73 en contra
Pedro Miguel
En la sesión de la Camara de Diputados del domingo primero de septiembre el orden de la noche era aprobar, a como diera lugar y con la menor agitación posible (ya suficiente hay en el país como para permitir que se refleje en San Lázaro), la Ley General del Servicio Profesional Docente, pista de aterrizaje de la contrarreforma laboral disfrazada de educativa impuesta por el peñato entre diciembre del año pasado y febrero del presente. De los casi 500 presentes, uno se abstuvo y sólo 73 votaron en contra.
Por lo demás, lo que ocurrió durante la sesión del domingo por la noche en San Lázaro arroja mucha luz sobre el desencuentro entre la sociedad y las instituciones que tendrían que representarla: resulta que una gesta social que ha cimbrado y polarizado al país no logra generar más de 15 por ciento de respaldo en el Legislativo (aunque habrá que ver lo que ocurra en el Senado); que el formidable blindaje policial y militar en torno a San Lázaro es para conjurar una amenaza marginal y fantasmagórica; en suma, que el magisterio disidente existe mucho menos de lo que podría indicar su capacidad orgranizativa y de movilización y el respaldo social del que se ha hecho merecedor.
O será que la conformación y alineación de esta legislatura ha dejado de representar a la sociedad y es reflejo, más bien, de la inyección de dinero realizada por el régimen en la elección pasada –la que permitió poner a Peña Nieto en Los Pinos– y de los posteriores esfuerzos de cooptación de la pluralidad política y social en un viejo remedo del monolitismo priísta que se llama
Pacto por México. El engendro aplastó los mandatos populares recibidos por los integrantes de la acual legislatura y los remplazó por la línea presidencial.
Uno supone que en un entorno de normalidad democrática los políticos cuidan su carrera procurando no traicionar a sus electores. En la clase política del México actual las cosas pueden ser al revés: para ser exitoso es necesario pasar por encima de la palabra empeñada ante los votantes, atropellar la dignidad propia y someterse a los dictados del poder. Sólo así se explica el descarado pragmatismo de Jesús Ortega y Guadalupe Acosta Naranjo, quienes trataron de persuadir a los opositores a la reforma con una amenaza cortesana:
no vayas a perjudicar tu carrera.
Tal vez el poder oligárquico crea que ha resuelto, con el auxilio de sus servidores en San Lázaro, el conflicto magisterial cuando, en realidad, no ha hecho más que complicarlo y profundizarlo. Adicionalmente, ha dado otra vuelta de tuerca al debilitamiento del Legislativo como factor de gestión y mediación. Con eso lo único seguro es que la colisión entre el Ejecutivo y sus víctimas será más intensa e irremediable y que el país tendrá que pasar por nuevos episodios de confrontación.
Estamos entrando, además, en la disputa por las disposiciones constitucionales y legales que regulan el estatuto de la industria petrolera y ya nos queda claro el alineamiento real de las fuerzas en el Congreso: más de tres centenares de dedos fieles al poder contra unas decenas de diputados que optaron por ser leales a sus votantes. Al Legislativo no le queda mucha capacidad para amortiguar el choque que se viene.
En lo inmediato, a pesar de los votos comprados, de la seducción que ejerce el poder, de la reducción de las oposiciones a la condición de partidos paraestatales, por medio del
Pacto por México, 73 legisladores votaron en contra de la agresión al magisterio, y no es poca cosa, aunque, desde luego, es claro desde ya que la defensa del petróleo no va a librarse en las cámaras, sino en las calles.
Claro que también se puede tirar a la basura la dignidad y la razón y esforzarse por construir una sociedad que represente en forma fiel a la Cámara de Diputados y un país en el que sea verdad la sarta de mentiras pronunciadas hace unas horas por Peña Nieto a manera de informe.
