Inconformidad social- El despertar-Democracia con adjetivos y una propuesta-Conformismo y cinismo

Inconformidad social

Juicio político contra funcionarios electorales, promoverán diputados

Magistrados y consejeros actuaron con cinismo e irresponsabilidad jurídica, acusan

Se sentó precedente para subastar al mejor postor los próximos comicios, sostienen

En sesión de Congreso General, Ricardo Cantú habló a nombre del PT. Ricardo Monreal lo hizo por el Movimiento Ciudadano

Foto José Antonio López

 

 

Víctor Ballinas, Andrea Becerril, Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Domingo 2 de septiembre de 2012, p. 5

El coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, anunció que, ante el cinismo y la irresponsabilidad jurídica y política de consejeros y magistrados electorales, que actuaron de manera vergonzosa e indigna, y a efecto de que no queden impunes sus fechorías y ambiciones, promoveremos en los próximos días ante este Congreso un juicio político.

Al fijar la postura del Movimiento Ciudadano ante la apertura de sesiones de la 62 Legislatura, desde la tribuna Monreal resaltó: hacemos responsables a los usurpadores e impostores del poder de las represalias y agresiones que sufran los jóvenes y ciudadanos que buscan detener este nuevo asalto a la Constitución con la única arma que poseen: su libertad de expresión y manifestación.

Recordó que hace seis años, cuando los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificaban la elección de 2006, “tuvieron un rasgo de pundonor y encontraron, entre otras cosas, que en la elección se habían cometido graves irregularidades, como la intromisión indebida del Ejecutivo y el pago de campañas publicitarias con recursos privados, pero dijeron que ninguna de ellas había sido ‘determinante’ en el resultado final de la elección”.

Agregó: “en 2006 si se habían violado la ley y la Constitución, pero ‘nada más tantito’, y se consumó el robo de la Presidencia contra Andrés Manuel López Obrador, y vean el resultado y el tiradero al que se ha sometido a nuestra patria”.

Seis años después, fustigó el legislador, con muchos más evidencias, datos, documentos y testimonios de irregularidades, el tribunal electoral encontró que la pasada elección presidencial fue una pieza maestra de pulcritud, limpieza y transparencia, que causaría la envidia de los ciudadanos de la Grecia antigua o de los electores de un cantón suizo más moderno.

Ironizó: las tarjetas prepagadas de Monex, de las cuales se dispersaron miles de millones de pesos al margen de la autoridad electoral, fueron producto de la alucinación; los monederos electrónicos de Soriana, que se repartieron por millones en las colonias pobres, fueron fabricados por la maledicencia de unos cuantos mal pensados. Las empresas fantasmas fueron tan transparentes que el tribunal no las alcanzó a ver; las transferencias electrónicas erróneas entre Scotiabank y el gobierno del estado de México fueron producto de la contabilidad creativa, no de la ilegalidad.

Sostuvo que al tribunal electoral el PRI le fue fijando la agenda de trabajo, los términos de los dictámenes y hasta la fecha de la sentencia y entrega de la constancia de mayoría. Con este fallo se sienta el gravísimo precedente para subastar al mejor postor las próximas elecciones presidenciales.

En tanto, al fijar la postura del PT, el diputado Ricardo Cantú Garza aseveró que el IFE no sólo fue comparsa de las violaciones a la ley, sino que además traicionó a la democracia, ya que de manera sistemática rechazó nuestras quejas; no investigó el origen del dinero, el rebase de topes de campaña, el lavado de dinero, las tarjetas Monex y Soriana, dejando de ser árbitro para convertirse en cómplice del PRI.

Cantú llamó desde la tribuna al sector estudiantil, a los obreros, a campesinos como los de Atenco, a gremios como el SME y la CNTE, a las organizaciones civiles y usuarios de las redes sociales afines al movimiento, a no claudicar en la lucha democrática; todos unidos demostraremos que el cambio verdadero es posible.

 

El despertar

Democracia con adjetivos y una propuesta

 

José Agustín Ortiz Pinchetti

La resolución del Trife coronó un proceso electoral aberrante, en el que los árbitros parecen desesperados por mostrar su parcialidad. Aunque la compra de votos, las encuestas manipuladas, el financiamiento excesivo e ilícito, la campaña encubierta de Televisa y orquestada con casi todos los medios hicieron inauténtico e irregular el proceso, y aunque estos hechos fueron notorios, al punto que más de la mitad de la población consideró los comicios irregulares y comprados, los consejeros, magistrados y fiscales, a pesar de tener facultades para verificar, se negaron y destruyeron la posibilidad misma del sufragio efectivo.

