En vísperas del adiós de Calderón, ataque de megalomanía
Uno de los spots de Felipe Calderón.
Foto: Tomada de Internet.
Foto: Tomada de Internet.
Los promocionales en los que el presidente Felipe Calderón promueve su
Sexto Informe de Gobierno son un ejercicio de megalomanía. En todos aparece
solitario y con gesto reflexivo, mientras su voz en off habla de sus
innumerables logros en materia de economía, salud, combate a la pobreza, e
incluso en el ámbito de la seguridad, precisamente el fracaso más estrepitoso de
su gestión. Pero la realidad es inocultable, lo desmiente y destruye el mundo
utópico que Calderón pretende construir al iniciar lo que será, para él, la
ceremonia de un triste adiós.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La escena muestra a un solícito
militar en el momento en que entrega la banda presidencial a Felipe Calderón. Es
muy diferente a la del 1 de diciembre de 2006, que mostraba a un desasosegado
mandatario y como fondo un despliegue policiaco-militar.
Esta vez los tonos son a media luz y destaca el refinamiento del viejo
Palacio Nacional. La banda es recibida ahora por un Calderón solitario, quien no
se la ciñe, sino que la dobla con delicadeza.
En la siguiente toma aparece acariciándose el rostro en actitud reflexiva. Su
voz en off acompaña cada expresión y se escuchan unos acordes ligeros
de piano new age. La secuencia lo sigue, mientras su mirada se pierde
en el horizonte que se observa desde una ventana con vista al Zócalo. En
perfecta sincronía, habla con voz serena, desprovista de sus peculiares tonos
enfáticos, agudos.
“Hoy –dice– tenemos un México que no se arrodilla frente al crimen y que se
juega el alma por proteger a su gente”. Se trata del spot
“Seguridad-Emociones” y es uno de los cuatro en que Calderón promueve su
sexto y último Informe de Gobierno desde el sábado 25 de agosto.
El mandatario lleva meses intentando convencer a la ciudadanía de que su
gobierno se perciba con “justeza”, que se “sepa y reconozca lo que se hace”. El
14 de mayo de 2011, por ejemplo, en una reunión con la burocracia panista,
externó sus deseos de manera abierta, apoyado en analogías bélicas y
religiosas.
Le gustaría, dijo, que su mandato fuera recordado “como un punto de cambio,
de inflexión; como un gran esfuerzo de transformación en todos los ámbitos de la
vida nacional”. Mes y medio después, el 30 de julio, en un encuentro con
alcaldes panistas, dijo más o menos lo mismo. Y en 2012, durante la campaña
presidencial, fue su esposa, Margarita Zavala, quien procuró que la candidata
Josefina Vázquez Mota se basara en “los logros” del gobierno de su marido
(Proceso 1863).
En dos de los spots para el informe de 2012 –uno de seguridad y otro
de economía– Calderón, a quien le tocó celebrar el Bicentenario de la
Independencia, asegura que sus decisiones dieron “los cimientos” para un país
más justo, seguro y próspero.
Los otros dos: “Seguridad-Emociones” y “Seguridad-Razones” los dedicó a
seguridad, y aluden a lo que ha sido el fracaso más sonado de su gestión, es
decir, la “guerra” declarada al narco. La Presidencia de la República subió
ambos a su página oficial para su difusión.
La hecatombe
En uno de los spots la cámara hace un acercamiento al despacho presidencial.
Al fondo, aparece Calderón sentado en su escritorio, rodeado por un pequeño
busto de Benito Juárez, una estatuilla –la representación de Prometeo o la
Victoria Alada, probablemente–. A la derecha, una fotografía de su familia.
Calderón tiene las manos enlazadas a la altura de la barbilla. Su voz en
off se queja de que durante años se haya dejado crecer la delincuencia,
mientras su mano izquierda hace anotaciones en una libreta. Mantiene su postura
reflexiva. Como en los demás promocionales de la serie, se ve solitario, a veces
aparece un guardia militar.
“Tomamos decisiones difíciles. Pensando no en seis años, sino en el México
del futuro. Sabíamos que luchar implicaría grandes desafíos y riesgos muy
importantes. Pero teníamos que quitarnos la venda de los ojos y actuar”, expresa
la voz en off, mientras él deambula por el palacio.
Más allá del spot y de los muros de las galerías presidenciales, lo
cierto es que en todo el territorio nacional continúan los crímenes, robos,
secuestros, muertes, violaciones de mujeres, pedacerías humanas arrojadas por
doquier o disueltas en químicos.
