¿Bombero atómico o policía químico?- Obama y el factor Putin- Espionaje y opacidad

¿Bombero atómico o policía químico?

Miguel Marín Bosch

En 2011 Siria era un país de unos 21 millones de habitantes. Treinta meses de conflicto han resultado en más de 100 mil muertos, 28 mil desaparecidos, 4 millones de personas desplazadas internamente y casi 2 millones de refugiados en otros países. Lo que empezó como un tímido reto al régimen de Bashar Assad se ha convertido en una violenta y confusa guerra civil.

 

Hasta ahora Estados Unidos y sus aliados se han abstenido de una intervención militar directa. Afganistán e Irak los ha desgastado mucho. Según ellos, las secuelas de la llamada primavera árabe son, con una excepción, asuntos internos de los países afectados: Túnez y Egipto. La excepción fue cuando en 2011 el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la intervención militar de la OTAN en Libia por razones humanitarias.

En las últimas semanas el argumento humanitario ha surgido una vez más en el caso de Siria. Se trata del uso de agentes químicos, en particular el gas sarín, el pasado 21 de agosto. Hay indicios en cuando menos una docena de casos del uso de agentes químicos, pero ninguno tan contundente como este último. Y aquí se pone a prueba lo declarado por el presidente Barack Obama en agosto de 2012 en el sentido de que el uso de armas químicas por Assad en contra de su población constituiría una línea roja que, de cruzarla, tendría una respuesta militar de Washington.

Damasco supuestamente cruzó esa línea el 21 de agosto. Por una casualidad, un equipo de inspectores de las Naciones Unidas se encontraba en Siria investigando otros casos de posible uso de armas químicas. El secretario general de la ONU instruyó a los inspectores a desplazarse al barrio de Damasco en que ocurrió el ataque para recabar pruebas. Esos inspectores concluyeron su tarea, pero quizás tarden un par de semanas en dar a conocer las conclusiones de su análisis.

Las imágenes difundidas por televisión de las víctimas de esos ataques horrorizaron a la opinión pública mundial y Washington, Londres y París anunciaron que lanzarían un ataque militar. El primer ministro David Cameron convocó una sesión urgente del parlamento británico para que respaldara su decisión. Pero el parlamento votó en contra de su propuesta.

El presidente Obama recapacitó y el sábado pasado optó por recurrir al Congreso para obtener su autorización. El presidente François Hollande hizo lo mismo, aunque legalmente pudo haber recurrido a la fuerza militar sin autorización previa de la asamblea nacional. Se ha abierto por lo tanto un compás de espera.

En lo ocurrido en las tres capitales occidentales en las últimas semanas se conjugan tres factores que merecen ser analizados en mucho más detalle de lo que permite este espacio. El primero es un cierto grado de culpabilidad y frustración en Washington, París y Londres por su prolongada inacción ante la tragedia en Siria. Ahora se cree que con ataques precisos y contundentes a las instalaciones militares de Assad se puede remontar la situación. Grave error.
 

El segundo elemento es la sombra de Saddam Hussein. Hace 10 años un gobierno republicano en Washington, apoyado descaradamente por un primer ministro laborista, trató de convencer al mundo de que era necesario invadir a Irak porque tenía armas de destrucción en masa. En esa ocasión, un gobierno de derecha en Francia se negó a que el Consejo de Seguridad de la ONU autorizara ese uso de la fuerza militar. Washington y Londres optaron por una invasión, violando así el derecho internacional. Otro grave error.

 

Ahora un gobierno conservador en Londres pierde una votación, mientras un presidente de izquierda en Francia apoya el uso de la fuerza militar y un presidente estadunidense le pide permiso a su Congreso. No hay que olvidar que Obama se opuso a la invasión de Irak hace una década. En efecto, somos testigos del mundo al revés.

El tercero de los elementos quizás no sea tan obvio. Se trata del tortuoso historial de Estados Unidos en materia de armas químicas. Tras la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas se apresuraron a prohibir el uso en la guerra de agentes químicos y biológicos. La opinión pública en esos países se había horrorizado ante el uso de gases y otros agentes químicos durante la contienda mundial. De ahí el Protocolo de Ginebra de 1925. Estados Unidos lo firmó ese año, pero tardó medio siglo en ratificarlo. Lo hizo en 1975, cuando ya había terminado la guerra de Vietnam. Pero conservó su arsenal de armas químicas.

 

Entre 1983 y 1988 Saddam Hussein utilizó armas químicas en contra de los kurdos de su país y de civiles y militares en su guerra con Irán. Causó decenas de miles de víctimas y Washington no dijo nada aunque ahora se sabe que tenía pruebas de ese uso.