 

Habría que preguntarse qué tipo de régimen político es el que queda después del desastre. Se supone que somos una democracia, así nos ostentamos y así se nos reconoce (con una sonrisa irónica) internacionalmente. Pero de ninguna manera será la democracia sin adjetivos que propusieron Gómez Morín y Enrique Krauze. Es tan atípica que habrá de darle algunos adjetivos, y ya empiezan a aparecer varios: comprable, deficitaria, electoralmente autoritaria, semiflexible, funcional-corrompible, etcétera. Si revisamos los diferentes tipos de democracia genuina vemos que no se ajusta a ninguno. Quizás ayudaría remontarnos hasta los griegos. En la distinción clásica no nos ajustaríamos a una democracia porque aquí no gobierna el pueblo. Tampoco a una monarquía, aunque el PRI quisiera restaurar la presidencia imperial. No es una aristocracia, porque la mayoría de los poderosos no son los mejores, sino los peores. Se acerca más bien a una forma espuria: la oligarquía.
 

Hasta hace unos 25 años, la oligarquía mexicana era un grupo reducido que ejercía su influencia sobre el gobierno para que favoreciera sus intereses. Hoy ellos determinan al gobierno y, de hecho, desde la penumbra eligen al presidente y determinan así el manejo de la administración pública en su favor. Para imponer su decisión hacen inversiones colosales para comprar votos, pagan encuestas a modo, se valen de los medios que controlan, cuentan no sólo con cuatro partidos que les son afines, sino también con un aparato de administración electoral que pagan los contribuyentes.

 

Quiero hacer una propuesta: los oligarcas deben ser considerados grandes electores, pero no desde la penumbra, sino formalmente. Así, deben aparecer en público, que todos sepamos quiénes son y otorgarles por mandato constitucional la designación de presidente. Será muy fácil identificarlos si nos atenemos a la lista de la revista Forbes (mucho más seria que las encuestas mexicanas); ahí dentro de los hombres más ricos del mundo se identificaría a los 12 mexicanos con más dinero. Si alguno no puede asistir por problemas legales (es el caso de El Chapo Guzmán) podría mandar un personero. Estos 12 magníficos deliberarían hasta encontrar al hombre más afín a sus intereses. Este método, cuyo costo sería bajísimo, nos ahorraría los 17 mil millones del gasto fiscal anual en elecciones, además de casi otros 5 mil de contribuciones. No habría IFE ni Trife ni Fepade. ¿Para qué instituciones tan costosas como inútiles, por previsibles?

Gran júbilo-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

Conformismo y cinismo

Arnaldo Córdova

Sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado viernes 31 de agosto, en su sede de la avenida Carlota Armero

Foto Carlos Cisneros

 

       Tenemos abundancia de leyes, eso es incuestionable. La pregunta que se impone es, entonces, ¿por qué es tan difícil en México realizar la justicia y se alega siempre que la culpa es de las malas leyes que tenemos o de su insuficiencia?: ¿para qué sirven tantas leyes? Resulta que son en todo momento o insuficientes o no existen todavía. Nuestras leyes todo el tiempo se están reformando, incluida la Constitución, que ya lleva más de medio millar de reformas. Pero sucede que nunca se pueden realmente acabar, vale decir, ser elaboradas de modo que ya no presenten tantas lagunas ni insuficiencias que las hagan obsoletas desde que nacen.

 

En estos días tenemos el lamentable espectáculo que nos ofrece la administración de justicia electoral en nuestro país: funcionarios que no hacen lo que por ley están obligados a hacer, es decir, investigar las denuncias que se les presentan con fundamento legal, porque simple y sencillamente nuestro entramado legal les permite hacer a menos de sus responsabilidades u obligaciones. Un sistema jurídico no puede funcionar si se encuentran siempre resquicios o escondrijos en la ley que permiten evadir los mismos principios legales, valiéndose de interpretaciones sesgadas o mañosas de las propias leyes.

 

Un ejemplo señero lo podemos encontrar en la negativa del IFE a investigar los nexos entre el candidato priísta, Enrique Peña Nieto, y Televisa desde el ya lejano 2005, según denuncias que se hicieron en la prensa. El pasado 20 de agosto, el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo, publicó un artículo en Excélsior, pésimamente escrito, por cierto (Fundamentos y razones del IFE. La investigación sobre Enrique Peña Nieto desde 2005 concluye que la contienda fue equitativa), en el cual asevera, primero, que la denuncia del Movimiento Progresista abarca un periodo, 2005-2007, que la actual legislación no cubre; segundo, que la denuncia comprende otras ya resueltas en el pasado y, tercero, una entrevista de Peña Nieto con la periodista Maxime Woodside que, según el secretario, es insancionable.

