Peña y la parcialidad institucional
Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Enrique Peña Nieto se equivoca en su diagnóstico de la problemática nacional. Insiste que el principal reto es la construcción de un “Estado fuerte” y el fortalecimiento de la oficina presidencial, cuando en realidad lo que hace falta es la reorientación del formidable poder gubernamental hacia la defensa del interés público y el desarrollo nacional. Nuestras dificultades no surgen de una supuesta debilidad del Estado mexicano como tal, sino de su utilización parcial y el aislamiento de la clase política de la sociedad.
El desastre de los 12 años de gobiernos panistas se debe a que Vicente Fox y Felipe Calderón conscientemente utilizaron la silla presidencial para favorecer a sus amigos y atacar a sus rivales. El legado más importante, la “alternancia”, es la enorme acumulación de poder y riquezas en las manos de Televisa, Carlos Slim y El Chapo Guzmán. Las recientes liberaciones del general Tomás Ángeles y del exsubprocurador Noé Ramírez Mandujano comprueban una vez más la parcialidad de la actuación de las instituciones bajo el mandato de Calderón.
Hoy Peña Nieto envía señales de absoluta continuidad. La detención de Elba Esther Gordillo, la utilización de programas sociales para fines políticos en Veracruz, la extraña ventilación pública del caso de Ricardo Monreal y el sorpresivo otorgamiento de amparos a MVS Comunicaciones para que pueda seguir gozando de sus concesiones de banda ancha 2.5 Ghz, todos demuestran que sigue vigente la política de utilizar la ley y las instituciones con fines políticos y para pagar favores personales.
Por mucho que Gordillo sea un personaje políticamente indefendible y muy probablemente corrupto, la forma y el fondo de su detención respondieron a evidentes coyunturas e intereses políticos (mi análisis aquí: http://ow.ly/kbLZp). Con respecto a Monreal, no existía necesidad alguna de publicitar el supuesto plan de atentado en su contra. Las declaraciones en los medios de comunicación tanto del procurador Jesús Murillo Karam como del mismo Monreal solamente tienen lógica dentro de un contexto en que el gobierno federal estaría utilizando los múltiples esqueletos que el político zacatecano tendría en su proverbial “clóset” para silenciar a una de las voces más fuertes de la oposición política.
El caso MVS es también llamativo. El actual subsecretario de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, fue durante años director jurídico de MVS Comunicaciones y litigó personalmente el asunto de las concesiones de la banda 2.5 Ghz. El año pasado el mismo presidente de MVS, Joaquín Vargas, hizo públicos sus intercambios con Javier Lozano en el caso de Carmen Aristegui, evidenciando la absoluta disposición del empresario a negociar contenidos y espacios con el gobierno. La sorpresiva cancelación de mis propias participaciones en este mismo medio respondió a la misma lógica. Todo parece indicar que Vargas será el nuevo empresario mediático apapachado por el régimen, equivalente a lo que ocurrió con Emilio Azcárraga durante las administraciones de Fox y Calderón.
Con absoluta razón entonces 73% de la población mexicana se encuentra “insatisfecha con el funcionamiento de la democracia”, de acuerdo con Latinobarómetro, y solamente 38% de los ciudadanos tienen “interés en los asuntos que se discuten en el Congreso”, según la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional del IIJ-UNAM. Existe una justificada desconfianza ciudadana en los políticos y en las instituciones realmente existentes porque no han funcionado para resolver los problemas de la gente. De acuerdo con un estudio de la ANUIES, por ejemplo, de seguir las tendencias económicas actuales, para 2020 solamente 6% de los jóvenes egresados con licenciatura al año encontrarían un empleo de calidad.
No debería sorprender a nadie entonces la velocidad con la cual se ha desgastado la imagen pública del Pacto por México. De acuerdo con una encuesta de la empresa Parametría (http://ow.ly/kaf6V), hoy solamente 21% de la población cree que el pacto “beneficiará a gente como usted” y 31% cree que les “perjudicará”. Únicamente 35% de los encuestados creen que el pacto beneficiará “al país”. Los ciudadanos tienen claro que el pacto no es más que un acuerdo entre los mismos políticos desacreditados de siempre para avanzar sus propios intereses.