En suma, el sexenio ha sido un escenario plagado de quemazones, balaceras,
fosas clandestinas, desapariciones, torturas, desplazados, plagiados, huérfanos,
viudas…
El 20 de agosto último el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(Inegi) presentó un informe sobre los homicidios en México durante 2011, según
el cual aumentaron 274% con respecto a los de 2005. Para junio de este año, la
estadística sexenal de homicidios ascendía a 88 mil (Proceso
1857).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó a su vez más de
5 mil desapariciones en lo que va de la gestión calderonista; Amnistía
Internacional (AI) reporta sólo 3 mil, mientras otros organismos civiles
calculan la cifra a más de 10 mil.
En febrero pasado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
de Naciones Unidas calculó en 22 mil los casos de secuestro a migrantes en
México. Los plagios nacionales también crecieron: de 615 en 2005, a 2 mil 979
casos al cierre de 2011, un incremento de 384%, según datos del Consejo
Ciudadano para la Seguridad y la Justicia.
Y sobre los desplazados por la violencia, el Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia, quien ahora realiza una
caravana por territorio estadunidense, habla de 250 mil personas.
Ante estas cifras, Calderón ha optado por culpar a los legisladores de no
reformar las leyes, como lo hizo el 22 de marzo pasado; y a los jueces que, dijo
el 6 de septiembre de 2011, son corruptos.
Sin embargo, las iniciativas que sí fueron aprobadas, entre ellas la reforma
constitucional penal de 2008, han sido calificadas como un rotundo fracaso. Para
el constitucionalista Raúl Carrancá, la reforma y lo que Calderón quiso seguir
reformando es una “abominación constitucional”.
Por lo demás, la tasa de impunidad en el país promedia alrededor de 98.6%; es
decir, de cada 100 delitos cometidos, sólo 1.4 terminan en sentencia
condenatoria. La razón: la mayoría de los casos se pierden por violaciones al
debido proceso o por mala integración de las averiguaciones.
En el exterior, las críticas también son acerbas. En un editorial del pasado
23 de agosto el vespertino francés Le Monde calificó la situación de
México como una “verdadera hecatombe, y por mucho, el conflicto más mortífero de
los últimos años en el planeta”.
El 31 de agosto, AI recordó a Calderón, a través de un comunicado, el
contexto de su Sexto Informe de Gobierno: su política de seguridad pública
militarizada agravó la violencia. Y lo cuestionó: “(¿Será capaz de) reconocer el
grave deterioro en la protección de los derechos humanos?”.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista
Proceso 1870, ya en
circulación)
La simulación del Tribunal Electoral
Alejandro Luna Ramos entrega la constancia a Peña
Nieto.
Foto: Eduardo Miranda.
Foto: Eduardo Miranda.
El PRI regresará a Los Pinos de la mano del Tribunal Electoral. Los
magistrados electorales renunciaron a sus facultades constitucionales y
reducidos a sí mismos a la condición de jueces de legalidad validaron el triunfo
de Enrique Peña Nieto en medio de las acusaciones de financiamiento irregular,
rebase de topes de campaña y construcción mediática de su candidatura.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con su aval a un proceso electoral
que repitió la inconformidad de 2006, los siete integrantes de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedaron aún
más en entredicho que sus antecesores, los que le dieron el triunfo a Felipe
Calderón.
De nueva cuenta los principios constitucionales de elecciones libres y
auténticas fueron desestimados por el árbitro electoral y tras negar el juicio
de invalidez de la elección promovido por el Movimiento Progresista que postuló
a Andrés Manuel López Obrador, los magistrados hicieron de la calificación de la
elección un mero trámite.
Fue una simulación la que hicieron los magistrados de la Sala Superior. Pero
esta vez la falta fue mayor pues renunciaron a la facultad constitucional que
les dio la reforma de 2007 para investigar e invalidar normas que atentan contra
los principios constitucionales de elecciones libres, auténticas y equitativas,
aseguran expertos en derecho constitucional y electoral.
El presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, levantó la sesión del viernes
31 de agosto a las dos de la tarde tras despachar en apenas hora y media la
resolución de cómputo final, validez de la elección y declaración de Peña Nieto
como presidente electo. Los magistrados establecieron la “verdad histórica”:
Peña Nieto ganó con 19 millones 158 mil 592 votos, contra 15 millones 848 mil
827 de López Obrador.