 

El pasado jueves, el consejero Alfredo Figueroa publicó, a su vez, otro artículo en Reforma, en el que desmiente punto por punto lo expresado por Jacobo. Es un artículo notable por su precisión y por la solidez de sus argumentos. En suma, el consejero electoral desmiente la versión de que el instituto realizó amplias y exhaustivas investigaciones sobre los hechos denunciados. Por ejemplo, cuando se trató de las relaciones entre el aspirante priísta con la televisora, se hizo sobre la base de formular la pregunta de si se había tenido dicha relación, a la que la televisora contestó que no. A eso se redujo la exhaustividad de la búsqueda.

 

Cuando se trató del examen de las pruebas presentadas en contra de las autoridades locales del estado de México, inexplicablemente, afirma Figueroa, no se requirió información sobre los gastos de comunicación social de 2005 a 2011. Tampoco se analizó el conjunto de pruebas documentales que ofreció el denunciante, entre ellas, libros y artículos. Pese a que el mismo secretario había afirmado que se analizarían los hechos sometidos a la consideración del instituto, incluidos, dijo, los anteriores a la reforma de 2007, luego se argumentó por parte de los consejeros que tales hechos quedaban fuera de su consideración.

 

Finalmente, aclara asimismo el consejero Figueroa, es una falacia ofrecida por Jacobo el que el Partido de la Revolución Democrática haya solicitado la reapertura de expedientes que ya habían sido liquidados, sino que se retomaran constancias que obraban en tales expedientes; fue falso, también, su dicho de que el PRD haya denunciado la realización de entrevistas en intercampaña, pues este partido sólo acusó a los denunciados de haber contratado propaganda encubierta o simulada a través de una entrevista. La cuestión es: ¿por qué una institución como el IFE decide y actúa de ese modo sin que haya ya no digamos ningún freno legal que se lo impida, sino haciendo a menos de los principios de justicia y equidad que deben normar sus actividades?

 

Esa cuestión forma parte de otra que se nos impone todos los días: ¿por qué nuestro sistema jurídico tiene tan poco de jurídico y sí mucho de fáctico? Dicho en otros términos, ¿por qué son siempre intereses parciales y muchas veces ilegales los que se imponen en las decisiones que conciernen al desarrollo de los procesos de impartición de justicia? El derecho, en general, es por supuesto una teoría general de los intereses legítimos, pero en ningún caso se trata de intereses privados, por ejemplo, los de Televisa como tal o de Peña Nieto; siempre se trata de intereses generales, abstractos, por ejemplo, los intereses del patrón definidos y protegidos por la ley o los del trabajador, sin mirar a tal o cual persona.

 

Se dice que la ley es, por su misma naturaleza, general y abstracta; pero no está dada en el vacío, pues debe estar dirigida a proteger las diferentes especies de intereses, sin mirar a los privados en particular. Nuestra legislación electoral, para volver al caso, tiene intereses generales que proteger; cuando se imponen los intereses de un partido o de un grupo encumbrado en el poder económico y político esa misma legislación deja de tener sentido. Se dice que, después de todo, las leyes están hechas por los partidos, representados en el Congreso. De acuerdo, pero no podemos aceptar que una mayoría legislativa actúe sin freno e imponga los intereses particulares que representa sin tomar en cuenta aquellos intereses generales de que hablamos antes. Una ley así no puede durar y es siempre imperfecta.

 

No es que uno esté autorizado a quejarse de ello. Así es la democracia, se nos dirá y, en efecto, se trata ante todo de respetar el juego democrático. Pero no se puede seguir siempre por el mismo camino. La democracia también cobra las cuentas y castiga los excesos. A nosotros todavía nos falta mucho para lograrlo, pero va a llegar el día. No podemos hacer de la política un juego de abusos impunes e irresponsables. Aún nos falta aclararnos a nosotros mismos quiénes, qué grupos están detrás de los partidos que finalmente hacen las leyes. Los verdaderos responsables de las pésimas leyes que tenemos, pueden no ser precisamente los partidos políticos, sino los grupos que los usan para imponer su hegemonía.

 

Mientras eso no se aclare, podemos estar seguros de que siempre habrá mayorías o multitudes burladas a las que no se les hace justicia, mientras hay grupos reducidos y privilegiados que hacen de la ley un instrumento particular de dominación. Antes se decía que la Constitución era letra muerta, para indicar que no se cumplía o que era continuamente violada. Era una percepción exagerada, porque la verdad es que en su mayor parte sí se cumplía. Igual pasa hoy con las leyes en general. Se cumplen, pero se cumplen mal, retorciendo su significado o no aplicándolas, valiéndose de otras leyes o de la ignorancia o simulación de los actores.

 

Todo eso está mal y debe terminarse. Pero no como ahora se hace y se aplica el derecho, sino haciendo intervenir en los procesos legislativos y judiciales a la sociedad que es la mayor afectada. Eso también acabará por darse.