El sendero de la protesta
Marcha fúnebre de #YoSoy132 contra fallo del TEPJF.
Foto: Benjamín Flores.
Foto: Benjamín Flores.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El problema principal con la democracia mexicana no
es que algunos actores políticos no “acepten su derrota”, sino que demasiados
aceptan la impunidad y la complicidad como algo normal y cotidiano. La debilidad
más importante de la cultura política del país no es la supuesta ausencia de una
“cultura de la legalidad”, sino una obediencia y respeto exagerados a los
dictados de la autoridad. El presidente del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Pedro Joaquín Coldwell, ha pedido “darle vuelta a la hoja” de la
impugnación de la elección de Enrique Peña Nieto. Pero los ciudadanos deberíamos
hacer todo lo contrario si esperamos tener impacto en la agenda nacional durante
el próximo sexenio.
Décadas de dominio de un régimen de partido de Estado comandado por el
presidente de la República han inculcado una profunda admiración hacia la figura
presidencial entre los mexicanos. A diferencia de otros países en América
Latina, en México la tasa de aprobación para quien ostenta la banda presidencial
pocas veces baja de 50%, aun en los momentos más difíciles. Esto contrasta con
tasas que llegan a ser incluso menores a 30% en muchas naciones centroamericanas
y de Sudamérica. Ni siquiera los desastrosos sexenios de Vicente Fox y Felipe
Calderón rompieron con esta tendencia histórica.
Pero esta situación podría cambiar, y para bien, en caso de que Peña Nieto
llegue a Los Pinos. Los cuestionamientos hacia su persona y su elección son
mucho más fuertes que los de 2006 con respecto a Felipe Calderón. Hace seis años
Calderón hizo pactos inconfesables con dirigentes políticos y sociales como Elba
Esther Gordillo, así como con el Consejo Coordinador Empresarial, y evidenció su
falta de respeto por los principios más básicos de la democracia y la
transparencia al rechazar la posibilidad de un recuento generalizado de la
votación.
Pero hoy únicamente 37% de la población cree que Peña Nieto haya “ganado
limpiamente”, de acuerdo con la encuesta más reciente de Covarrubias. La compra
de votos, el sesgo mediático y la triangulación de recursos de procedencia
desconocida hacia su campaña son innegables. Es también más complicado lidiar
con un movimiento social autónomo y descentralizado como #YoSoy132 y la
Convención Nacional Contra la Imposición que con un movimiento político que
sigue las indicaciones de su líder.
En 2006, el cuestionamiento de la legitimidad de la elección y del gobierno
de Calderón fue a todas luces justificado, y además rindió frutos políticos muy
importantes. Si no fuera por las protestas, muy difícilmente hubiera sido tan
productivo el Congreso de la Unión durante el último sexenio con la aprobación
de una serie de reformas constitucionales históricas en las materias electoral,
de transparencia, rendición de cuentas, justicia penal, derechos humanos y
amparo, entre otras. Los legisladores solamente actúan cuando la presión social
los obliga a hacerlo, en aras de recuperar su legitimidad cuestionada.
También debemos al movimiento de Andrés Manuel López Obrador el despido
anticipado del fallido Consejo General del IFE encabezado por Luis Carlos
Ugalde, y el freno al intento de privatización de Pemex impulsado por Calderón.
Recordemos que la histórica reforma electoral de 1996 también fue resultado
directo de la movilización social encarnada en el levantamiento del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994.
Ahora bien, en un principio parecía que la decisión de López Obrador de
confrontar en lugar de negociar con el régimen le iba a costar muy caro
políticamente. Los voceros del régimen insistían en que este tipo de actitudes
alejarían a la “clase media” y a los votantes “moderados”. Sin embargo, fueron
precisamente los sectores más dinámicos de la sociedad los que apoyaron a López
Obrador con mayor fuerza en esta ocasión.