Los magistrados tenían prisa. Sólo se dieron tiempo para comer y estar
listos, en punto de las cinco de la tarde, para entregarle la constancia de
mayoría a quien le devolverá al PRI la Presidencia de la República.
Horas antes, la tarde del jueves 30, habían sido implacables con los
argumentos de la coalición que pidió invalidar la elección. Le dijeron no a
todo. Ni una coma le admitieron. La gracia fue para el PRI y su candidato, a los
que limpiaron de toda responsabilidad electoral en las irregularidades
denunciadas por López Obrador y los partidos que lo postularon, por segunda vez,
a la Presidencia de la República: PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
Entre la negativa a invalidar la elección presidencial y la declaratoria de
Peña Nieto como presidente electo, Luna Ramos se la pasó en alabanzas a ese
órgano jurisdiccional porque con sus resoluciones, “basadas exclusivamente en el
derecho y en el material probatorio aportado por las partes, se garantizó en
cada una de las etapas del proceso electoral la observancia de los principios de
legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza” previstos en la
Constitución.
Lo que omitió en su discurso fue su facultad constitucional de tribunal
pleno. No la mencionó porque los magistrados no la ejercieron. Renunciaron a
ella y así evitaron investigar las denuncias contra el PRI y Peña Nieto por los
actos anticipados de campaña, la utilización de las encuestas como propaganda,
el rebase de topes, el uso de recursos no aclarados y la hechura de su
candidatura desde los grandes medios, principalmente Televisa.
La televisora puso el guión hasta el último momento. Todavía no había
información oficial sobre el día en que el TEPJF resolvería el juicio de
inconformidad 359/2012 promovido por el Movimiento Progresista, cuando el
conductor del noticiero estelar de esa empresa, Joaquín López Dóriga, informó el
lunes 27 de agosto que la entrega de constancia de mayoría a Peña Nieto se
esperaba para el viernes 31. Y así fue. La televisora también adelantó que el
priista daría un discurso, tal y como ocurrió.
Fue el mismo día del juicio, el 30 de agosto, cuando el tribunal anunció que
resolvería la impugnación. Durante más de cinco horas los magistrados se
dedicaron a desechar las acusaciones contra el PRI y su candidato porque los
argumentos de la coalición opositora fueron “vagos, imprecisos y genéricos”. Y
peor aun, porque fue “incapaz de aportar pruebas fehacientes”.
En su resolución, adoptada por unanimidad, los magistrados establecieron que
a pesar de que los casos de las tarjetas del banco Monex y de la tienda
departamental Soriana fueron “emblemáticos” de la impugnación, “no se pudo
demostrar que hayan sido utilizados para la compra y coacción del voto”.
Más bien el PRI “estableció un mecanismo de disponibilidad inmediata de
recursos monetarios mediante las referidas tarjetas para ser utilizados por las
personas que el partido indicara”.
No hubo tampoco un sistema de financiamiento paralelo, dijo categórica la
ministra María del Carmen Alanís, quien en abril del año pasado se reunió en su
casa con enviados de Peña Nieto en víspera de la solución de un juicio en el que
se le acusaba de haber difundido de manera ilegal su imagen a nivel nacional. El
entonces aspirante presidencial fue exonerado sin que la magistrada se excusara
de votar en el juicio a pesar de que aquél encuentro ya se había hecho público.
El resto de sus compañeros la arroparon, pero le costó la presidencial del
Tribunal.
“Precipitación torpe”
Para el TEPJF el uso propagandístico de las encuestas no se demostró, lo que
hubo fue ejercicio de la libertad de expresión. El rebase en el gasto de campaña
tampoco, pues hasta enero de 2013 los partidos políticos darán a conocer sus
gastos totales. No hubo desvíos de recursos públicos, sólo contratos firmados
por gobiernos priistas con Soriana o con el partido para beneficiar a sus
militantes. Y las más de cinco mil tarjetas adicionadas en la demanda sólo
demuestran la existencia de las mismas, pero no la compra del voto.
Con ese tipo de argumentaciones, aderezadas por la declaración anticipada de
presidente electo de Peña Nieto por el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar,
cada uno de los magistrados fue desechando las pretensiones de la demanda. La
coalición no demostró nada, concluyeron.
En menos de 24 horas, sin hacer una evaluación de todo el proceso electoral,
declararon presidente electo a Peña Nieto, le entregaron la constancia de
mayoría y se sentaron a escuchar el discurso que el priista dio ante los
representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en un acto anticipado de
jefe de Estado. Sólo faltó el himno nacional.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista
Proceso 1870, ya en circulación)
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