Los ciudadanos mexicanos aparentemente no son tan fácilmente manipulados y engañados como lo imaginan los grandes consorcios mediáticos. Otro ejemplo es que, de acuerdo con el periódico Reforma, Peña Nieto inicia su mandato con una tasa de aprobación ciudadana (50%) menor que cualquier presidente mexicano al inicio de su sexenio en las últimas dos décadas. Hasta Ernesto Zedillo, quien asumió la Presidencia en diciembre de 1994 en medio de una doble crisis económica y política de enormes proporciones, con una fuerte devaluación del peso y un movimiento guerrillero en Chiapas, inició su mandato con una tasa de aprobación (53%) más alta que la de Peña Nieto.
Aun Calderón inició su sexenio con mayor entusiasmo ciudadano. Después de las conflictivas elecciones de 2006, todavía 58% de la población aprobaba la gestión de Calderón en marzo de 2007. Y no existe comparación desde luego con la histórica “luna de miel” de Vicente Fox, quien inició su mandato con 70% de aprobación ciudadana.
El desgaste del Pacto por México y la debilidad de Peña Nieto son buenas noticias para las luchas ciudadanas a favor de la construcción de un nuevo Estado que defienda el interés público. Significa que el juego de intereses y de manipulación institucional de la vieja clase política podría estar acercándose a su fin y que la sociedad mexicana pronto tendría su día.
Twitter: @JohnMAckerman
La ruptura del PAN y el hambre de votos
Madero mantiene confrontación con el PRI.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- El aparente pleito entre la cúpula del PAN y el gobierno de Enrique Peña Nieto por la utilización electoral de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Veracruz y otros municipios tiene su origen en otras razones políticas. No es el clientelismo sino la dura disputa al interior de Acción Nacional, entre los calderonistas y los demás grupos panistas en función del Pacto por México, lo que ha provocado la radicalización de Gustavo Madero.
La ruptura más dura se está gestando entre la administración peñista y la anterior calderonista. La serie de videos y audios que presentó la dirigencia nacional del PAN para documentar su denuncia penal en Veracruz tiene como contexto las recientes decisiones de la PGR para liberar a Noé Ramírez Mandujano, extitular de la entonces SIEDO, y al general Tomás Angeles. Ambos casos son muestras claras del fracaso de la supuesta “lucha contra la corrupción” de Felipe Calderón.
El desmantelamiento de dos de los casos estelares de la administración de Calderón, ha fomentado la fractura al interior del PAN. Su dirigente nacional, Gustavo Madero, tiene una batalla interna en dos flancos: los calderonistas radicalizados, especialmente en el Senado, y los otros grupos que reclaman una posición opositora frente al Pacto por México.
Sin embargo, el problema del uso electoral de la Cruzada contra el Hambre no es un tema coyuntural ni limitado sólo al estado de Veracruz, por más que el gobierno de Javier Duarte insiste un día sí y otro también en exhibir su torpeza e intemperancia frente a la crítica.
La Cruzada contra el Hambre está diseñada justamente para tener un objetivo de recuperación y control electoral, a favor del PRI, en un año muy delicado por las elecciones municipales y legislativas en 14 entidades.
Por esta razón, la Cruzada se dio a conocer después de la firma del Pacto por México y la defensa del gobierno de Enrique Peña Nieto a su secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en realidad es una defensa del modelo de utilización de los programas sociales con fines electorales, al mejor estilo del Grupo Atlacomulco. Rosario Robles es tan sólo la gran pantalla de una red de acuerdos y operadores provenientes del Estado de México, expertos mundiales en este tipo de maniobras.
“Cruzada por los votos”
El senador Alejandro Encinas, excandidato a gobernador del PRD en el Estado de México, exjefe de gobierno de la Ciudad de México y exsecretario de Desarrollo Social en el Distrito Federal, escribió un análisis muy puntual sobre los alcances reales de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El estudio, titulado “Cruzada por los Votos”, documenta el sesgo electoral del programa con los siguientes datos:
1. La Cruzada privilegia los municipios de alta incidencia electoral y no los de pobreza extrema ni alimentaria. De los 400 municipios iniciales que abarcará la estrategia, sólo 209 están considerados con los más altos porcentajes de pobreza extrema. Los 191 municipios restantes son de naturaleza distinta: 27 son capitales, incluyendo cinco delegaciones capitalinas que representan 56% del padrón electoral del DF. En 213 de los 400 municipios habrá elecciones este año. Por ejemplo, en Baja California, donde habrá elección a gobernador, los municipios elegidos representan 94% de la lista nominal de electores; en Chihuahua, 66%; Coahuila, 48%; Puebla, 43%; Quintana Roo, 63%, y Veracruz, 28%.
