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Otros vandalismos

GT-200, engaño

Ventas al extranjero

Indignados por nada

Julio Hernández López

RECONOCIMIENTO A GENERALES EN RETIRO. Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, encabezó ayer la ceremonia de imposición de condecoración y entrega de reconocimientos a generales que pasaron a situación de retiro

Foto María Meléndrez Parada

 

Con perseverancia de misionero (científico), el físico Luis Mochán se ha dedicado durante años recientes a evidenciar el gran engaño criminal que significan los aparatos de presunta detección de personas, armas y drogas conocidos como GT-200. En actos de vandalismo institucional cometidos por militares y por policías federales y estatales, para beneficio económico de políticos y empresarios corruptos y causando miles de tragedias humanas, durante el calderonismo se compraron cientos de indicadores moleculares que de manera científica sirvieron para detener, robar, extorsionar, secuestrar y desaparecer a mexicanos inocentes que tuvieron la mala suerte de que una antena retráctil colocada en la mano de una autoridad les apuntara como sospechosos de delitos graves.

 

A pesar de las denuncias constantes contra ese aparatejo, que en su origen pretendía cuando mucho ayudar a encontrar pelotas de golf perdidas en el campo de juego, y que nunca dejó de ser más que una engañifa con pretensiones técnicas infames, gobiernos de algunos países, y particularmente el México de la guerra contra el narcotráfico, adquirieron lotes del GT-200 (tanto el gobierno federal como los de varios estados, en ese sexenio panista pero todavía en tiempos actuales). Mochán (más sobre el tema en Twitter, @wlmb ) y otros ciudadanos denunciaron en foros académicos, comisiones legislativas y medios de comunicación la vacuidad del mecanismo, la absoluta falta de sustentabilidad técnica y el uso criminal contra personas en retenes, cateos y otras acciones bélicas felipistas.

 

Esa forma de vandalismo institucional que no ha causado ninguna cascada de histerismo mediático y político, provocó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que 3 mil 786 personas presentaran quejas por abusos de parte de fuerzas gubernamentales armadas. Pero el tema ha cobrado nueva relevancia al conocerse que el británico James McCormick fue declarado culpable en Londres de vender hasta en 40 mil dólares presuntos detectores de bombas, denominados ADE651, que en realidad eran simples buscadores de pelotas de golf que costaban 20 dólares. El ADE651 fue vendido a Irak, Georgia, Nigeria, Siria y México, según el reporte de la BBC que en http://bbc.in/10CYYOe puede ser leído y es similar al GT-200 que compró el calderonismo a la empresa también británica Global Technical LTD. Para vender lo que no servía, los empresarios se valieron del soborno a autoridades locales y mantuvieron un terrorífico desprecio por la vida y la libertad humanas.

 

Varias pandillas legislativas practicantes del rito de San Lázaro vandalizaron el territorio nacional, asestándole golpes peligrosísimos al cuerpo nacional con piedras y palos reformistas que permitirán a extranjeros regularizar la apropiación de tierras y construcciones en playas, litorales y zonas fronterizas antes preservadas por el atemorizado grupo social denominado Los mexicanos para exclusiva propiedad nacional.

 

Los golpeadores legislativos han despojado a la nación de la protección histórica contra incursiones armadas de fuerzas extranjeras que, al tener connacionales como propietarios de franjas estratégicas, contarían con compradas bases de apoyo, y han abierto la puerta a la regularización de las tramposas formas de posesión, mediante fideicomisos, fondos y otras tretas jurídicas, que forasteros, sobre todo gringos, han practicado en zonas turísticas, como sucede especialmente en Baja California y Baja California Sur, donde las colonias de extranjeros forman asentamientos de exclusión a los nacionales, que eventualmente podrían invocar la protección de sus gobiernos en cualquier tipo de conflicto, real o simulado.

