Nicaragua, Televisa y la caravana de la coca
Las camionetas con logos de Televisa decomisadas en
Nicaragua.
Foto: AP photo/ Esteban Felix
Foto: AP photo/ Esteban Felix
Televisa negó tener relación alguna con los 18 mexicanos detenidos en
Nicaragua y rechazó que le pertenecieran las camionetas con su logotipo que
transportaban 9.2 millones de dólares por el país centroamericano. Sin embargo,
en el padrón vehicular de la Ciudad de México una de las camionetas está
registrada a nombre de la televisora. La policía nicaragüense encontró que este
vehículo tenía compartimentos ocultos en los que había fajos de billetes con
rastros de cocaína. Con base en ello, el juez de la causa –que investiga a los
mexicanos por lavado de dinero y delincuencia organizada– incorporó un nuevo
delito en su contra: tráfico internacional de estupefacientes.
MANAGUA (Proceso).- Televisa es propietaria de al menos una de las seis
camionetas Chevrolet tipo Van que la Policía Nacional de Nicaragua decomisó el
lunes 20 de agosto a 18 mexicanos acusados en ese país de lavado de dinero,
delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes.
De acuerdo con datos del padrón vehicular de la Ciudad de México –a los que
este semanario tuvo acceso–, el vehículo con placas 886XCR y número de serie
1GC2GTBG1A1135600 está a nombre de Televisa, S.A. de C.V.
El documento de acusación de la fiscalía de Nicaragua señala que la camioneta
tenía compartimentos ocultos en los que se encontraron 11 maletas con 94
paquetes de dólares en billete.
Los peritos de la Unidad Especializada Anticorrupción y contra el Crimen
Organizado de Nicaragua sometieron el dinero a la prueba Scintrex y detectaron
partículas de cocaína, según consigna el documento de la acusación, del que
Proceso tiene copia.
En dos camionetas más –con placas 571XXD y 165XCC– la policía nicaragüense
encontró otras 35 maletas –unas eran completamente negras, otras tenían franjas
azules o rojas– que también contenían paquetes de dólares.
Con base en ello, el 31 de agosto el juez de la causa, Julio César Arias,
incorporó a las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada el
delito de tráfico internacional de estupefacientes, como lo había solicitado
previamente la Fiscalía de Nicaragua. El documento de la fiscalía precisa que
los mexicanos trasladaron de Costa Rica con destino a México “cocaína en grandes
cantidades”. La última vez que habrían realizado el transporte de droga fue el
pasado 9 de junio.
El “chivatazo”
La Policía Nacional de Nicaragua detuvo a los 18 mexicanos el 20 de agosto,
pero los presentó a los medios de comunicación cuatro días después. Cuando
fotógrafos y camarógrafos terminaron de tomarles imágenes, Aminta Granera, jefa
de la Policía Nacional de Nicaragua, ordenó a los agentes de las tropas
especiales que custodiaban a los detenidos que los retiraran del recinto.
Entonces, la supuesta líder del grupo de mexicanos gritó: “¡Que nos juzguen
aquí! ¡Tememos por nuestras familias!”.
Los documentos de la acusación refieren que Raquel Alatorre Correa dijo ser
“reportera, presentadora y jefa de información”, sin precisar de qué medio de
comunicación. Su pasaporte mexicano –número 8400011472– indica que tiene 30 años
y reside en Yucatán.
En la presentación ante la prensa la mujer vestía camiseta morada y pantalón
de mezclilla. Es de baja estatura y delgada. La mayor parte del tiempo estuvo
ligeramente agachada y con las manos esposadas atrás de la cabeza.
Junto a ella había otros 15 mexicanos, algunos con camisetas con el emblema
de Televisa estampado. Faltaban dos personas que –explicó Granera– estaban en
revisión médica en el hospital de la Policía Nacional, pero no precisó los
motivos de ello. Los detenidos estaban esposados, la mayoría permanecían
cabizbajos.
Frente a ellos había 23 bolsas con 258 paquetes de dólares en billetes de
diversas denominaciones. Granera explicó que alrededor de las 22:30 horas de la
noche anterior –23 de agosto– habían encontrado el primer compartimento oculto
en una de las camionetas con los logos de Televisa; ahí se detectaron las
primeras bolsas de dinero.
Según el documento de 12 páginas, los paquetes de dólares eran trasladados en
compartimentos ocultos en los tableros de tres de las seis Chevrolet 2011, en
cada una de las cuales viajaban tres personas.
A las 18:56 del 24 de agosto el fiscal Javier Morazán Chavarría, director de
la Unidad Especializada Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, se
presentó en los juzgados capitalinos en representación del Ministerio Público
con la acusación oficial contra los 18 detenidos.
