El interno 1438
Noé Ramírez Mandujano
MÉXICO, D.F. (Proceso).- “Le voy a platicar un día en la vida de Noé o del interno 1438. Me levanto a las 5:30 horas o mejor dicho me levantan (que no es lo mismo que me despiertan, porque duermo muy poco), pues a esa hora suena un silbato e inmediatamente me tengo que incorporar, vestirme (si me da tiempo de rasurarme, si no, después) y pararme frente a mi reja (de lo que se infiere, estoy tras las rejas), en mi estancia, no ‘celda’, que para no perder la costumbre es la número 1; unos segundos antes se prende una luz y se escucha una voz de mando que dice: ‘¡Pase de lista!’. Y una vez que el comandante en turno se encuentra frente a mí, pronuncia mis apellidos, a lo que debo contestar fuerte y claro: ‘¡Noé, señor!’.”
Así relata el extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) Noé Ramírez Mandujano –acusado por la Procuraduría General de la República de trabajar para la delincuencia organizada– sus primeros días en prisión, en una carta fechada el 26 de mayo de 2009, tres meses después de que se le dictó auto de formal prisión y fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, donde permaneció cuatro meses y 54 días.
La misiva está dirigida a un colaborador suyo con quien estableció el compromiso de mantenerse en contacto todo el tiempo que durara en prisión. La última de sus comunicaciones está fechada el 3 de febrero de 2013.
Desde que fue detenido en noviembre de 2008 la principal arma de defensa de Ramírez Mandujano fue papel, un repuesto de tinta –ni siquiera le permitían tener una pluma– y una voluntad férrea para probar su inocencia.
Defensa “a mano”
–¿Cómo se siente ahora? –se le pregunta en una entrevista concedida a Proceso el martes 16.
(El lunes 15 el juez primero de distrito de Procesos Federales, Mauricio Fernández de la Mora, con sede en Tepic, Nayarit, en presencia de Ramírez Mandujano y un representante de la PGR, dictó sentencia absolutoria, ordenó su liberación inmediata e instruyó al procurador general Jesús Murillo Karam para que se actúe contra los servidores públicos que recabaron pruebas falsas en su contra.)
–Bien. Se puede decir que se hizo un trabajo importante en las conclusiones, muy detallado… yo lo hice –responde con voz clara y fresca las preguntas, pese a los años de encierro y el largo viaje que hizo por carretera con su familia desde el penal donde estaba recluido hasta la Ciudad de México.
“Todos los documentos los hacía a mano y los enviaba por correo a mi casa y mi esposa los transcribía. Cada tres días yo enviaba un sobre con los documentos. Mi defensa estuvo basada no sólo en argumentos sino en pruebas.”
Ramírez Mandujano habla con el aplomo de quien durante 10 años fue uno de los principales persecutores de la delincuencia organizada en México. El “pez gordo” de la Operación Limpieza, que supuestamente combatía la corrupción de funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado, ahora se convierte en el motivo por el que los tres procuradores del sexenio de Felipe Calderón –Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales– serán investigados.
La PGR armó las acusaciones de supuesto involucramiento de Ramírez Mandujano con el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva con base en nueve testigos colaboradores que declararon con falsedad: Roberto López Nájera, con nombre clave Jennifer; David; Saúl; Emiliano; Ricardo; Socorro; Mario; Sergio Barragán Villarreal, con clave Mateo, y Richard Arroyo Guízar, hijo de Reynaldo Zambada –hermano del Mayo Zambada–, con el seudónimo de María Fernanda.
–Cada imputación que me hicieron la destruí no con mi dicho sino con documentos –afirma el exzar antidrogas.
Pudo probarle al juez que, contradiciendo los dichos de los testigos protegidos, él fue quien inició las averiguaciones previas contra Barragán Villarreal por 15 homicidios cometidos en 2007, entre ellos el de Jaime Meraz Martínez, exdirigente estatal del PRD ejecutado el 15 de enero de 2007 junto con su esposa, su hijo y un taxista por un par de desconocidos que irrumpieron en su domicilio en Gómez Palacio, Durango.
Y también fue quien abrió la averiguación previa contra Édgar Valdez Villarreal y Arturo Beltrán Leyva por el homicidio de presuntos zetas, grabado en video y subido a You Tube en diciembre de 2005.
