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Embajadas de EU: trasfondo de los ataques

A dos días del ataque al consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, en el que fue asesinado el embajador Christopher Stevens, las agresiones contra sedes diplomáticas de Washington continuaron ayer en Yemen, con un saldo con cuatro muertos, y en Egipto, donde varias personas resultaron heridas. Otras confrontaciones menores ocurrieron en Bagdad y Túnez, en tanto que en Teherán hubo una manifestación frente a la embajada suiza, que representa los intereses estadunidenses en Irán.

 

La violencia contra las embajadas de Estados Unidos en el mundo islámico es condenable e indeseable por cuanto amenaza la inmunidad de las representaciones diplomáticas en el mundo y se erige, en consecuencia, en un factor de peligro para el de por sí frágil orden internacional.

Aunque el detonador de este fenómeno fue la divulgación de un video en que se denigra al profeta Mahoma –producido en Estados Unidos por particulares–, en las expresiones de encono antiestadunidense convergen factores mucho más profundos y diversos que un simple acto de provocación al islam y sus seguidores.

El primero de ellos es la doble moral del gobierno de Washington en su trato hacia los diversos fundamentalismos: en contraste con las voces de condena formuladas por la Casa Blanca en contra del integrismo islámico, ese gobierno se ha caracterizado por su benevolencia hacia el judaísmo ultraortodoxo, que mantiene una amplia influencia en el diseño y aplicación de la política belicista de Israel, la cual representa una amenaza para la paz en Medio Oriente y en el mundo. La propia superpotencia estuvo gobernada hasta hace no mucho por un presidente –George W. Bush– cuyo pensamiento, enraizado en un integrismo cristiano de extrema derecha, llevó al mundo a grados superlativos de violencia, inseguridad y degradación humana, de la cual no se ha recuperado aún.
 

Por otra parte, la proliferación de organizaciones fundamentalistas islámicas como las que podrían estar detrás del ataque a la embajada estadunidense en Bengasi, es consecuencia del colapso de alternativas laicas como las que representaron el partido panarabista Baaz y los regímenes surgidos de los procesos de liberación nacional de los años 60 y 70 del siglo pasado, colapso que se explica tanto por la acción de movimientos locales de descontento, como por la intromisión diplomática y militar de Estados Unidos.

 

Un tercer elemento para comprender esta oleada de actos hostiles es la persistencia de una política exterior agresiva, injerencista, belicista y depredadora de Washington, que se acentuó durante los gobiernos del propio George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001: luego de esos hechos, y con el pretexto de hacer justicia para las víctimas, el político texano embarcó a su país en una cruzada –es decir, en una agresión del occidente cristiano contra el oriente islámico– que se saldó con la devastación de dos naciones –Irak y Afganistán– y con una multiplicación de la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos en el mundo.

Por elemental congruencia, las condenas internacionales que hoy se formulan en contra de los ataques a las embajadas estadunidenses tendrían que ir acompañadas de un reclamo para que Washington corrija las actitudes e inercias que han derivado en la configuración de ese clima de violencia y barbarie.

 

Neoliberalismo, pobreza y hambre en España

Marcos Roitman Rosenmann

 

Las 10 de la noche es la hora habitual de cierre de los supermercados. Mientras las cajeras hacen cuentas, otros empleados pasan revista a los productos que deben ser retirados. Alimentos a punto de caducar y aquellos que, por su deterioro, pierden valor de cambio. Dichas piezas no son destruidas: se entregan a instituciones de beneficencia, bancos de alimentos, albergues o comedores populares. Conceptualizadas como donaciones, constituyen una fuente de abastecimiento de ONG. En España esta actividad nunca desapareció, aunque en los años 60 del siglo pasado fue perdiendo peso. Se constituyó en un aspecto residual que afectaba, mayoritariamente, a quienes, voluntariamente, decidían vivir como vagabundos. Visibles para los servicios sociales y entidades caritativas, no representaban un problema social ni político. La imagen tradicional del vagabundo se completaba con alcohólicos, perturbados mentales y una minoría de excluidos. Personas mayores, solitarias, que pernoctaban en albergues municipales. Sin embargo, era infrecuente verlos en las calles o pidiendo limosna. Se ubicaban en las iglesias y en horario de misa. Por caridad cristiana.