2. Si la intención de la Cruzada fuera atender a los municipios con mayor pobreza, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número total de municipios se incrementaría de 400 a 694 y comprendería a 20 entidades federativas.
Según el Coneval, entre 2008 y 2010 la pobreza en el país se incrementó de 48.8 a 52 millones de personas. La población en pobreza extrema son 11.7 millones de habitantes (10.4% de la población mexicana), y cifra de personas con carencias alimentarias se incrementó de 23.8 a 28 millones.
El 40.5% de los 7 millones de indígenas mexicanos vive una situación de carencia extrema de alimentos. El caso de Oaxaca es extremo, ilustra Alejandro Encinas: 74% de los habitantes que no tienen alimento asegurado residen en municipios que “no serán considerados en la primera etapa de la Cruzada”.
3. La operación de la Cruzada Nacional contra el Hambre está en manos de políticos pertenecientes al grupo Estado de México y no a especialistas ni a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la batalla por reducir las carencias alimentarias.
El operador real será el subsecretario de Sedesol, Ernesto Nemer, exprecandidato a gobernador mexiquense y pieza clave del titular de la SEP, Emilio Chuayfett. El propio Chuayfett será el responsable regional de la operación de la Cruzada en Veracruz y Tabasco. ¿Casualidad?
Los otros operadores pertenecen a la escuela priista: Javier Guerrero García, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; Juan Carlos Lastri Quiroz, de Prospectiva, Planeación y Evaluación, y Carlos Rojas Gutiérrez, operador del antiguo Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) del salinismo, y actual director del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes).
Otros operadores pertenecen al círculo mexiquense e hidalguense de Peña Nieto: Héctor Velasco Monroy, exdirigente local de la CNC y amigo personal del presidente, actual director de Diconsa; Héctor Ramírez Puga, oaxaqueño y coordinador de la campaña peñista en la IV circunscripción electoral, actual director de Liconsa; Paula Angélica Hernández Olmos, exdiputada federal, responsable del financiamiento privado en la campaña a gobernador de Miguel Osorio Chong en Hidalgo y exdelegada especial del PRI en el Estado de México, actual coordinadora del programa Oportunidades.
4. Por si fuera poco, la Cruzada Nacional contra el Hambre peñista es muy diferente a la lógica del programa Hambre Cero, aplicada por Inacio Lula da Silva en Brasil. Ahí inició en las zonas más pobres y consideró la seguridad alimentaria como un derecho humano y no asistencialista. El programa fue coordinado con los gobiernos locales, especialmente, los municipios. En Brasil no se firmaron convenios con empresas privadas como Quaker, filial de PepsiCo, o Nestlé, Walmart y Soriana. Se privilegió el impulso al autoconsumo en las zonas agrícolas y el fomento a la producción de alimentos nacionales y no a favor de franquicias internacionales.
Comentarios: www.homozapping.com.mx
Twitter: @JenaroVillamil
La ruptura más dura se está gestando entre la administración peñista y la anterior calderonista. La serie de videos y audios que presentó la dirigencia nacional del PAN para documentar su denuncia penal en Veracruz tiene como contexto las recientes decisiones de la PGR para liberar a Noé Ramírez Mandujano, extitular de la entonces SIEDO, y al general Tomás Angeles. Ambos casos son muestras claras del fracaso de la supuesta “lucha contra la corrupción” de Felipe Calderón.
El desmantelamiento de dos de los casos estelares de la administración de Calderón, ha fomentado la fractura al interior del PAN. Su dirigente nacional, Gustavo Madero, tiene una batalla interna en dos flancos: los calderonistas radicalizados, especialmente en el Senado, y los otros grupos que reclaman una posición opositora frente al Pacto por México.
Sin embargo, el problema del uso electoral de la Cruzada contra el Hambre no es un tema coyuntural ni limitado sólo al estado de Veracruz, por más que el gobierno de Javier Duarte insiste un día sí y otro también en exhibir su torpeza e intemperancia frente a la crítica.
La Cruzada contra el Hambre está diseñada justamente para tener un objetivo de recuperación y control electoral, a favor del PRI, en un año muy delicado por las elecciones municipales y legislativas en 14 entidades.
