ASTILLERO- ECONOMIA MORAL- Crónica de una impunidad anunciada

Astillero

Transición de (Familia) Peluche

Obama da línea a EPN

Josefina y los ojos

Voracidad de Sabines

Julio Hernández López

CELEBRACIÓN BLANQUIAZUL. Gustavo Madero, presidente del PAN, y Margarita Zavala, durante la presentación del libro de Luis H. Álvarez (al centro), Corazón indígena: Lucha y esperanza de los pueblos originarios de México, ayer en el auditorio Manuel Gómez Morin del CEN panista

Foto Francisco Olvera

 

Enrique Peña y Felipe Calderón están haciendo cuanto les es posible para dar prueba pública de que se entienden políticamente muy bien y que el traspaso de poder será de terciopelo (o si se prefiere, para dar continuidad a las querencias televisivas tan sabidas del mexiquense, una transición como de Familia Peluche).

 

Ayer, quien va de salida de Los Pinos y quien está por entrar se volvieron a reunir, con notables ánimos escenográficos, para compartir información y diagnósticos sobre el tema clave de la seguridad pública, justo cuando la violencia entre narcotraficantes, y entre éstos y fuerzas militares, marinas, policiacas y agentes estadunidenses, está nuevamente desbordada. La sesión, que en estricto sentido no parecía tener una razón urgente o inevitable para ser realizada, sobre todo si se toma en cuenta que los grupos operativos de la transición ya habían sido pomposamente instalados para atender cada uno de los rubros del caso (¿o ahora habrá encuentro EPN-FC para dar arranque a cada tema?), tuvo más tarde una referencia imperial notable.

 

Resulta que Barack Obama se permitió la ligereza de convertirse en vocero de las decisiones políticas de Peña Nieto, al encomiar la lucha contra el narcotráfico realizada hasta ahora (sin precedente, mencionó, aunque no explicó si esa etiquetación provenía del número de mexicanos muertos, que se cuentan por decenas de miles) pero, sobre todo, al anunciar que esa línea de trabajo conjunto tendrá continuidad con la nueva administración. Cierto es que, visto el asunto conforme a la nueva realidad del traspatio, Obama no tendría por qué atenerse a eventuales arreglos con el nuevo administrador general, Peña Nieto. Tal vez estas cosas del narcotráfico, los paramilitares y la continuidad conforme al interés de Washington se tratan y cierran con el general colombiano Óscar Naranjo, comisionado de EU para tripular el aparato mexicano conforme a las indicaciones foráneas.

 

Por encima de todos esos detalles, el cierre de oro de la primera quincena nupcial entre peñanietismo y calderonismo pretendía darse en el balcón central de Palacio Nacional, a donde el saliente había invitado al entrante para compartir el ceremonial del Grito de Independencia, aunque ya el político de tres colores ha anunciado que no acudirá, como tampoco asistió, habiendo sido igualmente convidado, al ritual de autocomplacencias hecho por el mismo Felipe en el mismo Palacio a cuenta personal y privada de su sexto informe de gobierno.

 

La condición obsequiosa de Calderón respecto a Peña contrasta con la que mantienen algunos panistas respecto al michoacano que lucha por seguir controlando a su partido aun luego de dejar Los Pinos. El senador chihuahuense Javier Corral, por ejemplo, escribió una carta personal en la que lo describe como cobarde y colérico. Corral ha sostenido una larga lucha en defensa del interés nacional en asuntos relacionados con las telecomunicaciones y en especial con las televisoras, de tal manera que ha sido calumniado, marginado y combatido tanto por esos poderes supremos como por quien ha fungido sexenalmente como un complaciente subordinado, el antedicho Calderón.

 

Aun cuando la misiva en que se contienen los calificativos y señalamientos crudamente adversos a Calderón estaba presuntamente destinada a un consumo privado (no solamente entre el remitente y el destinatario sino con copia a 35 senadores panistas ante los cuales FC había atacado a Corral), acabó explicablemente difundida en medios de comunicación y quedó como indeleble prueba del nivel al que han llegado los enconos y las divergencias entre miembros del partido de blanco y azul.

