Tres-espionajes-tres
Jorge Carrillo Olea
Uno.
La captura del Z-40 se atribuyó en los primeros minutos a la Armada. Bien que así hubiera sido. Pronto empezaron a surgir dudas sobre la disponibilidad de tecnología de alto desarrollo que se hubiera requerido. La otra respuesta que hubiera sido ofrecida hubiera sido que fue a la mexicana, pero como que ya no va. Se usó tecnología sintetizada en drones pertenecientes a la DEA o al FBI, o pertenecientes a la CIA o al Pentágono.
Un dron es un vehículo aéreo no tripulado. Son naves manejadas a control remoto que han evolucionado de manera impresionante y hoy sirven, complementados con satélites, tanto para asesinar en Afganistán a supuestos enemigos como para espiar a políticos, perseguir criminales o vigilar carreteras.
El tema del Z-40 ofrece la oportunidad de reiterar lo que es sabido y debiera ser aceptado abiertamente por el gobierno: Estados Unidos participa vigorosamente en la inteligencia política y criminal con recursos que no tenemos. Si el narcotráfico es un delito trasnacional, los recursos para combatirlo deberían ser, sin vergüenza alguna, también de carácter transnacional.
En el caso de una cooperación clandestina, que en ausencia de información oficial pareciera existir, eso pone en riesgo muchos intereses nacionales. Sería increíble que Relaciones Exteriores lo ignorara –ya ha sucedido– o que la PGR tampoco lo supiera. Tan malo como sería que el Ejército sí tuviera conocimiento y por rivalidades irresponsables no lo quisiera reconocer. Malo que la Marina, por artes de su antiguo secretario Saynez, así lo hubiera convenido con Washington.
Nocivo también que el actual secretario de Marina almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, seguidor del anterior, del que fue su auxiliar seis años, siguiera en tal postura. Y así nos sorprende que espíen al presidente Enrique Peña Nieto y a la presidenta de Brasil, Dilma. Rousseff.
Dos.
Según fuentes anónimas, hay bases de drones para proyectos
sin revelaren Camp Pendleton, California; Fort Huachuca, Arizona (sede del Centro de Inteligencia del Ejército); Fort Bliss y Camp Bullis, Texas. Todos a escasos kilómetros de nuestra frontera, para no citar a otros más. ¿Sería creíble que no estuvieran espiando áreas de nuestro territorio ajenas al narco, con nuestro asentimiento y sin él?
La cooperación per se no es pecado. Llevada a cabo clandestina y unilateralmente si es un acto políticamente intolerable. Vista de otra manera, la cooperación será buena si se norma por ciertas reglas que garanticen los intereses de las partes en cooperación.
La cooperación internacional debe enlazar políticas o unir esfuerzos entre dos o más países para buscar objetivos comunes. Su esencia es el mutuo beneficio y el respeto a los principios de los participantes.
Las primeras reglas serían dos: 1. La búsqueda de información estaría limitada a los objetivos que en común fueran aprobados. 2. Toda la información obtenida sería compartida, esto es recolectada, clasificada, valorada y utilizada sólo en común acuerdo.
Las posibilidades de incumplimiento por la parte estadunidense son enormes y solamente pueden ser disminuidas mediante el adiestramiento técnico de funcionarios mexicanos que pudieran conocer tanto como fuera necesario a todas las tareas de las operaciones, no sólo de los drones como vehículos sino de su programación robótica y de las estaciones de control. ¿Lo aceptarían los asociados?
Los estadunidenses nos espían a políticos, militares, billetudos y hasta narcos (menos al Chapo), como espían a quien quieren. Para su sorpresa, en esos y otros sentidos no tenemos nada que ocultar. Les interesan nuestros recursos naturales, petróleo y gas shale. De éste poseen 665 trillones de pies cúbicos y nosotros 545, según la Administración de Energía de Estados Unidos, cantidad nada despreciable. Más serio aún es el tema del agua.
Las décadas venideras revalorarán ese recurso convirtiéndolo en estratégico. La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos de Estados Unidos recomienda a su gobierno que se considere ya como un recurso crítico.
Tres.