Twitter: @Navegaciones
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Curul para la 62 Legislatura-Rocha 
Magisterio y reforma educativa: las plazas y la plaza
Luis Hernández Navarro
Si no se recuperan las plazas, no se recupera la plaza, advirtió el 10 de septiembre de 2012 Claudio X. González, secretario de Educación sin cartera, al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. Su recomendación sintetiza el objetivo central de la ley del servicio profesional (LSPD) recientemente aprobada: quitarle a los maestros sus plazas.
Esta modificación no busca prescindir de los liderazgos sindicales corruptos. Menos aún, permitir la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pretende que los líderes gremiales tengan menos poder, sean más serviles a la autoridad y que los maestros le teman a ésta.
El nuevo modelo de control tiene como objetivo facilitar y permitir la discrecionalidad en la contratación y el despido de los maestros; reducir al mínimo la estabilidad laboral y sus conquistas gremiales; limitar su autonomía en el proceso de enseñanza; imponerle responsabilidades desmedidas; desalentar su organización y resistencia; acabar con el normalismo, y abrirle paso a las escuelas chárter o de concertación (instituciones escolares administradas por la iniciativa privada con dinero público).
La nueva legislación hace retroceder más de 50 años la rueda de los derechos laborales en el país. A partir de ahora, según el transitorio segundo de la LSPD, los maestros deben olvidarse de sus conquistas gremiales. Sin el menor respeto al artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de persona alguna, barre de un plumazo con los derechos adquiridos en más de cinco décadas de luchas.
A esta operación de despojo de sus derechos se le ha disfrazado de acción en su defensa. Las relaciones de trabajo del magisterio –se dice en el texto– se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo en lo dispuesto en esta ley. ¿Y qué dispone la ley?: derogar los derechos adquiridos que se le oponen.
Los problemas que la ley tiene son muchos. Por principio de cuentas, las autoridades educativas encargadas de evaluar la calidad de los maestros carecen de la calidad para hacerlo. Esas autoridades no son especialistas educativos ni pedagogos ni maestros. Son, en la mayoría de los casos, funcionarios ligados a la burocracia federal que administra la Secretaría de Educación Pública y a los gobernadores en los estados. Ellos no son evaluados; rinden cuentas a sus jefes. ¿Podrán garantizar que la educación mejore? Evidentemente no.
La nueva ley pone sobre los hombros de los maestros de banquillo obligaciones desmedidas en la enseñanza que no son, en realidad, competencia suya. Los define como el profesional responsable del
proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Con ello, los hace responsables de las deficiencias educativas y los sujeta a ser evaluados en áreas en las que no se desempeñan, con la amenaza de ser sancionados.
La nueva normatividad manipula tres conceptos centrales del derecho para precarizar las condiciones de estabilidad en el empleo, una conquista legal que implica asegurar y proteger la permanencia y continuidad del vínculo laboral. Estos conceptos son: permanencia en el servicio, inamovilidad y causales de despido.
Si en su acepción original permanencia quiere decir continuidad no interrumpida de las relaciones laborales, la LSPD amplía el significado del término hasta desvirtuarlo, estableciendo que se trata, tan sólo, del tiempo que el docente dura en su empleo.
Este engaño lingüístico implica la práctica desaparición de la inamovilidad laboral, es decir, que un maestro va a poder ser despedido por razones distintas a las que la ley burocrática establece como causa justificada. De manera tramposa, la nueva norma garantiza la permanencia definitiva en el servicio público siempre y cuando el maestro se sujete a los procesos de evaluación y a programas de capacitación. Reconoce un nombramiento
definitivopero permanentemente condicionado.
Adicionalmente, amplía los motivos para despedir a los maestros, y crea causas genéricas para justificarlo, contrarias a las establecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Establece un procedimiento autoritario que permite la separación del docente sin derecho a audiencia previa.