Agrega el documento: “Los acusados cumplían la función de presentar la
fachada de ser parte de un convoy de la empresa Televisa y al mismo tiempo
realizaban la función de supervisión, traslado y custodia del dinero que
llevaban oculto en la caravana de vehículos antes referida”.
El escrito oficial, basado en el expediente policial A-0162-2012-000, indica
que una denuncia anónima advirtió a las autoridades sobre el grupo de mexicanos
y sus presuntos planes conspirativos contra Nicaragua. La llamada fue recibida
en el teléfono de emergencia de la Policía Nacional en Nueva Segovia, frontera
con Honduras, el 19 de agosto pasado por la noche.
De acuerdo con la corporación, un hombre que no se identificó expuso que oyó
que un grupo de mexicanos hospedados en el hotel Real Intercontinental de
Tegucigalpa estaba interesado en “obtener información del Estado de Nicaragua y
que dicha información sería utilizada para desprestigiar al gobierno de
Nicaragua”. Agregó que se trataba de personas que viajaban en vehículos con los
emblemas de Televisa.
Se activó entonces un operativo que concluyó con la detención del grupo el 20
de agosto, justo cuando entró a territorio nicaragüense por la garita de Las
Manos, en la frontera con Honduras.
La acusación de la fiscalía refiere que los detenidos dijeron que “ingresaron
a nuestro país con el objetivo de realizar investigaciones y la búsqueda de
información de instituciones del Estado de Nicaragua; éstos manifestaron estar
autorizados por la televisora mexicana Televisa Internacional. Dichas personas
no portaban ningún documento de autorización para que realizaran investigación y
búsqueda de información de instituciones del Estado de Nicaragua”.
Los 18 mexicanos fueron escoltados a Managua, donde quedaron bajo arraigo en
el hotel Holiday Inn. En ese mismo hotel, confirmó posteriormente el Nuevo
Diario, ya se habían hospedado cuatro veces en los últimos dos años, ocupando
siempre las suites ejecutivas, que cuestan 150 dólares diarios más el impuesto
local de 15%. Todas las veces se registraban muy tarde y se marchaban muy
temprano.
Los detenidos permanecieron en Managua mientras las autoridades preguntaban a
la embajada de México si el personal y las unidades aseguradas efectivamente
pertenecían a Televisa o si se trataba de personas vinculadas con el crimen
organizado.
“Hasta ayer (23 de agosto) al mediodía recibí respuesta oficial a través de
la embajada de México confirmando que, de acuerdo a reportes de Televisa, no son
trabajadores de esa cadena de televisión”, explicó la jefa de la Policía
Nacional en conferencia de prensa el 24 de agosto.
Dijo que a partir de ello “procedimos con los interrogatorios en celda en
busca de las evidencias que nos llevaran a buscar el vínculo de estas 18
personas con el crimen organizado transnacional”.
Luego la policía localizó la primera “caleta” (compartimento oculto) con el
dinero y después las otras dos.
Un exoficial de la Jefatura de la Policía Nacional que pidió mantener su
nombre en reserva dio su versión: “Es un ‘ajuste de cuentas’ entre cárteles,
pues uno de ellos quiere sacar al otro del juego. Ese dinero debe ser el pago
del traslado de algún cargamento de drogas anterior. Y alguien tendrá que
pagarlo”.
“Periodista suplantada”
La acusación de la fiscalía señala que los fajos de billetes incautados
tenían escritas diferentes leyendas. Unos iban identificados como “MT.MOTO
DELVIN.ALVARO”; otros como “Leivin”, “Libra”, “T.E.SM. Maribel”, y el resto como
“M 5.000”, “Roster.M M. MARIBEL” y “T.RAMOS.MOTO.DEIVIS.M. 10.000 PAN”. Además,
11 de las bolsas negras estaban identificadas con letras que van de la “C” a la
“M”.
“Es dinero que podría ser de pequeños cárteles que reúnen fondos y contratan
a gente para trasladarlos físicamente, ya que no pueden hacerlo a través del
sistema financiero”, agregó el exjefe policial consultado.
En su último viaje la caravana de seis camionetas, con 18 ocupantes en total,
recorrió alrededor de mil 400 kilómetros y atravesó los puestos fronterizos de
México, Guatemala, Honduras y Nicaragua con el cargamento oculto de más de 9
millones de dólares. Además, los peritos encontraron presencia de cocaína en
cuatro de los seis vehículos.