Por esta razón, la Cruzada se dio a conocer después de la firma del Pacto por México y la defensa del gobierno de Enrique Peña Nieto a su secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en realidad es una defensa del modelo de utilización de los programas sociales con fines electorales, al mejor estilo del Grupo Atlacomulco. Rosario Robles es tan sólo la gran pantalla de una red de acuerdos y operadores provenientes del Estado de México, expertos mundiales en este tipo de maniobras.
“Cruzada por los votos”
El senador Alejandro Encinas, excandidato a gobernador del PRD en el Estado de México, exjefe de gobierno de la Ciudad de México y exsecretario de Desarrollo Social en el Distrito Federal, escribió un análisis muy puntual sobre los alcances reales de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El estudio, titulado “Cruzada por los Votos”, documenta el sesgo electoral del programa con los siguientes datos:
1. La Cruzada privilegia los municipios de alta incidencia electoral y no los de pobreza extrema ni alimentaria. De los 400 municipios iniciales que abarcará la estrategia, sólo 209 están considerados con los más altos porcentajes de pobreza extrema. Los 191 municipios restantes son de naturaleza distinta: 27 son capitales, incluyendo cinco delegaciones capitalinas que representan 56% del padrón electoral del DF. En 213 de los 400 municipios habrá elecciones este año. Por ejemplo, en Baja California, donde habrá elección a gobernador, los municipios elegidos representan 94% de la lista nominal de electores; en Chihuahua, 66%; Coahuila, 48%; Puebla, 43%; Quintana Roo, 63%, y Veracruz, 28%.
2. Si la intención de la Cruzada fuera atender a los municipios con mayor pobreza, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número total de municipios se incrementaría de 400 a 694 y comprendería a 20 entidades federativas.
Según el Coneval, entre 2008 y 2010 la pobreza en el país se incrementó de 48.8 a 52 millones de personas. La población en pobreza extrema son 11.7 millones de habitantes (10.4% de la población mexicana), y cifra de personas con carencias alimentarias se incrementó de 23.8 a 28 millones.
El 40.5% de los 7 millones de indígenas mexicanos vive una situación de carencia extrema de alimentos. El caso de Oaxaca es extremo, ilustra Alejandro Encinas: 74% de los habitantes que no tienen alimento asegurado residen en municipios que “no serán considerados en la primera etapa de la Cruzada”.
3. La operación de la Cruzada Nacional contra el Hambre está en manos de políticos pertenecientes al grupo Estado de México y no a especialistas ni a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la batalla por reducir las carencias alimentarias.
El operador real será el subsecretario de Sedesol, Ernesto Nemer, exprecandidato a gobernador mexiquense y pieza clave del titular de la SEP, Emilio Chuayfett. El propio Chuayfett será el responsable regional de la operación de la Cruzada en Veracruz y Tabasco. ¿Casualidad?
Los otros operadores pertenecen a la escuela priista: Javier Guerrero García, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; Juan Carlos Lastri Quiroz, de Prospectiva, Planeación y Evaluación, y Carlos Rojas Gutiérrez, operador del antiguo Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) del salinismo, y actual director del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes).
Otros operadores pertenecen al círculo mexiquense e hidalguense de Peña Nieto: Héctor Velasco Monroy, exdirigente local de la CNC y amigo personal del presidente, actual director de Diconsa; Héctor Ramírez Puga, oaxaqueño y coordinador de la campaña peñista en la IV circunscripción electoral, actual director de Liconsa; Paula Angélica Hernández Olmos, exdiputada federal, responsable del financiamiento privado en la campaña a gobernador de Miguel Osorio Chong en Hidalgo y exdelegada especial del PRI en el Estado de México, actual coordinadora del programa Oportunidades.
4. Por si fuera poco, la Cruzada Nacional contra el Hambre peñista es muy diferente a la lógica del programa Hambre Cero, aplicada por Inacio Lula da Silva en Brasil. Ahí inició en las zonas más pobres y consideró la seguridad alimentaria como un derecho humano y no asistencialista. El programa fue coordinado con los gobiernos locales, especialmente, los municipios. En Brasil no se firmaron convenios con empresas privadas como Quaker, filial de PepsiCo, o Nestlé, Walmart y Soriana. Se privilegió el impulso al autoconsumo en las zonas agrícolas y el fomento a la producción de alimentos nacionales y no a favor de franquicias internacionales.
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