El Chayo-gate está de vuelta
Nunca creí que escribiría estas palabras, pero debemos agradecer a Rosario Robles su actuar como política profesional. Gracias a sus malos manejos siguiendo las reglas tradicionales de la política de desarrollo social clientelista, los partidos por fin se ponen a discutir de manera diferente la corrupción pre electoral. Porque todos los han hecho y lo hacen: Miguel Ángel Yunes padre e hijo, antes por el PRI, luego por Alianza y por el PAN, Fidel Herrera y Duarte por el PRI, y la lista sigue, incluye claro al PRD regalando despensas y bastones para las viejitas; también Movimiento Ciudadano entregando tortas y sillas de ruedas. Nadie se salva, todos llevan a cabo las mismas prácticas, la única diferencia radica en la cantidad de recursos que cada partido tiene para comprar sus votos.
Los ayuntamientos y estados no están quebrados solamente por el latrocinio político, que ha sido cuantificado ya; además los políticos tienen tan claro que no podrían ganar un puesto público gracias a su credibilidad que han sistematizado y normalizado el método del clientelismo cíclico que les permite comprar el puesto con cada elección.
Y hay que agradecer el Chayo-gate, porque nos permite analizar de fondo cómo funciona en todos los estados la compra de puestos populares. Porque creer que las elecciones son otra cosa es fingir demencia. Algunos se ríen, otras se indignan ante las emotivas declaraciones de Peña Nieto sobre cómo nadie utilizará los programas de gobierno para fines electorales, nadie por encima de la ley. Llegó tarde a declarar el Presidente viajero, porque en realidad nos consta que todos los programas estatales tienen fines de perpetuación de los partidos. Aunque algunos se utilizan con estrategias que benefician en realidad a la sociedad, la mayoría tienen como fin favorecer a ciertos grupos sociales.
Resulta importante entender en qué estados el voto libre representa a una rara minoría y en cuales el riesgo de ser evidenciados cometiendo delitos electorales es siempre menor que el peligro de perder el control territorial. Después de todo si algo han hecho bien los gobernadores del PRI durante décadas ha sido asegurar que los consejos electorales locales estén a su servicio.
Cada vez que algún gobernador, o ahora Peña, nos recuerdan que “nadie pasa por encima de la ley” me imagino su versión de ilegalidad como un túnel bien iluminado por el cual transitan los gobernadores y las y los alcaldes. Efectivamente no pasan por encima, sino por debajo de la ley, todos los días, frente a las miradas de quienes vivimos en provincia. Ante el desgaste y hartazgo social.
El Chayo-gate parece recordarnos que los partidos (que mientras escribo esto regalan todo tipo de despensas, baratijas y promesas de empleo o puestos de aviador) no quieren dejar de comprar puestos políticos, sino pedir que la compraventa electoral sea un poco más justa dentro de “lo que viene siendo un desaseo muy injusto”, como dijo un insigne perredista quintanarroense.
La normalización de la venta de políticos chatarra ha llegado a tal grado que ni los que parecían buenos pierden el tiempo en promoverse a la buena. Para muestra un botón: Quintana Roo ha sido coto priista desde que dejó de ser territorio para convertirse en estado, pero por razones casi inexplicables desde hace varios trienios Cancún, la joya de la corona estatal, ha sido gobernada por el PRD gracias a las alianzas entre PAN, PVEM, PRD y sus satélites. Estamos a punto de las elecciones por el municipio hotelero más potente del país, y el PRI seleccionó a un joven bastante respetable que podría plantear nuevos esquemas políticos y muy probablemente ganar, sin embargo la maquinaria oficial no le dio ni chance. El estado está tapizado de anuncios espectaculares en verde y rojo, con un enorme logo del PRI con la leyenda “mi gobernador me cumple” presentando todos los programas sociales como programas del PRI, diseñados especialmente para esta temporada electoral primavera-verano.
El remate consiste en lograr que el diario oficialista Quequi montara cientos de anuncios en espectaculares, camiones y panfletos con la fotografía y el nombre del candidato priista en portada, anunciando su éxito político. Lo genial es que los abogados del PRI pactaron con el periódico que el candidato los demandaría por el “uso indebido de su imagen”, así cuando llegara, y llegó, la denuncia de la oposición por publicidad prohibida, el Instituto Estatal Electoral argumentó libertad de expresión periodística y que el pobre candidato había sido víctima de una multimillonaria publicidad involuntaria. Como este hay un centenar de casos para Ripley en todo el país.
