Aulas llenas
John M. Ackerman
Quienes quieren las escuelas vacías y los maestros en la calle no son los valientes profesores que protestan, sino los líderes empresariales, mediáticos y políticos que defienden la contrarreforma educativa de Enrique Peña Nieto. La aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados a una nueva Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) dejaría literalmente en la calle, bajo la excusa de salir
reprobadosen evaluaciones sesgadas y hechas a modo, a una multitud de destacados maestros formados en la docencia, entregados a sus alumnos y comprometidos con el desarrollo nacional. Estaríamos así ante un enorme desperdicio de capital humano que dañaría gravemente al país.
Los pocos remplazantes serán individuos de bajo rendimiento sin ninguna otra alternativa laboral. También tendrían que ser personas dispuestas a ser maltratadas por sus superiores, ignoradas por su sindicato y despedidas a la menor provocación. Eso sí, aunque tendrían que abandonar cualquier deseo de experimentar en el aula o fomentar una actitud crítica en sus alumnos, los nuevos
tecnócratasde la educación tendrían que ser muy hábiles en el llenado de exámenes de elección múltiple.
Y mientras se buscan nuevos profesores
idóneosque ofrezcan una educación supuestamente de
calidad, las aulas se mantendrán vacías o atendidas por suplentes sin capacitación o conocimiento especializado alguno. Simultáneamente, los maestros despedidos tendrán que abandonar sus libros escolares y su formación humanística para ir a manejar un taxi, lavar platos en Estados Unidos o engrosar las filas de la delincuencia organizada.
La propuesta de LGSPD es profundamente autoritaria. Los
perfiles, parámetros e indicadorespara evaluar a los educadores serán desarrollados por la Secretaría de Educación Pública y revisadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sin participación alguna de los profesores. Y la aplicación y la calificación de los exámenes estará en manos de funcionarios externos, muy probablemente en alianza con empresas privadas que lucren con este jugoso nuevo negocio.
Quienes conocen mejor los detalles y los retos para ser un buen maestro son los mismos profesores. Ellos tendrían que ser los encargados de proponer los criterios y participar en el proceso de evaluación. Si bien la autoevaluación cuenta con límites claros, la revisión por pares es esencial en cualquier sistema de evaluación democrática e integral. Por ejemplo, no existe razón alguna para diferenciar entre los profesores e investigadores universitarios, quienes somos evaluados rigurosamente cada 3 o 4 años por nuestros pares y no por autoridades al servicio de la clase política, y los maestros de educación básica y medio superior.
Otro grave problema es el enfoque punitivo de la LGSPD. En lugar de apoyar a los maestros a sobresalir en condiciones difíciles, sobre todo en las zonas más abandonadas del país en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, la ley busca castigarlos por las fallas generalizadas del sistema de educación pública. La columna vertebral de la propuesta de ley es el despido automático después de tres exámenes fallidos (el clásico “ three strikes and you’re out”), o de manera inmediata si el maestro se rebela en contra del sistema de evaluación en su conjunto.
Pero para realmente mejorar la calidad educativa, el proceso de evaluación tendría que concebir al maestro como parte de un sistema integral que incluya a la escuela y a las autoridades educativas correspondientes. Cuando un maestro reprueba un examen, reprueba el sistema educativo en su conjunto. La respuesta tendría que ser atender las raíces estructurales del problema en lugar de buscar chivos expiatorios y castigos
ejemplares. Y si se trata de facilitar despidos, muchas veces se logra más con la separación de su cargo del secretario de Educación correspondiente que con el despido de los miles de maestros a quienes los funcionarios han fallado al no prepararlos correctamente.
Finalmente, la propuesta de LGSPD también viola flagrantemente el artículo 123 constitucional al permitir al gobierno despedir a los maestros, en una variedad de situaciones, supuestamente
sin responsabilidadalguna para la autoridad. Con estas disposiciones se busca limitar al máximo la intervención tanto de las Juntas de Conciliación y Arbitraje como del Poder Judicial. Se busca cancelar los derechos laborales y sindicales de los maestros al reducir sus contratos a meros acuerdos administrativos.
