pesar de que esas personas se encuentran en la cárcel no por cargos penales sino civiles, los cuales no ameritan castigo según las leyes del país vecino, sino un mero aseguramiento, a fin de garantizar que los acusados comparezcan en audiencias administrativas. De ese promedio, la mitad –es decir, unos 150– permanecen bajo régimen de aislamiento por periodos de 75 o más días, lo cual, de acuerdo con expertos siquiátricos citados por el rotativo neoyorquino, multiplica el riesgo de que el recluso así castigado experimente daño mental severo.
 
Más allá de la crueldad intrínseca de las leyes de persecución contra migrantes que se encuentran en vigor en el país vecino, leyes que criminalizan a extranjeros por acudir a Estados Unidos en busca de empleo o de mejores perspectivas de vida que las que les ofrecen sus naciones de origen, las prácticas inhumanas como la que aquí se comentan tienen diversos elementos de contexto que es pertinente enumerar.

El primero de ellos es la hipocresía estructural de la persecución contra los extranjeros indocumentados, toda vez que éstos constituyen un factor indispensable en el funcionamiento de la economía estadunidense, particularmente para aportarle competitividad por la vía de las bajísimas percepciones que perciben los trabajadores migrantes, los cuales, a su vez, son utilizados en la agricultura, la industria y los servicios como válvula de contención salarial contra los trabajadores estadunidenses.

Otro es el discurso xenófobo y paranoico que ha dado sustento social a las disposiciones legales antimigrantes y que por décadas ha sido regularmente alimentado por políticos y candidatos, en particular –pero no exclusivamente– del Partido Republicano. Esa tendencia empieza a cambiar a raíz del incremento del electorado de origen latinoamericano y de su peso creciente en la configuración del mapa político de la superpotencia; en efecto, en los últimos comicios presidenciales, el llamado voto hispano resultó crucial para la reelección de Barack Obama.
 
Un tercer elemento que no debiera dejarse de lado es el jugoso negocio al que dan pie las disposiciones persecutorias contra los migrantes. Como es sabido, cada año las autoridades estadunidenses detienen a unos 400 mil migrantes de diversas nacionalidades y recluyen a la mitad de ellos en cárceles privadas, principalmente las que operan las empresas Corrections Corporation of America (CCA), The Geo Group y Management and Training Corp. Tales corporativos cobran una cuota a las instituciones federales por cada detenido (unos 122 dólares diarios, en el caso de The GEO Group) y, de acuerdo con organizaciones de defensa de derechos humanos, realizan un permanente cabildeo en las instancias legislativas federales y estatales para asegurar que la inmigración sin documentos siga siendo criminalizada. Significativamente, en la década pasada los ingresos de esas empresas se incrementaron ciento por ciento en promedio y sus utilidades anuales combinadas suman unos 5 mil millones de dólares, a decir del grupo humanitario Immigrants for Sale.
 
Como puede verse, en suma, la criminalización de la inmigración indocumentada en Estados Unidos y el conjunto de violaciones a los derechos humanos que conlleva es una estrategia que rinde enormes beneficios políticos, económicos y corporativos, y cuya mera existencia contradice frontalmente los principios fundacionales del país vecino. La dimensión de ese negocio permite aquilatar las resistencias a una reforma migratoria que es, sin embargo, social y éticamente impostergable.
 Las penitencias de Mancera-Rocha
Legislar en lo oscurito y votar a ciegas
Bernardo Bátiz V.
No es lo mismo legislar a ciegas y legislar en lo oscurito. Esta es otra mala práctica de quienes integran el sistema político que hoy prevalece y domina en México; legislar en lo oscurito es preparar reformas o nuevas leyes en conciliábulos secretos, sin transparencia alguna, en las oficinas de las dependencias del Poder Ejecutivo o, peor aún, en los despachos jurídicos de los mismos destinatarios de la ley, que, siendo poderosos, se pueden dar el lujo de contar con abogados que se enteran antes que los legisladores de lo que se pretende enviar como proyecto.
 