Vivimos en una sociedad orwelliana y no lo asumimos. El espionaje de Estados Unidos es a todo el mundo como ya se reveló. Es absolutamente indignante, reprobable, pero es una verdad universal. Nuestro embajador en Washington con qué cara pedirá
una investigación exhaustivasi en sus momentos el wire tapping fue su hobby desde su oficina de la PGR.
Ahora le tocó a Peña Nieto y mandó a su secretario de Relaciones Exteriores a exigir la tal investigación. Investigar qué, si todo está clarísimo: fue la NSA de Obama, y a su gobierno, ¿quién lo investigará?
FUENTE; LA JORNADA OPINION
Días de furia-Magú 
Despojo laboral docente
Manuel Fuentes Muñiz*
La apresurada aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) en medio de vallas y cercos policiacos pretende consumar una de las mayores atrocidades en contra de los trabajadores de nuestro país: convertir los derechos laborales magisteriales en un despojo.
En temas como el ingreso, promoción y reconocimiento en el servicio, los docentes ya no tendrán injerencia alguna; serán simples
sujetos administrativos, algo así como objetos inertes sin derecho a opinar:
calla, obedece y acataserá la norma a seguir.
La estabilidad en el empleo ha sido anulada. En la nueva ley cuando la autoridad decida el cese éste se aplicará de inmediato; ya no habrá juicio previo ni resolución de las autoridades laborales para autorizar la separación. Primero se mandará a la calle al docente y luego se investigará por el tribunal laboral si el despido fue correcto. La autoridad patrón dirá:
–Te corro y luego investigamos.
Ya no existirán las
actas administrativascon presencia sindical donde la autoridad en su carácter de patrón esté obligada a demostrar
cara a cara, con testigos y documentos a la vista, la causal del cese.
En su lugar existirá un procedimiento sumario y privado. En un escrito se le notificarán al afectado las presuntas irregularidades cometidas para que las responda en no más de 10 días y en un plazo igual la autoridad dé a conocer su resolución definitiva. Si a criterio de ésta procede la separación, el docente al instante de la notificación estará impedido de ingresar al centro de trabajo.
El profesor afectado deberá someterse sin remedio, ya en la calle, a la insufrible burocracia de los tribunales laborales durante siete y hasta diez años.
¿De qué servirá a los maestros acudir a los tribunales laborales si antes les fueron cancelados sus derechos básicos de estabilidad en el empleo? Esas instancias de la llamada
justicia laboralestán carcomidas intencionalmente al no suministrarles el Estado ni recursos económicos ni personal suficiente.
En estos tiempos y con este tipo de legislaciones se pretenden desaparecer los derechos laborales por decreto simple. Que los libros y estudios de derecho laboral sean cosa del pasado. Que en las universidades ya no se enseñe derecho del trabajo, como en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se pretende desaparecer la especialidad laboral porque
no es de utilidad.
En la LGSPD impera la razón de un solo hombre. El secretario de educación pública federal podrá a través de lineamientos imponer criterios hasta a los gobiernos de los estados. Podrá autorizar
parámetros e indicadoresen el ingreso, promoción, reconocimiento y hasta para la permanencia en el empleo (artículo 7 VII).
Es un engaño de los legisladores mencionar que en la iniciativa se rescató el nombramiento definitivo cuando la permanencia en el empleo de los docentes será menos definitiva que nunca.
La separación de los profesores será discrecional en todo momento. La autoridad determinará las causas, los procedimientos, validará las pruebas acusatorias en contra de un docente y hasta podrá interpretar unilateralmente la LGSPD para estar por encima de cualquier instancia.
Será un jurado de una persona: el mismo patrón acusará y condenará. Ella misma se dirá a sí misma: –yo tengo la razón y yo soy la justicia.
En las 12 causales de separación, previstas en la nueva ley, se otorgan facultades ilimitadas a la autoridad para dar por terminados los efectos del nombramiento siempre sin su
responsabilidad. Que haga lo que le plazca, que no tenga contrapesos porque los derechos laborales le estorban.
Debe saberse que los derechos laborales no son concesión de ninguna autoridad; son derechos históricos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por más que los conspicuos legisladores traten de borrar esos derechos no podrán desaparecer.
El derecho laboral como un derecho social fue creado para lograr salarios decorosos, empleos estables, condiciones de trabajo dignas con respeto a la vida e integridad física y moral. Cuando se llevan acciones legislativas y de gobierno para derogar derechos humanos de cualquier manera es la prueba que vivimos en el autoritarismo.