 

Aparte queda la peculiar justificación que Josefina Vázquez Mota hizo saber en virtud de que no estaría anoche en la ceremonia conmemorativa de los 73 años de vida del Partido Acción Nacional. En una suerte de ironía oftalmológica, la fugitiva poselectoral ha esgrimido indicaciones médicas relacionadas con una operación de ojos para no asistir a celebraciones en las que el colérico Calderón (según una parte del doblete aplicado por Corral) no desea verla y si la ve hace como si ella fuera invisible. Esos mismos males de ojos habían sido mencionados para justificar peculiares inasistencias por Margarita Zavala, cuando fungía como una especie de correa de desagravio protocolario entre Felipe ya apalabrado con Enrique y Margarita que quería seguir jugando a la candidata más o menos de verdad. La esposa de Calderón reportó convalecencias ópticas para no acompañar a Josefina en el tramo final de la abandonada campaña diferente e incluso para no ir con ella a votar. Ahora, Vázquez Mota ha sido la afectada por ese mal de ojo.

 

En Chiapas hoy habrán de decidir cuánto tiempo durarán los terribles males que el despilfarrador Juan Sabines pretende enjaretar al estado. Justo el día en que se celebrará que 188 años atrás los chiapanecos decidieron anexarse a México, el congreso local, a unos días de que la actual legislatura termine sus labores, resolverá sobre la propuesta del mencionado gobernador Sabines para crear un fideicomiso para el cierre e inicio de la administración pública estatal (Fidecia) para el cual el angelito llevado al poder en otro de esos experimentos lamentables de aliancismo gatopardista solicita cinco mil millones de pesos a título de fin de fiesta, ni más ni menos que el equivalente a una tercera parte de la actual deuda estatal chiapaneca que fue bastante inflada por ese pésimo gobernante sureño.

 

Aun cuando Sabines invoca al gobierno entrante como presunto beneficiario de su voracidad presupuestal, el equipo del propio Manuel Velasco ha rechazado tal versión, e incluso considera tales maniobras como parte de un proceso en busca de maniatar al siguiente mandatario, cercenando desde ahora la disponibilidad de recursos futuros, pretendiendo imponer funcionarios transexenales y enrareciendo el ambiente político con aires futuristas (el hijo de Roberto Albores como precandidato a la sucesión de un gobierno estatal que aún no inicia). Pobre Anahí.

¡Feliz fin de semana!

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La ropa sucia del PAN-Rocha

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Economía Moral

Nosotros acusamos, documento sobre las mentiras del TEPJF

El TEPJF faltó a su responsabilidad y violó principios básicos del derecho

Julio Boltvinik

A las herramientas que ya teníamos para la nueva etapa de resistencia frente a un gobierno de un presidente impuesto, se ha venido a sumar el texto que da título a esta entrega. Junto con el Libro negro, elecciones 2012 y fraude 2012 conforman tres ágiles documentos que muestran todas las violaciones de Peña Nieto y todo el cinismo y complicidad del IFE y (sobre todo) del TEPJF. El nuevo texto que lleva como subtítulo Las 10 mentiras con las que los magistrados invalidaron la democracia es un alegato centrado en los inverosímiles discursos que pronunciaron los siete magistrados explicando las razones de su voto a favor del dictamen que desechó totalmente las impugnaciones del Movimiento Progresista (MP) y declaró presidente electo a Peña.

 

El documento comienza señalando que el resolutivo aprobado por unanimidad por el TEPJF indica que hubo falta de pruebas e insuficiencia de elementos que acrediten hechos concretos en el juicio de inconformidad del MP. Añade que según los siete magistrados:

 

“No se pudo probar que a través de la entrega de tarjetas para llamadas telefónicas gratuitas, de fondeo de monederos electrónicos, de la entrega de dinero en efectivo y de despensas…se hubiera comprado y coaccionado a los ciudadanos para votar por Enrique Peña Nieto. Los magistrados tampoco admitieron que hubiera exceso de gastos en la campaña del PRI, según afirmaron no se presentaron elementos para probar la existencia de acarreo de votantes ni las llamadas telefónicas y la transmisión de mensajes vía call center, o la operación de halconcitos el día de los comicios. Según ellos las 90 cajas de pruebas que sustentaban el juicio interpuesto por la coalición no tenía nada digno de tomarse en cuenta. Para los jueces bastó que la alianza Compromiso por México negara haber distribuido esos productos para obtener votos y concluyeron “que antes y durante la jornada electoral, prevalecieron las condiciones necesarias para que los electores emitieran su voto de manera libre y razonada”, eso dice textualmente la resolución.