 

A finales del siglo XX, la realidad dio un vuelco. La pobreza urbana no era consecuencia del desajuste estructural de una sociedad que carecía de bienes y servicios o sufría las consecuencias de la migración campo-ciudad. Quienes demandaban servicios sociales de beneficencia eran un sector más heterogéneo. Se incorporaron jóvenes drogadictos, parados de larga duración y una población emigrante, apodada como rumanos gitanos. En los semáforos más congestionados de las grandes ciudades surgían actividades limosneras impensables. Limpiaparabrisas, vendedores de pañuelos, aparcacoches. Más adelante se incorporaron discapacitados físicos, madres con hijos en brazos y menores de edad. A medida que proliferaban, se les achacó ser responsables del aumento de la inseguridad ciudadana. Represión, traslado al extrarradio y cárcel, fue la respuesta. Las Olimpiadas de Barcelona y la Expo Universal de Sevilla en 1992 consagraron la acción represiva. El crecimiento de la marginalidad se definió como un fenómeno pasajero, producto de la inmigración ilegal, de los sin papeles y la drogadicción. En definitiva, pura coyuntura. Ajustar y aplicar leyes restrictivas a la inmigración fue la solución. España era un país pujante, con su economía en crecimiento; no había razón para alarmarse.

Por contraste, los informes socioeconómicos señalaban una realidad diferente. En la última década del siglo XX el paro, la privatización y el cierre de servicios sociales hablaban de un aumento en el número de hogares donde la pobreza crecía y se tornaba crónica. La desigualdad aumentaba, afectando directamente a los hogares cuya renta básica bordaba los límites de la exclusión. Las familias más vulnerables presentaban un cuadro alarmante. Apenas podían hacer frente a las hipotecas. Con sueldos que perdían poder adquisitivo y los efectos de las primeras reformas laborales, se entraba en un callejón sin salida. El neoliberalismo sólo producía desigualdad, pobreza, exclusión y abría la puerta al jinete apocalíptico del hambre. Y lo más sangrante, la pobreza infantil hacía su aparición. El trabajo basura a tiempo parcial agravó la pobreza en las clases populares, y el ingreso de España al euro fue la puntilla. El reajuste generó una inflación encubierta y el nacimiento del sector social llamado mileuristas. Salario insuficiente para cubrir alimentación, vestimenta, casa, educación y ocio. Fue el comienzo del fin de la sociedad de las clases medias y la pauperización de las clases populares.
 

Para encubrir los resultados de una política de exclusión y miseria se potenció el acceso al crédito como forma de mantener el consumo. El endeudamiento familiar creció exponencialmente. Nadie sin tarjeta de crédito. Se ampliaron los plazos de hipotecas de 20 a 40 años, la burbuja inmobiliaria llegaba a su cenit. El paro se mantenía en límites tolerables, y tan contentos. Las luces rojas llevaban encendidas mucho tiempo, pero los responsables políticos de turno, PP o PSOE, atribuyeron su encendido a un fallo en el tablero de mando. El siglo XXI se inició con un España va bien e irá mejor.

 

El hambre no estaba en el horizonte. Pocos pensaban en ver decenas de personas acudiendo día tras día a los contenedores de basura para abastecerse y comer aquello que los supermercados consideran imposible reciclar, ni siquiera donar. Me refiero a los lácteos caducados, frutas pasadas, verduras pochas, pan rancio, carnes donde son visibles las familias bacterianas y los pescados malolientes.

 

Ya no se trata de vagabundos. Los visitantes habituales de los contenedores son padres de familia que han perdido el empleo, la casa, jubilados con pensiones escuálidas e inmigrantes que han perdido todo. Algunos viven en albergues, otros en sus coches y algunos en las plazas y bajo los puentes. Ahora bien, dado que no es de buen gusto ver a ciudadanos despojados de sus derechos acudir a surtirse en la basura y proyectan una mala imagen, algunos ayuntamiento han tomado cartas en el asunto. Girona, gobernado por CiU, ha puesto en funcionamiento una norma que obliga a los supermercados a cerrar con candado sus contenedores, para evitar que sean asaltados, y de paso como medida de sanidad pública. A cambio, con los alimentos caducados sus servicios sociales harán un cesta de urgencia para muertos de hambre.

 

El asalto a supermercados en Andalucía se extiende por España. Hay hambre, no hay empleo y el trabajo precario no es la solución. Las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores, del cual el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, es afiliado, apropiándose de comida para repartirla entre familias que no pueden hacer frente a la alimentación de sus hijos, pone el problema en la agenda política y enfatiza la hipocresía de una elite política que pide la inhabilitación, juicio y cárcel para Sanchez Gordillo. Otra vez, matar al mensajero. ¿No sería mejor tomar nota y cambiar de política?

 

Son las 10 y media de la noche, los contenedores de basura de los supermercados son trasportados de los hangares a la calle, esperan decenas de personas. Miran con ojos expectantes; en su interior está su única comida del día. De forma ordenada y sin precipitarse, con educación, rebuscan en su interior. El neoliberalismo en España y sus responsables políticos han destapado el hedor de su vergüenza.

 

 

Divide y despojarás...

Víctor M. Quintana S.