Por ejemplo, de acuerdo con el periódico Reforma, los votantes
“independientes”, aquellos con educación media superior o superior y los que
buscaban un “cambio” o un gobierno “más honesto”, votaron de manera contundente
a favor de López Obrador. En contraste, el apoyo más fuerte para Peña Nieto fue
en las zonas rurales y entre los votantes con solamente educación primaria o
mayores de 50 años de edad. Conforme se “modernice” la sociedad
demográficamente, crecerán tanto el apoyo para la izquierda como las críticas
hacia el PRI.
Es falso que una candidatura de Marcelo Ebrard hubiera podido conseguir más
apoyo que López Obrador. Al contrario, sin el tabasqueño en la carrera, la
campaña hubiera generado mucho menos interés y una participación ciudadana
menor, algo que hubiera beneficiado de manera importante al PRI. Asimismo, el
hecho de que Miguel Ángel Mancera recibiera un mayor porcentaje que López
Obrador en el Distrito Federal no es un indicador de que hubo un voto de castigo
en contra del candidato presidencial en la capital. Al contrario, el margen de
victoria de Mancera se amplió precisamente gracias al enorme interés en salir a
votar con motivo de la elección presidencial. El exprocurador capitalino también
se benefició de la gran debilidad de sus contrincantes, Beatriz Paredes e Isabel
Miranda de Wallace, rivales mucho menos relevantes que Peña Nieto y Vázquez
Mota.
Así como todas las instituciones nacionales e internacionales (IFE, TEPJF, la
SCJN y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) se negaron a permitir que
los ciudadanos pudiéramos tener acceso a las boletas electorales utilizadas en
2006, lo más probable es que en esta ocasión las instituciones tampoco funcionen
para esclarecer lo que realmente pasó en 2012. Y del mismo modo en que todavía
no sabemos exactamente cómo y por qué se murieron Juan Camilo Mouriño y
Francisco Blake Mora, tampoco tendremos claridad sobre los ríos de dinero
utilizados en la campaña de Peña Nieto.
Ante la continuidad del vacío institucional y del incumplimiento
constitucional, la única estrategia efectiva sería seguir por el sendero de la
protesta. La confirmación por el TEPJF de la imposición de Peña Nieto es
efectivamente una “derrota” que las fuerzas democráticas tendrán que asumir,
pero también es una gran oportunidad para redoblar la lucha en contra de la
corrupción, la impunidad y la manipulación, simplemente inaceptables en un país
que busca avanzar por el sendero de la paz.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter : @JohnMAckerman
Calderón, “otro traidor”
Calderon y Vázquez Mota. Los viejos tiempos.
Foto: Benjamín Flores.
Foto: Benjamín Flores.
MÉXICO, D.F. (apro).- La especie se incubó a lo largo de la campaña y generó
certeza la noche de la elección, el 1 de julio, cuando apareció en televisión
radiante ante la derrota de Josefina Vázquez Mota y obsequioso con el priista
Enrique Peña Nieto: Felipe Calderón traicionó al Partido Acción Nacional
(PAN).
La propia Vázquez Mota expresó, en las horas y días que siguieron a la
derrota, que Calderón la traicionó, lo mismo que gobernadores panistas, y esa es
una de las razones por las que se autoexilió durante casi dos meses, lapso en el
que decidió ya no encabezarla Coordinaciónde Acción Política del PAN que le
ofreció Gustavo Madero.
Apenas bajó del avión que la trajo de Europa, el jueves 30 -justo cuando el
Tribunal Electoral desechó todas las impugnaciones contra Peña Nieto-, comenzó
una serie de reuniones con algunos de sus colaboradores, les confió su
alejamiento del PAN y ratificó que se refugiará en Ola Ciudadana, una
organización con perfil ciudadano.
La ausencia de Vázquez Mota en el acto de despedida de Calderón, en el
Palacio Nacional, este lunes 3, fue elocuente, aunque sí asistió, por la noche,
al homenaje luctuoso a Roberto González Barrera, uno de sus mecenas, sin hacer
declaraciones. “Ahora no se trata de dar declaraciones, vengo a acompañar a un
buen amigo”, aclaró.
-¿El de la mañana no es su amigo?
-No he dicho nada –se escabulló.