 

La venta de playas e inmuebles fronterizos es una probadita de la gran venta petrolera en curso. Una parte de los constantes viajes de Enrique Peña Nieto al extranjero han servido para dar seguridad a sus escuchas, tanto gobernantes como empresarios, de que el gran pastel de Pemex será puesto a disposición de inversionistas foráneos y que la administración priísta garantizará el estado de derecho para que los compradores tengan seguridad en sus operaciones.

 

Una forma ya casi oficializada de vandalizar desde el poder es el cobro de comisiones por negocios autorizados. Se lesiona el interés público pero se benefician carteras privadas, de manera casi siempre incomprobable y, en casos de desastre, las sanciones suelen ser más aparatosas que efectivas. Luego sucede que los encargados de otorgar permisos, concesiones o generosidades varias acaban como directivos o consejeros de las empresas beneficiadas. Allí están, para ejemplo, presidentes de la República que luego fueron consejeros de empresas que privatizaron (Ernesto Zedillo como campeón), secretarios de Hacienda que pasan a ser directivos o asesores de los bancos a los que beneficiaron, o, en un caso reciente, la secretaria de energía de Calderón, Georgina Kessel, que ahora es consejera de Iberdrola, la empresa española que es la principal productora de energía eléctrica en México, con gran crecimiento en proyectos eólicos ( bit.ly/11CAaRU ).

 

Y, mientras tanto, con la delincuencia organizada fuera de control (narcovándalos en plena impunidad), con la delincuencia electoral disfrazada de Cruzada contra el Hambre (¿Chayote A. Pobres salvará la cabeza a cambio de que siga el PAN gobernando Baja California?), con la delincuencia de cuello blanco a la espera de reformas financieras que permitan apretar más a deudores de a pie para seguir beneficiando a las élites, con los grandes empresarios reajustando negocios para acomodarse a la moda peñista (que reforma todo para que en el fondo no se reforme nada), la atención nacional está inducidamente atenta a la manera como se habrá de actuar contra los vándalos de Guerrero, culpables de la desgracia nacional, evasores del GT-200, vendedores de las playas del saber, destructores de los templos del venerado partidismo nacional, indignados por nada, futuros compradores a trasmano de Pemex y miembros impúdicos del cártel del hartazgo nacional. ¡Hasta el próximo lunes!

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Y por qué será-Rocha

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Zonas costeras: reforma peligrosa

El martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 27 de la Constitución, propuesta por la diputada priísta Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, que elimina la prohibición para que ciudadanos extranjeros posean bienes inmuebles en las llamadas zonas restringidas –una franja de 100 kilómetros en las fronteras y de 50 kilómetros en las playas– con la condición de que tales propiedades sean destinadas a uso habitacional y no comercial, industrial o agrícola. En la lógica de los legisladores que aprobaron dicha modificación, pertenecientes a las bancadas de PRI y PAN, dicha prohibición constitucional obedece a una circunstancia histórica hoy superada –el riesgo de una invasión cuerpo a cuerpo de ejércitos extranjeros por las playas o por las fronteras–, que ha dado lugar a ejercicios de simulación en los que ciudadanos de otros países adquieren propiedades en esas franjas de territorio mediante fideicomisos o prestanombres.

 

En primer término, la reforma comentada constituye una inconsistencia jurídica con respecto a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales, que define a las playas como una franja territorial siempre variable, que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales y establece una Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) que constituye un bien público, delimita el área propiamente habitable de la región costera y que estará constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas. Esta última, sin embargo, no está mencionada siquiera en el dictamen aprobado por los diputados.

Así fuera cierto que en el mundo contemporáneo se hubiera desvanecido el riesgo de una invasión a través de las playas o de las franjas fronterizas, habría debido considerarse que hoy existen circunstancias socioeconómicas que habrían hecho necesario mantener la limitación eliminada por el pleno de San Lázaro.

En concreto, la eliminación de la prohibición referida puede generar una presión inmobiliaria y especulativa devastadora sobre las zonas hasta ahora restringidas, habida cuenta la asimetría enorme entre los ingresos de los habitantes de las regiones costeras y los de inversionistas extranjeros que quieran invertir en ellas.
 