No hay cerro que se les empine a las compañías extractivas trasnacionales… ni autoridad que las atore. La feria de las empresas mineras y de energías renovables prosigue, con una cuarta parte del territorio nacional concesionado a ellas, lo mismo para perjuicio de los rancheros norteños que de la nación ikojts en el istmo de Tehuantepec. Y seguimos contando…

 

La cuenca del río del Carmen en Chihuahua vuelve a ser noticia. Todavía no se resuelve el problema de las perforaciones y los aprovechamientos ilegales de agua, denunciados y combatidos por los ejidatarios y colonos en contra de un pequeño grupo de menonitas, cuando otro conflicto relacionado con los recursos naturales estalla. La compañía minera Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver, ha llegado desde 2006 a un predio de uso común del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, a 19 kilómetros del centro de población, y ha realizado barrenamientos de exploración por doquier. Sobornaron al presidente del comisariado ejidal anterior y han contratado como trabajadores a un puñado de personas del ejido, a las que les pagan hasta 100 mil pesos. Su proyecto se llama Cinco de Mayo y puede consultarse en el sitio de internet www.magsilver.com, a todo color y en tercera dimensión.

Pero la mayoría de las y los ejidatarios, muy versados en protestas y defensas de sus propiedades familiares y comunitarias, se pusieron a investigar de inmediato. Les dijeron a sus muchachos que se metieran en eso del Internet y que investigaran a la susodicha empresa: resulta que cotiza en bolsa, que les dice a sus accionistas que obtendrá grandes ganancias con la mina que se explotará en las tierras del ejido, que va a obtener cuando menos 230 mil onzas de oro, y miles de toneladas de molibdeno, plata, plomo y zinc, y que va a utilizar los métodos de lixiviación y flotación para procesar los minerales. Con la convicción de que esta mina va a contaminar las pocas corrientes y los muy debilitados acuíferos, la comunidad de Benito Juárez ha empezado a exigir a las autoridades que actúen, pero se ha enfrentado a los asalariados de la mina. En este contexto se dio hace apenas unos días un primer enfrentamiento entre ejidatarios y trabajadores de la mina, quienes agredieron a aquéllos cuando esperaban una visita de los funcionarios de Profepa y Semarnat. Las mujeres y los hombres del ejido no van a ceder en sus demandas y presiones ante el gobierno federal y van a apoyarlos los ejidos y comunidades en un radio de 50 kilómetros, preocupados también por los desechos tóxicos de esta nueva mina a cielo abierto.

Y vaya que la gente del norte de Chihuahua está dispuesta a todo por defender sus tierras y sus aguas. La semana pasada y anteayer, nada menos, detuvieron el ferrocarril en su paso por Villa Ahumada, para presionar a Conagua, que no ha realizado las visitas de inspección ni mucho menos la clausura de pozos ilegales en la cuenca del Santa Clara.
 

Así como pasa en estas desérticas latitudes, sucede por todo el país con las empresas trasnacionales mineras y de energías renovables. A los rancheros de acá, como a la nación ikojts en San Juan del Mar, Oaxaca. Acá quieren sacar metales preciosos; allá, generar energía eólica; en todas partes siembran tempestades. La manera de proceder de estas empresas que tienen concesionado más de medio país parece ya casi un protocolo perverso: detectan una potencial riqueza natural, llegan al sitio, exploran, se aprovechan de la lenidad de las autoridades federales o de la complicidad de éstas y las locales, sobornan a unos cuantos dirigentes y habitantes de la comunidad, la dividen, hacen que se enfrenten quienes la apoyan y quienes la rechazan, explotan, despojan, se enriquecen, se van. Un nuevo fantasma, nada fantasmagórico, recorre nuestro país: el extractivismo, la depredación despiadada de los recursos naturales. Tan sólo entre 2000 y 2010 se extrajo de nuestro país el doble de oro que en tres siglos de colonización española. Agréguese a esto la extracción del oro azul, el más valioso de ahora en adelante: el agua; el aprovechamiento de los recursos genéticos, el uso de los territorios para generar energía eólica. En esta coyuntura histórica de cambio climático y escasez de alimentos, no es posible que los recursos naturales de la nación sigan siendo botín de un puñado de empresas extranjeras en su mayoría.

 

Urgen cambios legales de inmediato. Reformas profundas a la Constitución, a las leyes federales de minería, de aguas, de reforma agraria. Es necesario legislar para obligar a actuar a las dependencias como Semarnat, Conagua y Profepa y dotarlas de dientes afilados y efectivos.

 

Un profundo conocedor de estos asuntos, el doctor Juan Luis Sariego Rodríguez, precisa el contenido de las reformas que urgen: eliminación de los principios de la primacía del uso minero del suelo y del interés público de la actividad extractiva; relación entre empresas y comunidades no sujetas a la discrecionalidad, consulta necesaria a éstas antes de establecer cualquier proyecto; impuestos y regalías de acuerdo con las ganancias de las empresas, en beneficio de las poblaciones afectadas. Y, sobre todo, repensar la prioridad extractivista y el modelo de desarrollo.

 

De lo contrario, las venas de México seguirán abiertas, y por ahí nos sacarán toda la vida.