 

En 1991, tras su victoria en lo que fue la primera guerra del golfo Pérsico, Estados Unidos desmanteló buena parte del arsenal químico de Irak y llegó a una conclusión insólita. A la luz de la efectividad de sus armas convencionales en dicha guerra, decidió que ya no necesitaba un arsenal de armas químicas y presionó para la pronta conclusión de lo que en 1993 se convirtió en la convención para la prohibición total (uso y posesión) de las armas químicas.

 

El pasado viernes el secretario de Estado John Kerry presentó lo que calificó de pruebas incontrovertibles del uso de agentes químicos por las fuerzas de Assad en contra de su propia población. Los rusos pidieron que Washington comparta esas pruebas con el consejo de seguridad. No se sabe lo que hará el Congreso estadunidense y Hollande tampoco está seguro de lo que decida la asamblea nacional. Todo sigue en veremos.

 

Para muchos observadores se trata de una película que ya vimos en 2003 en el caso de Irak. Algunos dudan de la autoridad moral de Washington en materia de armas químicas. No pocos temen que una escalada en el conflicto sirio acarree consecuencias imprevisibles.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Obama y el factor Putin

Ángel Guerra Cabrera

Algo demasiado ominoso para ser mencionado empuja al vacilante Obama ciegamente hacia el abismo. El uso del gas sarín por el presidente Bashar Assad contra su propio pueblo es un argumento tan desfachatado como el de las armas de destrucción masiva de Irak si uno se guía por el documento probatorio colgado por Washington en Internet.

 

Aunque la potencia imperial presume ser el guardián de la democracia, de nada han valido hasta ahora la mayoritaria negativa de su electorado a aprobar el descabellado ataque a Siria, ni la reticencia de muchísimos legisladores que deberán concurrir a elecciones en 14 meses. Ni que su faldero Cameron deserte precipitadamente rompiendo la histórica alianza anglosajona bajo la presión de un pueblo harto de guerras coloniales, que es lo que obligó al parlamento a negarle la luz verde. Tampoco ha servido que el hasta aquí obediente secretario general de la ONU Ban Ki-moon alerte que el ataque estadunidense aumentará el baño de sangre y que es contrario a la Carta de Naciones Unidas porque ni se realiza en defensa propia ni tiene la aprobación del Consejo de Seguridad. La OTAN no participará en la operación y se afirma por la televisión rusa RT que 12 de sus miembros se oponen.

Hace por lo menos dos años el ocupante de la Casa Blanca dijo que Assad debía irse. Desde entonces comenzó la primera parte de esta guerra imperialista. Se inició una carrera silenciosa de los servicios especiales estadunidenses, ingleses y franceses para infiltrar en Siria a una jauría furiosa de fanáticos ligados a Al Queda y mercenarios de distinto pelaje financiados y armados por las monarquías saudita y qatarí con el apoyo logístico de Turquía. En el país árabe, no hay duda, hubo importantes protestas populares, pero fueron secuestradas y derivadas a una espantosa guerra sectaria.

El ejército sirio, pese a no parecer especialmente entrenado para enfrentar fuerzas irregulares, ha logrado asestar duros golpes a los grupos armados y colocarse en una situación militarmente ventajosa. Es evidente que cuenta con apoyo de sectores de la inteligente y patriótica población siria que no quieren ser gobernados por un califato de Al Qaeda ni ver su país convertido de nuevo en colonia.

La ventaja militar lograda por Assad y otros hechos mencionados en mi artículo anterior, al que debe añadirse las influyentes exigencias de los fabricantes de armas (La Jornada, 29 de agosto) obran indudablemente a favor de la premura de Obama por intervenir militarmente para debilitar al ejército sirio. Pero luego de consultar confiables expertos en finanzas internacionales no descarto la urgencia de usar la guerra como cortina de humo para ocultar el incontrolable agujero negro en el sistema financiero de Estados Unidos que amenazaría de modo inminente con triturar al dólar. Obama según esto no querría pasar a la historia como el presidente que hundió al símbolo mágico de la hegemonía estadunidense.
 

Y no parece descabellada la hipótesis puesto que si algo no quiere aceptar Washington es el evidente declive de su hegemonía. Hasta el punto de empujarlo, con tantos factores en contra, a una aventura de consecuencias imprevisibles, seguramente trágicas y muy probablemente causantes de una catástrofe apocalíptica. Nunca desde la crisis de los misiles en Cuba se ha sentido tan cerca el peligro de guerra nuclear, cualquiera que sea el plan de ataque de Estados Unidos contra Siria.