La farsa de “Jennifer”
“¡Yo encabecé mi propia defensa, me bloquearon totalmente!”, señala. “La estrategia de la PGR era bloquearme todos los medios de defensa para que el juez dudara”.
Jennifer dijo que lo había visto reunirse en el restaurante Champs Elysees de Paseo de la Reforma el 10 de septiembre de 2007, después de las 15:00 horas, con un integrante del cártel de los Beltrán Leyva y recibir del mismo 450 mil dólares en efectivo como parte del pago mensual por la supuesta protección al Cártel de Sinaloa. Pero a esa hora el entonces titular de la SIEDO estaba en el aeropuerto a punto de abordar un avión a Las Vegas para participar en un acto al que fue invitado por David Gaddis, director de la DEA en México.
El Instituto Nacional de Migración dio información falsa respecto de su salida y entrada del país; mintió y dijo que no había ningún registro de salida de septiembre de 2007, pero sí de entradas, aunque tampoco ninguna en septiembre. El juez que le dictó auto de formal prisión no le dio valor probatorio a los sellos en su pasaporte que demostraban su salida y entrada al país en esas fechas.
–¿Hasta cuándo la DEA entregó la información de que efectivamente usted iba a viajar a Las Vegas?
–La DEA no contestó en tres años. No sé por qué, pero finalmente tuvieron que hacerlo. El agregado encargado de despacho de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que ingresé el 10 de septiembre de 2007 a la hora que yo había señalado y que salí la tarde del 13 de septiembre de 2007.
–Los cárteles de la droga tenían la protección de autoridades federales, es evidente que operaban libremente. Si usted y otros que fueron encarcelados no eran quienes los protegían, ¿quiénes lo hacían? –se le pregunta.
–Si yo no soy quien protegía a los narcotraficantes y ni los que ya salieron libres ¿entonces quiénes los protegían? Me respondo: ¿serán acaso los que siguen libres? –contesta.
–¿Quiénes?
–No quiero incurrir en lo que hicieron los testigos en mi contra. Los que estábamos adentro no, porque las organizaciones criminales seguían operando. Yo no sé quiénes sean, pudiera decir mi propia opinión pero no en este momento.
–¿La PGR debe investigar quiénes eran o son?
–Debe investigarse quiénes eran los funcionarios públicos que los protegían y que se sancione conforme a derecho.
Ramírez Mandujano señala que durante su juicio hubo careos con Jennifer, quien repetidamente ante el juez se contradecía, incluso en la descripción física que hizo de él. El Ministerio Público ofreció como prueba de cargo el testimonio del testigo protegido Felipe, pero la PGR nunca lo pudo presentar.
–¿Por qué inventaron testimonios en su contra?
–Creo saber por qué, pero eso me lo reservo por el momento.
–¿Qué piensa del papel que jugó el entonces procurador Eduardo Medina Mora?
–Esto es una farsa en la que varias personas estuvieron implicadas.
–¿Y de Marisela Morales?
–Los hechos hablan por sí mismos. Ahí está el resultado. ¿Cuál Operación Limpieza? Fue operación cochinero, lo turbio, lo sucio.
–¿Participará de alguna forma en las investigaciones que ordenó el juez a la PGR sobre la fabricación de pruebas en su contra?
–Eso le corresponde al señor procurador y a los responsables de hacerlo. Yo quiero dedicarme a mi familia. Fueron cuatro años de abandono, pero ellos siempre estuvieron a mi lado. No tiene caso hacer algo que los vuelva a preocupar.
Derroche al estilo García Luna
Genaro García Luna, extitular de la SSP.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón, asignó de última hora contratos multimillonarios de obra pública cuyos montos totales –3 mil 110 millones de pesos, una buena parte gastados en las Islas Marías– equivalen al presupuesto asignado este año a la creación de la Gendarmería Nacional. Quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública no sólo consintió a empresarios que se despacharon en grande con el erario, sino que los agasajó con una gran fiesta en el Museo Nacional de Antropología e Historia.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A medio año de finalizar su encargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna asignó multimillonarios contratos de obras que ahora están bajo escrutinio del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La SSP federal de García Luna gastó, en sólo seis meses, 3 mil 110 millones de pesos en la construcción, ampliación y remodelación de instalaciones para la Policía Federal: Oficinas, estacionamientos, cuarteles, hangares, celdas para presos y hasta una aeropista en las Islas Marías.