 

Después vienen 10 secciones en los que el documento las 10 mentiras por las que acusa a los siete magistrados. A medida que va uno avanzando en su lectura va aumentando la ira por el cinismo (y bajo nivel analítico) de los magistrados cuyos sueldos son tres o cuatro veces los de los diputados federales. Hacia el final del documento se concluye: “Acusamos a los magistrados del Tribunal de ser cómplices del fraude y omisos en sus obligaciones legales porque renunciaron a su obligación de actuar como tribunal de plena jurisdicción, garante de la Constitución. Porque no vieron ni analizaron ni investigaron como debían, la violación de la Constitución y menos aún el incumplimiento de la Convención Americana de los Derechos Humanos”. Su autor, Francisco Estrada, continúa señalando un punto fundamental:

 

Los acusamos de mentirosos y falaces por decir que la coalición MP no probó nada, por pretender que a nosotros correspondía la carga de la prueba, por recurrir a subterfugios como el de que si no me probaste, no te doy la razón, para eludir su responsabilidad y quedar bien con el PRI y con quien ellos ungieron como ‘Presidente electo’. Son cómplices de la imposición y encubridores del fraude porque ellos saben que el Tribunal tenía facultades legales para dictar medidas que se llaman para mejor proveer y no lo hicieron; es decir, que ellos podían haber investigado, porque el TEPJF tiene plena jurisdicción, pero además porque nadie está obligado a lo imposible” según reza un principio jurídico”.

 

¿A qué se refiere el documento con esta última frase? A que el Tribunal sabía que el MP no podía acceder a la información financiera por el secreto bancario ni a la información de empresas por la reserva fiscal ni a las averiguaciones previas del Ministerio Público por similares razones. Pero el TEPJF (y el IFE) sí tienen acceso a todas esas fuentes. Señala el documento: “En suma, la coalición presentó pruebas que ellos debieron ampliar para salvaguardar no nuestro interés, sino la Constitución. Y simplemente no lo hicieron”. Yo añadiría: no lo hicieron porque no quisieron hacerlo. Orgullosamente omisos. No hay evidencia más contundente al respecto que la fotografía de Carlos Cisneros publicada en primera plana de La Jornada el primero de septiembre y que describe magistralmente José Blanco (La Jornada, 11 de septiembre): El final fue el retorcimiento cuasi orgásmico del cuerpo de Luna Ramos, presidente del tribunal federal electoral, su mirada embelesada y su sonrisa servil, al hacer entrega a EPN de su constancia de presidente electo.

 

El documento continúa: “Acusamos a los siete magistrados del Tribunal de omisiones graves en su responsabilidad, en perjuicio de la República y de todos los ciudadanos, porque delegaron la carga de la prueba a quien demandó y porque resolvieron cuando aún hay asuntos pendientes en el IFE, en la Fepade y en otros tribunales, que pudieran incidir en el balance del juicio”. La suplencia de la queja deficiente es un principio general de derecho que en la Constitución (Art. 107, fracción II) se explícita para juicios de amparo: El juzgador debe completar la demanda y suplir sus deficiencias. Si hacemos un símil con un juicio penal, lo que el TEPJF exigía al MP equivaldría a pedirle a los familiares del asesinado que probaran quien lo asesinó. En nuestro sistema penal es el Ministerio Público el que debe reunir las pruebas (y tiene facultades legales para ello: puede exigir información e interrogar a cualquiera). La Ley que rige al TEPJF (ley de medios de impugnación en materia electoral, artículos 21 y 23), tal como lo señala Estrada, faculta expresamente al TEPJF para “requerir a las autoridades y particulares, candidatos, partidos políticos, etcétera, cualquier elemento o documentación que pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación, así como para llevar a cabo diligencias. Pero no sólo eso: expresamente dice que el TEPJF “deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos”. Nótese (palabra deberá) que la suplencia de la queja no es sólo una facultad, sino una obligación del TEPJF. La irresponsabilidad y la parcialidad del Tribunal llegaron tan lejos que no sólo no suplieron las deficiencias u omisiones, sino que se burlaron del juicio de inconformidad del MP y pusieron condiciones imposibles para aceptar la suficiencia de las pruebas. Descalificaron documentos y testimonios (cuando no los ignoraron que fue en la mayoría de los casos) alegando, por ejemplo, que sólo mostraban que había habido manejo ilegal de dinero o tarjetas telefónicas por parte del PRI, pero no demostraban que el dinero se hubiese usado para comprar votos. Si usted vio salir de una casa donde hubo un asesinato a una persona con la ropa manchada de sangre, ello no basta, usted debe probar que la sangre era del muerto y hacerlo con una prueba de ADN. O bien dicen que los testimonios personales que señalan haber recibido tarjetas Soriana a cambio de votar por el candidato del PRI no prueban que esto haya ocurrido de manera generalizada y explique 5 millones de votos comprados, lo cual es pedir lo imposible. La gráfica muestra que en las casillas especiales AMLO le ganó a EPN por 13 puntos porcentuales. ¿Por qué? ¿Se sintieron libres?