El deterioro socioeconómico y el abandono que padecen muchas comunidades costeras tras cinco lustros de política neoliberal las ha colocado en una situación de supervivencia, o casi, en la que les resultaría casi inevitable sucumbir ante una demanda inmobiliaria exponenciada por la brusca expansión del universo de compradores. Acto seguido, los vendedores se enfrentarían a una tragedia semejante a la que afrontaron muchos de los ejidatarios que se deshicieron de sus tierras tras la reforma salinista al artículo 27 constitucional, que hizo posible enajenar las tierras ejidales: la pérdida simultánea del espacio laboral y del habitacional, la imposibilidad de transformar en capital productivo el dinero recibido a cambio –porque siempre es muy poco y porque no hubo ninguna planeación oficial que auspiciara esa transformación– y, a mediano plazo, una vez agotados los recursos de la venta, la reducción a una vida sin vivienda ni actividad económica, el tránsito a la informalidad, la mendicidad, la emigración forzosa o la delincuencia.

 

Por añadidura, la conversión de las tierras hasta ahora restringidas en áreas exclusivamente habitacionales, turísticas y, previsiblemente, lujosas, haría muy difícil la supervivencia de las pequeñas unidades productivas –cooperativas pesqueras, granjas acuícolas, prestación de servicios turísticos artesanales– que se desarrollan en esas zonas.

 

Si el propósito es evitar actos de simulación mediante los cuales algunos extranjeros burlaban la prohibición que se pretende derogar, lo pertinente es corregir y erradicar las prácticas fraudulentas correspondientes y hacer frente, de una vez por todas, a la vasta corrupción que las hace posibles.

 

En lo inmediato es procedente pedir a los integrantes del Senado que detengan la disposición y actúen con la sensatez, el sentido nacional y la visión de sociedad y de futuro que no tuvieron sus contrapartes en San Lázaro.

 

Enmascarados legítimos se quejan-Magú

magu@jornada.com.mx

SNTE y cacicazgos charros: historia sin fin

Jesús Martín del Campo

 

A muy poco tiempo de su fundación, en diciembre de 1943, el SNTE comenzó a ser dirigido por líderes que implantaron todos los vicios del sindicalismo oficial, conocido como charrismo, a la par que en la mayoría de sindicatos importantes del país.

 

Tres camarillas, encabezadas cada una por un jefe o jefa, han controlado el SNTE desde 1952 a la fecha. La primera, encabezada por Jesús Robles Martínez, controló a los sucesivos dirigentes del sindicato de 1952 hasta 1972. La segunda, encabezada por Carlos Jonguitud Barrios, controló la vida sindical de 1972 a 1989. Y la tercera, teniendo como cabeza a Elba Esther Gordillo Morales, dominó de 1989 hasta febrero pasado.

 
Tratándose de un pilar de los gobiernos autoritarios para el control político de los trabajadores, los líderes charros han tenido licencia para enriquecerse, vender plazas, y también para perseguir y asesinar disidentes. Tal es el caso del SNTE, donde los jefes de las camarillas han sido removidos en una especie de ritual cíclico, de aproximadamente 20 años entre uno y otro, por algún desencuentro con el Ejecutivo en turno. Los han quitado y remplazado por otros que les garantizan el control deseado. Haciendo el papel del charro expiatorio.
 
Como elementos característicos de las direcciones oficialistas del SNTE encontramos: el control personalizado del jefe o la jefa en la toma de decisiones. La componenda de los líderes con las autoridades para negociar reivindicaciones a la baja, el ofrecimiento de votos para candidatos del PRI a la Presidencia (con Elba Esther para el del PAN vía fraude), la exigencia de una cuota cada vez más grande de cargos políticos y, de manera muy señalada, el uso de métodos violentos contra los disidentes.
 