De hecho, uno de los mayores gastos en obra pública de la dependencia encabezada por García Luna, en el último año de gobierno de Calderón, fue en ese complejo penitenciario del Pacífico, al que se destinaron 683 millones 525 mil pesos para construir celdas de segregación para presos de mediana y alta peligrosidad.
Otros 216 millones de pesos se destinaron, además, a la ampliación y remodelación de la pista aérea que, sumados a los 683 millones para las estancias carcelarias, suman 900 millones de pesos gastados en las Islas Marías, una información que la SSP clasificó como “reservada” por seis años, pero cuyos documentos obtuvo Proceso.
Estos más de 3 mil millones de pesos que gastó García Luna equivalen al presupuesto asignado este año a la Gendarmería Nacional –el cuerpo policiaco propuesto por Peña Nieto para combatir la delincuencia–, a lo que gastará toda la Universidad de Guanajuato y a lo que tiene en sus cuentas bancarias la hija de Andrés Granier, el exgobernador de Tabasco acusado de corrupción.
Esos 3 mil millones de pesos son mil menos de lo que costó el programa insignia de García Luna, Plataforma México –4 mil 294 millones– y representan un tercio de los 9 mil 274 millones de pesos de presupuesto que tuvo la SSP en 2006, el último año de gobierno de Vicente Fox, y que se multiplicó anualmente en el sexenio de Calderón hasta llegar a los 40 mil 536 millones en 2012.
Los documentos detallan cómo García Luna no escatimó gastos en los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón –de quien fue funcionario predilecto–, a tal grado que, para cerrar el sexenio, dio una fastuosa fiesta a contratistas y proveedores, organizada por el oficial mayor, Sergio Montaño Fernández.
Gran pachanga
A la celebración, realizada el jueves 24 de octubre en el Museo Nacional de Antropología e Historia y cuyo costo también se mantiene en reserva, asistieron más de 200 invitados, incluidos funcionarios, legisladores y hasta el locutor Pedro Ferriz de Con, según la lista completa que tiene el reportero.
El organizador del festejo fue Montaño Fernández, oficial mayor durante todo el sexenio, secretario particular de Francisco Gil Díaz en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y cuyo hermano Carlos fue subsecretario con Ernesto Cordero como titular de la dependencia.
Aunque estaba prevista la presencia de García Luna en la fiesta, finalmente no asistió, pero sí lo hicieron los subsecretarios Francisco Niembro González y Patricio Patiño Arias, así como 10 funcionarios de la Oficialía Mayor y nueve del área de prevención y readaptación social.
Cordero también estaba invitado y, aunque no asistió, sí lo hizo Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y compadre de Calderón.
En los hechos se trató de una fiesta para los grandes grupos de constructores de los penales federales que, a través de Contratos de Prestación de Servicios (CPS), les serán concesionados por 22 años, un proyecto diseñado por Protego Asesores, empresa del exsecretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella.
Aspe estaba asimismo invitado. Tampoco asistió. Ahí estuvieron, sin embargo, sus socios: Fernando Aportela, Rodrigo Ibarra López y José Francisco Ramírez Mazlum.
De Prodemex, de Olegario Vázquez Raña –dueño también del diario Excélsior–, que construye penales en Durango y Michoacán, asistieron seis directivos, encabezados por el director general, Antonio de Boullosa Madrazo.
Prodemex también recibió de la SSP un contrato de 290 millones de pesos para obra en Tijuana, incluido un hangar.
Por ICA, que edifica penales en Guanajuato y Sonora, asistieron Quintana Kawachi, Carlos Méndez Bueno y Mauricio Gelo Rodríguez. De Arendal, que construye un centro penitenciario en Chiapas, asistieron Jesús y Tomás García Pons, José de Jesús García Vázquez y Eduardo Santoyo Vázquez.
De Tradeco, que construye el penal en Ramos Arizpe, Coahuila, estuvo presente con su director, Federico Martínez Urmeneta, quien asistió acompañado de Fernando Beristán Gómez, Fernando Beristán Rodríguez y Adrián Peña Ledezma.
Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, asistió también a la fiesta de la SSP como director de la Constructora y Edificadora GIA, a la que se le concesionó la construcción del penal de Oaxaca, y estuvo acompañado de sus socios Jorge Iturbe Gutiérrez y Jorge Moguel González.
Homex, que edifica una prisión federal femenil en Cuernavaca, Morelos, también estuvo presente a través del presidente de su consejo de administración, Eustaquio de Nicolás Gutiérrez, acompañado de Alfonso Fernández y Roberto Vez Carmona.
Millonadas a Islas Marías
Justamente Homex es una de las empresas que participa también en la construcción de estancias de segregación en el centro penitenciario de las Islas Marías, donde la secretaría encabezada por García Luna invirtió la mayor parte de los 3 mil 110 millones de pesos en obras en los últimos meses del sexenio.
Dedicada sobre todo a la edificación de vivienda, Homex se conectó con el gobierno para construir centros penitenciarios, a invitación del gobierno de Calderón, reveló Eustaquio de Nicolás, un controvertido empresario sinaloense, dueño también del equipo de futbol Dorados de Culiacán:
“Entonces nos dijeron: ‘Oye, ¿no nos quieres hacer una cárcel?’. Y dijimos: ‘Pues déjanos ver quién nos puede asesorar’… Nos dimos cuenta de que con nuestros mismos moldes, con los que construíamos las casas, podíamos construir las cárceles.”
En entrevista publicada en el diario El Universal, en marzo del año pasado, De Nicolás explicó que construirán cárceles –“si te fijas, filosofando, una casa y una cárcel es una morada”–, pero también las administrarán.
“Son inversiones muy grandes que se las vamos a rentar al gobierno, entonces les tenemos que dar de comer y mantener, una cosa muy interesante.”
Según la documentación que obtuvo el reportero, la mayor inversión en obra pública de la SSP de García Luna se hizo en el centro penitenciario de las Islas Marías, donde se destinaron 683 millones de pesos.
El objetivo: “Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del complejo penitenciario Islas Marías”.
De acuerdo con el oficio de liberación de inversión, firmado por Arturo Sosa Viderique, director general de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la mayor parte de la inversión, 588 millones 449 mil pesos, fue para ese propósito.
Otros 41 millones de pesos se destinaron a la supervisión y control de la obra, y 53 millones de pesos a la gerencia de proyectos.
Otros 216 millones se invirtieron en la ampliación y remodelación de la pista aérea del Complejo Penitenciario Islas Marías, que incluye “demolición, base, sub-base, pavimentación, obras complementarias, instalaciones con calidad, prueba y resistencia de materiales”.
En los varios documentos del trámite para liberar estos recursos se puntualiza la necesidad de que toda la información sea clasificada como “reservada”, de manera que no sea del conocimiento público.
Así lo solicita, por ejemplo, Sosa Viderique a la directora general de Programación, Organización y Presupuesto, María Cecilia Hernández Galván, en el oficio firmado SSP/SSPF/OAD/PRS/DGA, del 8 de noviembre de 2012.
“Así mismo, en los términos de lo señalado en el artículo 13 fracciones I, IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se solicita que el oficio de liberación de inversión sea clasificado como información reservada.”
Ese artículo, en su fracción primera, considera que debe ser reservada toda la información cuya difusión “pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional” y también, según la fracción IV, “poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
La fracción V ordena clasificar la información cuya difusión pueda “causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”.
Y así fue: En el oficio de autorización de los recursos, número OM-OLI-260, Hernández Galván pone el cerrojo a toda la información sobre el ejercicio de casi 900 millones de recursos públicos: “Con un periodo de reserva de seis años”.
Esta clasificación llamó la atención de funcionarios del gobierno de Peña Nieto que han comenzado a indagar, desde diferentes instancias, la correcta aplicación tanto de esta inversión como de los multimillonarios contratos asignados a los grupos empresariales –incluida la fiesta que la SSP de García Luna les pagó– o proceder contra los responsables.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1903 de la revista Proceso, ya en circulación.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A medio año de finalizar su encargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna asignó multimillonarios contratos de obras que ahora están bajo escrutinio del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La SSP federal de García Luna gastó, en sólo seis meses, 3 mil 110 millones de pesos en la construcción, ampliación y remodelación de instalaciones para la Policía Federal: Oficinas, estacionamientos, cuarteles, hangares, celdas para presos y hasta una aeropista en las Islas Marías.