julioboltvinik.org

jbolt@colmex.mx

Circo Hermanos Priani-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Crónica de una impunidad anunciada

Rafael Landerreche*

 

De manera harto similar al falso suspenso que se creó alrededor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su sentencia sobre la elección de Peña Nieto, el asunto del juicio civil contra Zedillo promovido en su tierra de adopción por la masacre de Acteal culminó como era de esperarse: con la respuesta positiva del gobierno de Estados Unidos a la solicitud de inmunidad del gobierno de México. Dios los cría y ellos se juntan, dice la sabiduría popular o, para decirlo en la lengua que prefiere hablar Zedillo, “Birds of a feather fly together”: los pajarracos de plumaje similar se juntan para volar. El plumaje no es otro que el de la impunidad para los crímenes de Estado. Zedillo solicita a Calderón que solicite a Obama que solicite al juez que le conceda inmunidad a Zedillo. Calderón accede, Obama accede y todos felices. Cada uno sabe que al hacerle el favor a Zedillo se lo está haciendo a sí mismo. Calderón sabe que el juicio sería un mal precedente para él. Obama sabe que juzgar a un ex mandatario extranjero en Estados Unidos abriría la puerta a la posibilidad de juzgar a un ex mandatario de Estados Unidos en el extranjero. Hoy por ti, mañana por mí, resume la conmovedora solidaridad intermafiosa de los detentadores del poder.

 

Hablando en estricto rigor jurídico, todavía falta el último eslabón de la cadena, el juez que lleva el caso en Connecticut. Pero la división de poderes que inventó el viejo liberalismo ha sido abolida de facto por el neoliberalismo. Así es que parecería ser un mero trámite burocrático que el juez conceda la tan solicitada inmunidad. Mientras tanto, el doctor Zedillo, director del Centro de Estudios para la Globalización de Yale, experto en desarrollo, receptor de premios internacionales por sus ejemplares contribuciones a la humanidad (sic), ha recuperado la beatífica sonrisa que se le había borrado sin necesidad de cirugía plástica. Ya no tendrá pesadillas por pensar que quizá tenga que pagar 50 millones de dólares en indemnizaciones, ya no sufrirá cada quincena por tener que pagarle los honorarios a sus abogados. Recuperada la calma declara que la acusación en su contra además de falsa es una calumnia. Se supone que calumniar es imputar falsamente un delito, así es que sale sobrando el además, pero tengamos paciencia y comprensión con el galardonado doctor: nadie ha dicho que sus condecoraciones hayan sido por sus conocimientos del español. Sí lo han sido en cambio por sus ejemplares contribuciones a la humanidad y por su probada experiencia en cuestiones de desarrollo, como por ejemplo, mostrar que hay que reprimir a sangre y fuego a quien cuestione sus planes de desarrollo o demostrar cómo se le hace un servicio a la humanidad eliminando mujeres y niños indígenas que tienen la increíble ocurrencia de ponerse a rezar por una paz que no es la paz del imperio, del imperio que lo patrocinó en su presidencia, que lo financia en su exilio dorado y que ahora lo arropa en la impunidad reservada a sus fieles procónsules. ¿Qué tiene que ver un ensangrentado caserío llamado Acteal con las glorias que le rinden, con las suaves palabras que los ricos le susurran al oído, con sus reconocidas aportaciones a la humanidad, reconocidas, naturalmente, por quienes se sienten amos y señores de ella?
 