Los maestros deberían estar en las aulas no en la calle. En lugar de buscar pretextos para despedir a los profesores que generosamente han consagrado sus vidas a la enseñanza de nuestros hijos, habría que aumentar sus salarios, mejorar sus condiciones laborales, renovar la infraestructura escolar y desmontar el autoritarismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Twitter: @JohnMAckerman
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Preinforme-Magú 
Salir del callejón
Gustavo Esteva
La peligrosa confrontación en que nos encontramos hace evidente la naturaleza del régimen dominante: despotismo democrático. Pero los principales participantes en la riña se niegan a reconocer la desnudez del emperador. Insisten en la superchería de la república democrática y se entrampan en supuestos y términos cada vez más alejados de la realidad.
derechos de terceros, eufemismo para referirse a los automovilistas, y aplicar las medidas legales pertinentes, eufemismo para referirse al uso de la fuerza pública. Defienden apasionadamente el sustento legal de las reformas en juego. Las organizaciones movilizadas para oponerse a ellas reivindican sus derechos a manifestarse y ser oídas, se afirman en el diálogo democrático, aunque sea tardío, y cuestionan tanto la forma como el fondo de las reformas.
En las actuales circunstancias de México y del mundo carece de realismo y sensatez seguir pretendiendo que vivimos en un estado de derecho, es decir, bajo leyes conocidas y aceptadas por el cuerpo social que se aplican justa y universalmente dentro de una sociedad democrática.
Como nos advirtió Foucault hace mucho tiempo, las normas vigentes están concebidas para que unos puedan violarlas impunemente y la mayoría deba someterse a su aplicación arbitraria. Y la arbitrariedad vigente es la de un despotismo que chapotea en el lodo dominante, cuando ya no es posible distinguir entre el mundo del crimen y el de las instituciones.
Estamos cada vez más en manos de criminales que rompen las reglas del pacto social por enceguecimiento, fantasía o furor, pero su despotismo es transitorio. Su proliferación se deriva del despotismo permanente y criminal de quienes exaltan el predominio de su interés y su voluntad y lo pretenden legítimo. Mientras el criminal es déspota por accidente, éstos lo son por estatuto… aunque su despotismo no puede tener estatuto en la sociedad y tienen que imponer su voluntad al cuerpo social por medio de la violencia y la intimidación permanentes. Ejercen y exaltan de modo criminal su propio interés, al margen de reglamentos y leyes, pero de una manera que está completamente imbricada en ellos. Rompen el pacto social del que depende la existencia misma de la sociedad y hacen valer su violencia, sus caprichos, su sinrazón, como ley general o razón de Estado.
Trato de enfriar las palabras. Foucault las empleó para aludir a épocas ya idas y a la forma en que estaban retornando. Me acongoja pensar que describen con precisión lo que está ocurriendo a la vista de todos. La gravedad de asumirlo explica por qué tantos prefieren cerrar los ojos y hacerse la ilusión de que no es así, que podemos seguir tocando a la puerta de esos poderes con nuestras marchas y movilizaciones, que podemos conmover sus bolsas, sus corazones o sus inteligencias con la presión social.
Pero el horno no está para bollos. Allá arriba no hay margen de maniobra. En ese callejón sólo caben la riña, la pugna de intereses, la violencia pura, particularmente peligrosas e insensatas cuando se trata de poderes frágiles y en decadencia como los de ahora. Es indispensable cambiar la dirección de la mirada, como hicieron los jóvenes griegos que hace un par de años voltearon a ver a la gente cuando pasaron ante las autoridades en el desfile convencional.
Es hora de mirarnos. Somos nosotros los interlocutores válidos, los únicos que podemos representar una opción. Los aparatos del Estado, corrompidos hasta el tuétano, son cada vez más ajenos a la voluntad popular. Desafiarlos o pretender que se les puede conquistar o manipular desde abajo es inútil, contraproductivo y peligroso. Se trata de desmantelarlos haciéndolos innecesarios, rechazando radicalmente su guerra permanente contra nosotros y ocupándonos en reorganizar la sociedad. Lejos de ser ilusorio esto puede ser puro pragmatismo. Imaginemos, por decir algo, lo que podría hacer medio millón de maestros convertidos en linternas coherentes para iluminar cotidianamente, con la verdad, los espacios en que ejercen su oficio.