En este montaje nacional electoral participa una parte de la sociedad que entiende perfectamente que las elecciones son un negocito temporal. No creo que sean cínicos y cínicas profesionales, son más bien millones de personas sometidas al hambre histórica, hambre por la ausencia de derecho, de tierras, de educación formal, de trabajo digno, de trato en igualdad. A ellos y ellas el aparato político les ha enseñado cómo funciona el changarrito éste de la política. Así, desde su perspectiva vender votos en las comunidades no es un acto de corrupción, sino un acto de mercadotecnia popular. Hoy fulanito del PRI no promete regularizar terrenos invadidos, pues a votar rojo. Mañana fulanita del PAN nos ofrece un paguito de Procampo para levantar la milpita, pues a votar azul. Hoy menganito amarillo nos asegura asilos de ancianos todo incluido para sus abuelitos, pues por el hijo pródigo. Si la gente sabe que son chatarra, nadie cree que los partidos vendan un sano alimento nutritivo, lo importante es lo que se gana en el momento, no lo que se pierde a la larga.
Luego están los otros, los ambiciosos que sí ganan, y mucho, con mantenerse en el poder. Y en medio millones de empresarios y empresarias que han aprendido a jugar el juego de los intereses que permitan que su negocio funcione. Como me dijo un hotelero: estamos hartos de las elecciones, entre las extorsiones de “Los Zetas” y las de los políticos la industria se debilita y nuestra economía también.
El hambre de democracia la van a paliar con lo que llena la barriga de la nación pero no la alimenta ni la nutre. Y con ella se sacrifica la seguridad, porque no es una casualidad que los profesores se lancen a destruir instalaciones y violentar la ley sin que el gobernador actúe, porque los sindicatos educativos son parte del entramado que maneja las elecciones estatales y municipales. No es casualidad que a pesar de que en Quintana Roo y Baja California esté demostrado que los cárteles tienen el control de la cúpula del sindicato de taxistas y que cientos de vehículos son usados para el trasiego de droga en toda la franja turística, los gobernadores ordenen que no se “vulnere” a los transportistas, porque ellos manejan otro porcentaje de voto corporativo. Y podríamos seguir enumerando cómo la maquinaria electoral en cada estado facilita la corrupción, fortalece la ilegalidad, el poder de los cárteles, la inseguridad y claro, la pobreza y el hambre. Peña, Chayo Robles y los gobernadores pueden construir puentes para el diálogo, pero nunca van a bloquear sus propios túneles, porque ahora y siempre hay elecciones por venir.
Ojalá me equivoque y en el respeto a su pacto, los partidos pongan candados efectivos a los procesos electorales, nada me gustaría más.
@lydiacachosi
El pacto por pepsico
FUENTE: PROCESO
Pacto por México y cuentas pendientes
Los presidentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Gustavo Madero Muñoz y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente, fueron desde el inicio fuertemente criticados por sus propios correligionarios por comprarle tan fácil la idea de un Pacto nacional al gobierno emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Las críticas se volvieron más duras en la medida que el gobierno federal priista se llevaba todas las palmas por las reformas obtenidas ahora.
Luego, además, los golpes a su alianza política en diversos estados del país –principalmente en Veracruz y Zacatecas, ambos gobernados por el PRI–, sirvieron para enardecer los reclamos de los grupos internos, que acusaron tanto a Madero Muñoz como a Zambrano Grijalva de porfiados e incluso de “vendidos”.
Ahora que el propio Madero –presionado también por los calderonistas que aún quedan al interior de Acción Nacional– denunció el uso de recursos federales para beneficiar a los candidatos del PRI en Veracruz, y acusó directamente a Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y al Gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de ser directamente responsables de esa estrategia, el malestar no se ha aminorado.
Aunque las denuncias del dirigente blanquiazul, a las que se sumaron los líderes del perredismo, pusieron a temblar el Pacto por México y obligaron a Peña Nieto a tender la mano para dialogar, las bases de ambos partidos quieren que sus representantes reconsideren su papel de cara a Los Pinos.
Que el Pacto por México siga en curso, sí; pero que no se olviden de dar seguimiento a las denuncias interpuestas para que se aclare a cabalidad el uso de recursos públicos con fines electorales y que el blindaje prometido sea realidad.
Panistas y perredistas saben que el PRI, ni de palabra ni por un pacto firmado, no deja de ser el PRI. Y las próximas campañas y elecciones rumbo al 7 de julio evidenciarán que el tricolor no está dispuesto a abandonar sus viejas prácticas.
Por eso Gustavo Madero y Jesús Zambrano están obligados ahora a vigilar que el blindaje para los recursos de programas sociales sea real y que los pobres de México dejen de ser para el PRI la gran carnada electoral.
Además, está la denuncia formal del PAN ante la PGR. El Procurador Jesús Murillo Karam está obligado a darle cauce, informar de los avances y aplicar la ley a quien haya incurrido en delitos. Pero Madero Muñoz y el blanquiazul debe ser coherentes con su petición de sanciones y no quitar el dedo del renglón hasta que se haga justicia.
De no hacerlo quedarán aún peor que cuando empezó este sexenio: sin seguidores, con el descrédito heredado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y vistos como comparsa de un gobierno dispuesto a entrampar acuerdos cuando las exigencias de la oposición no convienen a sus intereses.
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