A solicitud del diario costarricense La Nación, la Dirección General de
Migración y Extranjería de Costa Rica confirmó que Raquel Alatorre Correa, la
única mujer del grupo, entró y salió de Nicaragua 34 veces por el puesto
fronterizo de Peñas Blancas entre enero de 2008 y junio de este año. Otras veces
salió por el puesto de Sixaola, entre Costa Rica y Panamá, sitio que ha sido
señalado como punto frecuente de trasiego de drogas, armas y dinero.
Alatorre Correa pasó por primera vez por el puesto fronterizo de Nicaragua
rumbo a Costa Rica el 14 de enero de 2008 a medianoche. Y desde entonces siguió
haciéndolo sin problemas.
Sobre ella, el presidente nicaragüense Daniel Ortega comentó el 24 de agosto
ante los jefes policiales de República Dominicana y Colombia que se reunieron en
Managua:
“Y dio la casualidad, la coincidencia, que este evento estaba en pleno
intercambio, hablando ustedes de todos estos temas, cuando nos encontramos con
esta información de que había ahí una caravana de supuestos ‘periodistas’.
Venían muy bien encubiertos, venían con toda la documentación. Porque incluso se
hizo una consulta de parte de la policía a México y allá confirmaron que
efectivamente el nombre de la periodista sí estaba… pero estaba suplantada la
periodista. La periodista existe, está allá en Televisa, pero estaba
suplantada.”
A su vez, Granera insistió en la conferencia de prensa en que los detenidos
no trabajaban en Televisa ni los vehículos pertenecían a esa compañía. Al
contrario, dijo, la mayoría de ellos eran integrantes de empresas de vigilancia
privada, según la Interpol.
En los documentos de la acusación aparecen los supuestos domicilios de los
mexicanos. Salvo Alatorre Correa, quien declaró vivir en Mérida, Yucatán, y dos
más que aseguraron residir en Guanajuato, el resto dio direcciones de la Ciudad
de México. Proceso constató que las direcciones mencionadas por los detenidos
son falsas: en la mayoría de los casos las calles o los números son inexistentes
y en otros no corresponden a viviendas, sino a empresas o locales comerciales
cuyos empleados dijeron no conocerlos.
Un caso fue la excepción: Raúl Alejandro Salinas Cervantes, de 32 años, quien
dijo ser “ingeniero de edición y posproducción de audio y video”. Él dio como
domicilio la calle Netzahualcóyotl número 162, colonia Aragón-La Villa,
delegación Gustavo A. Madero. En ese domicilio se ubica un taller cuyo encargado
admitió que Salinas trabajó ahí hace cuatro años, hasta que un día simplemente
desapareció.
Fronteras vulnerables
De acuerdo con la Dirección General de Aduanas de Costa Rica, los vehículos y
sus pasajeros registran un intenso movimiento migratorio en Centroamérica. La
camioneta con placas 444XCJ entró y salió por Peñas Blancas, puesto fronterizo
con Costa Rica, 19 veces entre abril de 2010 y febrero de este año. Las
autoridades nicaragüenses indican que el vehículo está registrado a nombre de
Julio César Alvarado Salas, uno de los 18 detenidos.
El exjefe policiaco nicaragüense comenta que “si han entrado y salido de
Centroamérica abiertamente, eso indica que han estado moviendo muchísima plata
todos estos años”.
Y agrega: “También confirma que fallaron completamente los sistemas de
seguridad de cada país y a nivel regional, ya que se movieron con impunidad, y
nunca se vieron en la necesidad de cambiar su fachada de periodistas de
Televisa. Esto deja de lección que no hay que bajar la guardia ante el crimen
organizado”.
Cinco de las seis camionetas tienen modernos equipos audiovisuales de
grabación, edición y posproducción, cámaras de alta definición, conexión
satelital y 16 aparatos de radiocomunicación Kenwood. Los detenidos también
portaban 27 celulares y la jefa del grupo llevaba consigo importantes cantidades
de efectivo en pesos, quetzales, lempiras, córdobas y dólares, para los gastos
del viaje.
Juan Carlos Ampié, productor del programa de televisión nicaragüense Esta
semana, se mostró sorprendido por la cantidad de vehículos y personas
involucradas en la presunta cobertura periodística:
“Seis móviles de televisión y 18 personas en estos tiempos es una
exageración. Tendría que ser un evento de gran magnitud para mover esos
recursos, y ni aun así se explica. Si fuera cobertura noticiosa, una cadena
televisiva mandaría a un equipo periodístico.”
Un excolaborador de La Prensa de Nicaragua narra a Proceso que el pasado
junio, cuando se dirigía al norte del país para reportear un bloqueo en la
carretera Panamericana, observó un accidente automovilístico. Se trataba, dice,
de una de las unidades de la caravana de Televisa que chocó con un auto
particular.