De hecho, uno de los mayores gastos en obra pública de la dependencia encabezada por García Luna, en el último año de gobierno de Calderón, fue en ese complejo penitenciario del Pacífico, al que se destinaron 683 millones 525 mil pesos para construir celdas de segregación para presos de mediana y alta peligrosidad.
Otros 216 millones de pesos se destinaron, además, a la ampliación y remodelación de la pista aérea que, sumados a los 683 millones para las estancias carcelarias, suman 900 millones de pesos gastados en las Islas Marías, una información que la SSP clasificó como “reservada” por seis años, pero cuyos documentos obtuvo Proceso.
Estos más de 3 mil millones de pesos que gastó García Luna equivalen al presupuesto asignado este año a la Gendarmería Nacional –el cuerpo policiaco propuesto por Peña Nieto para combatir la delincuencia–, a lo que gastará toda la Universidad de Guanajuato y a lo que tiene en sus cuentas bancarias la hija de Andrés Granier, el exgobernador de Tabasco acusado de corrupción.
Esos 3 mil millones de pesos son mil menos de lo que costó el programa insignia de García Luna, Plataforma México –4 mil 294 millones– y representan un tercio de los 9 mil 274 millones de pesos de presupuesto que tuvo la SSP en 2006, el último año de gobierno de Vicente Fox, y que se multiplicó anualmente en el sexenio de Calderón hasta llegar a los 40 mil 536 millones en 2012.
Los documentos detallan cómo García Luna no escatimó gastos en los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón –de quien fue funcionario predilecto–, a tal grado que, para cerrar el sexenio, dio una fastuosa fiesta a contratistas y proveedores, organizada por el oficial mayor, Sergio Montaño Fernández.
Gran pachanga
A la celebración, realizada el jueves 24 de octubre en el Museo Nacional de Antropología e Historia y cuyo costo también se mantiene en reserva, asistieron más de 200 invitados, incluidos funcionarios, legisladores y hasta el locutor Pedro Ferriz de Con, según la lista completa que tiene el reportero.
El organizador del festejo fue Montaño Fernández, oficial mayor durante todo el sexenio, secretario particular de Francisco Gil Díaz en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y cuyo hermano Carlos fue subsecretario con Ernesto Cordero como titular de la dependencia.
Aunque estaba prevista la presencia de García Luna en la fiesta, finalmente no asistió, pero sí lo hicieron los subsecretarios Francisco Niembro González y Patricio Patiño Arias, así como 10 funcionarios de la Oficialía Mayor y nueve del área de prevención y readaptación social.
Cordero también estaba invitado y, aunque no asistió, sí lo hizo Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y compadre de Calderón.
En los hechos se trató de una fiesta para los grandes grupos de constructores de los penales federales que, a través de Contratos de Prestación de Servicios (CPS), les serán concesionados por 22 años, un proyecto diseñado por Protego Asesores, empresa del exsecretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella.
Aspe estaba asimismo invitado. Tampoco asistió. Ahí estuvieron, sin embargo, sus socios: Fernando Aportela, Rodrigo Ibarra López y José Francisco Ramírez Mazlum.
De Prodemex, de Olegario Vázquez Raña –dueño también del diario Excélsior–, que construye penales en Durango y Michoacán, asistieron seis directivos, encabezados por el director general, Antonio de Boullosa Madrazo.
Prodemex también recibió de la SSP un contrato de 290 millones de pesos para obra en Tijuana, incluido un hangar.
Por ICA, que edifica penales en Guanajuato y Sonora, asistieron Quintana Kawachi, Carlos Méndez Bueno y Mauricio Gelo Rodríguez. De Arendal, que construye un centro penitenciario en Chiapas, asistieron Jesús y Tomás García Pons, José de Jesús García Vázquez y Eduardo Santoyo Vázquez.