El trato dado a la candidata del PAN y el dispensado a Peña Nieto, que desde
el 1 de julio se ha traducido en reuniones secretas y el ocultamiento de
conductas presuntamente delincuenciales con las que el priista financió su
campaña y la operación electoral, ha hecho que muchos panistas -cada vez más-
tengan la convicción de que Calderón actuó por lo menos con la misma deslealtad
con su partido que Vicente Fox.
En el equipo de Vázquez Mota se midió el impacto electoral que tuvieron en la
campaña dos pronunciamientos de Fox a favor de Peña Nieto: El primero, el 11 de
abril, hizo perder 4 puntos a la panista y, el segundo, el 4 de junio -a casi un
mes de la elección-, cuando llamó a “cerrar filas” con el priista, la pérdida
fue de otros dos.
En el caso de Calderón, quien tomó como una afrenta que obligaba a venganza
el triunfo de Vázquez Mota sobre Ernesto Cordero, el socavamiento no fue medido
demoscópicamente -por lo menos no en el equipo de campaña-, pero existen
evidencias políticas de cómo no sólo no hubo apoyo a la candidata -legalmente,
claro-, sino cómo avaló “una contracampaña” que implicaba, por ejemplo, darles
línea a opinadores para hablar mal de ella.
Todo esto lo hacía Alejandra Sota –quien ya garantizó su empleo futuro en
Televisa— con el conocimiento pleno de Calderón, quien la nombró además su
principal interlocutora ante el propio Peña Nieto, en asuntos que pavimentaban
un contubernio para intercambios de impunidad e inmunidad transexenal.
De hecho, opinan prominentes panistas, el escándalo sobre la “refundación” o
“reestructuración” del PAN es, en realidad, una cortina de humo para ocultar
justamente los arreglos entre Calderón y Peña Nieto, quien pudo cometer todas
las fechorías que quiso, entre ellas el lavado de dinero para comprar votos, con
la garantía de que las evidencias están perfectamente resguardadas.
La traición de Calderón al PAN no es nueva y, de hecho, se inició tras la
elección de 2006 cuando el PRI le garantizó no sólo la toma de posesión, sino la
permanencia en el cargo todo el sexenio, a cambio no sólo de regresarle el poder
en 2012, sino evitar tocar en lo más mínimo los fundamentos del régimen político
cimentado en la corrupción y la impunidad.
Por eso no fue capaz de molestar a ninguno de los gobernadores ni
exgobernadores priistas, aun los más sátrapas como Ulises Ruiz de Oaxaca y Mario
Marín de Puebla. De hecho, en este último estado los propios panistas
presentaron evidencias de cómo Calderón toleró todo tipo de atropellos de los
priistas.
“El gobernador actuó con toda impunidad porque sabemos que hay un pacto”, me
dijo, en 2007, el entonces diputado federal Alfonso Bello Pérez, quien aseguró
que esto se denunció inútilmente a los entonces jefe dela Oficinadela
Presidencia, Juan Camilo Mouriño, y secretario de Gobernación, Francisco Ramírez
Acuña. “El gobierno le dio a Marín impunidad para dejarle las manos libres.”
Pero una evidencia incontrovertible fue el pacto, que pretendía secreto, para
que el PAN no hiciera alianza con el PRD en el Estado de México, en 2010, y que
fue operado por César Nava, por Calderón y Luis Nava Miranda, el hombre de mayor
confianza de Peña Nieto –antes y ahora–, con Fernando Gómez Mont como
testigo.
La elección de este año sólo ratificó el contubernio de Calderón con Peña
que, si agravia a los panistas, ofende sobre todo a todos los mexicanos, porque,
en su complicidad para ser intocable, ha dejado impunes actuaciones criminales
que sólo profundizarán el deterioro social de México.
En la agonía de su infecunda gestión sexenal, con una costosa megalomanía,
Calderón es, en efecto, un traidor a la democracia, como Fox, a quien detesta y
a quienes Peña unió en torno suyo, quizá por ser políticos sin luces y sin
escrúpulos…
La cultura o la banalización
Consuelo Saizar y Felipe Calderón. Desastre
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
Dentro de escasos días la nueva legislatura federal asumirá sus funciones, y
dentro de escasos tres meses una nueva administración del Poder Ejecutivo hará
lo propio, cuestión que formalmente habrá de clarificar pronto el Tribunal
Federal Electoral; es decir, se acercan tiempos novedosos, aunque a ciencia
cierta no necesariamente pueden significar tiempos mejores, a pesar de que
anhelemos que así sean.