Un ejemplo entre muchos lo podemos rastrear en las notas de prensa que relatan cómo, finalmente, se aprobó, en la Cámara nunca menos baja, la reforma constitucional para medios de telecomunicación. Por el trabajo de los buenos reporteros de la fuente, nos enteramos de las reuniones de dirigentes políticos, de la presencia de cabilderos de las empresas a las que la ley se aplicará y de las largas y tediosas esperas que los diputados tuvieron que aguantar en tanto políticos y empresarios se ponían de acuerdo.

Ellos, los legisladores de infantería, tan sólo dirán, a través del tablero electrónico, si su voto es en favor o en contra, bajo la mirada vigilante de sus coordinadores y la amenazante de los personeros de las grandes empresas de radio y televisión. La hora en que se iniciará el inútil debate es siempre incierta y depende del momento en que se concluyan los acuerdos tomados fuera del pleno y de los que muy pocos diputados se enteran. Eso es legislar en lo oscurito.

Luego viene la discusión pública, que en la práctica carece de sentido. A muy pocos legisladores les interesa verdaderamente, porque ya nada se decidirá en el pleno, los arreglos ya vienen amarrados y la votación se parece cada vez más a las resoluciones de las asambleas de accionistas de las sociedades anónimas. En ellas cada accionista es dueño de las acciones en sus manos y en los parlamentos cada coordinador parlamentario es dueño de un número de votos controlados por él.

Afortunadamente, quedan aún legisladores, un puñado, que mantienen la llama de la oposición y de la dignidad del Poder Legislativo. Son diputados y senadores que defienden sus puntos de vista aun a sabiendas de que la votación les será adversa porque ya está arreglada, o al menos tratan de que sus discursos y argumentos sean escuchados por sus compañeros legisladores que estén en disposición de hacerlo y por la opinión pública; defienden sus puntos de vista y dejan para el juicio de analistas, ahora, e historiadores, mañana, cuál fue su posición, que podrá consultarse en su momento, y esto si no es falsificado el Diario de los Debates.
Se está legislando nuevamente como en los tiempos del viejo PRI, que ha regresado; una diferencia de grado, no de esencia, es que entonces, en la primera etapa del PRI, la mayoría se formaba por representantes dóciles de los sectores tradicionales del partido oficial y hoy, en lugar de sectores, se forman para el voto comprometido, los legisladores de los partidos que, renunciando a su papel de representantes populares, se unieron al Ejecutivo, con el llamado Pacto por México.
 
Legislar a ciegas, para la gran mayoría de los legisladores, es saber que se discute y se discute por días enteros o por largos meses para toparse en el último momento con un proyecto preparado quién sabe por quién, respecto del cual su papel será aprobarlo por consigna de quien o quienes dan las órdenes en sus grupos parlamentarios. Legislar a ciegas es votar sin haber leído los proyectos y dictámenes y casi siempre sin tiempo suficiente para reflexionar en la técnica legislativa y en las consecuencias de lo que van a aprobar y, por supuesto, sin saber realmente cuál es la intención subyacente que ocultan los discursos grandilocuentes y las palabras huecas para la publicidad y la imagen.
 
La verdad es que habíamos avanzado; en 1997, hace apenas dieciséis años, se instaló la 57 Legislatura solamente con los diputados de oposición, sin un solo priísta en el salón de sesiones. Ese mismo año se reconoció el triunfo de un partido de izquierda en la capital del país y tres años después llegó la alternancia en el Poder Ejecutivo. Lamentablemente, el abandono de los principios democráticos de los gobernantes panistas de los últimos dos sexenios abrió la puerta a la vieja escuela y permitió el regreso del PRI histórico.
 
Otra vez se legisla de noche, se acuerda en lo oscurito, se introducen cambios inesperados en la madrugada; tiene mayor peso la opinión de los cabilderos y el temor a los medios que los argumentos y las opiniones de los legisladores; así, quienes elaboran las pésimas leyes actuales, carentes de técnica legislativa, lo hacen a oscuras, y quienes las aprueban con su voto lo hacen a ciegas.
 