Dice que salió de su vehículo con su cámara digital para grabar el accidente,
pero una mujer delgada, que se identificó como Raquel Alatorre, le pidió que no
lo hiciera porque eso les provocaría problemas con sus “jefes” de Televisa.
Además, le dijo que ella y sus compañeros iban de paso hacia Costa Rica y ya
habían indemnizado al dueño del auto chocado.
El 28 de agosto Televisa emitió un comunicado en el que aseguró que “ha
cooperado, desde el momento en que se suscitaron los hechos, con las autoridades
mexicanas en las investigaciones que vienen realizando”.
Según el consorcio, “ninguno de los detenidos ha trabajado en Grupo Televisa
y los vehículos confiscados no han formado parte de nuestro parque vehicular.
Por su parte, Noticieros Televisa no cuenta con corresponsal alguno en ese
país”.
Defensa sandinista
En el sector occidental de Managua, en la zona residencial de clase media
baja Las Brisas, está la sede del bufete de Ramón Rojas, quien junto a su hijo y
dos abogados más llevan la defensa de los 18 mexicanos. Su oficina es discreta.
Carece de aire acondicionado y en lo que antaño fueron la sala, recámara y
terraza de la residencia hay varios escritorios alineados.
Este bufete asumió la defensa de los mexicanos desde la audiencia preliminar,
el 25 de agosto, ante el juez quinto de Distrito Penal de la Audiencia de
Managua, Julio César Arias, quien les impuso prisión preventiva.
El bufete designó a tres abogados para llevar directamente el caso. Uno de
ellos es Ramón Rojas Urroz, hijo del fundador y principal accionista del
despacho, quien se quejó de que las autoridades no le han permitido hablar con
sus clientes, detenidos en la cárcel preventiva de la Dirección de Auxilio
Judicial en El Chipote (el cuartel general de Augusto César Sandino en la década
de los treinta).
Rojas Urroz aseguró a El Nuevo Diario de Nicaragua que el bufete de su padre
asumió primero la defensa de Raquel Alatorre Correa a solicitud de la madre de
la mexicana –no identificada–, quien llamó a un amigo suyo en Nicaragua –no
identificado tampoco– y éste le recomendó el bufete de Rojas. Después la defensa
se extendió a todos los detenidos.
La versión es puesta en duda por un abogado de renombre, excolaborador de
Ramón Rojas padre, quien pidió el anonimato: “Buscan a Ramón por sus contactos
con la jefatura de la policía, con sus mandos, y también con los jueces. Esa
gente (del crimen organizado) sabe que él tiene excelentes relaciones con
ellos”, comenta.
Cabe destacar que Ramón Rojas padre llevó la defensa de tres integrantes de
una banda del narcotráfico vinculada con el Cártel de Sinaloa –los mexicanos
Juan Rosales Castañeda y Jesús Javier Flores Vega, y el nicaragüense Carlos
Cisnado–, capturados en 2007 y acusados de construir una pista de aterrizaje
clandestina para recibir embarques de droga.
Los principales integrantes de la organización fueron condenados hasta a 22
años de prisión, pero los mexicanos fueron extraditados a México en 2010 por
indicaciones del presidente Ortega.
Antes, en 1998 y 1999, Rojas padre se hizo famoso porque asumió la defensa
del ahora presidente Daniel Ortega cuando su hijastra Zoilamérica lo acusó de
abuso sexual, caso que finalmente prescribió.
Además de los contactos policiacos y judiciales de Ramón Rojas, su esposa,
Rafaela Urroz, es magistrada de la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de
Managua y presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua,
organización que aglutina a la mayoría de los funcionarios judiciales de
tendencia sandinista.
Rojas Urroz aseguró a El Nuevo Diario que la estrategia será admitir los
delitos y buscar que la sentencia del juez sea menor de siete años.
“Es una estrategia que les promete que estarán poco tiempo en prisión, ya que
con los beneficios del Código Penal en Nicaragua podrían salir libres poco a
poco en el transcurso de dos años.”
A eso, en el argot judicial le llaman un chancleteo, o sea un favor”, dijo el
abogado que pidió no ser identificado.
Sin embargo, la situación de los detenidos cambió radicalmente el pasado 31
de agosto debido a que el juez Arias admitió que se indague la probable comisión
del delito de tráfico internacional de estupefacientes, por lo que la posible
sanción contra los mexicanos podría ser superior a 20 años de prisión.
Ante ello, los abogados de la defensa anunciaron un cambio de estrategia: ya
no admitirán los cargos imputados por la fiscalía. La audiencia inicial contra
los 18 mexicanos se iniciará el próximo 18 de septiembre.
Este reportaje se publicó en la edición 1871 del semanario Proceso,
actualmente en circulación.
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