De Tradeco, que construye el penal en Ramos Arizpe, Coahuila, estuvo presente con su director, Federico Martínez Urmeneta, quien asistió acompañado de Fernando Beristán Gómez, Fernando Beristán Rodríguez y Adrián Peña Ledezma.
Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, asistió también a la fiesta de la SSP como director de la Constructora y Edificadora GIA, a la que se le concesionó la construcción del penal de Oaxaca, y estuvo acompañado de sus socios Jorge Iturbe Gutiérrez y Jorge Moguel González.
Homex, que edifica una prisión federal femenil en Cuernavaca, Morelos, también estuvo presente a través del presidente de su consejo de administración, Eustaquio de Nicolás Gutiérrez, acompañado de Alfonso Fernández y Roberto Vez Carmona.
Millonadas a Islas Marías
Justamente Homex es una de las empresas que participa también en la construcción de estancias de segregación en el centro penitenciario de las Islas Marías, donde la secretaría encabezada por García Luna invirtió la mayor parte de los 3 mil 110 millones de pesos en obras en los últimos meses del sexenio.
Dedicada sobre todo a la edificación de vivienda, Homex se conectó con el gobierno para construir centros penitenciarios, a invitación del gobierno de Calderón, reveló Eustaquio de Nicolás, un controvertido empresario sinaloense, dueño también del equipo de futbol Dorados de Culiacán:
“Entonces nos dijeron: ‘Oye, ¿no nos quieres hacer una cárcel?’. Y dijimos: ‘Pues déjanos ver quién nos puede asesorar’… Nos dimos cuenta de que con nuestros mismos moldes, con los que construíamos las casas, podíamos construir las cárceles.”
En entrevista publicada en el diario El Universal, en marzo del año pasado, De Nicolás explicó que construirán cárceles –“si te fijas, filosofando, una casa y una cárcel es una morada”–, pero también las administrarán.
“Son inversiones muy grandes que se las vamos a rentar al gobierno, entonces les tenemos que dar de comer y mantener, una cosa muy interesante.”
Según la documentación que obtuvo el reportero, la mayor inversión en obra pública de la SSP de García Luna se hizo en el centro penitenciario de las Islas Marías, donde se destinaron 683 millones de pesos.
El objetivo: “Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del complejo penitenciario Islas Marías”.
De acuerdo con el oficio de liberación de inversión, firmado por Arturo Sosa Viderique, director general de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la mayor parte de la inversión, 588 millones 449 mil pesos, fue para ese propósito.
Otros 41 millones de pesos se destinaron a la supervisión y control de la obra, y 53 millones de pesos a la gerencia de proyectos.
Otros 216 millones se invirtieron en la ampliación y remodelación de la pista aérea del Complejo Penitenciario Islas Marías, que incluye “demolición, base, sub-base, pavimentación, obras complementarias, instalaciones con calidad, prueba y resistencia de materiales”.
En los varios documentos del trámite para liberar estos recursos se puntualiza la necesidad de que toda la información sea clasificada como “reservada”, de manera que no sea del conocimiento público.
Así lo solicita, por ejemplo, Sosa Viderique a la directora general de Programación, Organización y Presupuesto, María Cecilia Hernández Galván, en el oficio firmado SSP/SSPF/OAD/PRS/DGA, del 8 de noviembre de 2012.
“Así mismo, en los términos de lo señalado en el artículo 13 fracciones I, IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se solicita que el oficio de liberación de inversión sea clasificado como información reservada.”
Ese artículo, en su fracción primera, considera que debe ser reservada toda la información cuya difusión “pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional” y también, según la fracción IV, “poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
La fracción V ordena clasificar la información cuya difusión pueda “causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”.
Y así fue: En el oficio de autorización de los recursos, número OM-OLI-260, Hernández Galván pone el cerrojo a toda la información sobre el ejercicio de casi 900 millones de recursos públicos: “Con un periodo de reserva de seis años”.
Esta clasificación llamó la atención de funcionarios del gobierno de Peña Nieto que han comenzado a indagar, desde diferentes instancias, la correcta aplicación tanto de esta inversión como de los multimillonarios contratos asignados a los grupos empresariales –incluida la fiesta que la SSP de García Luna les pagó– o proceder contra los responsables.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1903 de la revista Proceso, ya en circulación.
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