El principio de bilateralidad, esto es, de la negociación conjunta de las condiciones de trabajo entre la autoridad, los maestros y su organización gremial, se desvanece. Ahora es la autoridad la que, de manera unilateral, fija las reglas del juego, sin que los maestros y su sindicato puedan defenderse.
A contracorriente de la tendencia mundial a la descentralización administrativa y de la federalización educativa en nuestro país, la LSPD nos regresa al centralismo más retrógrado. La nueva legislación autoriza al Ejecutivo a pasar por encima de la soberanía de los estados para imponer lineamientos en el terreno de la enseñanza.
A pesar de que fue votada en nombre de la calidad de la educación, la nueva norma tendrá graves repercusiones en ella. Inevitablemente la deteriorará. Para mejorar el sistema educativo se requiere, entre otras medidas, de profesionalizar al magisterio. Y esto se logra dándole certidumbre, seguridad en el empleo, no reduciendo su estabilidad laboral, facilitando el despido y evaluándolo punitivamente.
El gobierno de Enrique Peña Nieto y los empresarios tienen su ley. A cambio van a perder la tranquilidad. Al aprobarla burlándose de los profesores abrieron una caja de Pandora. Es cierto, despojaron a los maestros de sus plazas, pero no podrán ganar la plaza.
Twitter: @lhan55
FUENTE: LA JORNADA OPINION
La eterna historia-Magú 
Conflictos de derechos
Néstor de Buen
Las manifestaciones continuas de los maestros están provocando un verdadero conflicto de intereses que las autoridades competentes deben remediar sin afectar las exigencias de los profesores. Me refiero de manera particular a que impiden el acceso a los tribunales y con ello generan consecuencias de extrema gravedad como es la que puede derivar de una inasistencia a una audiencia o la imposibilidad de presentar una promoción sujeta a plazo.
El problema estriba en que las manifestaciones no pueden ser impedidas porque, en última instancia, todos tenemos el derecho de circular libremente por nuestra ciudad, siempre que se trate de una acción ciudadana que ejercemos todos los días.
El problema de fondo tiene su gracia porque se trata de que sobre una relación laboral establecida, mucho después de que fue iniciada se pretende someter a los trabajadores a pruebas de aptitud, lo que evidentemente contradice el derecho fundamental a la estabilidad en el empleo.
Es obvio que un trabajador puede estar sujeto a un control en cuanto a su empeño y productividad, pero en modo alguno a una prueba de aptitudes que se supone son bien conocidas del patrón y probablemente motivaron la contratación. El examen a posteriori no se vale y con toda la razón los maestros se oponen a que se lleve a cabo.
Esto debe llevar a un control riguroso de la contratación, sin olvidar que la ley concede un plazo mínimo para que el trabajador compruebe las aptitudes que determinaron su contratación, pero en modo alguno un examen posterior. Habría que preguntarse, incluso, a quiénes se reconoce la aptitud para calificar y las formas de hacerlo.
El problema es más agudo cuando la forma de protesta consiste en suspender las clases, lo que olvida el deber fundamental de la sociedad de preparar adecuadamente a la niñez, con las consecuencias que ello trae consigo.
Como puede verse, el problema no es tan fácil de resolver, pero es evidente que la fórmula elegida no funciona en absoluto y debe buscarse otra en la que, reconociendo la seria existencia del deber educativo, se haga congruente con las responsabilidades laborales que el Estado debe asumir con los maestros.
Desde el punto de vista de las consecuencias secundarias para los litigantes a que antes me refiero, una solución mínima será declarar que son inhábiles los días en que no se permita el libre acceso a los tribunales, lo que atrasará la solución de los juicios, pero permitirá que no se sufran perjuicios inmerecidos.
Creo que los tribunales de toda índole, civiles, laborales, penales y cualquier otro, deben tomar medidas de inmediato para resolver este problema. Y desde luego que la Secretaría de Educación Pública debe buscar soluciones más adecuadas para mantener la enseñanza en manos capaces. El país lo agradecerá.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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