Existe un interesante precedente al caso del juicio contra Zedillo. En 2001 tres sindicalistas colombianos fueron asesinados por paramilitares al servicio de la empresa minera Drummond. Los familiares de las víctimas (de hecho, una mínima parte de cerca de 70 asesinados por la dupla empresa-paramilitares) llevaron el caso ante una corte de Washington y solicitaron que el ex presidente Álvaro Uribe fuera citado a declarar por lo que sabía de la vinculación entre los paramilitares y las compañías trasnacionales. La Corte de Washington concedió inmunidad a Uribe por su carácter de ex mandatario y así lo eximió de la obligación de presentarse a declarar. Hasta ahí el caso no difiere mucho del de Zedillo, como tampoco difiere mucho éste de Uribe en cuanto a su cercanía con Estados Unidos y a su asociación con el paramilitarismo. Pero en aquel caso los abogados de las víctimas (que no actuaban en el anonimato) apelaron la decisión del juez; argumentaron que contra crímenes de guerra no podía haber inmunidad. A este argumento el juez le sacó la vuelta diciendo que si Uribe hubiera sido acusado de crímenes de guerra, entonces sí tendría que presentarse ante la Corte, pero no si sólo se le citaba como testigo. Obviamente si los jueces actuaran tomando en cuenta la lógica y los precedentes esta sentencia significaría que a Zedillo no se le debía conceder la inmunidad. Pero hace mucho que a estos jueces no les importa un cacahuate ni la lógica ni la justicia sino sólo elaborar argumentos ad hoc para justificar a sus amos.

 

Existen otras enseñanzas en esta historia. Por ejemplo, que los paramilitares y su violencia no son fenómenos gratuitos y aislados, sino parte integrante del desarrollo, de ese desarrollo en el que es experto Zedillo y que consiste en abrir las puertas de un país de par en par a las trasnacionales y aplastar por la fuerza a todo aquel que se oponga en lo más mínimo a su avaricia sin límites.

 

Si embargo, por más palabras melifluas que se digan unos a otros los privilegiados de la Tierra, por más almohadones de terciopelo que se pongan para no oír y para no sentir la realidad, por más mentiras que digan sus medios de comunicación, no pueden ahogar indefinidamente el grito que surge tumultuosamente de los otros, de los condenados de la Tierra. El clamor de la sangre derramada en Acteal no deja de escucharse y no dejará en paz a Zedillo aunque se esconda en el último rincón de Yale y se tape las orejas con todas las alabanzas que le tributan quienes son tan culpables como él de hacer de ejemplares contribuciones a la humanidad.

 

* Colaborador de un proyecto de educación en Chenalhó, municipio donde se ubica Acteal.

 

Comida con panistas-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

 

El contrainforme del movimiento #YoSoy132

Gilberto López y Rivas

Pertenecer al grupo gobernante de este país puede ocasionar graves desarreglos en la percepción de la realidad circundante, al sufrir una sicopatología que los expertos denominan distorsión cognitiva crónica de clase, misma que en los últimos años se ha extendido entre los más altos funcionarios de los tres poderes, sin excluir a los de otras instancias específicas, como el IFE y el tribunal electoral. Esto lo sabe bien el movimiento #YoSoy132, cuyos integrantes –en un esfuerzo de restructuración cognitiva– elaboraron un contrainforme para dilucidar lo que realmente ha sido el sexenio del peor Ejecutivo federal que se registra en la triste historia del presidencialismo mexicano.