Precisamente por la ausencia de democracia en el sindicato magisterial, y por los métodos gansteriles de los charros para controlarlo, han surgido movimientos democráticos para recuperar su sindicato como un instrumento al servicio de los trabajadores.
Durante el cacicazgo de Robles Martínez surgió el Movimiento Revolucionario del Magisterio, encabezado por Othón Salazar, con cuyas acciones desarrolladas entre 1956 y 1960 se cimbró el charrismo. Tiempo después, entre 1968 y 1970, surgió un movimiento integrado por comités de lucha de un buen número de delegaciones sindicales del DF.
 
En el periodo de dominio de Carlos Jonguitud surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en diciembre de 1979, organización que sigue viva y activa hasta la fecha. En dicho lapso se cometieron los asesinatos de muchos maestros democráticos a manos de jonguitudistas. ¿Cómo olvidar esos hechos?

 

Bajo el control de Elba Esther los rasgos del charrismo fueron llevados al extremo. Su ambición por enriquecerse, sus numerosas propiedades y su explicación chocarrera de una herencia como la base de su fortuna son al mismo tiempo indignantes y muestra de la corrupción que priva entre los políticos en el poder, algunos de los cuales han sido socios de ella. Su obsesiva concentración del control personal de todo lo que se hiciera en el sindicato revelaba desconfianza. Hacerse nombrar presidenta vitalicia ya fue el colmo. Con su habilidad para ayudar en los fraudes electorales de 2006 y 2012, superó con creces a sus antecesores. Su entreguismo para pedir que desaparecieran las normales del país, una barbaridad, si la inmensa mayoría de los maestros del sindicato son egresados de las mismas. Contra ese cacicazgo la CNTE desarrolló una gran capacidad de lucha, y logró acrecentar su influencia en la mayor parte de secciones del país y es la alternativa para democratizar al SNTE.

 

Cuando cayó Robles Martínez, Echeverría impulsó a Jonguitud para el relevo en el SNTE. El charrismo siguió con un líder que llevaba el control personal de la vida sindical y formó la corriente Vanguardia Revolucionaria, de la que se hizo nombrar jefe vitalicio. La inconformidad contra ese cacicazgo se mostró con la huelga magisterial de 1989, dirigida por la CNTE.

 

En abril de aquel año cayó Jonguitud y Salinas colocó a Elba Esther al frente del SNTE. De eso hace 24 años. Los excesos de Elba Esther y la anuencia de los gobernantes con ella la hacían ver como inamovible. Sorpresivamente la meten a la cárcel y termina su ciclo, pero el gobierno actual mantiene intacta la estructura que ella dejó, y que es fuente de malestar del magisterio que ha luchado siempre por la democratización de su sindicato.

 

Ahora sabemos que el gobierno dio el golpe para darse una imagen justiciera, pero en realidad preparó el terreno para la aplicación de la llamada reforma educativa que tiene la clara intención de abatir la estabilidad en el empleo, acabar con la gestión colectiva de las condiciones de trabajo y cerrar las escuelas normales. El magisterio democrático despliega ya una oleada de lucha contra esa reforma y sus contingentes de vanguardia en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Distrito Federal y Chiapas lograrán la incorporación de muchos en defensa de su fuente de trabajo.

 El experto-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Chihuahua no es Boston

Víctor M. Quintana S.

Chihuahua no es Boston, ni Newtown, ni Columbine, perdónesenos el perogrullo, en lo que se refiere a masacres: es todas ellas juntas, y más. Ciudad Juárez no es Manhattan: en cuanto a víctimas, en esa frontera han sido asesinadas más personas en los últimos cinco años que todas las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Y, sin embargo, acá no hay intensas persecuciones policiacas de los presuntos homicidas, ni consternaciones presidenciales, ni siquiera de los gobernadores. Lo que sí hay es total impunidad.

