El caduco sistema político y electoral debe ser renovado
Salinas de Gortari creó el Instituto Federal Electoral en 1990 y, en 1993, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego del patético fraude de 1988 para intentar limpiar la cara al sistema electoral mexicano y modernizar la operación del fraude electoral a favor del Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional (PRIAN) y en contra de los intereses de nuestro pueblo, y para consumar el bipartidismo que impulsa Washington para México. La dictadura de las grandes corporaciones a través de solamente un partido ya no funcionaba, el PRI-gobierno estaba agotado, así que se ejecutó el modelo clásico de la “democracia estadunidense” con dos partidos alternándose en el poder, para servir a un solo amo: el gran capital.
Es más fácil controlar a siete personas que a 500. Antes era el Congreso de la Unión el que calificaba la elección presidencial, ahora es el Tribunal Electoral. A los siete magistrados del Tribunal los nombra la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos ministros, a su vez, son nombrados también por los senadores a propuesta del presidente de la República. Por tanto, son decisiones de las cúpulas del PRIAN las que permiten nombrar como magistrados únicamente a los incondicionales de la mafia en el poder.
El Tribunal Electoral es un órgano que sirve a la cúpula del poder. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron modificados los Artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 94, 99 y100 en la época de los gobiernos priístas de Salinas y Zedillo para quitar a la Suprema Corte la facultad de hacer justicia ante un fraude electoral y darle al Tribunal el ejercicio supremo del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, quitándole además al Congreso la función de calificar la elección presidencial. Así se garantizan las imposiciones y fraudes del PRIAN, dándole además una apariencia “legal”, “democrática” y “moderna” a lo que es un verdadero cochinero.
La acción del Instituto Federal Electoral (IFE) es un preludio de lo que en estos días resolverá el Tribunal Electoral. Mientras que por una parte sanciona el IFE con más de 8 millones a los partidos del Movimiento Progresista (Partido de la Revolución Democrática, PRD; Partido del Trabajo, PT, y Movimiento Ciudadano) por supuestas irregularidades en las precampañas, al PRI le aplica una ridícula multa de tan sólo 6 mil 233 pesos. El IFE no oculta su parcialidad en la aplicación de sanciones, no duda en defender a los delincuentes electorales, ni en castigar a los que denuncian los delitos y están del lado de la ley. Hasta ahora ha desestimado las pruebas y dará su resolución hasta después de la calificación presidencial. A la asociación Amigos de Fox la penalizaron tres años después de los hechos.
Peña Nieto pudo hacer una campaña durante años, pagada por el erario mexicano, lo que ha sido ampliamente documentado por el diario The Guardian. Y el IFE no vio nada. Los gastos de por lo menos 4 mil 500 millones de pesos, que excedieron más de 10 veces el tope de campaña, que es de 366 millones de pesos… y el IFE no detectó nada. Tampoco vio los 4 mil espectaculares de Peña Nieto. Se compraron millones de votos con tarjetas Monex, Soriana y telefónicas, sin consecuencias para los delincuentes electorales.
Pretextos no han faltado, pero es claro que el IFE debe realizar investigaciones exhaustivas sobre los secretos, incluidos el fiscal y el bancario. Es su responsabilidad. Debe contar con reportes de todos los gastos, y está prohibido hacer gastos sin soporte. Sin embargo los consejeros del IFE se “desentendieron” de su deber.
También la propaganda electoral en los medios está reglamentada y está prohibido que otras personas hagan campaña de manera encubierta y sin embargo vimos cómo a través de entrevistas, comentarios de espectáculos, reportes de encuestas y opiniones de analistas, se hizo una campaña descarada a favor de Peña Nieto durante años sin que el IFE lo haya tomado en cuenta.
El IFE es la autoridad para impedir la propaganda ilegal, la compra de votos, el ingreso de recursos ilícitos en las campañas y para castigar e impedir transgresiones administrativas y penales, pero patéticamente se ha declarado inepto para resolver los problemas que son de su directa responsabilidad y no sólo no investiga, sino que cierra los ojos ante las evidencias. El IFE tiene el deber y las facultades formales de investigación. Pero no cumple con su deber. Esto es así porque la función de los nueve consejeros, que fueron electos por las cúpulas del PRI y el PAN en la cámara de diputados, es la de operar el fraude electoral a favor del PRIAN y no evitarlo.
Hay todo un aparato montado para salvaguardar los intereses de la oligarquía proyanqui, de su gobierno bipartidista y para evitar que otro proyecto destruya su dominación. El IFE y el Tribunal Electoral son parte de éste aparato. Grandes intereses están en juego.
En los últimos meses de la campaña 2012 se desarrolló un Proyecto Alternativo de Nación capaz de romper con la subordinación al imperio yanqui y los intereses de las grandes corporaciones, y de garantizar la plena soberanía nacional, porque sólo rompiendo con el dominio de la oligarquía y su gobierno bipartidista (PRI-PAN) podremos lograr la liberación de México y su desarrollo económico, político, social y cultural.
El pueblo soberano es quien debe decidir el rumbo de la nación, y elegir al gobierno que responda a los intereses populares, ello requiere de un sistema democrático que sea expresión de la voluntad popular. Para derrotar al PRIAN apoyamos en las elecciones de 2012 a Andrés Manuel López Obrador, pero una vez más (como en 1988y 2006) hicieron fraude para imponer al candidato del PRI. Hoy exigimos invalidar las elecciones, lo que es un paso, pero en nuevas elecciones, dado el sistema electoral actual, persistiría el problema. Es necesario, junto con la invalidación, impulsar la demanda de la renovación democrática que lleve a un nuevo sistema político y electoral en el que se garantice que se ejerza la voluntad popular. Analizando los vicios del sistema actual y cómo opera a favor del PRIAN y la oligarquía proyanqui, es menester plantear las soluciones requeridas para garantizar elecciones libres y auténticas, así como equidad y limpieza en los procesos.
Es preciso detectar los factores que invalidan la elección libre, auténtica y equitativa y proponer las medidas para establecer la democracia genuina en interés del pueblo. Prohibir guerra sucia, anuncios, regalos, promesas sin sustento. Es necesario encontrar las propuestas de solución para que éstas se conviertan en una exigencia popular, con la certeza de que sólo la amplia movilización activa de millones de mexicanos en todo el país puede hacer triunfar la voluntad popular.
Estamos en pleno siglo XXI y necesitamos una democracia moderna que garantice la soberanía. Es hora de la transformación profunda que necesita México. Vamos a organizarnos para encontrar la salida y a impulsar la resistencia unificada, un frente que lleve a que el pueblo tenga el poder y en sus representantes democráticamente electos.
Para ello necesitamos analizar el mecanismo que emplea la mafia con el que las cúpulas secuestran el poder de decisión, y proponer soluciones a este problema que lleve a candidaturas auténticamente populares, campañas equitativas, elección no sólo de representantes sino de proyectos y el necesario control sobre los representantes populares ya en el poder.
La “democracia al estilo estadunidense” es una falsa democracia. Necesitamos un sistema político y electoral que lleve a la renovación democrática: que la decisión recaiga en manos de los electores para que el pueblo mande. Que el futuro rumbo del país se decida democráticamente.
*Politólogo y urbanista; vocero del Congreso de la Soberanía y dirigente de Mexteki
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Fuente: Contralínea 300 / Septiembre de 2012
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