 

El contrainforme parte de un análisis crítico y fundado de la situación que viven los mexicanos al terminar el gobierno calderonista y refuta la versión oficial propalada por los medios de comunicación masiva, al concluir que su sexenio ha estado lleno de hambre, exclusión, desinformación, desigualdad, enfermedad, despojo, represión y muerte. Felipe Calderón es responsable por estos seis años de decisiones tomadas a espaldas de la sociedad. Sabemos que este gobierno ha sido la continuación de un sistema corrupto, donde unos cuantos imponen sus intereses sobre las necesidades de los más, y sabemos que con Enrique Peña Nieto este sistema simplemente tomará un nuevo rostro y otra vez nosotros, la sociedad, pagaremos los costos impuestos por esta clase política. Pero también sabemos que hoy tenemos la posibilidad de organizarnos, de resistir contra estas políticas, de proponer un país diferente.

Con este afán propositivo, el documento esta estructurado en seis ejes emblemáticos. 1) Democratización de los medios de comunicación, información y difusión. 2) Cambio al modelo educativo, científico y tecnológico. 3) Cambio al modelo económico neoliberal. 4) Cambio al modelo de seguridad nacional y justicia. 5) Transformación política y vinculación con los movimientos sociales. 6) Cambio al modelo de salud.

En relación con los medios de información se le considera un sexenio muerto, en el que se propició la concentración en manos de las mismas voraces empresas que han secuestrado el espectro radioeléctrico propiedad de los mexicanos. Se persiguió y violentó a ciudadanos que buscan crear sus medios a través de radios comunitarias; y se caracterizó por las persecuciones, agresiones y asesinatos de periodistas. De igual manera, la política en torno a educación, ciencia, tecnología y arte (y añadiría protección del patrimonio cultural de la nación) presentada en el sexenio de Felipe Calderón antepone los intereses del sector empresarial nacional y global sobre las necesidades sociales. Se concluye, asimismo, que el sexenio de Calderón sólo ha profundizado un modelo económico basado en la pobreza y la marginación de la mayoría de la población, en la explotación de los recursos naturales a costa de las comunidades y donde el objetivo primordial es la ganancia de los grandes capitales, nacionales e internacionales. El movimiento #YoSoy132 está consciente de que el mercado no es la panacea para la solución de los males sociales y que el gobierno y la sociedad deben jugar un rol fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan al país. El neoliberalismo nos empobrece, excluye, margina y violenta: es por eso que el movimiento #YoSoy132 se pronuncia a favor de una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz. Para este movimiento, como para muchos analistas, la guerra contra el narcotráfico declarada por Calderón desde el inicio de su gobierno encubre una estrategia de “legitimación de un gobierno emanado de un proceso electoral cuestionado y la necesidad de aumentar los lazos de subordinación diplomática, política y militar del Estado mexicano con la política de seguridad nacional de la Casa Blanca, esto mediante la firma de planes y tratados internacionales como la Alianza para la Prosperidad de América del Norte (ASPAN por sus siglas en inglés) y el Plan Mérida…La guerra, esta guerra que los ciudadanos no pedimos, ha causado una verdadera catástrofe social: 80 mil muertos, 250 mil desplazados de manera forzada, 30 mil desaparecidos, 20 mil huérfanos y 5 mil niños asesinados”. En lo político, el gobierno de Calderón no impulsó una democratización del Estado, sino por el contrario, profundizó sus aspectos más autoritarios. Las reformas electorales preservaron un sistema en el que la política es monopolizada por los partidos, cada vez más alejados de la sociedad y subordinados a los grupos de poder y a las grandes televisoras, bloqueando el acceso a una verdadera participación social. El corporativismo y el clientelismo siguen siendo las formas en las que el gobierno se relaciona con la sociedad. También, “el autoritarismo y la profunda violencia han marcado la relación del Estado con los movimientos sociales, particularmente los fenómenos de criminalización y paramilitarismo del país reflejados en las cifras expuestas por las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos sobre presos políticos, desapariciones forzadas, ataques a defensores de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales”. Es significativo el tratamiento de la cuestión étnica por parte del movimiento #YoSoy132: El Estado también ha permanecido cerrado frente a la participación política de los pueblos originarios, denunciado los ataques a sus autonomías de facto en varias partes del país. Por último, en cuanto a la salud el movimiento destaca que el actual gobierno ha incumplido el mandato constitucional de garantizarla, favoreciendo el desmantelamiento y desfinanciamiento del IMSS y el Issste.
 

Tan importante como el contenido del contrainforme es lo que de él derive a partir de tres términos claves de su invitación final: diálogo, lucha fraterna y transformación.