Judas traicionado-Magú
Contaminación y saqueo en cenotes
Iván Restrepo
Uno de los atractivos naturales más importantes que existen en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche son los cenotes, palabra que proviene de la maya ts’onot, cuyo significado literal es hoyo o agujero en el suelo. Sirve para denominar esos pozos grandes y profundos de agua dulce creados por la erosión de la piedra caliza. Los cenotes fueron vitales para el desarrollo de una de las culturas más asombrosas de la humanidad, la maya. Su utilidad es indudable aún hoy, porque esas tres entidades sólo tienen dos ríos superficiales: el Palizada, en Campeche, y el Hondo, frontera con Belice. En cambio cuentan con ríos subterráneos y el agua de lluvia, parte de la cual llega hasta el subsuelo y alimenta los cenotes y otras reservas hídricas de la península yucateca.
 
Se calcula que sólo en el estado de Yucatán existen entre 2 mil y 7 mil cenotes. Se desconoce su número en Campeche y Quintana Roo. Sin embargo, estas bellísimas formaciones naturales, reservas de agua y fuente de empleo para miles de personas, no siempre están limpias. A ellas llegó la contaminación, que se suma a los daños causados por los saqueadores de piezas arqueológicas. Y los últimos años, por otra plaga: los visitantes irresponsables.

El 2 de febrero pasado el corresponsal de La Jornada en Yucatán, Luis A. Boffil Gómez, informó de la experiencia negativa que tuvo un turista de San Luis Potosí en el cenote Kambul, localizado en la población de Noc-Ac, de Mérida. Salió rápidamente del agua del cenote porque estaba lleno de condones y basura. Se había sumergido, cuenta Boffil Gómez, en lo que los expertos llaman, sarcásticamente, moteles condo-minios.

No es el único caso. Los centros de investigación de Mérida y las propias instancias oficiales documentan desde hace décadas la contaminación del agua del subsuelo, de la cual se surten miles de familias por medio de pozos.

Ese deterioro se debe a las fosas sépticas existentes en el medio rural y las periferias urbanas, al uso de agroquímicos (entre ellos los prohibidos por su alta toxicidad) y a la carencia de drenaje que capte los desechos de actividades comerciales, pecuarias y servicios. Una mezcla muy peligrosa de coliformes, plaguicidas, basura y residuos de aceites e hidrocarburos llega así al manto freático.
 
El profesor Sergio Grosjean Abimerhi aporta en su reciente libro Secretos de los cenotes de Yucatán nuevos datos sobre la contaminación que acaba con las especies, únicas, que viven allí. Entrevistado por nuestro corresponsal, Grosjean refiere además el saqueo de estalactitas, esas hermosas formaciones que al año apenas crecen de una a tres décimas de milímetro. Cómo ese saqueo y esa contaminación ocurren muchas veces a ciencia y paciencia de las autoridades y hasta con su apoyo, algo que señalan también los estudios de otros especialistas presentados el año pasado en reuniones celebradas en Mérida y Playa del Carmen.
 
Precisamente en esta última ciudad, corazón de la Riviera Maya (con Cancún atrae casi la mitad de las divisas por turismo del país), existen cenotes en plena área urbana. Uno de ellos, en la Quinta Avenida, la más importante, se halla muy contaminado y es un peligro para la salud pública. Su olor es insoportable. Antes, sobre esa avenida había otros cenotes que destruyó la especulación urbana. El único que queda, en el que había una variada vida acuática y al que acudían especies terrestres, es hoy un muladar cuyos efectos llegan hasta la costa, donde recalan con sus embarcaciones los pescadores.
 
Cuando hace meses la ciudadanía denunció lo que pasaba, las autoridades no le hicieron caso. Sólo recién, y coordinadamente, las instancias oficiales locales y estatales comenzaron a investigar el origen de esa peligrosa contaminación. Todavía no la encuentran, pero apunta a que proviene de hoteles o negocios que no envían sus aguas negras al drenaje municipal, como ordena la ley.
 
En momentos en que a todos los niveles de gobierno se promete dotar de agua limpia a la población y de atraer y atender muy bien al turismo, los cenotes de Playa del Carmen y de toda la península de Yucatán necesitan conservarse con el esfuerzo de la población y de las instancias oficiales. Y sancionar severamente a quien los contamine o saquee.

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