 

En la guerra los planes casi nunca salen exactamente como se conciben. Por eso los grandes estrategas se han caracterizado siempre por imaginar los posibles escenarios de antemano y poseer la agilidad mental y la audacia para realizar sobre la marcha cuantos cambios requiera el plan originalmente concebido. Pero en este caso ni el más brillante jefe militar de Estados Unidos contará con opciones plausibles a menos que Siria, Hezbolá, Irán y, por supuesto Rusia y China, se dejen llevar mansamente al matadero.

 

Comencemos por asentar que no hay certeza de que un ataque con misiles, combinado o no con incursiones de la aviación, no termine por convertirse en una guerra general.

 

Mientras tanto la armada rusa hizo ajustes para reforzar su presencia en el Mediterráneo enviando dos buques de asalto anfibio y uno de reconocimiento. Putin podría mostrar al aturdido Obama una puerta de salida airosa que no ponga en riesgo la paz mundial en el marco de la reunión del G20 si aquel aceptara hablar en igualdad de condiciones con el lúcido líder ruso.

Twitter: @aguerraguerra

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Espionaje y opacidad

En el contexto del escándalo por la difusión de las acciones de espionaje cometidas por el gobierno de Washington contra el presidente Enrique Peña Nieto –según un documento divulgado el fin de semana pasado en la televisión brasileña–, comienza a proliferar información sobre el empleo de prácticas similares por las autoridades mexicanas hacia la población del país. Según información proporcionada por Wikileaks a La Jornada, ejecutivos de empresas dedicadas a vender servicios y productos de espionaje cibernético –Gamma Group y Hacking Team Ht Srl– han realizado diversas visitas a nuestro país. En tanto, el abogado Jesús Robles Maloof, representante del colectivo ContingenteMX y de Propuesta Cívica, indicó a este diario que al menos tres dependencias federales –la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República y el Estado Mayor presidencial– emplean el servicio de monitoreo e intercepción de datos FinFisher, software malicioso que se aloja en las computadoras y celulares y permite obtener datos informáticos en grandes cantidades.

 

Estas revelaciones dan cuenta de una circunstancia paradójica: si bien la expansión de las tecnologías de la información ha tenido un impacto favorable en la configuración de las sociedades contemporáneas, toda vez que las ha provisto de herramientas de comunicación horizontal e inmediata y ha alentado el surgimiento y desarrollo de nuevos medios de información, el mismo proceso ha derivado también en factor de vulnerabilidad e indefensión para los usuarios de esas tecnologías –que constituyen un sector amplio y creciente en países industrializados e incluso en naciones como México–, quienes ven amenazada su privacidad en distintas vertientes: desde la comercial, que busca la conversión de los usuarios en consumidores mediante un uso poco ético de la información personal, hasta la delictiva, que se vale de la información confidencial rastreada en los sistemas informáticos para seleccionar a las víctimas de ilícitos como la extorsión, el secuestro y toda suerte de fraudes cibernéticos.

Según se desprende de la información referida, los gobiernos nacionales se han sumado al contingente de actores y organizaciones que practican el espionaje informático mediante el empleo de productos tecnológicos de dudosa legalidad y, al hacerlo, fomentan un crecimiento poco esperanzador de la industria correspondiente, por más que las empresas y las autoridades afirmen tomar las previsiones necesarias para evitar un mal uso de la información obtenida. En efecto, la afirmación de las compañías de que sus equipos y programas de espionaje sólo pueden ser adquiridos por gobiernos y no por particulares resulta poco tranquilizadora, habida cuenta de que muchos de los regímenes que emplean esos productos –caso concreto del gobierno estadunidense– son violadores sistemáticos de derechos humanos. Por su parte, la aseveración de los gobiernos de que el uso de estas tecnologías está orientado a garantizar la seguridad nacional y a prevenir hechos delictivos queda desmentido a la luz de episodios como el referido espionaje contra Peña Nieto, que demuestran que el aparato de recolección de información de Washington está dedicado a investigar de manera furtiva las actividades y comunicaciones de políticos prominentes y de sus equipos de colaboradores.
 

En el caso de México, la información que documenta la presencia de desarrolladoras de equipos de espionaje en el país y el uso de esos sistemas por corporaciones de seguridad pública y nacional resulta tanto más preocupante habida cuenta del silencio que han guardado al respecto las recientes administraciones federales. Hasta ahora, lo único que se sabe es que el aparato gubernamental dispone de herramientas tecnológicas que le permiten interceptar información personal a escala masiva, seleccionarla, desencriptarla y acceder a ella, y esa sola circunstancia da cuenta de un accionar ilegal de la institucionalidad supuestamente encargada de hacer cumplir el estado de derecho.

 

Es urgente, pues, que la administración federal en turno informe a la sociedad sobre los alcances e implicaciones de esas prácticas y abra un debate sobre los límites entre lo permisible y lo ilegal en la vigilancia de los intercambios informáticos.

FUENTE: LA JORNADA OPINION