* Doctor en derecho, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos
Twitter: @Manuel_FuentesM
FUENTE; LA JORNADA OPINION
Los injuntables-Magú 
¿Crisis magisterial o guerra civil legal?
Gabriela Rodríguez
Es una práctica de los gobiernos democráticos reconocer, modificar y actualizar los derechos humanos; en el caso de México cabe celebrar que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hayan determinado ayer que los derechos humanos tienen el máximo rango, independientemente de su origen –ya sea la Constitución o los tratados internacionales–, tal como señala la reforma realizada al primer artículo constitucional en junio de 2011.
Los derechos humanos son las más nobles prerrogativas que la humanidad haya construido, pero encierran una gran paradoja: mientras buscan garantizar una vida digna para todos, al mismo tiempo describen una sociedad irreal. Se trata de ideas abstractas, toda vez que la historia no da cuenta de ningún pueblo donde la dignidad sea una experiencia vivida por todos. Más bien hay que admitir que los derechos humanos son un desafío permanente y que no siempre van hacia adelante: mientras el discurso de los derechos ha venido cobrando fuerza en el concierto nacional e internacional, las políticas neoliberales están llevando a excluir del ejercicio de derechos a muchos grupos de población, en especial se están perdiendo derechos económicos, sociales y culturales.
Son cada vez más los excluidos de una vivienda digna y un ambiente saludable, del trabajo digno y bien remunerado, de servicios educativos y de salud de calidad, de seguridad social y desarrollo integral; hay millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, emigrantes sin derechos, gente de comunidades rurales, indígenas y urbano-marginales donde la salud y educación son inaccesibles o de baja calidad, aun los empleados de empresas privadas y públicas hoy están perdiendo derechos laborales y sociales, no sólo en México sino en todas partes, se trata de políticas económicas globales.
Nuestra crisis del magisterio y de la educación es un proceso paralelo a una reforma cuyo discurso eleva la calidad educativa a derecho humano con rango constitucional, y que privilegia la evaluación de los docentes por encima de los múltiples aspectos académicos y pedagógicos que es necesario transformar si lo que se busca es garantizar la prestación de servicios educativos de calidad. Como norma secundaria, la Ley General del Servicio Profesional Docente –aprobada esta semana por las dos cámaras –con honrosas excepciones de 69 diputados/as y 22 senadores/as– establece un régimen de excepción para el trabajador del sector educativo, porque no contempla una evaluación formativa para fortalecer su carrera magisterial, sino que contiene una visión punitiva de la evaluación. Se trata de una propuesta que vulnera el derecho a la permanencia del empleo y que parece ocultar el interés por mantener el control de las plazas en una lógica clientelar: sostener la simbiosis histórica de gobernantes con líderes del SNTE.
El nuevo líder de este enorme sindicato, Juan Díaz de la Torre, no sólo es el sustituto, sino que fue el principal operador de Elba Esther Gordillo, quien hoy se muestra totalmente alineado y es pieza clave para apoyar la reforma educativa, sin el menor riesgo de insubordinación –como hacen los insurgentes de la CNTE–, si es que no quiere ir a acompañar a la maestra en su celda.
Me contaba una directora de una escuela primaria del Distrito Federal, con 23 años de experiencia como docente, que la influencia del SNTE en la política educativa y en la vida cotidiana de los centros educativos ha resultado en la pérdida de su prestigio académico y autonomía profesionales. Tiene claro que
esta reforma no contempla transformaciones académicas, pero sí atenta directamente contra nuestros derechos laborales, por eso ¡después de trabajar, venimos a luchar!
La crispación del movimiento magisterial me remite al concepto de guerra civil legal descrito por Giorgio Agamben:
“Vivimos una especie de totalitarismo moderno, una especie de estado de excepción, una guerra civil legal que permite no sólo la eliminación de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político.
“Este estado de emergencia permanente devino una de las prácticas esenciales de los estados contemporáneos, aun de aquellos que se llaman democráticos… Con el aumento del decisionismo del Poder Ejecutivo: los ciudadanos occidentales no registran estos cambios y creen seguir habitando en democracias.”
Twitter: @Gabrielarodr108
FUENTE; LA JORNADA OPINION
No hay comentarios:
Publicar un comentario