Debo afirmar que por lo menos los 12 últimos años
han sido de pesadilla para el ámbito cultural, particularmente para las
instituciones que conforman este subsector a nivel federal. Engaños, acuerdos
tramposos, ocurrencias, violación a las legislaciones, permisos y autorizaciones
demenciales, implementación de proyectos que han lesionado terriblemente el
funcionamiento de las instituciones. Pero también es verdad que una serie de
presiones financieras, de orden político e ideológico y hasta de seguridad
nacional expresado en la violencia, han ocasionado que cada día los problemas a
los que se enfrentan nuestras instituciones sean cada vez más complejos y esto
signifique un desafío para las mismas.
En estos últimos años, sin embargo, la particularidad en el ejercicio de la
función pública en diversos ámbitos ha sido la mediocridad, la ignorancia, la
arrogancia y hasta la patanería de los funcionarios advenedizos nombrados para
dirigir las instituciones y, lo que es peor, en varios casos violando las leyes
que establecen perfiles para el nombramiento de los mismos.
Es realmente increíble, a pesar de los escándalos de la Estela de Luz, de lo
sucedido en el proyecto de Luz y Sonido en la Zona de Monumentos Arqueológicos
de Teotihuacan y los miles de agujeros en una de las pirámides, de los permisos
para conciertos en monumentos históricos y arqueológicos, el enorme problema de
la Presa Temacapulín, de Teposcolula y Coixtlahuaca, estemos viviendo nuevos
escándalos en Puebla y Michoacán, concretamente en los Fuertes de Guadalupe y
Loreto y en el sitio arqueológico de Tzintzuntzan, respectivamente, derivados de
quién sabe qué intereses de la autoridad central del INAH, que de manera
irresponsable ha convertido a esa institución en una oficina de trámite para el
comercio, la privatización y el espectáculo de facto de bienes de dominio
público, como son nuestros monumentos arqueológicos e históricos.
Pero aún peor resulta la indiferencia de los secretarios de Educación
Pública, quienes por cierto desde hace ya varios años pretenden desentenderse de
sus atribuciones-obligaciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y su Reglamento Interior, que le competen en esta materia,
dejando que de hecho y derecho (mediante dos acuerdos, uno de ellos el 151, más
lesivo e incluso ilegal, por la manera como se ha ejercido) el Conaculta se
convierta en una secretaría de Estado y ahora peor, cuando en un reciente
Acuerdo de la SEP se ha establecido claramente que dicho Consejo es Cabeza del
subsector cultura y arte, haciendo de dicho subsector un imperio del presidente
en turno de dicha institución.
Indignante resulta cómo han invertido el funcionamiento de las instituciones
convirtiendo a la administración en el elemento que predomina por encima de las
funciones sustantivas de las dependencias que conforman el subsector cultura, lo
que ha derivado en una mayor burocratización, malos tratos a sus trabajadores y
a las personas en general. Unos de esos perjudicados han sido los académicos
investigadores, quienes tienen que someterse a requisitos insospechados para
poder obtener ya ni siquiera una apoyo para presentar ponencias o dar
conferencias en otras latitudes, sino hasta para conseguir un simple permiso de
salida. Evidentemente esto ha significado que el conocimiento, experiencia y
criterio académico estén prácticamente ausentes de las decisiones de los
funcionarios cuando autorizan obras o dan permisos; o en el caso de asignación
de recursos provenientes de los Fondos, que estos criterios académicos estén
ausentes y a muchos creadores se les margine discrecionalmente de tales apoyos y
ya no digamos el enorme descuido de archivos y bibliotecas, entre otros
campos.