Si interesan de verdad el estado de derecho y un orden social seguro y confiable, escapemos del callejón y constatemos lo que se intenta abajo, en comunidades y barrios que logran reparar su tejido social desgarrado para afirmar en él su nueva condición. Tienen ahora un horizonte de referencia claro: hay un espacio en los altos de Chiapas en que realmente prevalece un estado de derecho y un orden social estable y sólido, a pesar del acoso permanente. Ahí el pueblo manda y el gobierno obedece, porque ahí gobierno y pueblo son la misma cosa, como lo dice la palabra democracia.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Con aval de la CNDH-Helguera 
Los errores de siempre
Iván Restrepo
Para comenzar, me sumo a los muchos que preguntan dónde está escondido el secretario de Educación Pública.
Al asunto laboral respondió el sindicato señalando que las pérdidas financieras se deben en buena parte a la política gubernamental vigente en el sector eléctrico. Por ejemplo, a los elevados subsidios otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, a lo que se agrega el transporte barato de energía para auto abastecedores y cogeneradores privados remotos. En paralelo, la dirigencia sindical se quejó de la injusta competencia que enfrenta la CFE con las compañías energéticas privadas y a la necesidad de ampliar la infraestructura actual de la paraestatal para generar más energía con mayor eficiencia y menor precio. Aclarado el origen de lo que el sindicato estima es el problema fundamental de la CFE, reiteró su apoyo a las reformas emprendidas por el gobierno federal. La celebración del 76 aniversario transcurrió así en armonía gobierno-empresa-sindicato. Como en los viejos tiempos.
Los especialistas han mencionado en La Jornada lo que sucede con la generación de electricidad a través de las hidroeléctricas y termoeléctricas de la CFE y el papel creciente que juegan las trasnacionales. En nuestro caso, es importante que las instancias oficiales informen sobre el estado actual de los embalses que sirven para generar energía. Por ejemplo, el de La Villita, ubicado a 35 kilómetros de la desembocadura del río Balsas, en los límites de Guerrero y Michoacán y pieza clave para el riego agrícola, la generación de energía y la regulación del caudal del citado río. Forma parte del complejo industrial en el que tanto empeño puso el general Lázaro Cárdenas. Alcanzó a ver inaugurada la presa en 1968.
La región ha sufrido los últimos 40 años una transformación impresionante, comenzando con la ciudad y la siderúrgica que llevan el nombre del patriota ex presidente, la terminal de Pemex, el complejo de fertilizantes y otras empresas más. Pero La Villita tiene problemas estructurales y su embalse mucho menor capacidad, lo que pone en peligro áreas de ese polo urbano-industrial. Lo que ocurre se debe en parte al severo azolve de la cuenca del río y el vaso de la presa. El origen: la deforestación de las partes altas de la cuenca y la falta de medidas para evitarla. Un asunto sobre el cual llamó oportunamente la atención de las autoridades el investigador Alejandro Toledo Ocampo.
No es el único gran embalse con problemas que requiere atención urgente por los altos riesgos que conlleva su funcionamiento. De los 8 mil 500 embalses importantes que existen en el país, 115 figuran como prioritarios de evaluar en cuanto a riesgo por envejecimiento, menor capacidad para captar agua debido al azolve de sus vasos reguladores y por mantenimiento inadecuado. Algunos perdieron hasta 60 por ciento de su capacidad de captación debido a los sedimentos que les aportan los ríos que los alimentan y cuyo origen son los asentamientos humanos, las actividades agropecuarias y la erosión.
Hay presas operadas por distintos agentes: desde particulares y gobiernos estatales hasta la Comisión Nacional del Agua y los distritos de riego. Pero en todas ellas está ausente el concepto de cuencas hidrográficas, falta la política de manejo integral por parte de las instancias públicas. Con esos vicios de origen se construyen grandes presas que ocasionarán daños ambientales y sociales y durarán menos de lo previsto. Nuevamente, los errores de siempre.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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