Zedillo y los homicidios de Acteal, Aguas Blancas y El Charco- ¿Togas o sotanas en la Suprema Corte?

Zedillo y los homicidios de Acteal, Aguas Blancas y El Charco

Autor: Álvaro Cepeda Neri *	Sección: Conjeturas

Durante 1994-2000 la silla presidencial, ensangrentada por el crimen salinista del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue ocupada por Ernesto Zedillo Ponce de León, hoy a sueldo en dólares por las empresas que privatizó a favor de los capitales estadunidenses, y supuestamente profesor en la Universidad de Yale (¡qué desvergonzados!) para analizar los movimientos sociales contra el capitalismo salvaje y corrupto.

Su secretario particular fue Liébano Sáenz Ortiz (hoy asesor de Enrique Peña Nieto). Ambos solaparon el genocidio que tuvo lugar en Acteal, Chiapas (Zedillo y el güerito de Liébano odian a los indígenas); y la matanza en Aguas Blancas y El Charco, en Guerrero; porque estaban hartos de los campesinos y para echarle la responsabilidad al no menos nefasto desgobernador guerrerense de entonces, Rubén Figueroa.

Zedillo, para dejar hablando sólo a Carlos Salinas de Gortari y porque nunca se encontró a gusto en México, se fugó al país del Norte que tanto ama. Nunca fue priísta, pero no obstante ser el coordinador de la campaña de Colosio, tras su homicidio, nunca fue a Lomas Taurinas, al tener como espía a un cómplice que le notificaba, minuto a minuto el desenlace del asesinato del sonorense, y al que luego hizo gobernador de Oaxaca, como premio.

Suponía Zedillo que sus omisiones en Acteal, El Charco y Aguas Blancas estaban olvidadas y en la impunidad. Y resulta que, domiciliado en Connecticut, ha sido demandado en la Corte de esa entidad por familiares de los 45 indígenas asesinados por la espalda, cuando hincados rezaban en su iglesia, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, que buscaba exterminar a los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En nuestro presidencialismo plagado de abusos, corrupción y decisiones a la luz de que “el poder es el poder de matar”, se han perpetrado homicidios individuales y colectivos cuando menos desde el porfirismo, acentuados desde el matón y alcohólico (como en los filmes: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia) Victoriano Huerta y luego de Venustiano Carranza hasta hoy.

Así que los 45 indígenas que mataron en Acteal, cuando el hoy peñanietista Emilio Chuayffet dijo ignorar porque había ingerido “algunos chincholes”, tiene el tufo de haber sido ordenado desde los pasillos zedillistas (como el homicidio de Colosio y otros tantos, desde los corredores del poder salinista).

Diez familiares de esas víctimas, con pruebas (pues de otra forma el despacho de abogados estadunidenses no lo llevaría a cabo), han acusado al hipócrita Zedillo como autor intelectual de esa masacre. Y ya es hora que un alto funcionario sea llevado ante los tribunales, como lo será Felipe Calderón por el abuso de poder militar y policiaco, con el que ha atropellado a mexicanos que nada tienen que ver con la delincuencia.

Zedillo, su entonces procurador (Jorge Madrazo) y su todavía hoy, secretario particular Liébano Sáenz, deben ser presentados por su participación en esa matanza. Zedillo debe responder por los actos y omisiones que repitieron tales exterminios, también en Aguas Blancas y El Charco.

¿Togas o sotanas en la Suprema Corte?

Autor: Álvaro Cepeda Neri *	Sección: Conjeturas

De los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuya doble función de tribunal de última instancia y Tribunal Constitucional ha de ser dividido o seguirán los abusos), Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Pardo Rebolledo y Margarita Luna Ramos decidieron salvar sus almas antes que otorgar plenos derechos a todas las mujeres, condenándolas a los abortos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas y encarcelándolas porque tomen una decisión que choca con el machismo y traición de éstos, que creyeron hablar con Dios porque el papa les dijo que si no querían ir al infierno, atendieran al dúo Calderón-Zavala en Los Pinos, para que una vez fecundado el óvulo, las mujeres no tengan más opción que parir, o ser llevadas a la nueva Inquisición de panistas y priístas que han implantado en 22 entidades, la sanción medieval de encarcelamiento para aquellas que interrumpan su embarazo.

Los cuatro ministros de horca y cuchillo, llegaron a la sesión con sotana (en lugar de toga, prenda que usaban los romanos, para ceremonias actualmente judiciales y académicas) y la ministra como monja de la Inquisición, para interpretar la Constitución y sus leyes (pasaron por alto las disposiciones del Código Civil federal, rezando de espalda a las conquistas universales de los derechos humanos).

Y antidemocrática, antimédicamente y con sobradas estupideces quedaron bien con su confesor para recibir la bendición papal que les prometió el cielo si mutilaban los derechos de las mujeres. Al decidir que sí deben ser apedreadas, lanzaron la primera igual que los gobernantes que azotan mujeres que conducen automóviles o se quitan el velo, al anteponer sus creencias metafísicas a la racionalidad.

Se necesita un Tribunal Constitucional (consultar el brillante ensayo del político y filósofo Hans Kelsen: ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Tecnos), para que los ministros de la Suprema Corte dejen de ser jueces y parte, y sus interpretaciones sean hechas siempre con democracia. Por esto, se debe de separar la función de jefe de Gobierno y jefe de Estado del presidente de la República o disminuirla al nombrar un jefe de gabinete, responsable ante el Congreso de la Unión.

Mientras tanto la Suprema Corte de esos cuatro ministros sentó un precedente contra las mujeres al negarles el derecho de decidir sobre su embarazo. Las que en esos 22 entidades quieran interrumpirlo, recurrirán al clandestinaje médico al exponer sus vidas y serán encarceladas.

Enloquecida la ministra Luna Ramos justificó su embestida como si tuviera la verdad absoluta; no puso por delante su deber de interpretar la constitucionalidad para otorgar, sin discriminaciones, el derecho a que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Dejándolas en la indefensión y sin la última palabra “para decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.

Los que hablaron con el papa y se pusieron de acuerdo con la pareja Felipe Calderón y Margarita Zavala pisotearon ese derecho, al discriminar a las mujeres por motivos de género, prohibido constitucionalmente. Los cuatro deberían ser llevados a juicio político.

*Periodista