Pero en honor a la justicia, también habría que decir que se ha vuelto
prácticamente estructural el problema de una desconfianza y suspicacia mutua
entre autoridades y trabajadores, lo cual ha impedido construir espacios de
diálogo y entendimiento, sin que esto justifique el actuar autoritario de
ciertos directivos por encima de las disposiciones normativas que regulan las
instituciones.
Por otra parte, el papel de los legisladores ha sido igual de lamentable:
cada legislatura es un caudal de iniciativas de ley o de reformas de leyes cuyo
origen real se desconoce; quizás eso explica por qué están llenas de ocurrencias
y únicamente han logrado confrontar aún más a esta comunidad. No se sabe
realmente quiénes los asesoran, cómo construyen sus propuestas, cuánto gastan o
pagan por cada proyecto de ley; forman “consejos o comisiones” a modo,
marginando a sus críticos; sus decisiones en diversas ocasiones se someten a
intereses de determinado funcionario del ejecutivo o de algún grupo de interés
particular, por lo que el actuar autónomo del Poder Legislativo queda en
entredicho pues realmente no hay una mínima técnica legislativa.
Cada legislatura que llega es realmente incierta, pues para empezar la
conformación de las comisiones de Cultura se da con personajes que poco o nada
saben del tema, mucho menos de la problemática que se vive, realmente son
premios de consolación para quienes no logran nada en otras comisiones. Aún así,
piensan que vienen a inventar el hilo negro cuando lo que hacen es copiar de
manera mecánica modelos “internacionales” que únicamente han complicado la
aplicación de nuestro marco jurídico en un deliberado sometimiento a organismos
multinacionales, perdiendo así la oportunidad de aprender de otras experiencias
pero de manera razonada.
Me parece que, en buena medida, la lucha que libran en estos momentos los
académicos del INAH, al igual que los trabajadores de la Escuela Superior de
Música y del INBA, entre otros sectores sociales, en defensa de nuestros
monumentos nacionales, de orden e interés público, es reflejo de toda esta
descomposición institucional que expresa claramente cómo ciertas cúpulas de la
autoridad han seguido sus propios intereses, olvidándose de los fines por los
que fueron creadas nuestras instituciones y también del Estado de derecho, salvo
cuando se trata de perseguir judicialmente a sus trabajadores.
Esta debacle institucional no debe continuar, el próximo gobierno, así como
la próxima legislatura, deben entender que llegan ahí para atender demandas
sociales y hacer prevalecer el interés público sobre el privado, no para hacer
su voluntad propia. Deben entender que las instituciones, la historia y las
culturas de este país merecen respeto y se los exigimos. Es urgente que sus
consultores sean las propias instituciones públicas, quienes se dedican a la
investigación académica en dichas materias, y trabajadores que han dejado su
vida en ellas, sin dejar de escuchar voces críticas de organismos no
gubernamentales y de carácter internacional en igualdad de circunstancias.
El Estado no puede desentenderse de este campo educativo-cultural, de lo
contrario corremos el riesgo de convertirlo todo en espectáculo y banalidad, lo
cual sería grave y lamentable para los niños y jóvenes que ahora se forman y que
ante la ausencia de un futuro que les ofrezca su gobierno optan por formar parte
de organizaciones criminales. Por ello el Estado debe tener una idea clara de su
política en este campo, definiendo qué lugar ocuparán “la cultura” y la
educación en el proyecto nacional.
Finalmente deben entender que la solución de esta multiplicidad de problemas
forma parte de un proceso de reconstrucción de nuestras instituciones, que
empieza por nombrar gente capaz al frente de las mismas, de devolverle el lugar
que les corresponde en la educación y formación de los ciudadanos, de preguntar
y asesorarse correctamente, por lo que dicho proceso no tiene por qué apegarse
ni a los tiempos políticos ni a intereses particulares de individuos, de
partidos o de administraciones, que es lo que ha prevalecido.
Mientras no haya un conocimiento real y claro de la problemática, cometerán
los mismos errores y por ende todo aquello visto como logro (léase el aumento
presupuestal, etcétera) pierde relevancia ante esta cadena perversa que no se
rompe; en sus manos está pues el reencauzar el rumbo de la actividad cultural,
por lo menos lo que corresponde al gobierno y sus instituciones en el país.
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