 

 
No hay nada que pueda alentar el menor optimismo sobre el fin de las masacres en Chihuahua. Nada que revele una inflexión en ellas, una reducción en el número de víctimas, un éxito, así sea relativo, en los gobiernos que llegan a suplir a aquellos que fracasaron también en este rubro. Una primera revisión nos dice que en el estado de Chihuahua se han perpetrado 24 masacres de cuatro o más personas, con un saldo de 255 personas asesinadas desde que se pusieron en marcha los operativos conjuntos de la guerra contra el narcotráfico.
 
La primera fue la de Creel, en la sierra Tarahumara, el sábado 16 de agosto de 2008, cuando un comando irrumpió en una fiesta y asesinó a 13 personas, en su mayoría jóvenes y un bebé. A partir de entonces la zona serrana, y en especial el municipio de Bocoyna, han sido el espacio de varias masacres, la más reciente en diciembre pasado en Guadalupe y Calvo, que arrojó 11 personas asesinadas.
 
Ciudad Juárez fue el principal núcleo de masacres hasta hace dos años. La más visible fue la de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010. Además de ella ha habido cuando menos ocho matanzas de 2008 a 2011. Llama la atención que en esta frontera no se han presentado las masacres al nivel que antes en los últimos dos años.
 
En cambio, el horror parece haberse trasladado a la capital del estado. Ahí se han perpetrado 10 masacres, ocho de ellas los últimos dos años. Entre ellas, la que arrojó un mayor número de personas asesinadas, en el centro de rehabilitación de adicciones Fe y Vida, en junio de 2010, con 20 ejecutadas. Destacan, además, las matanzas efectuadas en tres bares: el Río Rosas en octubre de 2008, donde ultimaron a once personas; la del bar Colorado en abril de 2012, donde fueron asesinadas 17 personas, entre ellas dos conocidos periodistas, y la del bar Far West, donde ultimaron a cinco integrantes del grupo musical La Quinta Banda y cuatro personas más.

 

De 2008 a 2010 las masacres en los centros de rehabilitación de adicciones fueron recurrentes: cinco en total; ahora parece que el centro de gravedad ha cambiado a los bares. Por cierto, en ningún caso se trata de bares de la clase alta o media alta, sino sobre todo de carácter más bien popular. También es muy claro que alrededor de 90 por ciento de las personas ultimadas en las masacres son jóvenes de entre 15 y 29 años, con lo que el juvenicidio continúa.

 

Ningún gobierno ha podido detener las masacres: en los dos últimos años de la administración de Reyes Baeza se perpetraron 11 masacres, con un saldo de 101 personas asesinadas: durante los últimos cuatro años del gobierno de Calderón hubo en Chihuahua 21 masacres, con 233 personas asesinadas. Los gobiernos actuales también son ampliamente rebasados en este campo: desde que César Duarte tomó posesión, en octubre de 2010, van cuando menos 13 matanzas, con 154 personas asesinadas, y en los pocos meses del peñanietismo, tres, con 22 personas asesinadas. No es cierto de ninguna manera que la violencia esté controlada en Chihuahua.

 

Si bien los datos y la geografía de las masacres en Chihuahua son muy reveladores, palidecen cuando los comparamos con el número total de homicidios dolosos perpetrados en esta entidad norteña desde 2008: apenas llegarían a representar 1.5 por ciento de los más de 18 mil asesinatos generados por la guerra iniciada por Calderón y continuada mañosamente por Peña Nieto. Una numeralia como para sacudir la vergüenza política –si es que existe– del titular del Ejecutivo de cualquier orden. Más si se toma en cuenta que la impunidad de quienes perpetraron todas estas masacres es prácticamente total.

 

Y, sin embargo, tanto el gobierno federal como el del estado ponen su discurso y sus prioridades en todos lados, menos en proteger la vida de la población. Ya no hay cuentas alegres del combate a los hechos de sangre, ya ni siquiera hay algún tipo de cuentas. Ante el estrepitoso fracaso de la estrategia de todos los órdenes de gobierno, lo que urge es una cruzada para saciar el hambre… pero de justicia.

 Mientras tanto en Harvard-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx